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Investigan a un fiscal por un vínculo opaco con un vendedor de drogas

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Lo detectó la Justicia Federal venadense al escucharlo hablar con un dealer al que estaban siguiendo. Ayer el caso llegó a la Legislatura.

Un fiscal de Venado Tuerto fue apartado de ciertas funciones bajo la sospecha de tener una relación inaceptable para su cargo con un hombre investigado por venta de estupefacientes, circunstancia que tiene además apariencia de implicar un delito. Los detalles del caso fueron elevados a la Legislatura provincial para que se determine si los hechos ameritan una suspensión por 180 días del funcionario, su remoción definitiva del puesto o bien si el trámite investigativo queda a cargo de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) lo que implicaría una perspectiva más favorable para el funcionario.

El involucrado en el hecho denunciado es el fiscal adjunto Mauro Blanco. Durante una pesquisa del fiscal federal Javier Arzubi Calvo en Venado Tuerto se determinó que en escuchas telefónicas surgían conversaciones entre David R., sospechado de ser vendedor de drogas, con el fiscal Blanco. Esas escuchas motivaron seguimientos policiales a la casa del dealer investigado, donde se observó la llegada de un hombre con las características físicas de Blanco, en un vehículo oficial del MPA.

En ese mismo domicilio luego se practicó un allanamiento con orden de la Justicia Federal donde se secuestraron varias armas de fuego, una balanza de precisión y plantas de marihuana.

Información irregular

Las escuchas a la línea de David R. sugieren la idea de que este hombre suministraba alguna de las sustancias que vendía al fiscal Blanco. Esto que podría indicar una situación de consumo no es para la auditoría el punto más serio aunque el comercio de drogas sea una situación prohibida por la ley y Blanco es un funcionario público. El problema más destacado en el reporte a la Legislatura es que el fiscal habría utilizado información suministrada por el dealer para avanzar con medidas de búsqueda de armas de fuego, a raíz de un caso de robo de una camioneta con la privación de la libertad para su dueño. Lo que estiman los investigadores que decidieron separarlo de su cargo es que Blanco no asentó el origen de esa información en ningún lado, no pidió a un juez una orden de allanamiento y avanzó en su lugar con una modalidad llamada «registro domiciliario voluntario» para buscar esclarecer ese delito presunto.

Esto fue considerado desde la Auditoría General de Gestión encabezada por María Cecilia Vranicich como un acto inaceptable, una conducta que supone un probable mal desempeño del fiscal e incluso un delito. El efecto en este caso es que un delincuente investigado por la Justicia Federal se transforma en el informante principal de un procedimiento del MPA que encabeza el fiscal Blanco. Lo que supone que una persona al margen de la ley termina manejando actos de persecución de un ilícito.

Notificación

Frente a esto el fiscal regional de Venado Tuerto, Alejandro Sinópoli, pidió el apartamiento de Blanco de las investigaciones donde está puesto en crisis su desempeño. Ayer el funcionario, que está con licencia médica a su pedido, recibió la notificación de la presentación del trámite del caso que lo involucra en la Legislatura.

Si el afán del fiscal fue reunir información en pos de esclarecer un delito, el modo en que lo hizo, para las autoridades del MPA, implicó cometer un posible delito. Otro aspecto que se advirtió en la investigación preliminar de la auditoría es que la información que suministraba el presunto informante del fiscal, que era un dealer, era falsa. Y que este hombre investigado le comunicaba a las personas que había delatado con el fiscal que serían allanadas de modo de que pudieran tomar precauciones.

Caso testigo

Además la auditora del MPA observó que los elementos reunidos en este incidente sobrepasan los límites del suceso en sí mismo, sino que se repiten en Venado Tuerto en los casos donde los fiscales se disponen a hacer registros domiciliarios. La idea del «registro domiciliario voluntario», que implica entrar a un inmueble con consentimiento de su dueño, es algo que la Fiscalía General desestima como práctica rutinaria, en lugar de acudir a un juez al que hay que explicarle por qué motivos se pide un allanamiento, y de dónde salen los elementos que motivan esa requisa.

Por tanto el impulso de este expediente también servirá como caso testigo para disponer qué se hizo en situaciones previas y qué no deben hacerse. La idea predominante es que el fiscal Blanco apeló al registro de domicilio voluntario porque difícilmente habría obtenido autorización judicial para allanar el lugar donde se suponía que podría encontrar armas. Lo que se presume contra el fiscal es que en base a información falsa y sin regularizar acudió a una vivienda a realizar una requisa. Toda la conducta desplegada presume para la auditoría incumplimiento de deberes y violación de la reserva de las actuaciones.

El caso fue presentado ayer para su análisis en la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura que aún no está formalmente constituida. En ese ámbito los doce legisladores componentes deberán examinar el pedido de inhibición de la Auditoría del MPA que considera que los hechos podrían ser, en una primera mirada, más graves que una falta en el desempeño técnico jurídico, en cuyo caso el trámite deberá seguir en control de Vranicich, porque no ameritaría una remoción. La Comisión de Acuerdos tiene 30 días hábiles para decidir si el caso sigue bajo su esfera en la Legislatura o si lo devuelve a la Auditoría.

Fuente: Hernán Lascano – La Capital

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DNI Institucional: Di Gregorio intensifica las gestiones de Personerías Jurídicas en todo General López

La senadora provincial Leticia Di Gregorio, continúa acompañando a las instituciones del departamento General López, promoviendo su constitución y facilitando las herramientas para brindarles el marco legal que necesitan para su normal funcionamiento.

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Esto tiene que ver puntualmente con la agilización de trámites para la obtención de personerías jurídicas, documentación que otorga identidad a todo tipo de organización.

De hecho, en este ritmo de gestiones ininterrumpidas, Di Gregorio hizo entrega en los últimos días de la subsistencia de la personería jurídica a la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) Venado Tuerto; y promovió junto al intendente Leo Chiarella la constitución de la asociación civil mascotera “Amigos Peludos”.

La senadora provincial, explicó que desde marzo del 2023 a la fecha, son más de 340 las documentaciones sobre las cuales vienen trabajando con su equipo, entre las que hay personerías entregadas, finalizadas y en trámite, sumado a la rúbrica de libros e informes periódicos, entre otros.

“Más allá de acompañar a las instituciones desde lo económico, también estamos presentes en estos procedimientos. Hay personas que se ocupan especialmente de estas tareas que en definitiva apuntan a un mejor funcionamiento, a la posibilidad de acceder a programas, beneficios, tanto sean locales como provinciales o nacionales. Estar con la documentación en regla es una necesidad”, aclaró Leticia Di Gregorio.

La senadora provincial, resaltó que este “DNI” institucional, ratifica que están en regla y de algún modo la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) avala la completa organización de la institución y “refleja el constante e intenso trabajo de cientos de vecinos de General López que ad honorem destinan su tiempo para alcanzar nuevos objetivos en sus comunidades”.

Finalmente, señaló: “Nuestro objetivo es seguir colaborando con los proyectos de las instituciones. Esta documentación tan importante les permite a las organizaciones que tengan representación propia, independientemente de la comisión directiva que las lidere. Lograrla asegura una estructura de trabajo capaz de subsistir en el tiempo. Además posibilitan el desarrollo de las actividades sin importar la gente que esté al frente del organismo, desliga a todos los miembros de la cúpula directiva de la responsabilidad civil y penal que le corresponde a la institución”, cerró Leticia Di Gregorio.

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Condenaron a 19 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de la hija de su pareja y de una amiga de su hija en el sur provincial

Tiene 49 años y cometió los ilícitos cuando las víctimas eran menores de edad. La sentencia fue ordenada en el marco de un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales de Venado Tuerto.

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La fiscal que estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate es María Florencia Schiappa Pietra. La identidad del condenado no se informa para evitar revictimizar a las víctimas, una de las cuales es de su entorno familiar.

                Un hombre de 49 años cuyas iniciales son RMD fue condenado a 19 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija de su pareja y de una amiga de su hija en el sur de la provincia. Los ilícitos fueron cometidos cuando las víctimas eran menores de edad.

                La sentencia fue ordenada por un tribunal integrado por los jueces Adrián Godoy (presidente), Lorena Garini y Aldo Baravalle, en el marco de un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales de Venado Tuerto.

                La fiscal que representó al MPA en el debate es María Florencia Schiappa Pietra. Tras conocer el veredicto, la funcionaria valoró que «se impuso un monto de pena cercano al que solicitamos en la acusación» y recordó que «el agresor transitó el proceso judicial en prisión preventiva».

En cuanto a los hechos delictivos, Schiappa Pietra remarcó que «el hombre de 49 años llevó adelante sus conductas ilícitas en perjuicio de personas triplemente vulnerables, dado que por entonces eran niñas, mujeres y víctimas de abuso sexual infantil». Según mencionó, «además de atentar contra la integridad física de ambas, a una de ellas la hostigó mediante prácticas de grooming».

Los hechos

                «La hija de la pareja del condenado sufrió abusos por parte de él desde que iba al jardín de infantes hasta la época en la que transitaba la escuela secundaria», aseveró la fiscal. «Durante 11 años, la agredió sexualmente en momentos en los que se quedaron a solas en domicilios en los que convivieron con otros integrantes de su familia, en Murphy y Venado Tuerto (ambas localidades, del departamento General López)», precisó.

                Por otra parte, Schiappa Pietra refirió que «en el inmueble venadense, el condenado vulneró a la otra víctima en reiteradas oportunidades entre 2020 y 2021, cuando ella cursaba el último tramo de la primaria». Al respecto, puntualizó que «en varias ocasiones, los ilícitos cesaron gracias a que la hija del condenado –también menor de edad– intervino para defender a su amiga». Según señaló, «el hombre de 49 años también cometió estos abusos en dos supermercados».

                En cuanto al ciberacoso, la representante del MPA especificó que «a través de WhatsApp, el condenado le envió mensajes de texto de índole sexual a la hija de su amiga». Añadió que «en sus comunicaciones, insistió en su interés en mantener una relación de pareja ‘secreta’ con la pequeña».

Investigación

                La fiscal destacó que «la niña que fue víctima de los abusos y de grooming pudo contarle lo sucedido a sus familiares, quienes radicaron la denuncia que originó la investigación». En tal sentido, resaltó que «a raíz de amenazas telefónicas que empezó a sufrir, la hija de la pareja del hombre condenado también pudo relatar los abusos a los que fue sometida durante su infancia y parte de su adolescencia», y añadió que «no había dicho nada antes por temor a que su madre y sus hermanos sufrieran represalias».  

Calificación penal

                La condena fue impuesta por la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado (por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una víctima menor de 18 años y por haber estado encargado de su guarda y educación); abuso sexual gravemente ultrajante y grooming.

                Por otro lado, fue absuelto por los delitos de amenazas coactivas, amenazas simples y corrupción de menores que le había atribuido la Fiscalía.

Identidad

                No se brinda el nombre y apellido del condenado para evitar la revictimización de las víctimas, una de las cuales es del entorno familiar del abusador.

Fuente: Oficina de Prensa y Difusión MPA

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Situación en Casilda

Ha tomado estado público la detención de un miembro del Sindicato de trabajadores municipales de Casilda, organización de 1° grado adherida a esta Federación.

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Imagen ilustrativa

Desde FESTRAM hemos puesto a disposición las áreas con incumbencia en la materia a los fines de atender y asistir las necesidades que pueda estar transitando la denunciante quien también resulta ser una compañera trabajadora municipal.

Entendemos que no debemos aventurar opiniones ni juicios, fundamentalmente porque existen derechos y garantías en juego. Será la Justicia la que deberá establecer certezas sobre la situación.

La Federación será respetuosa de las decisiones que el Sindicato de Casilda adopte en base a sus estatutos y conforme lo decidan sus órganos internos.

Prensa FESTRAM

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