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El Campo

El agua no baja y genera tensiones en el sur cordobés

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Los anegamientos complican a miles de hectáreas en la zona limítrofe con La Pampa y Buenos Aires. Ya cerraron 11 tambos.

Los pueblos del extremo sur cordobés, que llevan meses de complicaciones por la inundación de sus campos, lograron impedir el ingreso de agua en los cascos urbanos. Pero no pueden evitar las consecuencias de los miles de hectáreas anegadas y de los caminos destruidos en la zona rural.

Cierran tambos, hay campos aislados, la falta de “piso” pone en jaque a la cosecha, no hay trabajo para los transportistas. La emergencia continúa en el “sur”.

Este viernes, las provincias de Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires volverán a comprometerse a trabajar en conjunto para sacar los excesos hídricos del centro del país. La Nación prometió que destinará mil millones de pesos a obras que se harán en Buenos Aires para derivar el agua por la cuenca del río Salado. De concretarse, el proyecto puede demandar “dos o tres años” y aliviará a esta región cordobesa, limítrofe con esas provincias.

Mientras tanto, la lucha contra el agua sigue, cuerpo a cuerpo. Como el año pasado fue en los departamentos San Justo, Unión y Marcos Juárez, esta vez los excesos hídricos complican a General Roca y Roque Saénz Peña.

Lamentos

“En los alrededores de Serrano no hay un sólo camino rural por el que se pueda pasar con un camión cargado. Nunca se ha visto algo así. Hay zonas donde han hecho lo imposible, pero han tenido que cerrar tambos porque llueve todas las semanas, sigue entrando agua y tenemos la presión de las napas por la laguna. Se está sufriendo mucho, el campo acá la está pasando mal y ya lo están sintiendo los transportistas y el pueblo”, comenta Gastón Marcos, mientras trabaja en el barro, con productores vecinos, para improvisar un paso por el medio de un lote.

Desde Navidad, en los pueblos al sur de la ruta 7, ha llovido el doble de la media mensual, tanto en la cuenca de La Picasa como en la Laguna del 7 y la zona de derrame del río Quinto.

Todo el cuadrante sudeste del mapa de Córdoba está saturado. Con improvisadas defensas y tapones en las alcantarillas, han evitado que la correntada inunde los pueblos. Pero el agua parece vengarse desde el subsuelo e invade las zonas urbanas por las uniones del piso y el asfalto; colapsan las cloacas, se derriban los pozos negros.

“Antes en Italó la napa estaba a 2,80 metros y ahora la tenemos a menos de 0,80, hay mucha gente aislada en los campos”, asegura Roberto Masson, quien se dedica a alambrar y a hacer perforaciones. Cuenta que tiene un jeep , pero que ahora tiene que ir a trabajar a caballo, por las lagunas.

“De 46 tambos de esta cuenca lechera han cerrado 11, desde diciembre hasta ahora”, lamenta Gabriel Rodríguez Martina, quien pidió licencia como cura para asumir en 2015 la intendencia de Serrano. “Cierran porque a la producción hay que sacarla diariamente y no hay caminos. La estancia La Legua cerró el tambo en el que trabajaban 40 personas. Estamos esperanzados en el acuerdo con otras provincias para una canalización, fue un gran logro que Buenos Aires aceptara el agua y, mientras, Córdoba va a poder hacer obras para descomprimir el nivel de la laguna, pero la situación hoy es grave, están afectados los transportistas, todo el pueblo siente la recesión”, expresó.

Peleas y reuniones

Edgar Castelló, secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, sostuvo que las obras hechas en Córdoba antes del acuerdo interprovincial “funcionaron bien” y que ahora “se consensuarán prioridades”.

En lo inmediato, aspiran a controlar los niveles freáticos en las zonas urbanas y en sistematizar la cuenca de la Laguna del 7. Además, presentarán un modelo hidráulico del comportamiento del río Quinto a las provincias vecinas para poder avanzar con la limpieza del cauce.

En la zona de Pincén, la más complicada hoy, sólo está planteada la defensa del casco urbano. Se admite que allí la solución definitiva depende de un acuerdo con La Pampa.

A todo esto, el martes, un centenar de personas se reunió en Jovita para analizar las consecuencias económicas que las inundaciones traen aparejadas en la región. “Es muy grave lo que pasa, pero en lugar de reclamar, lo que queremos es que se hagan estudios serios y que podamos participar y comprometernos todos juntos en la búsqueda de la solución”, aseguró Walter Toledano, intendente de esa localidad.

En la reunión analizaron imágenes aéreas del río Quinto y de los campos inundados. “Hice un video con imágenes aéreas para pedir que no se peleen, que no se tiren el agua uno al otro, que puedan ver desde arriba cómo el problema es generalizado, es de todos”, comentó el aviador Mauricio Pasarín.

Canales clandestinos

La Policía Ambiental de la provincia clausuró en los últimos días varios canales de desagües rurales clandestinos detectados en el sur provincial. Los controles se realizaron en cercanías de las localidades de Jovita y General Levalle. Con orden de allanamiento, se taponaron esas canalizaciones, que al no formar parte de planes integrales generan nuevas complicaciones.

Córdoba perdió juicios por obra mal hecha. Más de $ 20 millones debe pagar la Provincia, por un fallo de 2010. Héctor Barrera, abogado de un productor de Italó, precisó que en 1999 la Provincia construyó el canal Aliviador Pincén. “Fue hecho en contra del escurrimiento natural. El agua fue a parar a varios campos. A mi cliente le anegaron 1.200 hectáreas, incluso arruinaron un gran tambo que tenía”, citó.

Fuente: La Voz del Interior

El Campo

El dólar para el productor de soja es de $594, pero para comprar insumos requiere $1010

La eliminación del Impuesto País y de los derechos de exportación son condiciones necesarias para que los precios relativos respondan a un mercado sin distorsiones; el retroceso del dólar exportador

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Se avizora un nuevo horizonte que despejará los nubarrones que a lo largo de la historia nos han sesgado el crecimiento sostenido. Los primeros pasos están dados, con la acertada y esperada eliminación de restricciones para exportar y paulatinamente para importar; con la esperanza de que las reservas del Banco Central (BCRA) se recompongan en la cantidad suficiente para poder acceder a dólar sin limitaciones y, de esta manera, aumentar la oferta y la competencia de insumos estratégicos para la cadena agroindustrial.

El sendero a recorrer es largo: hay piedras y baches relevantes en el camino, pero aceptar este desafío es primordial para propiciar un mejor futuro. Mientras avanzamos hacia la consolidación de los superávits gemelos, deberían eliminarse, aunque sea en forma progresiva, las alteraciones que crean los impuestos distorsivos, que atentan en contra de la eficiencia productiva y deterioran la competitividad.

Los precios relativos están distorsionados por diversos motivos y, si bien parte se irán acomodando a medida que el plan de estabilización avance, debemos tener en cuenta los factores que los alteran.

El Programa Incremento Exportador estableció a lo largo de su vigencia diferentes condiciones para corregir un dólar oficial artificialmente bajo durante el gobierno anterior. Hoy con la devaluación del 122% y una manifiesta tendencia a que los valores de los dólares financieros tiendan a unificarse con el oficial, este programa va camino a autoeliminación. Recordemos que el índice dólar exportación se conforma liquidando el 80% a través del Mercado Único Libre de Cambios [MULC] y 20% del valor del Contado con Liquidación, por lo tanto, a medida que los dólares financieros y el oficial tiendan igualarse, el incentivo del PIE desaparece, y el programa pierde sentido.

Este índice del dólar exportación alcanzó su máximo el 2 de febrero del presente año: se había ubicado en 919,45 pesos por dólar, contra un 888 actual. Esto significa que se redujo en un 3% aproximadamente. En el futuro, quizás no muy lejano y a pesar de que el crawling peg, se ha quedado corto con el 2% mensual, los diversos dólares se unificarán.

Además de las distorsiones que ha generado el dólar exportación por, el PIE, otro responsable es el dólar importación, cuyo valor se ubica en 860 más el Impuesto País, dando como resultado 1010 pesos por dólar. Este impuesto encarece los insumos estratégicos y la adquisición de tecnología de punta que aumentan la productividad.

Debe recordarse que, a diferencia de otros sectores de la economía, el agro es tomador de precios internacionales y locales. Por lo tanto, el productor no puede transferir el aumento de sus insumos a los precios, por ello cualquier aumento en sus costos disminuye o diluye su beneficio.

La eliminación del Impuesto País para importar y de los derechos de exportación son condiciones necesarias para que los precios relativos respondan a un mercado sin distorsiones. Estamos caminando hacia la unificación del valor del dólar, pero si se mantienen los impuestos distorsivos, cada cultivo, producto o sus derivados tendrán un valor diferenciado que disminuye la competitividad.

Es prioritario eliminar las distorsiones impositivas que alteran los precios relativos

Es obvio que los derechos de exportación modifican el valor del dólar por tonelada producida y vendida de todos los productores, independientemente de que su mercadería procesada o no, se destine a la exportación. Tal es el caso de la soja, que del valor del dólar exportación se descuenta un 33%, un 12% en el trigo y el maíz y un 9% en la carne, para dar solo algunos ejemplos.

El valor del dólar para un productor de soja es de 594 pesos, pero para comprar insumos requiere 1010 pesos por dólar, cerca de un 70% mas del valor del dólar que recibe. Por ello los derechos de exportación deben desaparecer.

Es prioritario eliminar las distorsiones impositivas que alteran los precios relativos. Debemos tener en cuenta que si los combustibles, las tarifas eléctricas y de gas, los servicios en general se ubican y ubicarán en valores internacionales, los productos que ofrecen los productores agropecuarios también deben estar a valores internacionales y hoy con los derechos de exportación se encuentran muy por debajo de los precios que reciben nuestros competidores.

Por ello es necesario anunciar un programa para la eliminación progresiva de estos impuestos distorsivos: el solo anuncio de su reducción creará nuevos incentivos a la inversión, que a su vez impulsará la producción y mejorará la productividad, dinamizando la economía para consolidar un superávit fiscal sin artilugios y un superávit comercial sostenible y creciente.

Nos adentramos en un escenario en el cual la libertad del mercado con sus fuerzas de oferta y demanda regirán los negocios, pero debemos caminar hacia la igualdad de condiciones con nuestros competidores, impulsando una mayor inversión, que a su vez creará empleo privado, arraigo y desarrollo sostenido.

Los empresarios agropecuarios vislumbran un renovado amanecer con clima de negocios más amigable para producir más y mejor. El sector agroindustrial es el que más invierte año tras año y anhela un acuerdo político que brinde seguridad jurídica a los cambios necesarios para impulsar su productividad. Mejorar la competitividad sistémica en todo nuestro territorio es una necesidad para todos los sectores productivos; tenemos la oportunidad histórica de lograrlo, no la desaprovechemos.

Fuente: Diario La Nación 

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El Campo

Provincia entregó créditos por más de $ 6 mil millones para activar la producción en Santa Fe

En una semana, se firmaron 138 créditos por $6.037.703.689 correspondiente a las diferentes líneas de financiamiento que presentó el Gobierno de Santa Fe en Expoagro para aportar al desarrollo de los productores agropecuarios.

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El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Gustavo Puccini al momento de visitar la muestra Expoagro.

Con el objetivo de potenciar la activación de la producción santafesina, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, otorgó 138 créditos por un total de $ 6.037.703.689. Se trata de una iniciativa presentada en Expoagro que, de acuerdo a lo explicado por el ministro Gustavo Puccini, “apunta a que productores santafesinos modernicen su equipamiento o mejoren su capacidad productiva. Tras la oficialización, tuvimos una muy buena recepción del sector y en menos de una semana gestionamos más de 130 créditos por una cifra millonaria. Tal como lo planteó el gobernador Maximiliano Pullaro, nuestro objetivo es dotar de recursos a los que apuestan por Santa Fe, que generan empleo en la provincia. Fomentando la inversión y el desarrollo vamos a hacer que Santa Fe sea la locomotora del cambio del país”.

En este sentido, cabe señalar que los créditos entregados que están vinculados a maquinaria representan el mayor volumen de solicitudes con un monto total de  $4.778.865.551; en tanto para el sector tambero y de la lechería, se aprobaron solicitudes por $615.357.568; además en relación a la línea que apostaba al desarrollo ganadero, el monto de pedidos fue de $643.480.570. Esto corresponde a la línea puesta en marcha en conjunto con el Nuevo Banco de Santa Fe. 

Articulaciones

Puccini destacó el trabajo conjunto con las entidades bancarias y remarcó que al no consumirse todo el monto destinado a financiación, las líneas continúan vigentes: “Les pedimos al Banco de Santa Fe y al Banco Municipal de Rosario que nos acompañen poniendo recursos para la producción y cumplieron. Tuvimos buena recepción en el marco de Expoagro y muchas consultas por fuera de la muestra, por eso decidimos que la líneas continúen disponibles. Tenemos el compromiso de activar la producción y trabajamos todos los días para eso”.

Luego, el ministro detalló la conformación de las propuestas crediticias: “los bancos pusieron a disposición más de 13 líneas y nosotros como Gobierno de la Provincia conseguimos convenios por más de $ 143.000 millones. Nosotros vamos a estar aportando 2.500 millones de pesos para el subsidio de tasa. Son líneas apostando a la producción. No tenemos ninguna duda de que estamos ofreciendo las mejores líneas del mercado. Fueron pensadas y gestionadas con una mirada integral: para que las empresas puedan invertir y reinvertir. Somos un gobierno que está, que acompaña, que valora al que produce y al que cree en Santa Fe, y esto se traduce en una fuerte apuesta del sector público al privado, que es el motor de nuestro desarrollo”, concluyó Puccini.

Los créditos

Tres de los préstamos generados desde Provincia están vinculados a la compra de maquinaria agrícola, al tambo y a la ganadería, y la provincia hace un aporte para bajar las tasas de interés. Además, hay ofertas acordadas con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Las líneas están orientadas en dos sentidos: por un lado que las empresas y productores puedan invertir para hacer crecer sus estructuras, y por el otro acceder a adelantos con tasas bajas para robustecer su capital de trabajo. El monto total que las entidades bancarias ponen en juego en acuerdo con el Ejecutivo santafesino asciende a casi 145 mil millones de pesos. Además de las tres líneas subsidiadas por el gobierno, las entidades presentaron otras 14 líneas también acordadas.

Por otra parte, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas aportan recursos para bajar 15 puntos más la tasa para Equipamiento Agropecuario en la línea que ofrece el Banco Santa Fe.

Financiamiento de CFI

El Gobierno provincial, a través de los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo, gestionaron programas con plazos de hasta 84 meses con montos de hasta $120.000.000 con la asistencia encuadrada en el Fondo de Garantía de Carácter Público. Estos préstamos puestos a disposición por el CFI tienen una tasa variable del 50% de la Tasa Activa de Cartera General para Créditos Diversos del BNA más dos puntos.

Para consultas, ingresar en: https://www.bancosantafe.com.ar/ (Banco de Santa Fe) y en https://www.bmros.com.ar/ (Banco Municipal).

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El Campo

El Gobierno de Milei excluyó de la nueva ley ómnibus temas calientes para el campo

Hasta fin de enero pasado, cuando se suprimió una decena de artículos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también se excluyó el Régimen Federal Pesquero.

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Con esta decisión quedaban, entre otros puntos, cinco temas ligados al sector agropecuario y que buscaban tratamiento en el Congreso de la Nación. Esta mañana, luego de conocerse la primera versión que envió la Casa Rosada a mandatarios provinciales y referentes legislativos, se supo que no había ningún aspecto para el campo. En la versión anterior estaban puntos sobre biocombustibles, carne y semillas.

La situación generó sorpresa no solo en el arco político que acompañaba -de alguna manera- algunos de estos proyectos que estaban establecidos en el proyecto de ley, sino también en el sector empresario del agro. Sin embargo, hubo otros puntos donde celebraron la decisión por el tiempo de discusión que ameritan.

En la última versión que había pasado a foja cero todavía figuraban en la lista la ley de biocombustibles, la Upov-91 [de propiedad intelectual en semillas], la ley de Manejo del Fuego, la privatización de Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTea), y el Régimen de Control Sanitario, de habilitación y funcionamiento para matarifes para carne, a cargo del Senasa.

“Todas esas cuestiones ameritan una discusión en otros términos”, precisaron en el despacho de un diputado. Además del borrador general, también comenzó a circular un proyecto de ley de medidas fiscales, pero sin mención a las retenciones. “Del agro no hay nada. Sacaron todo”, dijo un diputado de la UCR.

El INTea, una empresa pública de capitales mixtos, conformada mayoritariamente por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria [INTA] más entidades del agro, se iba a privatizar según el proyecto original. Sin embargo, ahora no está en la lista junto a otras empresas del Estado. Desde allí dijeron a LA NACION que estaban en conocimiento de la exclusión de la lista, pero de manera extraoficial. “Seguramente, seguiremos trabajando como lo venimos haciendo”, precisaron.

En el caso de los biocombustibles, cuyo proyecto busca la desregulación del mercado y el aumento en el corte, mencionaron que, en parte, les da tranquilidad que el tema no está en la agenda del borrador. “Para las pymes elaboradoras de biodiésel es una tranquilidad que el Poder Ejecutivo haya retirado el capítulo que reformaba la Ley de biocombustibles”, dijo Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, [Cepreb].

Hoy el gasoil se mezcla con un 7,5% de biodiésel y la nafta con 12% de etanol: 6% de caña de azúcar y 6% de maíz. A partir de la modificación de la ley se buscaba que en las mezclas en biodiésel el piso sea de 10% hasta llegar al 12,5% en 2026. Podía, en tanto, bajar hasta el 3% en ciertos casos.

En la propuesta de bioetanol se hablaba de un corte del 12%, además, otorgaba facultades a la Secretaría de Energía de aumentarlo del 12% al 15% a 2026. Y podía bajar hasta el 3% en el bioetanol de maíz en determinadas condiciones. Se eliminaban los cupos y los precios regulados: se permitía ingresar al abastecimiento interno a las grandes crushing de soja. Se abría un régimen licitatorio, uno para las grandes multinacionales y otro para el resto de las pymes.

“Tenemos una ley vigente que nos permite producir y es lo que estamos haciendo, con todas las plantas trabajando bien. Estamos dispuestos a conversar y a proponer ideas para mejorar la dinámica del sector. Sin dudas la agroindustria y la energía tienen muchísimo para aportar al país y nosotros tenemos una posición proactiva en ese escenario”, agregó Martelli.

El régimen de licitaciones que buscaba el gobierno era periódico y procuraba la igualación del uso de la capacidad instalada de ambos segmentos. En el biodiésel ninguna empresa podía tener más del 14% del mercado. El precio de las licitaciones no podía superar la paridad de importación, al precio de lo que resultaría si se traía del exterior.

“Llama poderosamente la atención la no inclusión en el borrador del proyecto de la ley de bases del capítulo de biocombustibles: la Argentina tiene una posibilidad excepcional de tener un mercado libre con competencia y con crecimiento en bioetanol y en biodiésel. No podemos perder esta posibilidad que en el resto del mundo se está haciendo. Instamos al Gobierno a que lo reintroduzca con una propuesta más agresiva de libre competencia”, dijeron desde la Cámara Argentina de Biocombustibles [Carbio].

Luis Picat, diputado cordobés por la UCR, mencionó que era sumamente importante el capítulo de los biocombustibles y la inversión que se consideraba, ya que se iba a tener una previsibilidad hacia adelante de cómo iba a ser la participación de los biocombustibles en el mercado. Destacó también que todo el capítulo de carnes, con un estatus sanitario federal y unificado y con mayor transparencia, quedó en el camino. “No solo ayudaba a combatir la parte desleal, desde el lado fiscal, sino que también elevaba el estatus sanitario, es decir, que elevaba la calidad sanitaria del producto final. Con todo lo que estamos viendo del síndrome urémico era sumamente importante unificarlo”, precisó.

Sobre la Upov-91, mencionó que tiene que haber un paso intermedio, como elevar los controles por parte de la Secretaría de Agricultura y del Instituto Nacional de Semillas [Inase]. Además, la ley contemplaba la promoción del empleo registrable, la desregulación económica y el Régimen de Grandes Inversiones [RIGI], donde la agroindustria va a tener muchas oportunidades para seguir creciendo a través de las nuevas inversiones en la actividad.

“Por lo menos el Gobierno no insistió en la suba de las retenciones, por el momento. Es sumamente importante que el Ministerio de Economía haya entendido que esto era muy perjudicial para la confianza y las nuevas inversiones”, afirmó.

Fuente: Diario La nación

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