Katz subrayó que desde 1997, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de obesidad como un problema global, sin embargo, el Ministerio de Salud de la Nación nunca ha reconocido a la obesidad como una enfermedad, por lo que en el país no hay políticas públicas que intervengan para hacer frente a esta enfermedad.
 
La especialista en nutrición recordó que 6 de cada 10 argentinos son obesos y ha habido un aumento de un 25% en estos últimos años. Abundó en que la propuesta del etiquetado frontal se enfoca más a un paradigma de conductas racionales cuando lo que en realidad pasa con la alimentación es que se trata de un tema emocional.
 
Un estudio citado por Katz indica que las emociones como el estrés, la tristeza, el cansancio o la ansiedad están directamente asociadas con la alimentación, “no podemos seguir pensando que la gente come por hambre y deja de comer cuando tiene saciedad”. De igual forma, señaló que “no es hambre vs no hambre, es la complejidad de la autorregulación de la ingesta humana. Entonces hay que capacitar a la sociedad en la autorregulación”.
 
Susana Socolovsky, Doctora en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires, indicó que el proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, también conocido como “Ley de Etiquetado Frontal”, pretende incorporar leyendas de advertencia para los edulcorantes no calóricos, sin embargo, esta propuesta puede confundir a los padres de niños diabéticos, ya que estos endulzantes están indicados para personas que viven con diabetes.
 
La Dra. Socolovsky explicó que los médicos diabetólogos permiten consumir a niños con diabetes gelatinas o bebidas sin azúcar, por mencionar algunos productos, porque son una opción segura para que los niños puedan disfrutar de algo dulce. Sobre este punto, señaló que los edulcorantes no calóricos que se utilizan son seguros y están validados por autoridades internacionales, regionales y nacionales.
 
Asimismo, apuntó que diversos organismos internacionales han establecido que los edulcorantes no calóricos son seguros para todas las poblaciones, incluidos grupos especiales como ancianos, niños y mujeres embarazadas, dentro de los límites de sus respectivas ingestas diarias admitidas (IDA).
 
Además, señaló que la relación del COVID con la obesidad y diabetes volvió a poner de manifiesto la importancia de tener opciones de alimentos con sustitución de azúcar y para esto, los edulcorantes no calóricos son una herramienta clave.

La violencia de género está presente en todos los ámbitos de la vida y el espacio de trabajo no es la excepción. Con esta problemática como principal objetivo, hace dos años la Organización Internacional del Trabajo (OIT) invitó a los gobiernos del mundo a adherir a lo que se conoce como el Convenio 190 (C190), el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a tener un mundo laboral libre de violencia y acoso.

En su momento, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo, fue el primer país de América Latina en adoptarlo. Desde hace unas semanas, el C190 volvió a estar en agenda, ya que se empezó a trabajar en un proyecto de ley que contempla, por primera vez, el otorgamiento de licencias para víctimas de violencia de género.

La iniciativa, que será creada en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, “busca desarrollar aún más las definiciones y caracterizaciones de lo que incluye la violencia laboral y de género”, explica a la Agencia CTyS-UNLaM la doctora Débora D’Antonio, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

“Se trata de una violencia naturalizada. Tal vez estamos exentos de la violencia más evidente, la del golpe, el empujón, la paliza y, como más extremo, el asesinato, pero, no por ello, se trata de un problema menos grave. La violencia es un concepto bastante complejo que no se limita a lo físico, aunque sea la concepción más mediatizada, es, también, la más reduccionista. Hay un carácter estructural en este tipo de violencias que se centra en garantizar privilegios y jerarquías para los varones lo que conlleva un fuerte demérito para las mujeres y otras identidades feminizadas”, reflexiona D’Antonio.

Tanto para D’Antonio, como para Florencia Rovetto, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), resulta necesaria la tipificación de la violencia laboral y de género para entender cómo se ejerce, cómo se manifiesta, qué medidas se deben tomar para prevenirlas y, en caso de que sucedan, saber cómo abordarlas para intervenir y reparar el daño en quienes la padecen. “Se trata de violencias personales, pero también institucionales. La organización debe garantizar que no se seguirán reproduciendo”, señala Rovetto, investigadora de la UNR en el Centro de Investigaciones feministas y estudios de género (CIFEG).

“Si hay estructuras que permiten o generan condiciones para que se den estas violencias, es porque la institución consiente o genera un clima de tolerancia para con estos agravios. Es necesario un marco legal que las regule. Por ejemplo, hoy en día, muchas de las personas afectadas que necesitan ausentarse de sus trabajos para tomar distancia de su agresor -que, además, muchas veces es un jefe o un superior- necesitan tomarse licencias psiquiátricas, ya que no hay un artículo que contemple estos casos”, indica Rovetto quién, junto con D’Antonio, integran la Comisión Interdisciplinaria del Observatorio de Violencia Laboral y de Género del CONICET.

En este sentido, D’Antonio destaca la trascendencia de esta nueva regulación, ya que “la persona afectada tiene que poder cobrar su salario debidamente y tomarse la licencia con el nombre que corresponde porque, si bien son temas íntimos, requieren visibilidad pública para que se tornen problemas políticos”. A su vez, agrega: “si el motivo queda recluido, y una tiene que decir que no va a trabajar porque está estresada o porque pidió una licencia psiquiátrica, se deslegitima lo sucedido y estigmatiza a las personas”.

“Este sistema -continúa Rovetto- tiene una aceptación y un poder hegemónico tan grande que apenas necesita de la violencia física para sostenerse. Todas las otras formas de violencia son las que lo sostienen en la práctica, en los discursos e incluso en la forma de organización laboral que es, claramente, una división sexual del trabajo. Así, las mujeres nos solemos desempeñar en áreas que tengan que ver con el cuidado y no en áreas que tengan poder de decisión. En el mundo laboral también se reproducen los estereotipos y jerarquías patriarcales”.

La ciencia y la educación, dos ámbitos en los que también se hace presente

En el ámbito científico y académico, explican las investigadoras, existen ciertos prejuicios en torno a la violencia de género. “En el imaginario social, los hombres de educación y ciencia son liberales, críticos de sí mismos, compañeros, bien pensantes y para nada violentos. Lo cierto es que esto es un mito y, en estos espacios, cuesta mucho mostrar la existencia de las violencias, exponerlas, porque las miradas están sesgadas”, señala D’Antonio.

“Las inequidades fruto del sistema patriarcal -continúa la investigadora de la UBA-, están a la orden del día. Por ejemplo, las mujeres somos mayoría en las matrículas universitarias y en las bases e ingresos de las carreras científicas, pero, en las articulaciones que se van dando en el progreso y trayectoria laboral, se acotan las posibilidades de ascender a puestos de toma de decisión y jerarquía. Es lo que se conoce como el efecto tijera”.

Rovetto destaca: “En estos rubros se instaló la idea de que siempre se trata de instituciones objetivas, ecuánimes y con un fuerte perfil de género, pero lo cierto es que no dejan de tener lógicas de funcionamiento patriarcales, jerárquicas y androcéntricas que están construidas desde una mirada masculina”.

Para la investigadora, un claro ejemplo se da en las ciencias exactas, naturales y agrarias. “Sectores como estos son los que presentan más resistencia y que han sido menos hospitalarios para con las mujeres. Si no cambiamos estos estereotipos, si no les damos oportunidades de crecimiento, difícilmente se podrá revertir este escenario. Por ejemplo, hay una línea de trabajo que busca fomentar las vocaciones científicas en niñas o identidades no heteronormadas”, subraya Rovetto.

D’Antonio plantea que, incluso habiendo logrado la paridad, el trabajo está incompleto. “Si en una comisión evaluadora hay un 50 por ciento de mujeres y un 50 por ciento de varones, pero no se generan instrumentos que permitan torcer las desigualdades preexistentes, será difícil revertir esas lógicas patriarcales”, señala la doctora en Historia.

“En CONICET -ejemplifica la investigadora-, estamos trabajando cuestiones vinculadas a la evaluación a la que todos los investigadores y becarios nos sometemos constantemente. Necesitamos contemplar las trayectorias que tienen caminos diferentes y que, quizás, han estado atravesadas por los años de la maternidad, las tareas de cuidado u otras cuestiones que producen retrasos en los caminos académicos. Estas situaciones también sostienen prácticas desiguales y no pueden ir en detrimento de un posible ascenso en la carrera científica o en de la posibilidad de publicar en una mejor revista”.

Fuente: Agencia CTyS

Magalí de Diego (Agencia CTyS-UNLaM)- La pandemia por SARS-CoV-2 marcó un antes y un después en la historia mundial. Y es que, aunque la humanidad ya ha transitado varias pandemias, el coronavirus produjo un escenario nunca antes visto, con impactos aún inconmensurables. Basándose en estudios previos, un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del CONICET analizó un aspecto de la salud poco tenido en cuenta, pero que resultó muy afectado durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio: la salud mental.

“Nuestras investigaciones subrayan la necesidad de promover la investigación sistemática sobre diversos aspectos de la salud mental, integrando aportes de la psicología y las neurociencias. Además, es importante favorecer el desarrollo de mejores marcadores diagnósticos de los trastornos mentales”, resaltó Juan Carlos Godoy, uno de los investigadores a cargo del estudio que muestreó mujeres, población general, estudiantes universitarios y personal de salud.

Las investigaciones fueron conducidas en conjunto con la doctora Cecilia López Steinmetz e iniciaron cuando el brote de COVID19 comenzó a expandirse por el mundo. “Decidimos avanzar porque los antecedentes científicos surgidos del estudio de otras pandemias y epidemias alertaban sobre el hecho de que este tipo de eventos sanitarios pueden tener impactos negativos en la salud mental de las personas, tanto a corto como a mediano y largo plazo”, señaló López Steinmetz, en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM.

Y este caso no fue la excepción. De hecho, para Godoy, “la pandemia fue como una lupa: magnificó los problemas estructurales que venimos teniendo en términos de salud mental en el mundo y en Argentina”. Mediante encuestas on-line, y con diseños de investigación transversales y longitudinales, es decir analizando a las personas en un período determinado o en varios momentos distintos, el equipo estudió personas de diferentes regiones del país para conocer su estado de salud mental.

“Pudimos evaluar indicadores generales y específicos como, por ejemplo, nivel de depresión, riesgo de suicidio, ansiedad, estrés, impulsividad, consumo de alcohol y sus consecuencias, y antecedentes de algunos trastornos mentales”, indicó el doctor en Psicología, que ejerce en el Laboratorio de Psicología del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPsi-UNC-CONICET).

Un escenario crítico que requiere atención

Para el estudio sobre la población general, el análisis fue transversal, es decir, se examinó a esa muestra durante las sucesivas extensiones de la cuarentena. “En ese período -detalló Godoy-, a medida que pasaban las fases de la cuarentena, en las comparaciones entre grupos, se percibía un patrón de empeoramiento en cuanto a la depresión. La ansiedad, al igual que el riesgo de suicidio, siguió parcialmente ese patrón, con puntuaciones medias que aumentaban en la segunda y tercera extensión de cuarentena, pero que luego se mantuvieron estables en las siguientes etapas”.

En el caso de las mujeres, los indicadores generales fueron significativamente peores durante los subperíodos de cuarentena más largos. “Factores como ser más joven, tener antecedentes de trastornos mentales y las duraciones de cuarentena más prolongadas se asociaron con un empeoramiento del estado de salud mental. En tanto, la ausencia de intentos de suicidio previos tuvo un efecto protector”, señaló el especialista en Neurociencias y Psicología Cognitiva.

Este escenario se repitió en el estudio sobre estudiantes de grado y, nuevamente, se halló que las mujeres de la muestra estaban más deprimidas y ansiosas. “En particular -puntualizó- las mujeres jóvenes y con antecedentes de trastornos mentales y comportamiento suicida, se vieron más afectadas bajo condiciones de cuarentena restrictivas obligatorias.”

Por su parte, uno de los estudios longitudinales reveló que tener antecedentes de comportamiento suicida predijo significativamente una peor salud mental en estudiantes universitarios con y sin antecedentes de trastornos mentales. “El empeoramiento de la salud mental ocurrió durante las fases de cuarentena más breves y más restrictivas, mientras que algunas de las remisiones ocurrieron durante las más largas, pero menos restrictivas”, destacó Godoy.

Por último, en otro estudio longitudinal, evaluaron al personal de salud, a quienes, además de los indicadores generales y específicos, se le sumaron preguntas sobre el contagio por COVID-19 y su autoevaluación en su función laboral. “Se observó un empeoramiento significativo en la salud mental de los trabajadores que expresaron incertidumbre por estar infectados y un deterioro general en el desempeño laboral a lo largo del tiempo”, aseguró el investigador del CONICET.

“Desde la primera medición hasta el seguimiento a los cuatro meses, más trabajadores de la salud presentaron indicadores generales vinculados con trastornos mentales comunes (40 por ciento vs 45,57 por ciento) y depresión y/o ansiedad (52,46 por ciento vs 62,62 por ciento). Asimismo, hubo interacciones significativas entre tener algún antecedente de trastorno mental y la preocupación por la infección por COVID-19, las cuales influyeron en un peor estado de salud mental”, puntualizó.

Conocer para actuar de forma eficaz

Los investigadores señalaron que ninguno de los eventos sanitarios previos resultó ser comparable con esta pandemia, por lo tanto, nadie sabe si las consecuencias negativas que se registraron en la salud mental de las personas durante este aislamientoserán duraderas o no. “Sólo si contamos con evidencia científica durante la pandemia y si damos continuidad a las investigaciones longitudinales sobre salud mental en este contexto podremos saber si estos efectos negativos son duraderos en la pospandemia”, indicó López Steinmetz.

“En el caso de que, llegada la pospandemia, la evidencia científica indicara que estas consecuencias resultan ser duraderas, este conocimiento posibilitará no sólo identificar a los grupos más vulnerables, sino, también, elaborar estrategias sanitarias destinadas específicamente a las personas con padecimientos mentales y a las personas con mayor riesgo de desarrollar síntomas y/o enfermedades mentales”, ejemplificó la investigadora.

Si bien desde hace algunos años la importancia de la salud mental está tomando fuerza en las agendas políticas y mediáticas, hasta el momento nunca se realizó un relevamiento a nivel nacional y sostenido en el tiempo, para evaluar el estado general de la población. Para Godoy y Steinmetz, recabar este tipo de información resulta crucial y es una deuda que tiene que ser saldada.

“Necesitamos tener una línea de base para conocer el estado general de la salud mental de las y los argentinos en todas las etapas del desarrollo: niños y niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores”, asegura Godoy, a la vez que plantea que “Argentina no se puede dar el lujo de no tener esta información, porque es fundamental a la hora de pensar y diagramar políticas públicas efectivas para todos los niveles de gobierno”.

Fuente: Agencia CTyS