Hay unas 200.000 hectáreas afectadas sólo en territorio cordobés; los productores reclaman una mayor planificación y acciones conjuntas entre el gobierno nacional y las provincias.

CORDOBA.- Hace casi 20 años un furcio periodístico atribuyó al entonces ministro Domingo Cavallo la idea de que los productores agropecuarios que se quejaban de las inundaciones «se dediquen a pescar pejerreyes y bagres». No la había dicho él, sino un economista-imitador, Juan Carlos Kuznir, del equipo de la Fundación Mediterránea. Hoy, en Marcos Juárez, los sobrinos del tambero Alejandro Galiano pescan en el campo; no pejerreyes, pero sí mojarritas.
Unas 200.000 hectáreas están anegadas en el sur y sureste de Córdoba (departamentos de Marcos Juárez, General Roca, Unión, Juárez Celman y Sáenz Peña). Las tierras de Marcos Juárez están entre las más caras del país, 20.000 dólares promedio la hectárea. La presencia de agua no se explica sólo por las lluvias de las últimas semanas: hay campos que tienen complicaciones desde hace más de un año, lo que revela severas deficiencias de infraestructura.

La situación es similar en Santa Fe, sobre todo desde el sur de Rosario hasta Rufino; los consultados la definen como «caótica». En el límite, cordobeses y santafecinos cruzan acusaciones sobre quién inunda a quién. Hacia el suroeste de Córdoba -pegado a San Luis- también hay problemas. Un nuevo río surgió en las cercanías de Chaján. Sergio Etchepare, del consorcio caminero de la localidad, explica que comienza en el cerro La Paraguaya y recorre 12 kilómetros hasta la Ruta Nacional 8 y otros 12 más hacia el Sur, hasta desembocar en el río Chaján.

El nuevo río apareció en noviembre, después de una serie de fuertes lluvias, y sería consecuencia de la modificación del suelo y la suba de las napas freáticas. Hay unos 10 campos anegados.

No hay aún una cuantificación de las pérdidas, pero los ruralistas advierten que «lo peor no llegó». Esperan el pico para abril y estiman que el 30 por ciento de la soja sembrada se perderá. «El impacto económico será grande; el trigo se pudo cosechar con problemas; lo nuevo viene muy complicado y los tambos la llevan muy mal», resume a LA NACION Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).

Gustavo Vionnet, presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), señala que su provincia es históricamente «de paso de agua», pero que las inundaciones se agudizaron por el monocultivo de soja («los suelos absorben la mitad de lo que cae por falta de siembra de invierno») y por la falta de infraestructura: «Hay que pensar las obras como macro cuencas; hacer estudios técnicos para determinar cómo debe entrar y salir el agua».

El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, anunció que declarará zona de emergencia o de desastre el sur y sureste de la provincia, mientras su ministro de Agricultura, Sergio Busso, confirmó que gestionará un fondo de emergencia ante la Nación y adelantó el compromiso de convocar al Comité de Cuenca de la laguna La Picasa, para interactuar junto a Buenos Aires y Santa Fe.

En 2006, por un acuerdo de las tres provincias, se puso en marcha un plan que incluyó un sistema de bombeo y la construcción -a cargo de la Nación- de siete obras de regulación. El proyecto no se terminó y los problemas siguen.

Hugo Biga, presidente de la Asociación de Productores Rurales de Marcos Juárez, recuerda que desde 1992 el problema es recurrente: «Hay problemas concretos de obras, desde canales clandestinos hasta trabajos inconclusos».

La entidad especifica puntos críticos: el canal San Antonio es de la década del 40, la cantidad de agua que recibe se multiplicó por cuatro, el embalse de ese desaguadero está por la mitad y los alrededores, inundados; un puente sobre la autopista Córdoba-Rosario es 25 por ciento más angosto que el que está sobre la Ruta 9, lo que hace un embudo; tres canales de 35 metros desembocan en uno de 15 metros.

«La infraestructura quedó chica hace años», resume Biga. De Raedemaeker insiste en que «hay que encarar la sistematización de la cuenca; no hay un estudio completo ni una planificación integral. Uno se saca el agua y se la manda al de al lado».

Hace meses que los caminos son arroyos. Antonio Picca, presidente de la Asociación de Consorcios Camineros (atiende 59.000 kilómetros con unos $600 millones anuales), apunta que a las lluvias por encima de los promedios, se le suman los trazados más bajos que los campos y la desforestación, por lo que hay un trasvasamiento de cuenca.

«Hay que sistematizar la provincia para que el agua quede en el lugar que cae; hacer lagunas de contención, rotar cultivos. Tenemos que comprometernos todos y que sea una política de Estado. No es juntarnos cuando tenemos el agua al cuello», define ante LA NACION.

Daño a largo plazo

El campo cordobés planteó que el aumento de la presión impositiva sobre el sector requería una mejora de la infraestructura. Este año, el impuesto inmobiliario rural subió el 32% promedio y aportará unos 2500 millones de pesos. Hay también tasas específicas para el mantenimiento de caminos secundarios y consorcios canaleros.

Ni el ministro de Infraestructura, Fabián López ni el secretario de Recursos Hídricos de Córdoba, Edgar Casteló, respondieron a los pedidos de la nacion para conocer los planes en marcha y las respuestas a los reclamos de los productores.

Pedro Dellarossa, intendente de Marcos Juárez, afirma que «hay un compromiso con Santa Fe de dragar el canal San Antonio para darle capacidad de desagote», pero admite que hace décadas que, por desencuentros políticos, presupuestos escasos o desidia, «el agua convive con la gente en la zona».

De Raedemaker y Vionnet coinciden en que la mirada en compartimentos estancos no va más; piden un trabajo coordinado y que la Nación arbitre si no hay consensos. «La productividad de los campos cae fuerte y la vida de los pueblos queda en riesgo. Al desaparecer el Estado, los productores buscan resolverlo solos, y esa no es la manera», dicen.

En Jovita (General Roca), el productor José Rossi plantea que en la última década abundaron las reuniones e incluso hubo un estudio de la Universidad Nacional de Río Cuarto, «pero no se terminó nada». En Juárez Celman, Huanchilla es el nodo de los problemas. Los tamberos llevan semanas sin prácticamente poder retirar la producción. «El tiempo pasa y los problemas son los mismos», resume Hernán Gherzi, presidente de la Cooperativa de Tamberos.

Galiano y sus vecinos llevan gastados más de $600.000 en el último mes en camiones de escombros para tratar de transitar los caminos. La producción de leche ya cayó alrededor del 25 por ciento. Una planta de maíz pisingallo armada hace ocho años para exportar está sin actividad porque hace un tiempo no se puede ingresar al edificio. Lleva varias inundaciones en su haber.

El impacto de la inundación en el campo

30%

pérdidas

Menos soja

Es el porcentaje de la siembra de la oleaginosa que, estima Cartez, no se cosechará en abril, cuando se produzca el pico de la inundación

Falta de obras

En 2006, se puso en marcha un plan que incluyó un sistema de bombeo y la construcción de siete obras de regulación de aguas; el proyecto no se terminó, se quejan los productores

32%

impuestos

El peso para el campo

Es el aumento que sufrió este año la alícuota del Inmobiliario Rural en Córdoba. El campo reclamó una mejora de la infraestructura acorde con la mayor presión

Fuente: lanacion.com.ar