La Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes del Gobierno logró este jueves dictamen de mayoría y se tratará conjuntamente con la Ley Bases en la sesión prevista para el próximo lunes.

Durante la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, el oficialismo cosechó 27 firmas con la ayuda del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal.

Éste último bloque firmó en disidencia parcial y proponen incluir un impuesto al juego, mientras que Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría.

El paquete fiscal se abordará en conjunto en el recinto de la Cámara baja a partir del lunes a las 11 horas, y se espera que se esté votando el martes por la noche o el miércoles por la madrugada.

Uno de los temas más destacados de la iniciativa es la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, rebautizado impuesto a los Ingresos Personales.

Luego de varias instancias de negociación entre el Gobierno, las provincias y los bloques de la oposición dialoguista, se definió que el mínimo no imponible estará ubicado en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y en 2.200.000 pesos para casados con hijos. De esta manera, volverán a estar alcanzados por este tributo casi un millón de personas.

La actualización del mínimo no imponible y del piso de cada una de las escalas se realizará de forma semestral a partir del 2025 aunque este año habrá un ajuste trimestral en septiembre, en base a la variación del IPC.

El paquete fiscal también incluye un amplio y generoso blanqueo de capitales por hasta 100 mil dólares sin penalidad con un plazo de adhesión hasta el 30 de abril del 2025 (prorrogable al 31 de julio de 2025).

Por pedido de la UCR, se incorporó al texto un premio a los contribuyentes cumplidores de medio punto de la alícuota.

La iniciativa también abarca una moratoria impositiva y aduanera de hasta 84 cuotas y una rebaja en el impuesto a los Bienes Personales (con la posibilidad de adelantar pagos de las cuotas correspondientes hasta el año fiscal 2027).

Se trata del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), con una alícuota reducida de 0,45% por año (2,25% en total).

Otro aspecto saliente del proyecto tiene que ver con las modificaciones en los topes de facturación del monotributo, con aumentos de entre el 300 y el 330%, y un ingreso tope anual de 68 millones para la categoría más alta (K). La categoría más baja (A) permitirá facturar hasta 6.450.000 pesos de forma anual.

Al comienzo del debate de comisión, el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman cuestionó que ningún diputado de La Libertad Avanza se hiciera cargo de defender la iniciativa, para ver si era “bueno para el futuro del país”, y delegaran la tarea en los bloques de la oposición dialoguista que se disponía a firmar el dictamen de mayoría.

“No sé si es porque no están convencidos de lo que están votando, si es porque no conocen el proyecto o si les falta pasión”, chicaneó el diputado cercano a Juan Grabois.

Por su parte, su compañera de bloque Victoria Tolosa Paz consideró que el paquete fiscal «beneficia a unos pocos que claramente son los dueños de Argentina y a quienes gobierna Javier Milei».

Para la diputada opositora y ex ministra de Desarrollo Social, el proyecto «es sumamente regresivo en materia impositiva y tiene un grave impacto en la inclusión fiscal de aproximadamente el 40% de la población que vive en la informalidad en Argentina».

Además, mencionó “el perjuicio” que va a causar la eliminación del monotributo social, la reversión del impuesto a las Ganancias, y que “más de 120 mil ricos no abonarán bienes personales en los próximos años, perjudicando claramente también la coparticipación de las provincias para los años 2025, 2026 y 2027”.

Fuente: telefenoticias.com.ar – NA.

El trámite puede realizarse a través del sistema de Atención Virtual.  Para ello, es necesario que los datos del grupo familiar, matrimonio, domicilio y contacto estén registrados y actualizados en ANSES. También es posible efectuarlo en una oficina del organismo con turno previo.

Es importante tener en cuenta que para solicitar esta asignación, los ingresos de la pareja y de cada uno de sus integrantes no deben superar los topes máximos vigentes.

Para más información, consultar aquí.

La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS) amplió la medida cautelar contra las prepagas a 5 empresas más, con el objetivo de que retrotraigan los aumentos a diciembre del año pasado y se ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación en los últimos cuatro meses.

El organismo estatal incorporó al Hospital Alemán, Hospital Británico, CEMIC, Grupo D.D.M SA y el Círculo Médico de Lomas de Zamora, a la denuncia por «abuso de las empresas de medicina prepaga en la determinación de los aumentos de cuotas de sus usuarios», según explicaron desde el Gobierno.

Con las nuevas firmas agregadas, la medida cautelar ahora abarca a 23 prepagas que contemplan el 95% de los beneficiarios cubiertos por este régimen. El recurso interpuesto por la SSS apunta a que las empresas retrotraigan sus precios a diciembre y que la justicia disponga la devolución de las subas que superaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos meses.

Asimismo, desde el Ejecutivo precisaron que «la medida cautelar de la Superintendencia se basa en resguardar la competencia en defensa del libre mercado frente a las prácticas anticompetitivas, como el abuso de posición dominante y exceso en la determinación arbitraria e injustificada del aumento de las cuotas».

Las prepagas investigadas desde enero por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que depende de la Secretaría de Comercio e Industria y que se ven alcanzadas por la medida son:

Galeno Argentina S.A.
Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil.
Hospital Alemán Asociación Civil.
Medifé Asociación Civil.
Swiss Medical S.A.
Omint S.A. de Servicios.
OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios.
Unión Argentina de Salud (UAS), y su ex titular, Claudio Belocopitt, también presidente de Swiss Medical S.A.

Al respecto de la cautelar, fuentes oficiales indicaron que «no se trata de una intervención del mercado sino justamente lo contrario: una acción que lleva adelante la Superintendencia en su rol de fiscalizador para que se transparenten los indicadores y se garantice la libre competencia».

Además, señalaron que «el Gobierno desreguló el sistema de salud con el objetivo de que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas, y con el de impulsar la libre competencia y mayor transparencia entre los actores, para así lograr un sistema más equitativo, solidario y eficiente».

En tanto, desde el Ejecutivo precisaron que «esta es una acción independiente a la medida tutelar por cartelización que también avanza en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia».