En el marco de una jornada de la entidad, el titular comentó que vienen trabajando con gobernadores para hacer causa común y presentarse ante el Gobierno. Además, destacó que en la última reunión con funcionarios se llevaron el compromiso de una mayor apertura.

“Hasta ahora perdimos todos, el precio de la hacienda bajó y en la carnicería subió, al tiempo que los empleados de los frigoríficos han visto que podría afectarse su trabajo”, comentó Laucirica. Además, sostuvo que no hay respuestas concretas desde el Gobierno.

En este sentido, el titular de Coninagro comentó que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó que iba a haber noticias de flexibilización de las exportaciones de carne Kosher y la vaca china. “No hubo noticias”, apuntó.

Por su parte, el presidente de la Unión de Cooperativas Algodoneras (UCAL) y consejero de Coninagro, Juan Hutak, mencionó que están “esperanzados” con la posibilidad de una reapertura. Sin embargo, reconoció que está costando. 

“Hay que luchar para que esto se abra y que estén los cortes baratos en la carnicería, pero que no perjudiquen al productor”, concluyó.

Fuente: Agrofy News

Será por 180 días, y el decreto establece que se instrumenten medidas de alivio para las zonas y los sectores afectados. Se delimitará las áreas sujetas a la declaración de ”Estado de Emergencia Hídrica”, en función de lo que es la peor bajante en 77 años de la principal vía navegable del país.

Se invita además a los gobierno provinciales a tomar medidas similares, en especial “aquellas tendientes a disponer un régimen tarifario especial provisorio para los servicios de energía eléctrica, agua potable y transporte urbano para el sector productivo de las zonas afectadas, mientras dure la emergencia”.

Se instrumentó a distintas áreas del Gobierno a que adopten las medidas necesarias con el objeto de preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo en los sectores afectados. Entre ellas están los ministerios de Desarrollo Productivo, de Trabajo, la AFIP y el Banco Nación.

Asimismo, se indicó al Ministerio de Obras Públicas que realice las “obras de infraestructura necesarias para mitigar los efectos de la emergencia en las zonas afectadas, mientras dure la misma” y que el de Transporte deberá arbitrar “los medios necesarios para posibilitar la navegación y los accesos a los puertos mientras dure la emergencia”.

Mientras que el de Ambiente tomará las acciones necesarias para evitar que se produzcan incendios forestales como consecuencia de la bajante.

El decreto promueve medidas que apuntan a un alivio económico de las zonas afectadas. Por caso, se instruye al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía a adoptar “las medidas necesarias tendientes a asegurar el normal abastecimiento de la demanda de energía eléctrica en virtud del “Estado de Emergencia Hídrica” dispuesto en el artículo 1° del presente decreto, pudiendo para ello disponer los actos y acciones necesarias para procurar el abastecimiento de los recursos primarios críticos, como los combustibles, ante la potencial pérdida de oferta de generación eléctrica por la afectación de la bajante extraordinaria del río; recurrir a fuentes alternativas de oferta como importación de energía eléctrica y/o combustibles; coordinar acciones de gestión de demanda como la autogeneración y/o el uso eficiente, entre otras”.

“Dada la esencialidad que tiene la prestación de los servicios de gas natural y de electricidad, ante congestionamientos de logística producidos por la bajante, se deberá, en conjunto con el Ministerio de Transporte y el resto de los organismos intervinientes, dar prioridad a la navegabilidad del transporte de los combustibles”, se explica.

El decreto establece la suspensión “de aquellos trámites administrativos vinculados con las áreas alcanzadas por la presente declaración de emergencia, el curso de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 – T.O. 2017 y por otros procedimientos especiales, a partir de la fecha en que el Presidente del CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y LA PROTECCIÓN CIVIL las delimite conforme a lo previsto en el artículo 2° de la presente medida, y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan”.

Debido al decreto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tendrá la el aval “para que, en uso de sus facultades, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos de asignar los créditos, cargos y cualquier otra adecuación que se requiera para el financiamiento de las medidas que se dispongan por aplicación del presente decreto”.

Fuente: Noticias AgroPecuarias

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, trabaja de forma articulada con la Dirección Nacional de Lechería del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, encabezada por Arturo Videla, para implementar políticas que fomenten el desarrollo de los pequeños tambos y tiendan a evitar cierres de establecimientos en el sector.

Al respecto, el director Provincial de Producción Lechera y Avícola, Abel Zenklusen, indicó: «Estamos articulando estrategias con la Nación a través del Consejo Federal Lechero, ámbito del que participamos las provincias productoras y nos reunimos semanalmente. La idea es proteger a los tambos más pequeños, para lo cual dentro del Plan Lechero tenemos varias puntas dirigidas a temas de capacitación y asesoramiento financiero».

Asimismo, el funcionario destacó: “La situación que atraviesa el sector es un tema que nos ocupa a diario. De los 3.500 tambos de la provincia, hay entre 500 a 700 que están en la línea de supervivencia y viendo los números productivos son los más frágiles. Las causas son muchas, pero básicamente están relacionadas con la falta de continuidad generacional de muchas empresas familiares, cuyas nuevas camadas hacen todo lo posible para salir del sistema rural y productivo».

«Ante dicho escenario estamos desarrollando acciones conjuntas que contemplan ayudas económicas y asesoramiento técnico para así entusiasmar a los jóvenes a seguir con esta producción».

En este sentido, el Gobierno Provincial viene trabajando a través de las asociaciones para el desarrollo de la provincia, mediante las cuales se destinan 5 millones de pesos a cada entidad, que luego son destinados a unos 15 productores aproximadamente. Se trata de fondos rotatorios empleados mayormente en capital de trabajo e inversiones productivas relacionadas con el aumento de la eficiencia.

Por otra parte, se está pensando trabajar con los Grupos de Cambio Rural, programa mediante el cual se destinan fondos rotatorios con importantes beneficios, 6 meses de gracia a pagar en 18 meses con una tasa del 13%, a los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal, La Capital, y General Obligado.

«Intentamos evitar que desaparezcan esos tambos y creemos que la ayuda va a permitir mantener las fuentes de trabajo. Lo que nos preocupa es el traspaso generacional, por esto, los fondos son una variable para trabajar en conjunto con la capacitación y otros programas, como Caminos de la Ruralidad, que permitan mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales de la provincia y generar arraigo», concluyó Zenklusen.