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El Campo

Sequía: en el campo crecen los pedidos por una eximición de impuestos

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), exigió esa medida, no una suspensión como anunció ayer el ministro de Economía, Sergio Massa; planteo de la Rural al gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet.

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Después de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara por las redes sociales medidas de alivio impositivo para los productores en zonas declaradas en emergencia agropecuaria, dirigentes del campo se mostraron cautos y dijeron que aguardan a que se formalicen en el Boletín Oficial. En tanto, desde Federación Agraria Argentina (FAA) reiteraron que sigue en pie una movilización propuesta a Buenos Aires y señalaron que, más que suspensiones impositivas, habían solicitado eximiciones.

Ayer, Massa comunicó la suspensión de las intimaciones y embargos de las cuentas bancarias, además, entre otras medidas, de la suspensión del pago de anticipos de Ganancias y beneficios fiscales ante la venta forzosa de ganado. Todo esto se aplicará de manera automática para los productores en zonas declaradas en emergencia.

“No ha salido en el Boletín Oficial y… en Twitter no tiene validez”, dijo Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), sobre las medidas.

Rescató, no obstante, la iniciativa de agilizar los trámites para los productores agropecuarios que se encuentran en lugares declarados en emergencia agropecuaria, pero precisó que lo que buscan va más allá. “Por más que haya un decreto, nosotros lo que estamos pidiendo es la eximición del pago, porque hay declaratorias de emergencias que vencen el 31 de marzo, mayo y junio, y una vez vencida esa suspensión que posibilitó el Gobierno, el productor no va a tener ningún tipo de producción para hacerle frente”, especificó.

El dirigente, que promueve una movilización a Capital Federal, dijo que está bien que le saquen la burocracia al trámite, pero lo que piden es la exención del pago de anticipo de Ganancias y no suspenderlo como se está haciendo. “Si no, no se entendió la situación y solo es relato. Esto no modifica la intención que tenemos de ir al Congreso, a la Casa de Gobierno y el Ministerio de Economía, porque no es solo eso. Pedimos un salvataje para los productores que están en estado de emergencia y desastre, sabiendo de la magnitud de endeudamiento que tienen por esta seca. Hay cultivos extensivos, ganadería, lechería y economías regionales; los financiamientos que hay no sirven para nada”, describió.

Achetoni indicó que hay emergencias que vencen antes de la fecha que se especificó a través de la resolución 5324 y que había sacado AFIP en febrero pasado. Allí se estableció que los productores alcanzados por el estado de emergencia y/y desastre agropecuario por sequía, “cuyo período de vigencia del estado de emergencia agropecuaria y zona de desastre finalice con posterioridad a la fecha de publicación de esta norma, o bien corresponda a resoluciones que se emitan hasta el 30 de abril de 2023, inclusive”, podían solicitar los beneficios.

 “A cuentagotas van entiendo la situación que planteamos hace mucho. Con esto se convalidan los reclamos que venimos haciendo, pero de una manera como de ir entreteniendo, es decir, no dar las cosas en su momento y reconocerlas después. El enunciado está bárbaro y que [Massa] se haya enterado de que hay una seca extraordinaria, pero las acciones que están tomando debieron tomarse mucho antes y no es suspender, para entender bien la magnitud, lo que hay que hacer es eximir”, amplió.

Achetoni contó que tras el anuncio del ministro Massa consultó en el Gobierno la posibilidad de llegar a una eximición. “Me contestaron que no tienen facultades para eximir, que la tiene la Legislatura [por el Congreso], por eso seguimos pensando en llegar al Congreso y llevar un paquete de medidas que se necesitan para hacer un salvataje, para ver si están entendiendo la magnitud de la situación y si tienen la intención de solucionarle la problemática a la gente”, resumió.

Para Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, las medidas son una señal inequívoca de reconocimiento del gobierno nacional de la grave situación por la que atraviesa la producción, por efecto de las inclemencias climáticas. “Situación que no solo afecta a la producción sino también a los comercios y los servicios vinculados a las actividades rurales, tanto en los agricultores, como en los ganaderos, los tamberos y las economías regionales en conjunto”, indicó.

Además, dijo que esperan que con estas medidas se agilicen los trámites y que lleguen de una vez las ayudas, para llevar alivio fiscal y crediticio, ante los daños sufridos. “En breve tendremos por delante una nueva campaña, una nueva oportunidad, ya que no cabe duda que no bien cambien las condiciones climáticas, el productor saldrá a sembrar forraje para alimentar al ganado y volver a sembrar. Para lo que necesitará insumos como fertilizantes y semillas, y disponibilidad de créditos para financiar estas inversiones”, mencionó.

Sobre ese punto, dijo, hay una limitante con la decisión del Banco Central (BCRA) que encareció el crédito a los productores de soja, incluso a productores mixtos que necesitan recomponer sus rodeos de hacienda y llevar adelante inversiones ante la nueva campaña. Esto, agregó, es de urgente resolución.

“Seguiremos trabajando en conjunto con otros sectores de la economía y de la agroindustria, al efecto de promover incentivos a la producción que generen más empleo y trabajo, a través de políticas de Estado perdurables en el tiempo con mayor estrategia para el sector y con más desarrollo local, que seguramente traerá mayor bienestar a todos los Argentinos”, resumió.

Consultados por LA NACION, en CRA dijeron que aguardaban por la efectivización de las medidas y hechos concretos que sean soluciones reales para los productores.

Pedido de la Rural al gobernador de Entre Ríos

En este contexto, la Sociedad Rural Argentina (SRA), vía su presidente Nicolás Pino, le pidió al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que impulse “con celeridad la presentación del proyecto de ley que exime a los productores bajo emergencia agropecuaria del pago del Impuesto Inmobiliario Rural”.

El planteo fue en el marco de “Nuestros Caballos”, que se está realizando en el predio de Palermo. “Esta iniciativa, que debe ser presentada en la legislatura provincial para su tratamiento, surgió del accionar gremial realizado durante varios meses entre socios, delegados y directores locales de la SRA y que hoy, cuenta con el aval de otras entidades empresarias”, señaló la organización.

“Estamos muy satisfechos con el trabajo que comenzamos y creemos que debería tomarse como ejemplo en otras provincias e incluso en el Estado Nacional. Se debe eximir el pago de impuestos, ya no alcanza con las prórrogas”, dijo Pino. Y agregó: “Esta decisión va en línea con el pedido que venimos haciendo de aliviar la carga fiscal, quitar las retenciones y unificar el tipo de cambio para poder recuperar el capital de trabajo de cara a un nuevo ciclo productivo”.

Según la entidad, esta ley “permitirá que en un futuro los damnificados de inclemencias climáticas similares puedan disponer de estas eximiciones”.

Fuente: Diario La Nación 

El Campo

Belgrano Cargas en el sector exportador mira con entusiasmo la privatización del tren propuesta por el Gobierno de Milei

La nueva “ley Bases” que impulsa el Gobierno contempla 18 empresas del Estado que podrían ser privatizadas total, parcialmente o concesionadas. Entre ellas se encuentra Belgrano Cargas, una de las redes ferroviarias más importantes para el sector agropecuario, con opción para ser privatizada o concesionada.

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Esta posible medida fue bien recibida en el sector exportador, donde creen que podría mejorar la eficiencia operativa del la red. Belgrano Cargas y Logística SA (Bcylsa) es una empresa creada en junio de 2013 con el propósito de consolidar las tres principales líneas de transporte de carga del país: la Línea Belgrano, San Martín y Urquiza.

Hasta ese momento, la Línea Belgrano estaba concesionada a la antigua Belgrano Cargas, establecida en los noventa y ya desaparecida. Por otro lado, las líneas San Martín y Urquiza se encontraban bajo concesión de ALL, una empresa brasileña. Esta concesión fue asumida por la nueva empresa Belgrano Cargas y Logística, creada a partir de la sanción de la ley 26.352.

La red ferroviaria atraviesa 17 provincias del noroeste y centro del país, desempeñando un papel fundamental en la logística del transporte de granos en la Argentina. Actualmente cuenta con 3978 kilómetros operativos, lo que representa el 52% de la red total, que abarca 7712 kilómetros. El año pasado se transportaron por estas vías aproximadamente 7,2 millones de toneladas de mercancías.

Esta firma es una de las empresas estatales incluidas en el anexo del nuevo proyecto de “ley Bases”. El Gobierno espera obtener la aprobación de los gobernadores y los bloques de diputados para la privatización parcial o total de estas empresas. Esta noticia fue celebrada por fuentes de la exportación consultadas por este medio.

Me parece que es positivo, especialmente teniendo en cuenta el importante déficit que genera el ferrocarril. Creo que sería beneficioso que haya un administrador privado”, indicó un operador del sector exportador. Destacó que el Belgrano Cargas es muy estratégico para la logística de una región muy importante y retrasada en el país. “Es una herramienta logística crítica. Por ello es fundamental evitar mayores erogaciones para todos”, agregó la misma fuente, subrayando la necesidad de garantizar la eficiencia operativa del tren, lo que, según comentaron, se podría lograr mediante su privatización.

En el sector consideraron dos opciones. Por un lado que se otorgue una concesión a un tercero, con la precaución de evitar que adquiera una posición dominante y desvíe su función principal de transporte, asegurando así un servicio accesible para todos y beneficiando a los productores. Por otro lado se mencionó una alternativa denominada Open Access, aprobada por ley, que permitiría a cualquier operador privado utilizar la infraestructura ferroviaria estatal mediante el pago de un canon. Esto evitaría la concentración de la concesión en una sola entidad y fomentaría la participación de varios operadores en la misma red, según explicaron.

También señalaron que, aunque ha mejorado su desempeño en los últimos años, aún sigue generando pérdidas para el Estado argentino. Destacaron que esta mejora se produjo después del acuerdo entre Cristina Kirchner y el exministro de Transporte, Florencio Randazzo, que atrajo inversiones chinas en obras y material ferroviario. “Gracias a estas inversiones, se pudo mejorar significativamente la infraestructura de una gran parte de la parte norte de la red ferroviaria del Belgrano”, dijeron.

“Esto mejoró la infraestructura de una parte importante de la red ferroviaria del Belgrano y permitió una mayor eficiencia en la operación. Sin embargo, sigue registrando pérdidas. Tiene una estructura pesada con demasiado personal. Privatizarlo implicaría una racionalización de esa estructura que actualmente, como muchas otras del Estado, tiene exceso de empleados e ineficiencias en la rotación de los trenes. Por lo tanto, está claro que se debe buscar su operación con eficiencia, y la privatización es la forma de lograrlo”, comentó la fuente consultada.

Una postura diferente manifestó, Claudio Molina, especialista en bioenergías y ferrocarriles, quien sostuvo que sería una empresa que se podría “salvar y seguir manejando el Estado”.

“Si la privatización se realiza no priorizando los intereses del país, va a fracasar. Lógicamente, el capital privado busca maximizar sus beneficios y va a tratar de operar en los corredores o ramales que le aseguren un tráfico compatible con una buena rentabilidad. A los ferrocarriles hay que verlos por el impacto en el desarrollo territorial y por la cuestión ambiental, que es un concepto mucho más complejo que el de la simple rentabilidad que mira el capital privado”, expresó.

“El privado va a necesitar que el Estado invierta en infraestructura y va a tratar de sacarle el mayor provecho a esa inversión de todos los argentinos pagando el menor peaje. Al ferrocarril no le podés aplicar contabilidad tradicional; hay que computar las externalidades positivas. Hay muchos elementos en la contabilidad que nos emiten impactos colaterales positivos. Entonces, Belgrano Cargas es una empresa que se podría salvar y que la siga manejando el Estado”, agregó.

Fuente: Diario La Nación

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El Campo

Se conformó la Mesa de Seguridad Rural con Entidades Productivas

Fue en un encuentro encabezado por los ministros de Desarrollo Productivo y de Justicia y Seguridad, junto con representantes de Coninagro, Carsfe y la Federación Agraria. Se trazaron líneas de trabajo y se propuso la conformación de mesas locales.

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Los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, encabezaron este jueves la conformación de la Mesa de Seguridad Rural con Entidades Productivas. La actividad se llevó a cabo en la Sala Rodolfo Walsh de la sede de Gobernación en Rosario y participaron representantes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) y la Federación Agraria.

Luego del encuentro, Puccini precisó que “en esta primera reunión escuchamos las demandas que la seguridad rural tiene en todo el territorio de la provincia. Hicimos un diagnóstico de los departamentos y los delitos que se han cometido, sean de hurto, robos o abigeato”.

“Lo más importante -continuó-, fue que establecimos un protocolo de trabajo para comenzar a hacerlo en conjunto con las mesas de cada uno de los departamentos y conformar equipos que aborden el delito. Además, buscamos trabajar en conjunto con los fiscales del Ministerio Público de la Acusación y con los presidentes comunales e intendentes para reforzar y ayudar con los controles sanitarios”. 

El ministro de Desarrollo Productivo detalló que esta Mesa de Seguridad Rural “implica hacer un seguimiento mensual con datos. Por eso es muy importante que las denuncias se realicen y puedan ser esclarecidas”.   
 
En tanto, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, indicó que “retomamos el diálogo con las entidades rurales sobre la problemática de la inseguridad. Una situación que varía en toda la provincia debido a nuestra extensión y la situación de la policía de la seguridad rural Los Pumas”.

 Por otro lado, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, puntualizó que “fue un encuentro muy positivo para trabajar con cada una de las entidades y conformar una mesa de trabajo a nivel provincial. Pretendemos también replicar mesas a escala local, con actores locales, que estemos en permanente contacto. Tenemos un diagnóstico común sobre el delito rural. Ahora queremos hacer hincapié en el dato, por eso es muy importante que un productor que sufre un ilícito crea en el sistema y realice la denuncia”. 

Por último, Sara Gardiol, de Carsfe, explicó que “la seguridad rural es muy importante porque hace al arraigo de las familias, al desarrollo e incremento de la productividad y a la seguridad alimenticia que llega a toda la población”.

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El Campo

Santa Fe: Desde abril el RENATRE aumenta a 100 mil pesos la prestación por desempleo para trabajadores rurales

La Delegación Santa Fe Sur RENATRE informó que el organismo nacional elevó el monto de la prestación por desempleo por segunda vez en lo que va del año para las y los trabajadores que se encuentran transitando la falta de empleo en el sector rural. A partir del corriente mes de abril, el monto máximo de esta prestación se elevará a $100.000, mientras que el mínimo será de $50.000

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Esta medida, tiene como objetivo principal colaborar con la familia rural a través de un ingreso en la difícil situación del desempleo. El incremento en las prestaciones por desempleo se enmarca en la Ley 25.191 y refleja el compromiso del RENATRE en garantizar el bienestar de quienes trabajan en el campo.

Asimismo, el instituto del subsistema por desempleo de la seguridad tiene por objetivo garantizar el acceso a los beneficios de la misma como las asignaciones familiares, la cobertura de salud para el trabajador o trabajadora titular del beneficio y su grupo familiar y el sepelio, en caso de fallecimiento. Es importante destacar que los períodos en el que se recibe esta prestación se computan como tiempo efectivo de servicios a los efectos previsionales o de jubilación.

Adrián Luna Vázquez, presidente del RENATRE, aseguró: “Nos resulta muy importante poder incrementar la prestación de manera sostenible, acompañando a todos los trabajadores que desafortunadamente perdieron su empleo en momentos muy complejos”.
El aumento se aplicará a todas las prestaciones, lo que significa que los trabajadores y trabajadoras que se encuentren cobrando la prestación por desempleo verán incrementado su monto a partir de abril.

El director del RENATRE, José Voytenco, afirmó: «Por segundo mes consecutivo aumentamos la prestación para llegar a los $100.000 y seguir acompañando a todos los trabajadores y trabajadoras rurales que se encuentran sin empleo. Esto demuestra por un lado que el RENATRE sigue ejerciendo un fuerte compromiso con el sector de los trabajadores y trabajadoras y además, los esfuerzos por dotar a la familia rural de una prestación en este contexto de crisis económica que estamos transitando”.

Otro aspecto importante es que todos aquellos beneficiarios y beneficiarias de la prestación por desempleo son incorporados a las capacitaciones que brinda el RENATRE (técnicas, de formación y difusión de derechos) así como a los programas de capacitación ofrecidos por el organismo.

Quienes se encuentren en las denominadas zonas desfavorables recibirán un incremento del 20% para el pago de las prestaciones por desempleo de las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y un 10 % para las provincias de Neuquén y Río Negro.

Recordamos que para acceder a la prestación por desempleo, los beneficiarios y beneficiarias deben cumplir con los siguientes requisitos:

Poseer el Código Único de Identificación Laboral (CUIL).
Encontrarse en situación legal de desempleo por causas no imputables al trabajador o trabajadora.

Estar inscripto en el RENATRE.

Solicitar la prestación dentro de los 90 días contados a partir de la fecha en la que el trabajador o trabajadora se haya quedado sin trabajo. Pasado ese tiempo se descontará un proporcional.
Deben estar debidamente registrados en la seguridad social por parte de su empleador:
Los trabajadores y trabajadoras rurales permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores a la finalización de la relación laboral que dio lugar a la situación legal de desempleo.

Los trabajadores y trabajadoras temporarios y permanentes discontinuos deberán contar con los períodos declarados como empleado o empleada de 180 jornadas efectivas de trabajo dentro de los 36 meses inmediatamente anteriores al cese de la relación laboral/finalización de la temporada o ciclo de prestación de servicios.

Para más información sobre las prestaciones por desempleo, se puede acercar a la delegación o a las Boca de Entrega y Recepción más cercanas, ingresar a www.renatre.org.ar, al portal.renatre.org.ar o llamar al 0-800-777-7366. También gestionar la prestación al WhatsApp +54 911 2279-0400, o al teléfono de la delegación del RENATRE Santa Fe Sur en Rosario, 0341 7924892.

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