Entidades de la Mesa de Enlace de Buenos Aires se movilizaron hoy a la Legislatura provincial para pedir un freno en la presión impositiva al campo. Hicieron foco en el incremento del impuesto inmobiliario rural, donde sostienen que los aumentos estuvieron por encima de los topes del 200% esperado. “Estamos al límite. Queremos que se remedie esta situación”, se quejaron. Pidieron una revisión de las subas a través de una acción legislativa, con topes y derogación de varios artículos de la ley fiscal.

En el marco de encuentros con legisladores de distintos espacios políticos, los dirigentes y productores buscaron consenso porque quieren que se modifique la ley impositiva aprobada para 2024. Esto frente a otras alternativas como acciones judiciales ya presentadas por algunos productores, como Agustín Arechavala, de San Vicente. En concreto, el objetivo del agro es que se apruebe una ley impositiva modificatoria a la de diciembre último. Participaron representantes de Coninagro, de Federación Agraria (FAA), de Sociedad Rural Argentina (SRA) y de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

Los dirigentes y productores fueron atendidos por los bloques Unión, Renovación y Fe, Acuerdo Cívico, UCR + GEN, el interbloque Coalición Cívica +Pro+UCR, La Libertad Avanza y UxP.

No escapará la atención los problemas que ha creado este impuesto inmobiliario. Esta ley quiso generar topes. Se suponía que no se podía superar el aumento del 200% en las parcelas. Situación que no se da. Cuando se quitan beneficios anteriores o descuentos da un 270%. Esto excede lo que los legisladores pusieron en la ley. Venimos a buscar remedio legislativo”, expresó Horacio Salaverri, presidente de Carbap. Los ruralistas se quejaron por la quita de beneficios que significaban reducciones de un 20% con el pago electrónico o por buen contribuyente.

“Ya lo hemos expresado al gobernador [anteayer las entidades se vieron con Axel Kicillof]. Él sostiene que no ha superado la inflación. El aumento sí supera la inflación”, dijo. “Hoy venimos a manifestar preocupación. Hoy tenemos cinco cuotas. Y hay casos en las parcelas más grandes sin topes de 300 o 400%. Venimos a buscar remediar esta situación que ha perjudicado al productor”, señaló.

En tanto, desde FAA expresaron: “Nuestra capacidad contributiva está al límite. No soportamos más las condiciones en que estamos. Esto en el bolsillo del productor es 270 o 280% cuando se retira el beneficio del buen contribuyente. El aporte no puede exceder la capacidad contributiva”.

Al respecto, desde la Rural se remarcó que sus directores solicitaron a los legisladores “que intercedan ante los aumentos y las inconsistencias aparecidas en el impuesto inmobiliario rural surgidas de la ley fiscal 2024″. Además, explicaron que la propuesta es “revertir la ley fiscal centrándose en la derogación de los artículos, 137 y 139, que contemplan las actualizaciones de las cuotas y la potestad de aplicar adicionales al impuesto inmobiliario rural. De la misma manera poner por ley el descuento por buen contribuyente”. La SRA señaló que estuvieron por la organización, entre otros asistentes, Juan Manuel Bautista, Adela Nores, Matías Louge, Marcos Mathé y Josefina Manzano.

En las distintas exposiciones los ruralistas denunciaron los aumentos desmedidos en las partidas del impuesto inmobiliario rural y en el complementario [suma diversas partidas]. “Hay que tomar medidas urgentes. No es que no hay voluntad de pago: es que la capacidad de pago está agotada”, remarcaron. Por su parte, Rosa Mansilla, una productora que se acercó, indicó: “Estamos olvidados”. Las quejas que se escucharon apuntaron a que haya una solución rápida. “Exigimos una respuesta: venimos con una urgencia impositiva”, alertaron.

“Nosotros votamos en contra. Es una locura lo que está haciendo Kicillof. Pero la ley dejó al gobernador un gris para hacer lo que hizo”, afirmó Nahuel Sotelo, diputado de La Libertad Avanza. “Estamos en un país sin previsibilidad”, dijo el legislador. “Lo que están viviendo hoy es un delirio”, opinó. Sotelo llamó a generar presión social: “Si no es con ustedes no lo podemos dar vuelta. Esto es una lucha. La política tiene que sentir que hay presión social”, subrayó.

Recientemente, Luciano Bugallo, diputado de la Coalición Cívica, presentó un proyecto para modificar la ley impositiva y limitar los aumentos al 200%, entre otros puntos. “El gobernador Kicillof está violando la ley sancionada y ARBA mintiendo en las respuestas que brinda a los contribuyentes que reclaman por las partidas que llegan con aumentos entorno al 400 o 700% con respecto a lo efectivamente pagado en 2023, cuando la ley es clara con respecto al tope del 200%”, destacó Bugallo. Agregó: “Nuestro compromiso es agotar todas las instancias para poner fin a este ilegitimo, ilegal el inconstitucional impuestazo, tal como lo venimos haciendo hasta ahora y hacer todo lo posible para aunar esfuerzos y energías con los demás bloques legislativos para poder lograrlo”.

Por UxP participaron del encuentro Rubén Eslaiman, Alexis Guerrera, María Laura Aloisi, Viviana Guzzo y Lucía Iañez, entre otros. “Nosotros vamos a tener en la semana una reunión con el gobernador producto de los encuentros de la Mesa de Enlace con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Yo creo que es una facultad del Poder Ejecutivo encontrar una solución”, señaló Eslaiman. El legislador admitió que Kicillof está dispuesto a corregir algunos puntos. “Esto amerita discutirlo y encontrar una solución. En particular con la quinta cuota y evaluar retoques en las cuotas que quedan”, opinó.

Documento de la Mesa de Enlace bonaerense

Sobre el final de la jornada, la Mesa de Enlace bonaerense informó en un documento que se pidió a los legisladores derogar el artículo 137 de la ley fiscal 2024 que contempla la posibilidad de realizar la actualización de las cuotas 2, 3 y 4. También derogar el artículo 139 que contempla una cuota adicional del impuesto inmobiliario rural para aquellos contribuyentes con base imponible superiores a $39.096.756 y “atenuar y establecer límites al aumento del impuesto sobre las bases imponibles más altas que no superen el 220%”.

Además, la agrupación ruralista planteó, respecto a los beneficios por buen contribuyente y débito automático, “quitar la delegación de estas facultades permitiendo que esto lo defina el poder legislativo cada año”. Agregaron: “En ese sentido, sugerimos establecer por ley el descuento de 15% por buen contribuyente y el 5% adicional por pago electrónico”.

También reclamaron “eliminar el impuesto inmobiliario complementario”. Afirmaron: “En su defecto, para las próximas cuotas, que el mismo no supere el aumento del 220% propuesto para las valuaciones más altas del impuesto inmobiliario rural”.

Fuente: Diario La Nación

Luego de que hace 15 días el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara vía X (exTwitter) una quita y rebaja de aranceles para la importación de insumos estratégicos del campo, todo indicaría que en los próximos días, antes que finalice abril, se publicará la disposición pertinente. Según pudo saber LA NACION, “está al salir” ya que están trabajando al respecto en varias Secretarías del Ministerio de Economía, aunque aun no se sabe si esto será vía decreto o resolución. Quien está detrás de la instrumentación sería el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, con otros funcionarios de la Secretaría de Bioeconomía.

Conocida esa noticia, enseguida representantes de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica se juntaron con gente de la cartera de Comercio para tratar de dar marcha atrás a lo anticipado por el ministro de Economía, pero de ese lado le dijeron que la decisión ya estaba tomada.

En las puertas de una nueva campaña agrícola con la próxima siembra de trigo, el 8 de abril pasado Caputo tomó la decisión, sin convocar a la industria, de bajar los aranceles de herbicidas a base de atrazina, glifosato y 2,4-D del 35% al 12,6% (el vigente para el Mercosur) y, además, reducir el arancel de la atrazina primaria, desde el 24% actual al 10,8%. Después anunció la quita de aranceles para la importación del fertilizante urea.

La iniciativa por este cambio habría venido de las entidades de productores agropecuarios, quienes le habrían acercado a Juan Pazo, secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía un estudio con los números y los valores que se pagan por los fitosanitarios en países vecinos como Uruguay.

Si bien las empresas que formulan localmente, que tienen un proceso industrial ya sea de síntesis o de formulación aun no saben cómo les impactaría la medida, entienden que para ellas es negativa. Les afecta, dijeron, porque una firma que no tiene formulación local va a poner sobre la mesa la diferencia de cuánto cuesta importarlo formulado -y con la baja del arancel- y cuánto comprarlo a empresas locales.

En rigor, en el mercado hay compañías que venden fitosanitarios y son clientes de otras que tienen un proceso de industrialización (con formulación o síntesis química) y a quienes compran, por ejemplo, glifosato, atrazina o 2,4D. Estas últimas van a evaluar si les conviene traer de China más barato, sin el arancel del 35% que lo protegía, y tener el 12,5%.

El Gobierno está llevando los aranceles del 35% al 12,5%, que es el arancel que tiene vigente Brasil. Pero no evaluaron los costos internos de la Argentina con respecto a Brasil. El problema de fondo es otro y está en la matriz del costo argentino que tiene la industria. Y, entonces en vez de ver un solo gravamen, que es este arancel, debieron tener una mirada completa sobre los gravámenes que hay en el sector, por ejemplo el Impuesto País, que ni Uruguay ni Brasil lo tienen. Además, aunque importa todo, Uruguay no tiene IVA para los insumos fitosanitarios. Por eso puede que sean más baratos, sumado a que estamos siendo caros en dólares también en la Argentina”, remarcaron.

Rescataron que se ven que la macroeconomía se está acomodando pero que este tipo de medidas les está pegando la micro: “Uno de los impuestos más distorsivos que tenemos es el Impuesto País y eso es lo que hay que rever”.

En este contexto, dijeron que la agenda de la industria tiene otras aristas, entre ellas que se implemente un Bopreal 4 nuevo. Si bien todo lo que sacó el Gobierno a suscripción se logró, en el sector indicaron que, si se toma el stock de deuda de importaciones (alrededor de US$40.000), “no fue suficiente”.

“¿Qué pasa con el saldo que falta? Lo que le estamos pidiendo al Gobierno es que armen un nuevo Bopreal porque la deuda es muy grande aun”, remarcaron.

En tanto, otra fuente de la industria indicó sobre los anuncios de Caputo: “La medida no va a tener un efecto significativo sobre los costos del productor, incluso puede afectar las líneas de financiación que tienen las mismas empresas que comercializan y financian estos productos a los productores. El problema no es competir, el tema está en tener las mismas condiciones”.

Estudio

La semana pasada, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que la siembra de trigo 2024/2025 cubrirá 5,9 millones de hectáreas. Se trata de la misma superficie que la registrada en 2023. En tanto, si se compara con el promedio de las últimas cinco campañas, que da 6,34 millones de hectáreas, es una merma del 6,9%.

Más allá de esto, la entidad analizó el efecto de las medidas para los insumos anunciadas por el Gobierno. Dijo que tendrían “un efecto limitado en la reducción de los costos operativos de la producción”.

“Esto se debe a que los herbicidas, a pesar de que experimentarían una reducción arancelaria más significativa, solo constituyen el 18% de la estructura de costos. Por otro lado, los fertilizantes, que representan, sujeto al tipo de planteos tecnológicos, un 33% de la estructura de costos, tendrían una disminución relativamente modesta en sus aranceles. Estas reducciones arancelarias, si bien positivas, no resultan suficientes para compensar el incremento de costos respecto del año anterior por lo que no logran revertir las tendencias observadas en las relaciones insumo/producto”, afirmó.

Fuente: Diario La Nación

Con el objetivo de mitigar el impacto que la denominada “chicharrita de maíz” tiene en los cultivos provinciales, el ministerio de Desarrollo Productivo liderado por Gustavo Puccini, inició un plan de acción para llevar soluciones a esta problemática y acompañar a los productores afectados. En esa línea, en un encuentro realizado este jueves de la Comisión de Protección Vegetal Santafesina (Coprovesa), se decidió recomendar que el vector que transmite el complejo de patógenos que causan la enfermedad del achaparramieto del maíz sea declarado “plaga”.

Durante la mesa de trabajo, encabezada por el secretario de Agricultura y Ganadería de la cartera productiva, Ignacio Mántaras, se analizaron los alcances de la misma y se consensuó un programa en territorio con el objetivo de reducir la población de “chicharrita”. Asimismo, se examinaron las acciones que trascienden a Santa Fe, cuáles corresponden a Nación y cuáles deben llevarse adelante en conjunto con otros estados provinciales.

Vale recordar que la “chicharrita de maíz” fue identificada como portadora de la bacteria Spiroplasma kunkelii, responsable de una enfermedad que afectó históricamente a los cultivos en el norte del país. Sin embargo, en las últimas semanas, su propagación se ha intensificado en el territorio santafesino, generando preocupación en el sector agrícola.

Tras el encuentro, Mántaras explicó: “La primera medida fue convocar a una reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria, con el objetivo de acercar soluciones a este gran problema. Sin embargo, la chicharrita se diseminó de una manera inesperada ya que las condiciones climáticas así lo propiciaron. En este encuentro de la Coprovesa presentamos algunos puntos que fueron aprobados por consenso y lo que se aconseja al Ministerio es tomar algunas acciones, la primera de ellas era declarar la plaga en la provincia de Santa Fe y elevar ese pedido a Nación”.

“Nosotros tenemos pensado todo un programa a escala provincial y llevarlo adelante en el marco de una declaración de la Ley de Plagas es lo adecuado. Primero queremos hacer foco en la vigilancia y monitoreo, que es lo que falló; luego en la capacitación e información, ya que el productor lo está requiriendo y eso es urgente; en tercer lugar, involucrar a la investigación, a la ciencia y la tecnología. Por eso este jueves fueron convocados representantes de la Secretaría de Ciencia y Tecnología”, agregó.

El funcionario también destacó la coordinación entre las provincias de la Región Centro para impulsar estrategias integrales y elevar la problemática al gobierno nacional “entendiendo el diagnóstico”. Y detalló a continuación: “Para concretar respuestas financieras a los productores que se vieron afectados, trabajamos como Región Centro junto a Córdoba y Entre Ríos para llevar un pedido a Nación, con quien ya nos reunimos. Esta solicitud involucra a toda la cadena del maíz pero también a otras cadenas. Es imprescindible dar un enfoque amplio a una problemática urgente, por eso pedimos al Gobierno nacional que brinde respuestas financieras. Necesitamos que los productores puedan recomponer su capital y que en sectores donde el maíz es un insumo, como el lácteo, el bovino, el porcino o el aviar que quedaron sin su alimento, puedan acceder y no se interrumpan esas cadenas. La clave es tener una visión muy integral y realizar acciones de manera inmediata”, detalló Mántaras.

Coprovesa

La Comisión de Protección Vegetal Santafesina se creó en 2015 como un espacio asesor y de consulta no vinculante de la cartera productiva. Sus objetivos son estudiar, examinar y promover toda iniciativa de orden técnico, administrativo, social y ambiental, que tienda a la prevención, control y/o erradicación de problemas fitosanitarios que puedan comprometer los sistemas de producción provincial y la salud pública.

Está integrado por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y representantes del departamento de Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL); del Área de Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR); del INTA Regional Santa Fe; de la ASSAL; del Senasa Santa Fe; del Instituto Nacional de Semillas Oficina Regional Pampeana Norte; del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santa Fe; de Carsfe; de Federación Agraria Argentina; de Coninagro; de la Sociedad Rural Argentina; de Agricultores Federados Argentinos; de la Asociación de Cooperativas Argentinas; y de la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores.