Tres hombres que están detenidos en la cárcel de Villa María (provincia de Córdoba) fueron condenados por estafar por teléfono a una mujer de Venado Tuerto. Se trata de Sebastián Alejandro Fernández, Mauricio Gabriel Delgado y Héctor Enrique Gómez, a quienes se les impusieron seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para cada uno.

La sentencia fue ordenada por el juez Eduardo Bianchini, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales venadenses. Por su parte, el fiscal Damián Cassullo estuvo a cargo de la investigación que permitió llegar a las condenas.

En el marco de la audiencia realizada, los condenados admitieron su responsabilidad penal en el ilícito. También manifestaron –junto con sus Defensas– su conformidad con la calificación penal, el monto de la pena y la modalidad de juicio elegida.

Por su parte, la víctima fue notificada sobre lo resuelto y expresó su conformidad.

Víctima

“La mujer estafada recuperó el total del dinero que le sustrajeron los condenados y además recibió 50.000 pesos como reparación económica”, detalló el fiscal.

Por otro lado, remarcó que “además de apropiarse del saldo que la víctima tenía en su cuenta bancaria, los condenados tomaron a su nombre un préstamo preaprobado por 175.000 pesos”.

“Desde la Fiscalía llevamos a cabo todas las diligencias necesarias para garantizar que quien sufrió el ilícito recupere su dinero y pueda desvincularse de la deuda contraída en contra de su voluntad”, sostuvo Cassullo. Al respecto, expuso que “luego de la sentencia, se emitió un oficio al banco involucrado y se logró que la entidad financiera suspenda el reclamo que le venía haciendo a la mujer por las cuotas adeudadas, al tiempo que dio la baja definitiva del crédito”.

Finalmente, el funcionario del MPA concluyó que “en función de lo resuelto en esta investigación, entendemos que el Estado brindó una respuesta acorde a lo establecido en las normas sobre derechos y garantías de las personas víctimas de delitos (ley nacional 27.372 y ley provincial número 14.181)”.

Comprobante apócrifo

“Desde su lugar de detención en el pabellón número 11 de la cárcel cordobesa, los condenados utilizaron chips de líneas telefónicas con diversos códigos de área con el fin de apoderarse de dinero ajeno el martes 24 de enero de este año”, aseguró el fiscal. “A su vez, recurrieron a perfiles falsos en redes sociales, creados en el marco del plan delictivo”, manifestó.

Según indicó Cassullo, “con un nombre de usuario femenino, demostraron interés en adquirir un televisor que una mujer había ofrecido a la venta en la sección Marketplace de Facebook”. Relató que “le pidieron un número de teléfono y, simulando ser el padre de quien se había contactado inicialmente, le solicitaron por WhatsApp un número de Clave Bancaria Uniforme (CBU), para transferirle el pago”. En tal sentido, precisó que “ella les dio los datos de la cuenta de su madre”.

“Minutos después, el supuesto comprador le dijo que por error había realizado un depósito de dinero por una suma superior a la convenida, y adjuntó un comprobante apócrifo”, resaltó Cassullo.

A su vez, el fiscal relató que “por una línea con característica 011, un hombre que se presentó como asesor de otro banco se comunicó con la mujer que había recibido el comprobante”. Subrayó que “la engañó para que ella hiciera una transferencia y brinde los datos de acceso a la cuenta de su madre, así como información sobre tarjetas bancarias”.

“Tras obtener ilegítimamente credenciales personales para acceder a homebanking, los condenados solicitaron el préstamo y se apoderaron del dinero que había en la cuenta”, planteó el fiscal.

Impactos de antena

En cuanto a la investigación, el representante del MPA señaló que “se inició con la denuncia de la víctima en el Centro Territorial de Denuncias (CTD) de Venado Tuerto”.

Especificó que “la mujer puso a disposición los intercambios que mantuvo con los estafadores”, y aclaró que “contar con los números telefónicos utilizados por los condenados nos permitió requerir informes a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Por los impactos de antena, determinamos que las llamadas entrantes y salientes y el tráfico de datos tuvieron lugar en el establecimiento penitenciario de Villa María”, mencionó Cassullo. “Entonces, se llevó adelante una intervención telefónica -aprobada judicialmente-, e identificamos a Fernández, Delgado y Gómez mediante el análisis de sus conversaciones”, finalizó.