Durante la reunión se plantearon distintos escenarios de la problemática y detección temprana de Trabajo Infantil y Adolescente no protegido en el ámbito rural en la provincia de Santa Fe, y se delinearon en conjunto diferentes circuitos de intervención para la restitución de derechos.

Ambas partes ratificaron su compromiso de establecer acciones en la prevención y protección de infancias y juventudes, y seguir difundiendo a nivel provincial la promoción de derechos.

Con estas acciones el RENATRE suma su esfuerzo para contribuir a la prevención y erradicación del trabajo infantil rural.

Aunque en el articulado figura que no habrá revalúo territorial el próximo año, dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) aseguraron que el Ejecutivo provincial se reservó facultades para hacerlo de todos modos. También advirtieron que el aumento del Inmobiliario Rural podría escalar hasta 130% y que la baja actualización en Ingresos Brutos dejará a productores dentro del régimen exento, obligándolos a tributar desde 2026. El sector sostiene que la provincia “no está dando certezas”.

Días atrás fue la SRA una de las entidades que alertó sobre la posibilidad de que el gobernador intervenga en las revaluaciones de los establecimientos rurales de la provincia “sin criterios consensuados”, además de habilitar subas del tributo rural. En la entidad aseguraron que el proyecto de ley “traslada facultades centrales al Ejecutivo” que afectan directamente la previsibilidad de quienes producen en la provincia.

El primer punto crítico es el artículo 133 del texto oficial, que según la SRA habilita a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados “ni una hoja de ruta acordada para el revalúo, que incluya espacios de consulta con las instituciones locales y con la comunidad productiva”.

El segundo es el artículo 167, que “permite modificar las cuotas no vencidas durante el propio ejercicio fiscal, afectando nuestra capacidad de planificación”, según señalaron.

En diálogo con LA NACION, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, contó que mantuvo una conversación con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, para plantear los puntos que inquietan al campo. “El funcionario me dijo que no estaba de acuerdo con el comunicado de la SRA e insistió que en el proyecto de ley no hay revalúo”, relató.

Aunque valoró el nivel de intercambio y el buen diálogo que existe con el ministro Rodríguez, Pino remarcó que el problema está en la contradicción entre artículos. “Si bien existe un artículo que habla de que el revalúo se va a postergar un año, después en un artículo dice que el gobierno bonaerense se guarda la potestad de poder realizar ciertos revalúos. Le dije al ministro que no estamos de acuerdo en las confusiones. Si se posterga, se posterga, pero no me guardo potestad de nada. O postergás o no postergás”, enfatizó.

Según el dirigente, el revalúo venía demorado de tiempo atrás: “Se debería haber realizado tres años atrás”. Indicó que lo que genera inquietud es que la provincia diga que no lo hará en 2026 y “después saca este artículo donde el Ejecutivo provincial tiene la potestad de hacerlo”. Por eso insistió en que la clave no es la suba en sí, sino la falta de seguridad normativa: “Dentro de tres meses, el gobernador decide hacer el revalúo y lo hace. Esto da confusión, hay que generar certezas más que dudas”.

El otro foco es el posible incremento del Inmobiliario Rural. Para Pino, el margen habilitado es excesivo. “El Ejecutivo tiene la posibilidad de aumentar hasta un 130%, cosa que nos parece un aumento disparatado. Sobre todo con una inflación que va en descenso”, dijo.

Agregó: “Con una inflación del 17% para el año que viene, más lo que viene atrasado, las cuentas nuestras nos dan hasta un 35% de aumento en el mayor de los casos, pero no un 130%. Eso es lo que nos parece que está mal”.

La SRA también viene cuestionando el esquema de bonificaciones por cumplimiento, al señalar que “mantiene definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley”. Para la entidad, “la ausencia de parámetros claros genera un escenario de inseguridad normativa”. Reclamó que la Legislatura “defina límites y alcances del tributo evitando delegar facultades esenciales al Ejecutivo”.

Por su parte, Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap, recordó que cuando la provincia prorrogó la ley fiscal de 2024 para este año volvió a aplicar el 25% adicional en la cuarta cuota, lo que en la práctica “viene duplicada”. Según advirtió: “Nos hubiese gustado que haya algún reconocimiento de la provincia y hacer descuentos extraordinarios por la situación que atraviesan varios partidos con las inundaciones y no cobrar esa quinta cuota o esta cuarta cuota duplicada; lamentablemente no fue así”.

El dirigente señaló que la decisión impacta especialmente en zonas bajo el agua: “Las boletas de la cuota adicional ya están llegando a 9 de Julio y a un montón de distritos que tienen problemas de inundación. La verdad que no lo terminamos de entender”.

Respecto de la nueva Ley Fiscal, alertó sobre la magnitud de la suba: “Los aumentos son increíbles, son del 120% para el inmobiliario rural y, por ejemplo, los topes de Ingresos Brutos aumentan solo un 40%”. Según explicó, eso implica que “un montón de productores el año que viene pasarán a pagar Ingresos Brutos”.

Kovarsky cuestionó, además, el destino recaudatorio: “La provincia no ha entendido el norte que queremos para la Argentina y sigue teniendo esa visión de recaudar y de manejar la chequera”. Y ejemplificó: “El gobierno bonaerense va a recaudar como US$80 millones más por todo esto, pero para la obra del río Salado pone solo US$4 millones. Ahí está la desproporción: al campo le cobrás un montón, pero en obras no vuelve”.

Carbap ya acercó a los legisladores un documento con su postura donde “observan el aumento del inmobiliario, los topes no actualizados de Ingresos Brutos, el impuesto a la herencia y el impuesto complementario”.

En este escenario, el sector productivo también advirtió un contexto político complejo para la discusión legislativa, con intendentes presionando por recursos y urgencia del Ejecutivo por aprobar la ley antes del recambio de legisladores de diciembre. “Los legisladores están tironeados entre los intendentes y sus intereses y el resto de la economía como el campo, que queremos que nos bajen los impuestos”, explicó Kovarsky.

En tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial respondieron que el esquema mantiene equidad tributaria: “El Inmobiliario Rural es un impuesto segmentado, pensado para que cada productor aporte según su capacidad y, además, viene con una actualización por debajo de la inflación”.

También destacaron modificaciones a favor del contribuyente: “Proponemos eliminar la quinta cuota, mantener los beneficios para quienes pagan de manera anticipada y conservar la misma base impositiva. Esto muestra que seguimos trabajando con responsabilidad, previsibilidad y diálogo con el sector”.

Fuente: Diario La Nación

El Gobierno flexibilizó los trámites para que se pudiera traer desde el exterior este tipo de vacunas e incluso Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, fue uno de los defensores del cambio para que, dijo en varias oportunidades, se abarate el costo.

Hace poco más de un año, Tecnovax anunció una inversión millonaria para ampliar su planta de Mercedes y posicionarse como jugador global. Esta apuesta iba acompañada por la intención de lograr la autorización de importación de su vacuna bivalente, usada en países de la región, y ofrecida a US$0,60, un precio relativamente menor en el mercado local, según dijeron.

Según mencionó una alta fuente del Gobierno a LA NACION, el laboratorio no puede avanzar con el proceso porque no cumple con los requisitos de la reglamentación vigente. Sin aclarar cuáles son las fallas encontradas esta vez, la misma fuente señaló que tienen que volver a foja cero con el trámite y se informó a la firma. El expediente llegó con observaciones técnicas calcadas a las de presentaciones previas.

Las fuentes oficiales mencionaron que el informe interno detectó que gran parte del material era símil al de la última solicitud rechazada, algo que llamó la atención dentro del propio Gobierno, donde algunos interpretan que la empresa descontó que, con menos regulaciones, no era necesario pulir tanto la documentación.

En febrero pasado, el Senasa rechazó la continuidad de pruebas sobre la vacuna antiaftosa Ourovac (serie 0001/23), importada por Tecnovax desde Brasil, tras detectar que el producto no cumplía con los requisitos de estabilidad térmica exigidos por la normativa argentina. Durante los controles técnicos realizados entre diciembre de 2024 y enero de 2025 el laboratorio constató la ruptura total de la emulsión a 37°C, lo que inhabilitó el lote para avanzar en su proceso de registro y continuar la etapa de prueba. Se trata de una prueba de potencia que no fue aprobada. La empresa volvió a presentarse para la aprobación, pero fue rechazada.

LA NACION se contactó con Diego La Torre, presidente y CEO de Tecnovax, quien confirmó que “por cuarta vez” hicieron la presentación de la documentación para iniciar el registro de importación y que la compañía ajustó los papeles conforme a las resoluciones vigentes. Aseguró que los requerimientos que motivaron el nuevo rechazo “son discrecionales”, que no están explicitados en la normativa, y por eso no fueron incorporados en la nueva versión elevada al organismo.

“Estamos trabajando para responder todos los requerimientos técnicos. Tenemos el respaldo para hacerlo y estamos en proceso de solución”, dijo. Después de la desregulación que se hizo en las resoluciones anteriores, la firma asegura que hizo las modificaciones en la documentación para permitir el acceso de la vacuna, muy por debajo del precio que le llega a los productores.

La Torre dijo estar convencido de que la aprobación debería llegar pronto. “Somos optimistas que vamos a poder ingresar con los productos. Lo normal es que la vacuna se apruebe en breve”, mencionó.

En octubre pasado, el Senasa “autorizó por equivalencia” el ingreso de vacunas del exterior contra la fiebre aftosa. Lo hizo vía dos resoluciones [749/2025 y 750/2025] del organismo publicadas en el Boletín Oficial que exceptuaron a las dosis del cumplimiento de requisitos históricos locales de habilitación y posibilitará que el control de series comerciales se realice en los países de origen bajo estándares internacionales. Esta flexibilización del esquema regulatorio se da después de que se acelerara meses atrás la aprobación de las importaciones de biológicos desde países de la región..

Incluso, el ministro de Desregulación, quien está detrás de la eliminación de requisitos para importar, festejó la decisión y aclaró que estuvo él mismo “involucrado” en el proceso.

Vale recordar que, en mayo pasado, el Gobierno había sacado una rectificación exprés a las resoluciones para agregar a Brasil dentro de un listado de países autorizados para la importación de productos veterinarios. En ese momento trascendió que la medida habría sido impulsada desde el Ministerio de Desregulación y no cayó bien en otros sectores de la misma administración pública.

Fuente: Diario La Nación