La inercia inflacionaria volvió a golpear el bolsillo en el arranque del mes. Según el relevamiento de la consultora LCG, el precio de los alimentos y bebidas registró un salto del 2,5% solo en la primera semana de febrero, marcando el incremento semanal más elevado desde marzo de 2024.

Este dato enciende las alarmas en el equipo económico, ya que se da en medio de la polémica por la decisión del Gobierno de bloquear la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

Al mantenerse la medición con la base vieja (2004), los alimentos tienen una ponderación mayor en el índice general, por lo que esta disparada impactará de lleno en el número final de inflación del mes.

El desglose del relevamiento muestra aumentos muy por encima del promedio en rubros sensibles de la canasta básica. El ranking de la primera semana fue liderado por:

-Bebidas e infusiones: se dispararon un 7,3%.

-Panificación, cereales y pastas: registraron un alza del 6,0%.

-Lácteos y huevos: aumentaron un 2,3%.

En la vereda opuesta, los únicos rubros que mostraron deflación y ayudaron a moderar el promedio fueron los aceites (-0,1%) y las frutas (-0,9%).

El informe advierte que, si esta tendencia se consolida en las próximas semanas, sumará una fuerte presión al IPC de febrero, que ya carga con el impacto de los aumentos en las tarifas de servicios públicos por la quita de subsidios.

La aceleración de precios en góndola contradice la expectativa de desaceleración lineal y expone la volatilidad que aún persiste en el mercado de consumo masivo, justo cuando el Indec quedó en el centro de la tormenta política por la suspensión de su modernización estadística.

Fuente: Cadena3.com

Alberto Samid no pudo acordar un plan de facilidades de pago con uno de los tres acreedores verificados en su concurso: ARBA, la agencia recaudadora de impuestos de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco alcanzó una solución definitiva a sus deudas con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el ente fiscal nacional. 

El “Rey de la Carne” quebró su por no haber llegado a un acuerdo con el organismo tributario de Buenos Aires, provincia gobernada por su compañero Axel Kicillof, cuya candidatura presidencial Samid apoya. En el decreto de la quiebra, firmado el 16 de diciembre y cuyo edicto se publicó este jueves en el Boletín Oficial, el juez en lo Comercial Horacio Robledo justificó su decisión en que Samid no alcanzó la doble conformidad que exige la Ley de Concursos y Quiebras para levantar un concurso. Es decir, que la propuesta de pago sea aceptada por los dos tercios, tanto del total de acreedores como del monto del capital adeudado. 

El juez consideró dos hechos concretos. Por un lado, que ARCA (ex AFIP) aclaró que -a diferencia de lo que había asegurado Samid en el expediente- la cancelación de deudas fiscales con el organismo por parte de El Fuego y el Agua -empresa que operaba su histórico frigorífico de Cañuelas, de la cual el matarife era garante y cuyo concurso lo arrastró a presentar el propio- no tenía sentencia firme, más allá de que él personalmente se hubiese adherido a un plan de facilidades de pago para cancelar $ 53 millones. 

Por otro, el magistrado mencionó lo ocurrido en distintas audiencias informativas. Entre ellas, la del 22 de mayo de 2024, en la que Samid reconoció no haber obtenido a esa fecha respuesta de ARBA a su pedido de acceder a un plan de facilidades de pago. 

En el concurso, a Samid se le verificó un pasivo total de $ 276,66 millones. Hubo otros casi $ 16 millones reclamados que fueron calificados de “inadmisibles” por el síndico. 

El mayor acreedor es ARCA: $ 179 millones, todo lo que reclamó. La deuda de Samid con ARBA asciende a casi $ 94 millones, también todo lo que presentó el ente bonaerense en el juzgado. Principalmente, por el no pago de Ingresos Brutos e Impuesto Automotor. El tercer acreedor verificado fue una empresa, Smart Commerce.

Fuente: telefenoticias.com.ar

La sede histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT), ubicada en la calle Azopardo, se convertirá este viernes a las 11:00 en el epicentro de una decisión que marcará el pulso político de las próximas semanas.

El Consejo Directivo de la central obrera fue convocado con una urgencia dictada por la agenda legislativa: el inminente tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación. En este encuentro, la cúpula sindical deberá resolver si profundiza el plan de lucha mediante un paro nacional o una movilización masiva el día del debate en el recinto.

La discusión interna refleja una fractura estratégica evidente. Por un lado, el sector denominado «dialoguista» o de los «Gordos» e «Independientes» —representado por figuras como Héctor Daer (Secretario General y titular de Sanidad) y Gerardo Martínez (Secretario de Relaciones Internacionales y titular de la UOCRA)— priorizó durante las últimas semanas el tejido de redes políticas. Su estrategia se ha centrado en el cabildeo con gobernadores y senadores, buscando introducir modificaciones técnicas al proyecto que atenúen el impacto sobre los derechos colectivos de los trabajadores.

En la vereda opuesta, el ala más combativa, liderada por Pablo Moyano (Secretario General y referente de Camioneros) y respaldada por los gremios del transporte y las dos vertientes de la CTA, reclama un cese de actividades inmediato. Para estos sectores, la vía parlamentaria es insuficiente ante lo que consideran un avance irreversible sobre las conquistas históricas del movimiento obrero argentino.

Antecedentes de una resistencia histórica

La posibilidad de un paro general durante el debate legislativo no es un recurso nuevo, sino una herramienta de presión que ha definido las crisis institucionales de las últimas décadas. La memoria sindical evoca episodios donde la movilización popular fue el último dique de contención frente a proyectos de flexibilización laboral.

En el año 2000 ante la denominada “Ley Banelco”, bajo el gobierno de Fernando de la Rúa, la reforma laboral fue impulsada en medio de un escándalo de sobornos en el Senado. La CGT disidente de aquel entonces, también con fuerte protagonismo del transporte, encabezó huelgas generales que terminaron por erosionar la legitimidad del Ejecutivo.

En diciembre del 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, el intento de avanzar con una reforma laboral tras la aprobación de la reforma previsional generó jornadas de extrema violencia frente al Congreso y paros nacionales que obligaron al gobierno de turno a retirar el proyecto de la mesa de discusión parlamentaria.

En enero del 2024, en la etapa más reciente, la CGT ya demostró su capacidad de reacción con un paro nacional a solo 45 días de la asunción de la nueva gestión, marcando un récord histórico en la celeridad de una medida de fuerza contra un gobierno recién electo.

La decisión que tome el Consejo Directivo este viernes dependerá, en gran medida, del análisis sobre la lealtad de los bloques provinciales en la Cámara Alta. A pesar de las gestiones directas, el respaldo de los mandatarios peronistas no ha sido unánime, lo que ha generado un clima de incertidumbre sobre el margen de negociación real.

Si la CGT opta por el paro total, el conflicto sindical volverá a ocupar el centro de la escena, no solo como una demanda gremial, sino como un actor de peso en el equilibrio de poder nacional. La definición de hoy determinará si la central obrera se mantiene como un interlocutor político o si asume el rol de vanguardia en la resistencia social contra las reformas estructurales del oficialismo.

Fuente: NA – telefenoticias.com.ar