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El Campo

Un 70% de la renta de una hectárea de trigo se va en impuestos: ¿Qué efecto tiene en las regiones?

Durante marzo aumentó la presión del Estado sobre el sector agrícola. Analizan qué tributo tiene más peso sobre el planteo. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) dio a conocer su Índice trimestral: de cada $100 de renta que genera por hectárea un productor agrícola, $62,60 es lo que representan los distintos impuestos.

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El índice de marzo es 3,4 puntos porcentuales más alto que el de diciembre. “Esto se explica por varios factores: aumentos de impuestos fijos municipales y provinciales; suba de costos en pesos y en dólares de labores y fletes; incrementos de precios de fertilizantes; baja del precio disponible del trigo; y reducción de los rindes estimados por efecto de la sequía”, explica David Miazzo, economista jefe de FADA.

El informe realiza la medición nacional haciendo un promedio ponderado de cultivos, que marca que el Estado se queda con el 62,6% de la renta agrícola. También analiza cada grano, que en esta ocasión demostró que la participación del Estado:

·        Soja 66,9%

·        Maíz 52,3%

·        Trigo 70,9%

·        Girasol 46,6%

Impuestos: de dónde vienen y hacia dónde van

La participación del Estado se presenta en distintos niveles y con diferentes tipos de coparticipación: los impuestos nacionales no coparticipables representan el 66,8% del total que afronta una hectárea agrícola en Argentina. Estos son principalmente los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Los impuestos nacionales coparticipables son el 27,5% de los gravámenes medidos. Aquí tenemos el impuesto a las ganancias y los saldos técnicos de IVA.

Las provincias reciben parte de este 27,5% como coparticipación, y también tienen sus propios tributos. Así, lo que recaudan las provincias es el 5% de las cargas totales. Por último, los impuestos municipales representan un 0,6%. El componente central son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.

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Una traba al progreso de las regiones

Con frecuencia se cuestiona el federalismo fiscal del modelo impositivo argentino: la mayoría de los impuestos a los que se somete al sector agrícola son nacionales no coparticipables, mientras que esta actividad productiva por definición es federal y está muy arraigada a las regiones.

El principal tributo nacional no coparticipable son los derechos de exportación, que impactan negativamente en el federalismo por tres vías, como explica Miazzo: “La primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la suba de derechos de exportación”.

FADA publicó recientemente un informe donde revela lo que las regiones se pierden mediante los DEX. A través de la “zona testigo” Pergamino-Salto-Rojas, enumera las obras y los puestos de trabajo que podrían generarse con un año de DEX de esa región, situación que se repite a lo largo y ancho del país.

Con respecto a los meses previos, los tributos nacionales no coparticipables aumentaron su participación. “Esto se explica, principalmente, porque al bajar la rentabilidad también disminuye el impuesto a las ganancias, que es el más representativo de los impuestos nacional coparticipables”, afirma Miazzo. Por otro lado, es usual que en la medición de marzo aumente la participación de los impuestos municipales y provinciales, respecto al mes de diciembre, porque son, principalmente, impuestos fijos que se actualizan a comienzos de año. “En una economía con los niveles de devaluación que tenemos, estos impuestos al ser fijos se terminan licuando a medida que avanza el año”, complementa el economista.

Cepo cambiario e importador: consecuencias

Durante los últimos meses, al cepo cambiario vigente desde finales de 2019 se le ha ido adicionando un cada vez más profundo cepo importador.

El cepo cambiario se refiere a las restricciones para acceder al dólar oficial: las personas pueden comprar hasta USD 200 mensuales, con un recargo del 65% sobre el dólar oficial; las empresas no pueden adquirir dólares para atesoramiento, no pueden girar dividendos al exterior y sólo pueden acceder mercado de cambios para adquirir el 40% del vencimiento de sus deudas en dólares, y deben refinanciar el restante 60%.

Por su lado, el cepo importador está referido a restricciones formales e informales a las empresas para poder acceder dólares para pagar importaciones. En la práctica, las empresas que desean importar se enfrentan a una serie de obstáculos escritos y no escritos para poder pagar las importaciones. El fin último de estas restricciones es disminuir las importaciones para evitar que salgan dólares por esta vía.

“El problema es que la brecha cambiaria que genera el cepo cambiario, genera incentivos a adquirir bienes dolarizados e importados, que choca con una menor oferta como consecuencia del cepo importador. Así, los productos importados tienen mayor demanda y menor oferta. La consecuencia lógica es un incremento de precios, no sólo de los productos importados, sino también de sus sustitutos locales”, explica Miazzo.

En la agricultura, el resultado es el progresivo aumento de precios, que comienza por algunas autopartes y repuestos para vehículos y maquinaria y luego se va extendiendo a fertilizantes y fitosanitarios, cómo sucedió en el cepo 2011-2015. Este problema es uno de los principales temas a monitorear durante el 2021 ante un cepo importador que parece profundizarse. “Lo anecdótico es que, por falta de dólares, pierde competitividad el sector que genera 7 de cada 10 dólares que ingresan al país por exportaciones”, concluye Miazzo.

Impuesto a la riqueza

Este indicador no incorpora el impuesto a la riqueza, que en algunos casos puede incrementar la carga tributaria sobre el productor. A modo de ejemplo, de acuerdo a la valuación fiscal vigente en la Provincia de Córdoba, campos de 800 hectáreas en Río Cuarto y campos de 550 hectáreas en Marcos Juárez alcanzan el umbral mínimo para pagar el impuesto a la riqueza. Claro que al valor fiscal de los campos hay que incorporarle maquinaria y vehículos.

Precios

Respecto a marzo de 2020 el precio FOB de la soja ha mejorado un 64%, el del maíz 39%, el trigo 10% y el girasol 100%. Esto también se tradujo en incrementos de los precios disponibles en el mercado interno.

Tipo de cambio y costos

En los últimos 12 meses, el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 43%, pasando de $63,77 por dólar a $91,13. En los últimos 3 meses, se incrementó un 12%.

Si se analiza la estructura de costos según la moneda en la que se presentan, se ve que un 51% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados. Si consideramos en ese esquema al costo de la tierra, ese número asciende al 64%. En el caso del maíz los costos dolarizados son el 57%, si tenemos en cuenta ahí la tierra, llega al 65%.

Muchos costos en pesos también guardan relación con el dólar: por la transmisión de la devaluación a los precios y porque muchos componentes pesificados están ligados al precio del dólar. Es el caso del combustible, la labores, el valor de los camiones y maquinaria, todos insumos que varían en relación al tipo de cambio. En el último año, el valor del gasoil evolucionó por debajo de la inflación y el dólar, lo que ha colaborado a mantener con actualizaciones bajas los costos de flete y labores.

Índices Provinciales

Mientras el índice FADA nacional es de 62,6%, Córdoba registra un 62,4%, Buenos Aires 61,0%, Santa Fe 61,0%, La Pampa 62,1%, Entre Ríos 65,3% y San Luis 60,2%.

Para esas mediciones se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes. También se tiene en cuenta cuánto de cada cultivo se produce en relación al territorio cultivado de la provincia. “Por ejemplo, en el caso de San Luis, que tiene el índice más bajo, se debe a que se produce una mayor cantidad de maíz, que es el cultivo con menos participación del Estado, no a una menor presión fiscal en sí”, explicó Miazzo.

En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos. La alícuota es del 1% en los casos de Buenos Aires y San Luis, 0,75% en Entre Ríos y 0,5% en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.

Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.

Costos

Para profundizar, se analizan los costos involucrados en una hectárea de maíz, para tomar un ejemplo. Se resaltan dos puntos: el primero, los gastos de fobbing representan entre el 8% y el 11%. El segundo punto son los fletes, donde se puede ver cómo se incrementa el costo a medida que se aleja de los puertos. En el caso del maíz, el flete representa el 16% de los costos en Buenos Aires, en Córdoba el 17%, en San Luis el 21%, en La Pampa el 17% y en Entre Ríos el 14%. En Santa Fe, como el grueso de la producción se encuentra relativamente cerca de los puertos, representa el 11%.

Entre fobbing y flete suman entre el 22% y el 30% de los costos de una hectárea de maíz, sin considerar el costo de la tierra. Si se le suma la comercialización, los tres ítems suman entre el 30% y el 37%.

Fuente: Agrofy News

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El Campo

“Volver a 2006”: fuertes críticas en el campo al registro para exportar carne.

Según referentes del sector, se trata de una medida “intervencionista” que abre el control de las operaciones al exterior. Después de que el Gobierno anunciara la creación de un registro para “monitorear” las exportaciones de carnes, referentes de la producción y de la industria frigorífica criticaron con dureza la medida.

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Según anunció la Jefatura de Gabinete, “se crea un nuevo registro de exportaciones de carnes, con intervención de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, a los fines de mejorar el monitoreo de las exportaciones cárnicas y el abastecimiento del mercado interno”.

Aunque en el Gobierno niegan un regreso a los Registros de Operaciones de Exportación (ROE) tal como funcionaron durante el gobierno de Cristina Kirchner trabando las ventas el exterior diciendo quién podía vender, en el sector hay fuertes temores.

Según Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la medida “es muy parecida al ROE de Moreno (que aplicó Guillermo Moreno con Cristina Kirchner)”. Chemes apuntó: “La información ya la tienen. ¿Qué más quieren? Este tipo de mecanismo lleva a la corrupción, al acomodo”.

Chemes se enteró de la decisión oficial mientras mantenía una reunión virtual del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), donde confluyen 60 entidades. También se enteraron en ese marco el resto de los participantes, que no sabían nada de la movida oficial. Vale recordar que el CAA espera que el Gobierno promueva una ley para fomentar las exportaciones. El presidente de CRA, en tanto, valoró la modificación del esquema de venta interna de la carne para pasar de la comercialización de la media res al troceo. “Es bueno”, apuntó.

En este contexto, la Mesa de Enlace se manifestó en contra de la reinstauración del ROE para la carne y otras medidas intervencionistas, que son “instrumentos que ya se implementaron en el pasado reciente con resultados contraproducentes para la producción, la actividad y el empleo”.

“Seguir generando más burocracia innecesaria con registros e instrumentos ya fracasados es lo contrario a la necesidad de generar expectativas positivas sobre la producción y la inversión”, señaló en un comunicado.

En este sentido, la entidad que nuclea a CRA, la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, remarcó que “detrás de estas medidas se esconde la visión equivocada según la cual la suba generalizada de precios responde a que el mercado de los alimentos presenta tensiones entre la exportación y el mercado interno”.

“A la inflación se la debe atacar por sus verdaderas causas, no por sus efectos. La causa de la inflación, incluido el aumento de los precios de los alimentos, es el exceso de emisión monetaria como consecuencia de un gasto público galopante y de baja calidad, producto a su vez de un Estado sobredimensionado e ineficaz”, opinó.

Por último, reclamó reglas de juego claras. “Alarma que el gobierno nacional siga transitando sendas erradas, tomando medidas inconsultas que solo profundizan la difícil situación que atravesamos. Y esa situación está atravesada por la pandemia y por los problemas que se desprenden de la errática política económica llevada adelante por el Gobierno, tales como la inflación, la falta de financiamiento y los altos costos para la producción”, finalizó.

Para Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Campo), la creación del registro es de carácter “intervencionista”.

“Son ideas del pasado que fracasaron, que se vuelven a utilizar y que en nada van a ayudar al país a exportar y en cumplir los 3000 millones de dólares de exportación”, señaló el dirigente a LA NACION.

Para Salaverri, se crean trabas que van a complejizar aún más la exportación. “Está muy cerca de ser lo que fueron los ROEs, que son creaciones de registros que lo que hacen es, en vez de agilizar, ralentizar la exportación. Además de dejar en manos de funcionarios, que son los que va a manejar este tipo de registro, a decir quién es amigo y quién no”, afirmó.

“Si lo que se busca es contener los precios internos, pasa por otra cuestión. Básicamente, los precios internos tienen un componente muy alto que es el impositivo. Si no se entiende que si no se arranca desde ese componente hacia atrás no va a haber soluciones de este tipo de cosas”, remarcó.

Volver al pasado

En diálogo con LA NACION, Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), también fustigó la medida, a la que consideró “un volver a 2006”, año en que Néstor Kirchner cerró las exportaciones.

“Da la sensación de que el Gobierno está volviendo a 2006. Si solo es un registro no es el problema. El problema es que reedite los ROE en forma de límites a la exportación y que generen corrupción”, dijo.

Según Schiariti, por culpa de los ROE la Argentina solo exportaba el 8% de su producción contra un 30% de la actualidad. “Todo eso llevó a 180.000 toneladas de exportación en ese momento, contra las 900.000 toneladas actuales”, dijo. Recordó que por las anteriores trabas se liquidó un rodeo vacuno de 12 millones de cabezas.

“¿Qué tienen que monitorear si el registro ya lo tienen todos los días con la Aduana, el Senasa, el Banco Central? Si es un registro es duplicar información que ya tiene el Estado. El temor es que sea una nueva manera de autorizar las exportaciones”, afirmó.

En opinión de Iván Ordóñez, economista especializado en agronegocios, “se insiste en el error intentando resolver un problema macro con medidas micro que, además, no son correctas”.

“Cuando la suba del IPC (Índice de Precios al Consumidor) se da en todos los rubros solo puede ser explicada por la monetización del déficit fiscal 2020 y la clara señal de que será alto en el 2021. Vivimos en el largo plazo de abril 2020, duplicamos la base monetaria en medio año y hoy tenemos un déficit cuasifical (intereses de la política monetaria) enorme”, dijo. En este contexto, señaló que “aclarado que el problema inflacionario es macro” se toma una medida micro “errónea”.

“La inflación de la carne es del 6,8% en el Gran Buenos Aires y, según el Gobierno, el problema es la exportación. Lácteos y huevos subieron 8,6% y verduras y tubérculos 6,3%. Para ambos rubros la exportación no es relevante. En frutas, donde la exportación es relevante, los precios bajaron un 1,8%. La Argentina no exporta prácticamente prendas de vestir y en el AMBA subieron en un mes 19%. La variable exportación no tiene nada que ver con la evolución de los precios”, analizó Ordóñez.

“Déjà vu. Película sepia, en la cual todos los espectadores conocen el final. A pesar que el director crea que esta vez si nos va a sorprender con algo nuevo. Otra vez”, reaccionó en su cuenta de Twitter Santiago del Solar, exjefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación con Mauricio Macri.

“El Gobierno controlará exportaciones de carne” Tremendo: “el único animal que tropieza 2 veces c/la misma piedra es el Kirchnerismo”. En el 2006 cerraron exportaciones de carne y luego pusieron los ROE ¿Qué lograron? nos comimos 10 M de cabezas subsidiando el lomo en puerto Madero”, escribió, por su parte, también en Twitter, Néstor Roulet, productor y exsubsecretario de Agregado de Valor en el gobierno anterior.

En tanto, el productor Juan Diego Etchevehere señaló: “Un gobierno sin conocimiento ni brújula. Ahora anuncia el retorno de la intervención al mercado de carnes y a los roes de Guillermo Moreno. Todas medidas erradas que producirán más daño a la sociedad, parálisis económica, desinversión y desempleo”.

Fuente: Diario La Nación

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El Campo

El Senador Enrico se reunió con entidades productivas de la provincia

A través de CARSFE, el senador provincial Lisandro Enrico participó, junto a los senadores del bloque URC, de una reunión virtual con representantes del sector productivo agropecuario santafesino.

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En el encuentro on-line dialogaron acerca de los reclamos vinculados a la cuestión de la lechería y de la necesidad de cumplirse lo contemplado en la Ley 13.383 para regular el precio de la leche.

En este marco, conversaron sobre la importancia de que el Estado pueda darle un resguardo a los productores lecheros y a los tambos santafesinos.

En relación a lo manifestado en la reunión, Lisandro Enrico comenzó relatando: “Los sectores agropecuarios manifestaron que no tuvieron ninguna respuesta de parte del Gobierno de la Provincia, ni del Ministerio de la Producción Nacional. Solicitan que se implemente la mesa de concertación lechera que es la que reúne a las partes para establecer tarifas de estos productos”.

“Asimismo, nos transmitieron la preocupación ante el vencimiento del contrato de concesión para el mantenimiento del balizamiento y el dragado de la Hidrovía Paraná (de Rosario a Asunción de Paraguay), como así también la falta de aprobación de la Ley de Conectividad Rural que hoy se encuentra en la Cámara de Diputados”, explicó el senador.

Por ultimo, Enrico destacó que en conclusión del diálogo hubo un compromiso para convocar al Ministro de la Producción (Daniel Costamagna), a la Cámara de Senadores donde se le transmitirán todas las inquietudes y reclamos de los sectores agropecuarios. Según el legislador, en estos tiempos difíciles de transitar resulta clave brindarles apoyo a los productores de Santa Fe.

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Santa Fe: RENATRE Santa Fe Sur rescató de un establecimiento agrícola a un peón rural con indicios de explotación laboral

EL Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) delegación Santa Fe Sur participó el martes 13 de abril del allanamiento y rescate de un peón rural con indicios de situación de reducción a la servidumbre y trata de persona con fines de explotación laboral durante un operativo en un establecimiento agrícola en el sur de Santa Fe, realizado junto a la UATRE Delegación Rosario, Gendarmería Nacional, el Programa Nacional de Rescate, y el apoyo de Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas.

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A través de un allanamiento sorpresa en un campo dedicado a la siembra de soja ubicado en cercanías del casco urbano de la ciudad de Villa Mugueta, en sur de la provincia de Santa Fe, las fuerzas federales ingresaron por la fuerza al predio donde se ubica una precaria vivienda para formalizar el rescate de un trabajador rural para requisar la vivienda, toma de muestra de agua y de huellas dactilares entre otras acciones instrumentadas por fiscalía federal.

El peón, de 43 años, había sido llevado engañado a ese lugar, con la falsa promesa de conseguirle una vivienda para él y su mujer, y un empleo. Los inspectores estiman que el objetivo del empleador no era tenerlo para trabajar, ya que nunca tuvo las herramientas ni menos trabajo registrado, ni salario mínimamente decente.El trabajador relevado no se encontraba registrado en la seguridad social, percibía una remuneración de $ 20.000 por mes, trabajando de lunes a lunes y se le descontaban los alimentos. 

La persona rescatada, oriunda de la provincia de Entre Ríos, fue puesta a resguardo en el marco del Programa de Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas y Rescate, y fue trasladado a un hotel en la ciudad de Rosario que ofreció gratuitamente la UATRE, donde también le suministraron alimentos y luego continuaba su viaje para que pueda reestablecerse en su ciudad de origen. “Se montó un operativo de fiscalización el 8 de abril pasado, donde se pudo detectar indicios de explotación laboral”, explicó el delegado provincial del RENATRE Santa Fe Sur, Andrés Alasia. Luego, una vez instruidos del caso a las autoridades competentes, se llevó adelante el 13 de abril el allanamiento al campo y el posterior rescate y resguardo del trabajador rural.

La habitación donde el trabajador fue encontrado, era una especie de cochera abandonada de una casa deshabitada, al lado tenía una diminuta piecita completamente llena de humedad paredes y techo y una ventanita con vidrios todos rotos, todo tenía mucha humedad, la cochera que era su casa no tenía cocina solo una garrafa precaria y peligrosa.

Los inspectores constataron que la única canilla estaba afuera de la vivienda, venía directo del molino, desde donde también sacaba agua, de la cual se han tomado muestras para determinar su potabilidad.
“Las paredes presentaban grietas de piso a techo, instalación eléctrica completamente precaria a punto de cortocircuito, sin agua potable, el baño era una derruida letrina en el exterior, en medio de un yuyal y rodeado de agua estancada con techo lleno de filtraciones, realmente lamentable”, describió Alasia.  “Toda la situación evidencia un claro aprovechamiento de este trabajador que se encontraba completamente vulnerabilizado”, afirmó el delegado del RENATRE.

Ante cualquier denuncia por malas condiciones de trabajo, trabajo infantil y/o explotación laboral, el RENATRE cuenta con un sitio web o la línea gratuita 0800-777-7366, donde podrán ser atendidos en forma anónima por profesionales capacitados en la materia.

Las políticas de fiscalización implementadas por el RENATRE tienen como finalidad comprobar que los trabajadores y los empleadores estén debidamente inscriptos en el organismo y fortalecer las acciones que promuevan el trabajo decente, la lucha contra el trabajo informal, el trabajo infantil y la explotación laboral rural.

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