Después de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara por las redes sociales medidas de alivio impositivo para los productores en zonas declaradas en emergencia agropecuaria, dirigentes del campo se mostraron cautos y dijeron que aguardan a que se formalicen en el Boletín Oficial. En tanto, desde Federación Agraria Argentina (FAA) reiteraron que sigue en pie una movilización propuesta a Buenos Aires y señalaron que, más que suspensiones impositivas, habían solicitado eximiciones.

Ayer, Massa comunicó la suspensión de las intimaciones y embargos de las cuentas bancarias, además, entre otras medidas, de la suspensión del pago de anticipos de Ganancias y beneficios fiscales ante la venta forzosa de ganado. Todo esto se aplicará de manera automática para los productores en zonas declaradas en emergencia.

“No ha salido en el Boletín Oficial y… en Twitter no tiene validez”, dijo Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), sobre las medidas.

Rescató, no obstante, la iniciativa de agilizar los trámites para los productores agropecuarios que se encuentran en lugares declarados en emergencia agropecuaria, pero precisó que lo que buscan va más allá. “Por más que haya un decreto, nosotros lo que estamos pidiendo es la eximición del pago, porque hay declaratorias de emergencias que vencen el 31 de marzo, mayo y junio, y una vez vencida esa suspensión que posibilitó el Gobierno, el productor no va a tener ningún tipo de producción para hacerle frente”, especificó.

El dirigente, que promueve una movilización a Capital Federal, dijo que está bien que le saquen la burocracia al trámite, pero lo que piden es la exención del pago de anticipo de Ganancias y no suspenderlo como se está haciendo. “Si no, no se entendió la situación y solo es relato. Esto no modifica la intención que tenemos de ir al Congreso, a la Casa de Gobierno y el Ministerio de Economía, porque no es solo eso. Pedimos un salvataje para los productores que están en estado de emergencia y desastre, sabiendo de la magnitud de endeudamiento que tienen por esta seca. Hay cultivos extensivos, ganadería, lechería y economías regionales; los financiamientos que hay no sirven para nada”, describió.

Achetoni indicó que hay emergencias que vencen antes de la fecha que se especificó a través de la resolución 5324 y que había sacado AFIP en febrero pasado. Allí se estableció que los productores alcanzados por el estado de emergencia y/y desastre agropecuario por sequía, “cuyo período de vigencia del estado de emergencia agropecuaria y zona de desastre finalice con posterioridad a la fecha de publicación de esta norma, o bien corresponda a resoluciones que se emitan hasta el 30 de abril de 2023, inclusive”, podían solicitar los beneficios.

 “A cuentagotas van entiendo la situación que planteamos hace mucho. Con esto se convalidan los reclamos que venimos haciendo, pero de una manera como de ir entreteniendo, es decir, no dar las cosas en su momento y reconocerlas después. El enunciado está bárbaro y que [Massa] se haya enterado de que hay una seca extraordinaria, pero las acciones que están tomando debieron tomarse mucho antes y no es suspender, para entender bien la magnitud, lo que hay que hacer es eximir”, amplió.

Achetoni contó que tras el anuncio del ministro Massa consultó en el Gobierno la posibilidad de llegar a una eximición. “Me contestaron que no tienen facultades para eximir, que la tiene la Legislatura [por el Congreso], por eso seguimos pensando en llegar al Congreso y llevar un paquete de medidas que se necesitan para hacer un salvataje, para ver si están entendiendo la magnitud de la situación y si tienen la intención de solucionarle la problemática a la gente”, resumió.

Para Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, las medidas son una señal inequívoca de reconocimiento del gobierno nacional de la grave situación por la que atraviesa la producción, por efecto de las inclemencias climáticas. “Situación que no solo afecta a la producción sino también a los comercios y los servicios vinculados a las actividades rurales, tanto en los agricultores, como en los ganaderos, los tamberos y las economías regionales en conjunto”, indicó.

Además, dijo que esperan que con estas medidas se agilicen los trámites y que lleguen de una vez las ayudas, para llevar alivio fiscal y crediticio, ante los daños sufridos. “En breve tendremos por delante una nueva campaña, una nueva oportunidad, ya que no cabe duda que no bien cambien las condiciones climáticas, el productor saldrá a sembrar forraje para alimentar al ganado y volver a sembrar. Para lo que necesitará insumos como fertilizantes y semillas, y disponibilidad de créditos para financiar estas inversiones”, mencionó.

Sobre ese punto, dijo, hay una limitante con la decisión del Banco Central (BCRA) que encareció el crédito a los productores de soja, incluso a productores mixtos que necesitan recomponer sus rodeos de hacienda y llevar adelante inversiones ante la nueva campaña. Esto, agregó, es de urgente resolución.

“Seguiremos trabajando en conjunto con otros sectores de la economía y de la agroindustria, al efecto de promover incentivos a la producción que generen más empleo y trabajo, a través de políticas de Estado perdurables en el tiempo con mayor estrategia para el sector y con más desarrollo local, que seguramente traerá mayor bienestar a todos los Argentinos”, resumió.

Consultados por LA NACION, en CRA dijeron que aguardaban por la efectivización de las medidas y hechos concretos que sean soluciones reales para los productores.

Pedido de la Rural al gobernador de Entre Ríos

En este contexto, la Sociedad Rural Argentina (SRA), vía su presidente Nicolás Pino, le pidió al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que impulse “con celeridad la presentación del proyecto de ley que exime a los productores bajo emergencia agropecuaria del pago del Impuesto Inmobiliario Rural”.

El planteo fue en el marco de “Nuestros Caballos”, que se está realizando en el predio de Palermo. “Esta iniciativa, que debe ser presentada en la legislatura provincial para su tratamiento, surgió del accionar gremial realizado durante varios meses entre socios, delegados y directores locales de la SRA y que hoy, cuenta con el aval de otras entidades empresarias”, señaló la organización.

“Estamos muy satisfechos con el trabajo que comenzamos y creemos que debería tomarse como ejemplo en otras provincias e incluso en el Estado Nacional. Se debe eximir el pago de impuestos, ya no alcanza con las prórrogas”, dijo Pino. Y agregó: “Esta decisión va en línea con el pedido que venimos haciendo de aliviar la carga fiscal, quitar las retenciones y unificar el tipo de cambio para poder recuperar el capital de trabajo de cara a un nuevo ciclo productivo”.

Según la entidad, esta ley “permitirá que en un futuro los damnificados de inclemencias climáticas similares puedan disponer de estas eximiciones”.

Fuente: Diario La Nación