En una nueva acción vinculada a la recuperación de bienes provenientes del delito, el Gobierno de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), tomó posesión de un inmueble decomisado en Rosario en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Lavalle, en la zona oeste de la ciudad de Rosario, y comprendió el desalojo inmediato de las personas que habitaban el lugar, además del relevamiento completo del inmueble. Se trata de la propiedad número 16 recuperada por la Provincia desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

La medida fue ejecutada por personal de la Aprad junto al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, en el marco de una estrategia orientada a recuperar activos vinculados a organizaciones criminales y hechos de corrupción.

“Lo que estamos haciendo desde el primer día es tomar posesión inmediata de los bienes secuestrados o decomisados para que vuelvan al Estado y a las víctimas, y así debilitar a las organizaciones criminales en todos sus aspectos”, explicó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.

El funcionario señaló que la política alcanza tanto a estructuras narcocriminales como a personas condenadas por delitos de corrupción. “Desde los narcotraficantes más importantes de la provincia hasta quienes cometieron hechos de corrupción, todos los bienes decomisados pasan nuevamente a manos del Estado”, sostuvo.

Toma de posesión

Durante el procedimiento se realizó un inventario detallado del mobiliario existente en los dos pisos de la propiedad. Las pertenencias personales fueron retiradas por quienes residían allí y, una vez finalizadas las actuaciones, se cambiaron las cerraduras para formalizar la posesión estatal del inmueble.

Además, durante la inspección se detectó un arma de fuego, cuya situación legal quedó sujeta a consultas judiciales y peritajes para determinar si correspondía su secuestro y si el portador contaba con autorización para tenerla.

Figueroa Escauriza adelantó que, por las características de la propiedad, el destino más probable será el remate. No obstante, aclaró que la Provincia evaluará previamente si puede ser reutilizada para algún organismo estatal, como ocurrió con otros inmuebles cedidos recientemente a áreas de Salud Mental y al Ministerio de Justicia y Seguridad.

Una condena ratificada por la Corte Suprema

La vivienda decomisada está vinculada al excomisario rosarino Osvaldo Raúl Bejarán, condenado por enriquecimiento ilícito en una causa considerada emblemática en la lucha contra la corrupción policial en Santa Fe.

Bejarán, que había estado a cargo de áreas vinculadas al combate del juego clandestino en Rosario, fue investigado tras detectarse un incremento patrimonial incompatible con sus ingresos. La pesquisa incluyó la adquisición de vehículos, propiedades y una licencia de taxi.

En 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena y habilitó el decomiso definitivo de los bienes vinculados al caso.

Esta semana los trabajos se concentran en la travesía urbana de Pujato, con el fresado de deformaciones de la calzada en zonas de cruces semaforizados.

En estos trayectos la detención y arranque de camiones provocan ondulaciones longitudinales en el pavimento. Las mejoras, ejecutadas con personal y equipos del 7º Distrito Santa Fe, producen la reducción del carril intervenido, con paso alternado ordenado con la colaboración de la comuna de Pujato.

Fresado RN 33 : Travesía urbana Pujato (Km 754 – 756)

Vialidad Nacional solicita a los conductores reducir la velocidad en los tramos con trabajos y respetar las indicaciones de los banderilleros. Se recomienda contemplar posibles demoras y evaluar caminos alternativos.

La vocera provincial, Virginia Coudannes, brindó este martes una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Fe en la que informó que, durante una requisa realizada en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, agentes penitenciarios detectaron “un socavón de 70 centímetros en los baños de uno de los patios externos del pabellón de presos de alto perfil”.

A partir del hallazgo, la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso “el cierre del lugar, las sanciones correspondientes y las investigaciones en consecuencia”, precisó la funcionaria.

Coudannes remarcó que este tipo de procedimientos forman parte de una política sostenida de control penitenciario impulsada por el Gobierno Provincial. “Las requisas no son una respuesta espasmódica, sino una regularidad dentro de la política de seguridad”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que la actual gestión reforzó los controles en todas las unidades penitenciarias de la provincia mediante “requisas permanentes, controles exhaustivos de ingresos, scanners y nuevas medidas de seguridad internas”.

La vocera también cuestionó la política penitenciaria de la administración Perotti, y aseguró que “si el Gobierno Provincial anterior dejaba gobernar a los delincuentes desde las cárceles, el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de impedir que los presos manejen organizaciones criminales desde adentro”.

Asimismo, defendió el endurecimiento de los controles en los establecimientos penitenciarios. “Cuando al comienzo de la gestión mostrábamos imágenes de las requisas, algunos hablaban de mano dura. Nosotros sostenemos que quien delinque debe cumplir la condena tras las rejas”, afirmó.

Durante la conferencia, Coudannes también hizo referencia al avance de las obras de “El Infierno”, la nueva cárcel de alto perfil que construye la Provincia, además de otros establecimientos penitenciarios previstos dentro del plan de infraestructura carcelaria.

Paquete de leyes de seguridad

Por otra parte, la vocera provincial confirmó que el Gobierno santafesino avanza en la elaboración de un paquete de leyes en materia de seguridad que será enviado próximamente a la Legislatura.

Según explicó, los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, mantuvieron reuniones con legisladores del oficialismo para presentar “los lineamientos generales de las iniciativas que buscarán profundizar el plan de seguridad de la provincia”.

“Queremos garantizar los derechos de las víctimas y no los privilegios de los delincuentes”, concluyó Coudannes.