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Nacionales

Se sortearon los espacios publicitarios para las elecciones del 22 de octubre

Se entenderá por 33 días.

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La Dirección Nacional Electoral, que conduce Marcos Schiavi, realizó el lunes a la tarde el Sorteo Público destinado a la distribución de espacios en Servicios de Comunicación Audiovisual para las agrupaciones políticas que participarán de las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

Las categorías que participaron de la asignación son las de presidente/a y vicepresidente/a, parlamentarios/as del Mercosur por distrito nacional y regional, senadores/as y diputados/as nacionales y las categorías de gobernador/a y legisladores/as provinciales para aquellos distritos que adhirieron al régimen de campañas electorales.

Durante el sorteo, se distribuyeron los espacios correspondientes a 2.751 medios de todo el país; de los cuales 2.453 pertenecen a radios AM y FM y 298 a servicios de TV.

La publicidad electoral, que permitirá a las fuerzas políticas transmitir a la ciudadanía sus mensajes y propuestas de campaña, se emitirá a partir del próximo 17 de septiembre y se extenderá durante 33 días.

Estuvieron presentes: Vanina Leila Capurro, Escribana Adscripta de la Escribanía de la Nación y representantes de ENACOM. Además, presenciaron el sorteo los apoderados y apoderadas de partidos políticos de orden nacional.

Los resultados, estarán disponibles para ser consultados en el sitio web: www.argentina.gob.ar/dine

La DINE es el organismo técnico del Poder Ejecutivo Nacional especializado en materia de administración electoral, desde el cual se programa y ejecuta la política nacional electoral, con la implementación de herramientas para asegurar la transparencia, la seguridad y la confiabilidad del proceso electoral en su conjunto.

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El Gobierno acelera el traspaso de obras públicas a las provincias y ya les derivó casi 500 proyectos

El Ejecutivo firmó convenios con 20 gobernadores para cederles el manejo de distintas iniciativas. También prevé frenar otras 924 que pertenecen a un programa lanzado durante la gestión de Alberto Fernández.

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El Gobierno acelera el traspaso de las obras a las provincias y ya les derivó casi 500 proyectos. (Foto: Jefatura de Gabinete)

Entre las distintas medidas que puso en marcha el Gobierno para quitar peso sobre sus gastos, una de las más importantes está vinculada al recorte en las obras públicas. Es por ello que estableció un plan para derivarle a las provincias una serie de proyectos y ya se desprendió de casi 500.

En los últimos meses, el Gobierno comenzó a firmar convenios con los gobernadores para realizar el traspaso de obra pública. Ya se cerraron acuerdos con 20 provincias y se giraron 465 proyectos. Esta cifra representa el 50% de la cantidad de obras que el Ejecutivo planifica dejar en manos de los mandatarios provinciales.

En concreto, en la Secretaría de Obras Públicas manejan una suerte de hoja de ruta para distribuir el destino de las 2731 obras que tiene Nación y que serán suspendidas, reprogramadas o pasarán a los territorios provinciales. De este universo, 914 son las que quedarán en manos de los gobernadores.

Hasta ahora, a Neuquén se le entregaron 57 obras que antes estaban bajo la órbita nacional; a Salta le dieron 47 proyectos; Tucumán se quedó con 44; Catamarca y Chaco con 39 cada una; Córdoba con 34; Misiones con 33; Corrientes con 28; Entre Ríos con 27; San Juan con 25 y Santa Fe con 20.

El Gobierno acelera el traspaso de las obras a las provincias y ya les derivó casi 500 proyectos. (Foto: Secretaría de Obras Públicas)
El Gobierno acelera el traspaso de las obras a las provincias y ya les derivó casi 500 proyectos. (Foto: Secretaría de Obras Públicas)Por: Julia Darrisso

La lista la completan La Rioja (18), Santiago del Estero (12 obras), Jujuy (14), Chubut (11), Tierra del Fuego (8), San Luis (5), Mendoza (2), Santa Cruz (1) y Río Negro (1). En contrapartida, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, Formosa y La Pampa no sellaron convenios aún.

Las obras -que en su mayoría se encuentran en ejecución- incluyen proyectos hídricos, de construcción de veredas o pavimentaciones, ampliaciones de redes de agua potable, desagües, redes cloacales, autopistas, levantamiento de escuelas y parques, entre otras cosas. En Economía defienden que, como se trata de iniciativas “menores”, los intendentes o gobernadores son quienes deben hacerse cargo de finalizarlas.

Cómo sigue el plan del Gobierno sobre las obras públicas

Más allá de las obras que se traspasarán a las provincias, la secretaría que comanda Luis Giovine también prevé frenar otras 924 que pertenecen a “Argentina Hace”, un programa que fue lanzado durante la gestión de Alberto Fernández para desarrollar proyectos considerados de “ejecución rápida” en 2300 municipios de todo el país.

En junio pasado, el Ministerio de Economía fijó las condiciones para el traspaso de obras públicas a provincias y municipios que se encontraban en ese programa. Según indicó la resolución 452, se estableció como parámetros el grado de avance de la obra, el interés público comprometido en la ejecución y los costos que conlleve.

El secretario de Obras Públicas, Luis Giovine. (Foto: Camarco)
El secretario de Obras Públicas, Luis Giovine. (Foto: Camarco)

En esa disposición, se precisó que si las provincias o municipios no aceptan o no les es viable continuar con la ejecución de la obra sin asistencia del Estado nacional, deberá determinarse la conveniencia o no de continuar con la ejecución del convenio teniendo en cuenta esas condiciones anteriormente mencionadas.

Sumado a esto, el Ejecutivo nacional también suspenderá otras 170 obras que fueron consideradas como de “baja prioridad”. Además, habrá unas 347 adicionales obras que se reprogramarán, aunque sin una fecha estipulada todavía.

De esta manera, quedan pendientes 376 proyectos en manos de Nación que sí se llevarán adelante. Esto es, que el Gobierno solo se hará cargo de un 14% de las 2731 obras que tenía originalmente bajo su universo.

Fuente: tn.com.ar

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El Gobierno envió al Congreso el proyecto para bajar la imputabilidad a 13 años

Para adolescentes se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.

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El Gobierno giró hoy a la Cámara de Diputados un proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los trece años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.

El oficialismo puntualiza que es necesario bajar la edad de imputabilidad ya que “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”.

Los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio que iba a mandar esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años que es la edad establecida en el actual régimen penal.

El proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.

Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y Manuel Quintar (LLA-Jujuy), aunque se estima que no será sencillo ya que es un tema que divide las aguas dentro del Congreso Nacional.

El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescente desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

A lo largo del proyecto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20, aunque si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”

“En este sentido, cabe destacar que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”, agrega.

En ese sentido, el oficialismo destaca que “por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social»

Subraya que desde la sanción de la ley penal juvenil “el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes – muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales- y con las necesidades de la sociedad”.

Fuente: telefenoticias.com.ar

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Primer encuentro por el Consejo de Mayo: el Gobierno recibe hoy al triunvirato de la CGT

Los sindicalistas habían pedido diálogo. La reunión de hoy será a «agenda abierta» y apuntará a «robustecer las relaciones y el diálogo tripartito entre el sector gremial, empresario y gubernamental», indicaron.

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Los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, serán recibidos hoy martes por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, como parte del diálogo promovido por el Gobierno para la conformación del Consejo de Mayo.

Los triunviros de la central obrera fueron citados a las 13 en la sede de la Secretaría de Trabajo ubicada en la avenida Leandro Alem 650 de la ciudad de Buenos Aires.

Allí mantendrán una audiencia con Cordero, quien los convocó como parte del «diálogo social» que busca el Gobierno para la conformación del Consejo de Mayo, el ámbito destinado a traducir en leyes los 10 puntos del Pacto de Mayo firmado por el presidente Javier Milei con 18 gobernadores de distintos sectores.

Fuentes de la CGT consultadas por Noticias Argentinas indicaron que no sólo asistirán los jefes de la central sino que el grupo será un poco «más amplio», por lo que se descuenta la participación de representantes de los gremios conocidos como «Gordos», por ser los de mayor cantidad de afiliados del país, y los «independientes», entre quienes fungen UPCN y la UOCRA, entre otros.

De todos modos estaba en duda la participación de Pablo Moyano, uno de los jefes cegetistas que puja por la puesta en marcha de nuevas medidas de fuerza contra el Gobierno.

«Dudo», respondió una alta fuente de la central obrera al ser consultado por Noticias Argentinas respeto de la asistencia del secretario adjunto de Camioneros al encuentro de mañana.

La invitación había sido cursada oficialmente el viernes último bajo la consigna «Primer encuentro del Diálogo Social», y en los hechos también responde al pedido de audiencia que en los días previos había formulado la CGT como forma de aplacar la adopción de nuevas medidas de fuerza.

Desde la Secretaría de Trabajo, que integra el Ministerio de Capital Humano, revelaron que el encuentro será a «agenda abierta» y apuntará a «robustecer las relaciones y el diálogo tripartito entre el sector gremial, empresario y gubernamental».

Según detallaron las fuentes, la agenda del «Diálogo Social» incluirá también otro encuentro con representantes empresariales, aunque aún no hay fecha definida.

Milei había anunciado la creación del Consejo de Mayo durante el acto transmitido por cadena nacional desde Tucumán el 9 de Julio último.

Si bien rechazan la ley Bases y el Pacto de Mayo, los dirigentes de la CGT habían resuelto solicitar la entrevista con Cordero dado que, actualmente, «no hay relación» con el Gobierno, según indicaron en esa oportunidad fuentes gremiales a Noticias Argentinas.

Sin definición sobre nuevas medidas de fuerza después de los paros generales del 24 de enero y el 9 de mayo últimos, la central obrera tiene pendiente para el 25 de este mes una reunión de su Consejo Directivo para analizar los pasos a seguir y el posicionamiento gremial ante el diálogo ofrecido por el Gobierno.

Fuente: telefenoticias.com.ar

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