La Justicia decretó la quiebra de Lácteos Conosur SA, firma que controlaba la tradicional planta láctea La Suipachense, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha. La medida fue dictada por el juez Leandro Julio Enríquez, del Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mercedes, quien dispuso abrir directamente la etapa de liquidación, poniendo fin a un proceso que se había iniciado meses atrás bajo concurso preventivo. El gremio lechero Atilra difundió la novedad. El grupo venezolano Maralac es quien tenía el control de la compañía. Es la misma firma que administró la quebrada Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), que vendía yogures y postres que eran de SanCor. La Suipachense tenía 140 empleados y en el último tiempo redujo fuertemente su producción en el marco de un conflicto gremial. Acumuló una deuda postconcursal por cheques rechazados que ascendería a $8.458.599.415,78. También hubo reclamos del gremio por más de $1.000.000.000.

En su resolución, el magistrado ordenó “declarar en estado de quiebra a la empresa ‘Lácteos Conosur S.A.’ (CUIT 30-68714743-6)… Se deja constancia que no corresponde la tramitación bajo el régimen previsto por el art. 288 LCQ”. La decisión recae sobre una empresa que atravesaba una crisis prolongada, con la planta paralizada desde hacía semanas, sin producción ni pago de sueldos y ocupada por sus trabajadores.

El juez dispuso la inhabilitación de la empresa y de su presidente, Jorge Luis Borges León. El texto precisa: “Asimismo, se declara la inhabilitación de la fallida Lácteos Conosur S.A. y del integrante del órgano de administración Jorge Luis Borges León (DNI 95.239.435)… La inhabilitación de la fallida es definitiva”. El fallo también impuso restricciones migratorias al señalar: “Hacer saber a las autoridades migratorias la necesidad de autorización judicial expresa para salir del país del presidente de la fallida…”. La decisión busca garantizar la disponibilidad del directivo mientras se investigan posibles irregularidades en la gestión.

En el plano económico, la resolución ordena comunicar la quiebra al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que todas las entidades financieras bloqueen cuentas y depósitos a nombre de la empresa. “Ordenar que se libre oficio al BCRA para que tome nota del decreto de quiebra y lo comunique a todas las instituciones financieras… cerrar todas las cuentas corrientes… y embargar y transferir los saldos existentes”, detalló.

También se decretó la inhibición general de bienes y la prohibición de pagos: “Decretar la inhibición general de bienes de la fallida…” y “prohibir la realización de pagos a la firma fallida…”. Con esto, se impide cualquier movimiento patrimonial hasta que la Sindicatura determine el destino de los activos.

Otro de los puntos relevantes fue la clausura de la planta industrial y el control de su documentación. “Proceder a la constatación y clausura del establecimiento de la fallida… El oficial de justicia procederá a la incautación de libros y documentación… y constatará el estado de ocupación e identificará a los eventuales ocupantes”. La medida busca preservar los bienes y la información contable, mientras se relevan los activos que podrían integrarse a la masa de la quiebra.

La Sindicatura, que ya intervenía en el concurso preventivo, continuará en funciones durante la quiebra. “Resultando este último continuación de aquél, corresponde que prosiga con su actuación la Sindicatura interviniente en el concurso”, estableció el fallo. El juez le encomendó garantizar la provisión de servicios básicos y la seguridad del predio: “Solicitar a la Sindicatura que adopte las medidas necesarias para la provisión de los servicios esenciales… y garantizar la seguridad de la planta”.

También advirtió sobre la posibilidad de dar intervención penal: “…deberá arbitrar los medios necesarios, en caso de corresponder, para dar urgente intervención a la Justicia Penal”, ante eventuales delitos de los representantes de la empresa.

El fallo fija los plazos del proceso. Los acreedores podrán verificar créditos hasta el 10 de febrero de 2026, según el texto: “Fíjase fecha hasta la cual podrán presentarse los acreedores a verificar sus créditos, en el día 10/02/2026”. Luego, la Sindicatura deberá presentar las impugnaciones hasta el 27 de febrero, y los informes individuales y generales entre el 30 de marzo y el 14 de mayo de 2026, con posibilidad de observaciones hasta el 29 de mayo». Finalmente, se dispuso modificar la carátula del expediente a “Lácteos Conosur S.A. s/ Quiebra (Grande)” y notificar de forma automatizada a la empresa y a la Sindicatura.

Con más de 70 años de historia, La Suipachense llegó a procesar unos 250.000 litros diarios de leche y empleaba a 140 personas, siendo uno de los principales motores económicos de Suipacha y su zona de influencia. La planta era reconocida por su producción de quesos y dulce de leche, con presencia en todo el país. En los últimos meses, sin embargo, la producción se detuvo por completo. Los trabajadores ocuparon el predio en reclamo de salarios y aguinaldos atrasados. Con la quiebra decretada, la empresa pasa formalmente a administración judicial.

Fuente: Diario La Nación

El tractor más grande del mundo ya está en la Argentina y lo usa un productor cordobés. El nuevo “rey del campo argentino”, como lo presentó la concesionaria encargada de la venta, es un John Deere 9RX 830, un equipo de 830 caballos de fuerza y casi 38 toneladas de peso, considerado el tractor más potente del planeta, comercializado en los últimos días en la provincia de Córdoba.

Según información brindada por la empresa, se trata del primer equipo de este modelo que llega al país, un vehículo de orugas que combina potencia, tecnología de precisión y un diseño estructural pensado para trabajar grandes extensiones de terreno con eficiencia y estabilidad.

La concesionaria Castro SA, de Rafaela, Santa Fe, fue la responsable de concretar la operación y lo anunció en redes sociales: “Les presentamos al nuevo REY del campo argentino. Hoy no es un día más en Castro. Hoy marcamos un antes y un después en la historia de la agricultura argentina. Con orgullo y satisfacción, entregamos las llaves del primer tractor más grande y potente en toda Argentina”. Trascendió que el equipo se vendió a un establecimiento rural de Colonia Valtelina, del departamento San Justo, en Córdoba. El valor del equipo supera un millón de dólares en Estados Unidos, según la información disponible.

De acuerdo con la información técnica, el 9RX 830 está equipado con un motor JD18 de 18 litros y una transmisión PowerShift e21™ de 21 velocidades. Este sistema permite tirar el doble de carga en terrenos difíciles y hacerlo a mayor velocidad, sin necesidad de usar fluido de escape diésel (DEF), ya que cumple con las normas de emisiones solo con gasoil.

El chasis estructural reforzado tiene capacidad para soportar hasta 84.000 libras de peso y las orugas Camso 6500 Series distribuyen la potencia al suelo reduciendo la compactación, lo que mejora la eficiencia en labores de siembra y labranza. Según la empresa, este tipo de configuración permite cubrir más hectáreas por día y aprovechar mejor las ventanas de trabajo en campañas con plazos ajustados.

La cabina del modelo también fue rediseñada. Además, el equipo incorpora una suspensión con cuatro amortiguadores y un subchasis aislado que disminuye vibraciones y ruidos. “La cabina es tan silenciosa que te preguntarás si el tractor está realmente encendido”, destaca la descripción oficial del equipo.

En materia tecnológica, cuenta con el Display G5Plus CommandCenter™, una pantalla táctil de 12,8 pulgadas y procesador tres veces más rápido que en versiones anteriores. Desde allí se pueden controlar implementos, registrar datos de trabajo y automatizar maniobras.

El tractor se conecta, además, al John Deere Operations Center™, una plataforma digital que recopila información de las tareas, el rendimiento y el mantenimiento, y permite monitoreo remoto por parte del productor o del concesionario.

La llegada del John Deere 9RX 830 al país marca un hecho inédito, explicaron: es la primera unidad de este modelo en la Argentina y simboliza la tendencia del sector hacia equipos de gran porte, conectados y de alta precisión. Desde Castro SA, la concesionaria que concretó la operación, destacaron que la entrega “marca un antes y un después en la historia de la agricultura argentina”.

Fuente: Diario La Nación

Así lo admitió Damián Costamagna, presidente de la Autoridad del Agua de la provincia (ADA), quien, pese a haber participado en las reuniones, apuntó a falta de precisiones de Nación. “No hay un plan trazado”, expresó. En tanto, desde el gobierno nacional, Santiago Hardie, director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), contestó: “Yo tampoco sé cuál es el plan de la provincia”.

Hace dos días, la ministra de Seguridad participó de una cumbre con intendentes de los partidos más golpeados. “No tengo precisiones de qué es lo que se ha hecho ni cómo se va a avanzar. No hay un plan trazado”, acotó en diálogo con LA NACION. Las seis máquinas prometidas todavía no están operativas y los fondos alcanzan para un solo día de obra por municipio, indicaron. No hay una hoja de ruta que indique cómo y dónde se implementarán las medidas prometidas.

 “El plan es colaborar con las autoridades locales en la limpieza de los caminos donde hay anegamientos y personas afectadas. Hay una máquina de Nación trabajando en La Niña. Yo tampoco sé cuál es el plan de la provincia. Nos estamos moviendo de acuerdo con las urgencias que nos señalan los municipios. A medida que eso sucede, vamos llegando y ayudando en determinados lugares”, respondió Santiago Hardie, titular de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), quien agregó que están yendo a los lugares más afectados y en función de las necesidades de los municipios.

“Ante la excepcionalidad del agua caída, seguimos trabajando con maquinaria, técnicos y equipos; se está avanzando en la situación de los convenios”, agregó.

En tanto que Costamagna, quien participó del primer encuentro entre Nación y provincia, realizado el jueves posterior al anuncio del Gobierno, donde confluyeron la Dirección Provincial de Hidráulica, Vialidad, Defensa Civil y representantes de la Agencia Federal de Emergencia y el Ejército Argentino, dijo que Nación llegó “a interiorizarse de la situación». “No vinieron con nada en concreto. Se mencionó informalmente el envío de maquinaria, únicamente”, detalló.

El sábado pasado, Bullrich viajó a 9 de Julio, donde se reunió con intendentes, funcionarios provinciales y dirigentes de la Mesa de Enlace, y anunció el envío de seis máquinas —dos retroexcavadoras, una cargadora, un chasis y dos motoniveladoras— y un fondo de $1900 millones para los 19 municipios en emergencia. El dinero se destinaría a la compra de piedra, tosca, combustible y materiales para la reparación de caminos rurales. Pero el cálculo técnico expone la debilidad del esquema: equivale a menos de 100 millones por municipio, un monto que se gasta en un solo día de obra, explicaron.

“No alcanza, y eso lo dejaron claro los intendentes con la ministra. Agradecieron la intención, pero el monto no ofrece una solución significativa. Hoy no hay una estrategia de fondo ni coordinación sobre dónde actuar primero”, completó Costamagna quien observó que hoy hubo reuniones con los intendentes y, en función de las zonas más críticas, Nación definirá por dónde se comenzará.

Pero, mientras eso no ocurra, en la provincia sostienen que cuentan con su propio operativo: maquinaria, bombeo y reparación de accesos rurales en 9 de Julio, Bolívar, Carlos Casares y 25 de Mayo. Entre agosto y octubre pasado, la provincia acumuló más de 1000 horas de trabajo con retroexcavadoras solo en 9 de Julio y 600 en Carlos Casares. En Bolívar y 25 de Mayo, los equipos operan en drenajes y bombeos de emergencia.

 “No tengo precisiones sobre, por ejemplo, dónde están esas seis máquinas, si ya llegaron o cuáles son los distritos donde se va a comenzar el trabajo. Las máquinas que llegaron no cuentan con la logística, que seguramente pondrá la provincia”, deslizó.

El presidente de la ADA remarcó que la falta de coordinación retrasa la ayuda. Explicó que la maquinaria tanto la provincial como nacional, debe asignarse por consenso entre los intendentes, ya que “por salvar una zona podés complicar a quienes están aguas abajo”.

Ese consenso, sin embargo, no puede avanzar aún porque “Nación no dio indicaciones”. Según insistió, “todavía no está definido”, por tanto, ante la consulta de un cronograma, fue tajante: “Nación no trazó un plan de trabajo. Si preguntás por una línea de tiempo, ese plan todavía no existe”. Muchos campos están comprometidos por la cantidad de agua caída. En 9 de Julio, el promedio anual ronda los 850 a 900 mm, y este año ya se proyectan 2000 mm. Es una zona baja, sin cursos naturales que drenen hacia la Cuenca del Salado. Todo depende de canales artificiales o de la evapotranspiración. “En una inundación como la de este año, lo primero que hay que asegurar son los cascos urbanos. Muchas veces la maquinaria se encuentra allí porque lo primero es salvar vidas”, dijo.

La obra estructural clave que consiste en la Etapa 4 del Río Salado, tramo 2, entre Roque Pérez y Saladillo, permanece sin avances desde diciembre de 2023. “Si esa obra, de 35 kilómetros, no estuviera frenada, los impactos serían mucho menores”, precisó.

El Fondo Hídrico de Infraestructura, que se nutre de un porcentaje del impuesto al combustible, recaudó más de $260.000 millones entre 2024 y 2025 y aún así no se avanzó. “Toda ayuda es bienvenida. No vamos a ponernos en una posición infantil: cualquier colaboración sirve. La realidad es que, por más maquinaria que haya, hay zonas donde no se puede ingresar. Hay que esperar a que el agua baje. En muchos caminos se puede rellenar con tosca, piedra o tierra, para que funcionen como protección y evitar que el agua siga drenando hacia distintas zonas», subrayó.

Según resaltó Costamagna, en Carlos Casares la situación más crítica la atraviesan en la región lechera, en las localidades de Quiroga, Santos Unzué y Cambaceres, donde los tambos están severamente afectados por el anegamiento de caminos y potreros. En 9 de Julio, el distrito está entre los más comprometidos. Persisten los problemas en el acceso a La Niña, donde se realizan trabajos para restablecer la circulación, y en la intersección de las rutas 65 y 70, que conecta con el partido de General Viamonte.

En tanto, en Bolívar las mayores complicaciones se registran en el norte del partido, donde el exceso hídrico afecta tanto los caminos rurales como los accesos productivos. Además, en la zona limítrofe entre Bragado y 9 de Julio el agua continúa acumulada en áreas bajas, con caminos intransitables que mantienen aislados a productores y vecinos rurales.

Por último Hardie aclaró sobre una ayuda con combustible para las máquinas: “Es una ayuda importante: es un millón en combustible, en valor producto, para que los municipios puedan comprar los materiales”.

Fuente: Diario La Nación