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El Campo

Por primera vez en más de 90 años, la cerealera Vicentin paraliza por seis meses dos plantas industriales

Se trata de establecimientos del sur de Santa Fe que ocupan a unas 800 personas; la decisión se tomó por la caída en la oferta de soja y la demorada homologación del concurso de acreedores.

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Por primera vez en más de 90 años de historia desde su fundación en 1929, la cerealera Vicentin anunció que parará sus plantas de molienda ubicadas en el sur de Santa Fe. La agroexportadora, que está en concurso de acreedores por más de US$1500 millones, tendrá sus plantas de Ricardone y Puerto Vicentin, cercanas al Gran Rosario, sin actividad por un período de seis meses. La decisión se tomó debido a la falta de soja para procesar por la sequía, según indicaron fuentes de la compañía que también admitieron que la medida obedece a las dificultades derivadas de la demorada homologación judicial de la propuesta de pago. En esos establecimientos la firma posee 850 empleados que, pese a no trabajar, seguirán cobrando su sueldo.

“Hoy es el último día en que las plantas van a estar operativas hasta volver a tener disponibilidad de soja, que puede ser febrero del año que viene. Es un cierre programado muy importante, el personal ingresa en guardias pasivas. Esto implica que cobran el 100% del salario, pero se quedan en sus casas”, dijo a LA NACION Estanislao Bougain, director independiente de la firma.

Según el directivo, un cierre de esta magnitud es algo que “nunca ocurrió”. Desde hace al menos cuarenta años, dijo, las operaciones se detienen durante un período de 30 a 40 días al año para hacer labores de mantenimiento. Por la sequía de los últimos tres años, este período se prolongó a dos meses. Ahora, dada la conjunción de ambos sucesos, esto es la sequía y la demorada homologación del concurso por parte del juez Fabián Lorenzini, la parada se extenderá por seis meses.

La cerealera está a la espera de que Lorenzini resuelva sobre si homologa la existencia de acuerdo y concede la salida del concurso. A mediados de abril pasado certificó la existencia de conformidades. La cerealera había presentado una propuesta a 12 años que incluye un fideicomiso con tres interesados estratégicos: Bunge Argentina, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que se quedarían con el manejo del 95% de la empresa, mientras que los accionistas de Vicentin con el 5%.

Esta mañana, Bougain y el gerente de Operaciones, Daniel Buyatti, se reunieron con jefes, delegados y algunos operarios para explicarles la situación. Eran unas 50 personas. “En vista de una parada tan larga, yo quería estar presente para decirles que van a volver a sus puestos de trabajo, que confiamos en tener la homologación y que todo depende de eso. Que mediante la homologación vamos a reabrir inmediatamente tan pronto haya grano para procesar”, señaló Bougain.

Las plantas que momentáneamente se apagarán son, por un lado, la de Puerto Vicentin, ubicada sobre el río Paraná, con dos líneas con capacidad de procesamiento de 10.000 y 6000 toneladas diarias, respectivamente. Por otra parte, se encuentra la planta de Riardone donde principalmente se procesa girasol, aunque se suele completar con soja.

La firma venía trabajando a fasón, es decir, con servicios a terceros. Tanto los granos que diariamente ingresaban a las plantas para ser procesados como los productos que se elaboran (harina y aceite) pertenecen a otras compañías. Sin embargo, la sequía complicó la situación y se dificultó conseguir más contratos a fasón por la falta de granos frente a la caída de más del 50% de la producción argentina de soja.

Según detallaron desde la cerealera, al final del año de soja habrán procesado aproximadamente un 30% de lo que solían manejar en un año normal, que oscilaba entre 4,5 y 5 millones de toneladas.

En 2023 se podría completar el procesamiento anual con unas 750.000 toneladas de soja. De esto, un 90% es grano importado de Paraguay y, en su mayoría, de Brasil. Es mercadería ingresada por Molinos Agro, Bunge, la Unión Agrícola de Avellaneda y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Dentro de esto no se incluye la planta de producción Renova, que es la más grande de Sudamérica, de la cual Vicentin es propietaria del 33%, en tanto el 66% restante pertenece a Viterra. Vale recordar que, en medio de sus dificultades, la agroexportadora cedió participación a Viterra.

Asimismo, el Nodo Norte, en el norte de Santa Fe, donde hay una planta de etanol, seguirá con sus operaciones. Debe seguir produciendo ese biocombustible para pagar la deuda de Vicentin con el Banco Nación, originalmente de US$300 millones.

“Estamos muy justos y preocupados. La homologación traerá la tranquilidad que necesitan nuestros acreedores, nuestros trabajadores y todas las partes relacionadas a Vicentin”, dijo Bougain. En ese sentido, explicó que los contratos vinculantes firmados con los tres interesados estratégicos establecen que, después de la homologación, se les transfiere la totalidad de los costos fijos y variables, independientemente de si procesan o no el grano.

“Por eso es tan importante la homologación, porque una vez que la tengamos los interesados estratégicos van a poder ayudar a sostener la empresa, es muy poco lo que nos falta para dar la vuelta y comenzar la próxima campaña”, comentó.

Últimos avances de la causa

Hace dos semanas, en una audiencia llevada a cabo en los Tribunales Federales de Rosario, el juez en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario, Román Lanzón, revocó una medida presentada por el juez Hernán Postma, que había ordenado a su colega Lorenzini, quien está a cargo del caso de la cerealera en los tribunales de Reconquista, abstenerse de tomar decisiones en relación a la homologación de la propuesta de pago.

Tras esta medida, quedó claro que el juez Lorenzini, que está a cargo de la causa desde su inicio, “sigue teniendo potestad” para continuar con el proceso concursal y –además- tomar las determinaciones que considere o entienda apropiadas en el marco de dicho trámite.

Fuente: Diario La Nación 

El Campo

Advierten sobre una fuerte caída en el país del uso de la siembra directa

En Aapresid los técnicos dijeron que esto podría comprometer la sustentabilidad de los suelos; “por diferentes razones, en distintos lugares, en algunos casos bajó al 50%”, dijeron

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En el primer día del XXXIII Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que se desarrolla en el predio de La Rural hasta el próximo viernes, referentes técnicos y productores advirtieron sobre un fenómeno que preocupa: en distintas regiones del país el uso de la siembra directa se redujo drásticamente, con casos donde la caída llega al 50% de la superficie trabajada.

“Por diferentes razones, en distintos lugares, en algunos casos bajó al 50% el uso de la siembra directa. Datos del INTA Reconquista hablan de que menos del 20% de los lotes tienen siembra directa de seis o más años. Ese es un dato muy duro que nos atraviesa hoy”, alertó Guillermo Marrón, director del Instituto de Ingeniería Rural del INTA, luego de moderar el panel “Cuando la siembra directa se interrumpe: decisiones de impacto”.

El técnico señaló que uno de los factores que explica este retroceso es el uso de maquinaria de mayor ancho y la presión de los contratistas por cubrir más hectáreas por hora. “Eso hace que, al momento de sacar la cosecha, el tránsito genere alteraciones en el suelo. Sabemos cómo remediarlo, pero las condiciones socioeconómicas empujan a facturar y sacar la producción”, dijo a LA NACION.

Marrón aclaró que no se trata de un abandono masivo del sistema, sino de “labranza ocasional” que interrumpe procesos previos de siembra directa y obliga a recomenzar. Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias: “Hay encharcamientos, deformación por huelleo y compactación. En San Justo se inundan los pueblos, en el sudoeste bonaerense los campos se vuelan y en Balcarce se encharcan por falta de infiltración”.

Para dimensionar la importancia del recurso, graficó: “Si uno divide al mundo como una manzana en 27 gajos, solo uno alimenta a la humanidad. Y no es todo el gajo, es solo la capa arable, la cáscara. Aapresid quiere que tomemos conciencia de eso”.

En la zona centro-norte de Santa Fe, el ingeniero agrónomo Navier Picco, asesor y miembro de la Regional Videla de Aapresid, presentó los resultados de una encuesta: “El 60% de los productores y técnicos contestaron que la superficie bajo labranza está en torno al 50%. Hacia el norte aumenta, hacia el sur disminuye”.

Las causas principales que surgieron de los relevamientos, tanto en 2023 como en 2025, fueron “la dificultad para controlar malezas, la compactación del suelo y el costo de los tratamientos químicos”.

Picco resaltó un dato preocupante: “Entre el desconocimiento del efecto negativo de la labranza y el desconocimiento de la siembra directa, hay un 40% que eligió esas opciones. Hay un gran problema de desconocimiento, tanto de productores como de agrónomos y técnicos”.

“El problema no es la labranza en sí ni la siembra directa, sino dónde y cómo se hace. Lo que vemos hoy es labranza sin diagnóstico: porque el vecino lo hizo, porque quedó lindo, porque hay que amortizar el tractor. Eso nos hace retroceder 30 o 40 años”, planteó.

Desde el sur bonaerense, Martín Dumrauff, asesor de la Regional Bahía Blanca de Aapresid, también compartió que en un relevamiento interno detectaron casos donde “hasta el 80% de la superficie” en los alrededores estaba bajo algún tipo de labranza. “Tal vez no toda es convencional, pero sí hay altos porcentajes de intervenciones puntuales y esporádicas por problemas como compactaciones superficiales o malezas resistentes como el raigrás”, explicó.

Para Dumrauff, estas prácticas responden a la búsqueda de soluciones rápidas, pero tienen impacto en la sustentabilidad: “Me parece que está en juego y hay que ponerse a trabajar en eso”.

Hugo González, otro de los disertantes, asesor y coordinador de la Regional Mar del Plata de Aapresid, relevó que, según la percepción de sus socios, “la superficie labrada es de más del 20% en la mayoría de los casos”. Al verificar en campo, el porcentaje fue algo menor, pero igualmente significativo.

En su zona, la papa es uno de los cultivos que más altera el suelo, pero no es el único factor. “También influye la salida de la ganadería, las malezas resistentes y los lotes periurbanos donde no se pueden aplicar agroquímicos”, señaló.

González destacó que la mayoría de los encuestados no realiza diagnóstico previo ni seguimiento de las intervenciones. “Lo ideal es tener un diagnóstico y un seguimiento, como en la salud. En nuestras regionales es un tema que nos preocupa”, sostuvo.

Marrón, por su parte, insistió en que todavía se está a tiempo de revertir la tendencia: “Somos conscientes de que los procesos son reversibles, pero hay que actuar ahora. No podemos perder la capa de suelo fértil que nos alimenta”.

La coincidencia entre los expositores fue clara: el retroceso de la siembra directa no responde a una única causa, sino a una combinación de presiones económicas, problemas técnicos y desconocimiento. Y el riesgo, subrayaron, es comprometer la sustentabilidad de los sistemas productivos en el mediano plazo.

Fuente: Diario La Nación

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El Campo

RENATRE Santa Fe Sur recibió a la cónsul de Bolivia en Argentina

El delegado provincial del RENATRE Santa Fe Sur, Andrés Alasia, recibió en julio en Rosario a la Cónsul de Bolivia en Argentina, Sabina Orellana Cruz, con el objetivo de articular gestiones institucionales y de acercar al organismo a las autoridades para abordar problemáticas referidas a los trabajadores migrantes de nuestro país vecino en el ámbito del trabajo rural.

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“Recorrimos diversos temas de gran importancia, en materia de normativa vigente, control de documentación, derechos y obligaciones en el trabajo rural, competencia desleal, trabajo infantil, trata de personas con fines de explotación laboral y se logró coordinar acciones tendientes a la regularización registral y laboral en conjunto a la colectividad”, explicó Alasia. 

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El Campo

RENATRE y la provincia de Santa Fe coordinaron acciones contra la explotación laboral rural

El delegado provincial del RENATRE, Santa Fe Sur, Andrés Alasia, mantuvo una reunión de trabajo con miembros de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, en la sede de Gobierno en Rosario.

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Durante el encuentro se trataron temas vinculados a los casos donde el punto focal interviene donde se detectan indicios de explotación laboral rural, con el objetivo de mejorar la coordinación de las acciones, contemplando las dificultades propias de esta problemática, sobre todo en el ámbito rural.

“El fortalecimiento de la articulación institucional permite profundizar y afianzar mecanismos de restitución de derechos”, afirmó Alasia.

Del encuentro participaron Fabricio Trossero, Director General de Promoción y Protección de DD.HH; Laura Moya, Coordinadora de Programas y Proyectos; y Bárbara Silva, abogada del Programa Provincial de Lucha Contra la Trata, protección y asistencia a las víctimas y su Familia.

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