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El Campo

Por primera vez en más de 90 años, la cerealera Vicentin paraliza por seis meses dos plantas industriales

Se trata de establecimientos del sur de Santa Fe que ocupan a unas 800 personas; la decisión se tomó por la caída en la oferta de soja y la demorada homologación del concurso de acreedores.

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Por primera vez en más de 90 años de historia desde su fundación en 1929, la cerealera Vicentin anunció que parará sus plantas de molienda ubicadas en el sur de Santa Fe. La agroexportadora, que está en concurso de acreedores por más de US$1500 millones, tendrá sus plantas de Ricardone y Puerto Vicentin, cercanas al Gran Rosario, sin actividad por un período de seis meses. La decisión se tomó debido a la falta de soja para procesar por la sequía, según indicaron fuentes de la compañía que también admitieron que la medida obedece a las dificultades derivadas de la demorada homologación judicial de la propuesta de pago. En esos establecimientos la firma posee 850 empleados que, pese a no trabajar, seguirán cobrando su sueldo.

“Hoy es el último día en que las plantas van a estar operativas hasta volver a tener disponibilidad de soja, que puede ser febrero del año que viene. Es un cierre programado muy importante, el personal ingresa en guardias pasivas. Esto implica que cobran el 100% del salario, pero se quedan en sus casas”, dijo a LA NACION Estanislao Bougain, director independiente de la firma.

Según el directivo, un cierre de esta magnitud es algo que “nunca ocurrió”. Desde hace al menos cuarenta años, dijo, las operaciones se detienen durante un período de 30 a 40 días al año para hacer labores de mantenimiento. Por la sequía de los últimos tres años, este período se prolongó a dos meses. Ahora, dada la conjunción de ambos sucesos, esto es la sequía y la demorada homologación del concurso por parte del juez Fabián Lorenzini, la parada se extenderá por seis meses.

La cerealera está a la espera de que Lorenzini resuelva sobre si homologa la existencia de acuerdo y concede la salida del concurso. A mediados de abril pasado certificó la existencia de conformidades. La cerealera había presentado una propuesta a 12 años que incluye un fideicomiso con tres interesados estratégicos: Bunge Argentina, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que se quedarían con el manejo del 95% de la empresa, mientras que los accionistas de Vicentin con el 5%.

Esta mañana, Bougain y el gerente de Operaciones, Daniel Buyatti, se reunieron con jefes, delegados y algunos operarios para explicarles la situación. Eran unas 50 personas. “En vista de una parada tan larga, yo quería estar presente para decirles que van a volver a sus puestos de trabajo, que confiamos en tener la homologación y que todo depende de eso. Que mediante la homologación vamos a reabrir inmediatamente tan pronto haya grano para procesar”, señaló Bougain.

Las plantas que momentáneamente se apagarán son, por un lado, la de Puerto Vicentin, ubicada sobre el río Paraná, con dos líneas con capacidad de procesamiento de 10.000 y 6000 toneladas diarias, respectivamente. Por otra parte, se encuentra la planta de Riardone donde principalmente se procesa girasol, aunque se suele completar con soja.

La firma venía trabajando a fasón, es decir, con servicios a terceros. Tanto los granos que diariamente ingresaban a las plantas para ser procesados como los productos que se elaboran (harina y aceite) pertenecen a otras compañías. Sin embargo, la sequía complicó la situación y se dificultó conseguir más contratos a fasón por la falta de granos frente a la caída de más del 50% de la producción argentina de soja.

Según detallaron desde la cerealera, al final del año de soja habrán procesado aproximadamente un 30% de lo que solían manejar en un año normal, que oscilaba entre 4,5 y 5 millones de toneladas.

En 2023 se podría completar el procesamiento anual con unas 750.000 toneladas de soja. De esto, un 90% es grano importado de Paraguay y, en su mayoría, de Brasil. Es mercadería ingresada por Molinos Agro, Bunge, la Unión Agrícola de Avellaneda y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Dentro de esto no se incluye la planta de producción Renova, que es la más grande de Sudamérica, de la cual Vicentin es propietaria del 33%, en tanto el 66% restante pertenece a Viterra. Vale recordar que, en medio de sus dificultades, la agroexportadora cedió participación a Viterra.

Asimismo, el Nodo Norte, en el norte de Santa Fe, donde hay una planta de etanol, seguirá con sus operaciones. Debe seguir produciendo ese biocombustible para pagar la deuda de Vicentin con el Banco Nación, originalmente de US$300 millones.

“Estamos muy justos y preocupados. La homologación traerá la tranquilidad que necesitan nuestros acreedores, nuestros trabajadores y todas las partes relacionadas a Vicentin”, dijo Bougain. En ese sentido, explicó que los contratos vinculantes firmados con los tres interesados estratégicos establecen que, después de la homologación, se les transfiere la totalidad de los costos fijos y variables, independientemente de si procesan o no el grano.

“Por eso es tan importante la homologación, porque una vez que la tengamos los interesados estratégicos van a poder ayudar a sostener la empresa, es muy poco lo que nos falta para dar la vuelta y comenzar la próxima campaña”, comentó.

Últimos avances de la causa

Hace dos semanas, en una audiencia llevada a cabo en los Tribunales Federales de Rosario, el juez en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario, Román Lanzón, revocó una medida presentada por el juez Hernán Postma, que había ordenado a su colega Lorenzini, quien está a cargo del caso de la cerealera en los tribunales de Reconquista, abstenerse de tomar decisiones en relación a la homologación de la propuesta de pago.

Tras esta medida, quedó claro que el juez Lorenzini, que está a cargo de la causa desde su inicio, “sigue teniendo potestad” para continuar con el proceso concursal y –además- tomar las determinaciones que considere o entienda apropiadas en el marco de dicho trámite.

Fuente: Diario La Nación 

El Campo

El girasol argentino todavía tiene margen para crecer

Un estudio mostró que las brechas de rendimiento oscilan entre el 34% y el 40% a nivel país.

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Aunque el girasol es uno de los cultivos claves del sector agrícola nacional -gracias a su poder de adaptación a diversas regiones, y a su aporte en materia de estabilidad y diversificación ante los desafíos comerciales y del ambiente-, sus rindes están curiosamente lejos de su potencial.

Un estudio interinstitucional realizado por la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), el INTA, ASAGIR y otras entidades, determinó que la diferencia entre lo cosechado y lo que se podría obtener, es decir la brecha de rendimiento, oscila entre el 34% y el 40% a nivel país. El dato ciertamente llama la atención, en medio de una campaña que se encamina a tender rindes históricos.

“El cultivo de girasol es estratégico, y aunque los rendimientos son buenos, todavía hay margen para aumentarlos. A ese incremento de kilos por hectárea lo llamamos brecha de rendimiento”, dijo Ignacio Rodríguez, primer autor del estudio y profesional del Grupo Don Mario, al medio Sobre La Tierra.

“En el trabajo, primero definimos el rendimiento potencial en base a modelos de simulación, a ensayos comparativos de rendimiento y a los rindes de los productores más eficientes del CREA. Después, comparamos esos rendimientos con los registros de producción del Ministerio de Agricultura. Además, lo hicimos para todas las zonas girasoleras”, añadió a continuación.

Por su parte, Pablo Cipriotti, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, detalló que “las diferencias regionales variaron desde 25% en el sudeste bonaerense hasta 50% en el norte”.

De acuerdo con el trabajo publicado en la revista Field Crops Research, entre las principales causas de este fenómeno se encuentran la baja fertilización fosforada (P) y nitrogenada (N), el uso de labranza convencional y la adopción de genotipos de bajo potencial de rendimiento.

Cipiotti ejemplificó indicando que “en el norte, las mayores mermas en los rindes ocurren por emplear labranzas convencionales, mientras que en el sudeste de Buenos Aires se deben, sobre todo, a la poca fertilización con P y N”.

Según se indicó, para este estudio se aplicó el modelo CROPGRO, que de acuerdo con Rodríguez “simula el desempeño del cultivo en distintos suelos, climas y prácticas agronómicas. Incluso, considera el alto costo energético de producir aceite, lo cual es crucial en girasol”.

Entre numerosos parámetros ajustados, el equipo priorizó dos aspectos: la capacidad de generar hojas y de profundizar las raíces hasta 3 metros en ciclos de crecimiento cortos. “Quedamos muy satisfechos con los resultados que brindó el modelo”, comentó.

Para analizar los rendimientos, el equipo de investigación recurrió también al Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada (ReTAA), elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Fuente: Bichos de Campo 

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El Campo

Malestar en el campo luego de varias declaraciones de Federico Sturzenegger

Desde Federación Agraria Argentina (FAA), Carbap y la Sociedad Rural de San Antonio de Areco le respondieron al ministro de Desregulación y Transformación del Estado luego que se refiriera a la mano de obra en el sector, las retenciones y el INTA

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Después de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refiriera al INTA, la generación de empleo en el campo y las retenciones en términos que causaron malestar, desde el sector agropecuario le respondieron.

Vale recordar que el funcionario afirmó la semana pasada en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) que el sector no generaba suficiente mano de obra. ”El campo no es muy mano de obra intensiva, por lo menos la agricultura extensiva de la pampa [por la región pampeana]“, disparó el ministro.

Ayer, en tanto, deslizó que el estancamiento en la producción de soja en la Argentina no se debe a los derechos de exportación (DEX), sino a la falta de reconocimiento de la producción intelectual que llevó a que se invirtiera menos en el país en mejoramiento genético. En el 42° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) indicó: “Me piden bajar las retenciones, pero Brasil pasó de 50 millones de toneladas de soja a 150 millones y nosotros nos quedamos estancados en 45 millones. Entonces, me parece que es mucho más interesante preguntarse por qué Brasil triplicó la producción. Y no son las retenciones necesariamente”, deslizó.

También apuntó sobre el INTA: “¿Ustedes sabían que el INTA gasta $400.000 millones, tiene 6000 personas, tiene 3000 vehículos y no se sabe muy bien qué es lo que hacen? Bueno, en todas esas cosas hay que poner una lupa y empezar a hacer el trabajo”.

En ese contexto, Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló que las retenciones son un mal impuesto, regresivo, distorsivo y de uso discrecional por parte del Estado. “Nada de lo que se ha aportado durante más de 22 años volvió, ni al productor, ni al sector para desarrollo, ni en infraestructura, ni en tecnología. Los países vecinos le han dado a sus productores previsibilidad en sus condiciones de producción y comercialización de soja, la promueven, no la castigan con retenciones”, comparó.

Uno de los temas en los que hizo énfasis sobre el estancamiento productivo el ministro fue la propiedad intelectual en semillas. Sarnari precisó que, en materia de semillas, Brasil también está adherido al convenio internacional Upov 78 y tiene el mismo régimen que la Argentina. “El problema de la industria semillera también hay que mirarlo con una mirada amplia, ¿qué condiciones tiene la industria en la Argentina? Cualquier industria tiene mejores condiciones afuera que en la Argentina, no es nuevo, es un problema estructural, de costos, de carga impositiva, no es un problema de propiedad intelectual que nosotros también tenemos legislación que la protege», afirmó.

Sobre el INTA señaló: “Preocupa mucho que los pasillos empiecen a hablar de una reestructuración que no estaba en la agenda y que es darle al Ministerio de Economía el manejo de los recursos del instituto. Casi 70 años han demostrado que la gobernanza autónoma del INTA dio excelentes resultados, y el manejo de los recursos también le da autonomía de la política y puesta al servicio del sector. Es necesario que siga siendo autónomo porque garantiza la visión estratégica más allá de las administraciones de turno. Todo este tiempo vinimos defendiendo la institucionalidad del INTA y fortalecer el trabajo del Consejo Directivo, si le quitan esa función vamos directo al debilitamiento y a la pérdida de autonomía, sería muy malo para los productores», afirmó.

En ese contexto, Martín Vivanco, de la Sociedad Rural de San Antonio de Areco, agregó que los dichos del ministro fueron una opinión desafortunada. “En el fondo trasunta que lo único que les importa son los saldos exportables. No les importa cómo les va a los ciudadanos de su propio país, ni cuál es la rentabilidad del productor agropecuario, ni cómo es la vida rural en el interior. Y, tal vez, también trasunte algunos intereses de la industria semillera. Porque decir que Brasil, gracias a la tecnología, superó cierta cantidad de hectáreas o toneladas, lo único que hace es confirmar esta lectura: lo único que les interesa es saber cuántas toneladas va a tener el país para vender. Y por medio de quién se logra eso no les importa nada. Si lo hacen productores genuinos, si lo hacen empresas enormes dedicadas al agro, con o sin arraigo en la sociedad o en el interior, o si lo hacen empresas fantasmas, da lo mismo», planteó.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) también fustigó las declaraciones del funcionario. Afirmó que la falta de crecimiento en la producción agropecuaria argentina no se debe a la falta de capacidad o voluntad de los productores, sino al sistema impositivo.

“Lamentamos profundamente sus dichos, en los que afirmó que el sector agropecuario no genera suficiente mano de obra y que el estancamiento en la producción de soja no se debe a los derechos de exportación. Estas afirmaciones desconocen la realidad del campo argentino y del interior productivo. A lo largo de los años, mediante los DEX, distintos gobiernos han detraído y continúan -o, como ha calificado el propio presidente Milei, robado- más de 200.000 millones de dólares al sector agropecuario”, dimensionaron.

Compararon que esto representa aproximadamente el 30% del PBI nacional. “Los DEX han sido un freno sistemático al crecimiento, a la inversión y a la generación de empleo genuino en el interior del país. Por lo tanto, si la producción no crece, no es por falta de capacidad o voluntad del productor agropecuario, sino por el peso de un sistema impositivo distorsivo, confiscatorio y persistente. Desconocemos si estas declaraciones surgen de una mala información o de una desinformación deliberada”, afirmó.

Fuente: Diario La Nación

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El Campo

Los exportadores argentinos de poroto de soja están muy activos gracias a la aspiradora china

La nueva coyuntura internacional –más allá de la tregua comercial por 90 días anunciada este lunes por EE.UU. y China– está promoviendo una reconfiguración de la demanda de soja en el mercado argentino.

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En las últimas jornadas no es la industria aceitera, sino la exportación, la que está liderando las registraciones de Declaraciones Juradas de Ventas Externas (DJVE) de productos del complejo sojero, cuando lo habitual es la situación inversa.

La razón detrás de ese fenómeno es la necesidad por parte del gobierno chino de aprovisionarse de grandes volúmenes de poroto de soja para poder negociar con EE.UU. desde una posición más sólida.

Para los productores argentinos se trata de una buena noticia porque la competencia entre exportadores e industria contribuye a sostener los precios en pleno período de cosecha, donde los compradores tienen más oferentes de mercadería de los que necesitan.

El pasado viernes la capacidad teórica de pago de la Soja Rosario en el mercado disponible fue de 273,4 u$s/tonelada en el caso de la exportación y de 277,1 u$s/tonelada en lo que respecta a la industria, según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Ese día, el valor promedio negociado por la Soja Rosario Norte, según la plataforma Sio Granos, fue de 308.727 $/tonelada, equivalente a 273,9 u$s/tonelada.

Hasta el momento, para el presente mes de mayo los exportadores declararon DJVE de poroto por 1,55 millones de toneladas, mientras que la industria registró ventas de harina de soja por 1,64 millones.

Sin embargo, para el próximo mes de junio los exportadores de poroto llevan la delantera con DJVE de poroto por 900.370 toneladas, al tiempo que la industria inscribió embarques de harina por 215.120 toneladas.

Fuente: Bichos de Campo

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