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El Campo

Alquila 73.000 hectáreas: una empresa familiar desarrolló un impactante modelo de producción

Pelayo Agronomía, una firma de La Pampa, apuntó a conformar un grupo de propietarios que comparten una propuesta de arrendamientos con buenas prácticas agronómicas y plazos superiores a 12 meses.

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Es conocido que una proporción muy importante de los suelos agrícolas argentinos presenta importantes grados de deterioro físico y químico. Frente a esa realidad, que pide cambios a gritos, van apareciendo propuestas superadoras. Hoy en el país el 75% de los campos están alquilados con contratos de duración anual.

Pelayo Agronomía SA arrienda 73.000 hectáreas en las que desarrolla cultivos de soja, maíz, girasol, trigo y maní. Para enfrentar el deterioro que genera la agricultura llevada a cabo con contratos anuales, propone extender el horizonte temporal y monitorear permanentemente las condiciones del suelo para mantener o elevar la fertilidad. El control se concreta con empresas que certifican la evolución edáfica mediante indicadores objetivos.

Es una empresa familiar con 38 años de trayectoria en General Pico y su zona de influencia, que emplea de manera directa a 150 personas. Sus principales actividades comprenden la distribución de insumos agropecuarios en el oeste de la provincia de Buenos Aires y en La Pampa, producción de granos en campos arrendados, acopio y comercialización de granos y la multiplicación de semillas de soja y trigo a partir de variedades del semillero Don Mario. En este último rubro, la empresa produce aproximadamente 400.000 bolsas anuales, generadas en los campos alquilados y en convenios con terceros. La semilla original provista por Don Mario es multiplicada, procesada y embolsada en la planta propia de la empresa, y el 75% de las bolsas se comercializa directamente a productores. En los últimos años, la firma también ha incursionado en la actividad ganadera y en la producción de maní.

Problemas con solución

Germán Gabriel Guastella, gerente general de Pelayo Agronomía SA, explica que la empresa siembra desde hace 35 años en campos alquilados y hoy gerencia 73.000 hectáreas distribuidas en cuatro núcleos productivos: nordeste de La Pampa, oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba y sur de San Luis. Los principales cultivos son maíz, soja, girasol, con menor superficie de trigo y maní, sembrados y cosechados con contratistas. En el equipo de la firma también están, entre otros, Manuel Pelayo, gerente comercial; Lucas Minetti, responsable del área de sustentabilidad y Agustín Balduzzi, responsable de campo.

En los últimos años, la fuerte competencia por tierras en arrendamiento provocó que los valores de los alquileres se duplicaran y prevalecieran los contratos anuales en quintales fijos, que generalmente provocan un deterioro de los suelos. Frente a esa realidad, la empresa decidió comenzar a dialogar con los propietarios de los campos, no solo para discutir el valor del alquiler, sino también el planteo productivo por desarrollar proponiendo prácticas agronómicas distintas a las posibles bajo contratos de corta duración. De este modo, se buscó trabajar con dueños interesados en un sistema sustentable respaldado por datos objetivos.

“El formato de los contratos de alquiler agrícola más empleado -a quintales fijos y renovación anual- generalmente no permite aplicar un paquete de tecnología que mantenga o mejore la fertilidad de los suelos”, afirma Lucas Minetti, responsable del área de sustentabilidad de la empresa, que se enfoca en la evolución de los suelos en los campos arrendados.

Según Minetti, “en los últimos años comenzaron a detectarse problemas en los rendimientos de los cultivos en los campos en alquiler, principalmente asociados al sistema de contratación”.

Ante esta situación, Pelayo Agronomía decidió buscar una solución y se vinculó con la certificadora AGSUS, que cuenta con un programa específico para monitorear la “salud” del suelo, desarrollado junto con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa y otras instituciones. “Es un programa de certificación de manejo sustentable del suelo y secuestro de carbono, basado en mediciones a campo y análisis de laboratorio, que genera un coeficiente numérico que mide parámetros del suelo – porosidad, desarrollo radical, etc.- anualmente y cuantifica el secuestro de carbono cada cinco años”, se explaya. La certificadora trabaja sobre la ambientación integral del campo, no sobre lotes individuales, y asigna un puntaje a cada establecimiento. Actualmente, aproximadamente el 20% de los campos arrendados por la empresa se encuentra trabajando bajo este sistema.

Certificar la cadena

Dentro de los campos certificados, el cultivo de girasol cumple un rol destacado. El principal comprador es la firma Gente de La Pampa SA, que desde hace años adquiere la producción para fabricar aceite. En un momento decidió dar un paso más y manifestó su intención de vender aceite de girasol a industrias alimenticias que exigen certificaciones de prácticas industriales, sociales y ambientales. A partir de ese propósito, se avanzó con otra certificación de procesos -ISCC Plus- para la producción de girasol asegurando el cumplimiento de estrictas normas sociales y ambientales, lo que dio como resultado un producto diferenciado. En ese proceso, los fabricantes de aceite sumaron a PepsiCo, una de las empresas compradoras del aceite para alinearse, todos, con una forma distinta de hacer negocios, no exclusivamente orientada a lo “verde”, sino considerando la evolución de las demandas de los consumidores.

Propuestas

Las certificaciones implican mediciones periódicas y la elaboración de informes que son remitidos a los propietarios de los campos, con datos objetivos y avalados técnicamente, lo que permite transparentar el manejo realizado y dar sustentabilidad a los planteos productivos. De esta manera, “los dueños de los campos pueden seguir de cerca la evolución de sus tierras”, asegura Guastella.

La empresa aspira crecer más allá del 20% de campos certificados y avanzar hacia contratos con horizontes temporales superiores a los 12 meses. La propuesta incluye el monitoreo permanente de indicadores de calidad de suelo y, a partir de ese esquema, la posterior negociación del valor del alquiler.

El argumento central es que, si bien la tierra no se amortiza, puede deteriorarse en sus cualidades cuando es manejada de manera inadecuada. Por ello, proponen contratos de mayor plazo, con un horizonte móvil de al menos dos años. Por ejemplo, se plantean contratos a tres años que se renuevan anualmente, de modo que al planificar cada campaña se agregue un año adicional al acuerdo.

En campos mixtos, con lomas y bajos, la empresa impulsa propuestas integrales destinando las mejores áreas a la agricultura y orientando las cañadas y medias lomas a la actividad ganadera. También aceptan esquemas de participación económica del propietario en el negocio agrícola, como el aporte de insumos o labores, así como los acuerdos basados en tablas de reparto según rindes y precios, pero estas opciones han perdido vigencia en los últimos años con el telón de fondo de sequías y bajos precios.

En síntesis, Pelayo Agronomía apuntó a conformar un grupo de propietarios que comparten una propuesta de arrendamientos con buenas prácticas agronómicas y plazos superiores a 12 meses, con el objetivo de desarrollar negocios sustentables y de beneficio mutuo.

Para presentar esta forma de trabajo, la empresa organizó una jornada en la que expuso el esquema de certificación junto con los otros integrantes de la cadena, con una recorrida por un campo certificado en Catriló. El encuentro contó con una amplia participación de productores, propietarios de campos, autoridades, contratistas, semilleros y medios de comunicación.

Fuente: Diario La Nación

El Campo

El Gobierno actualizó la normativa sobre organismos genéticamente modificados y busca acelerar la innovación en el agro

A través de una nueva resolución, la Secretaría de Agricultura simplificó el marco regulatorio para la aprobación de organismos genéticamente modificados. La medida apunta a reducir plazos, costos y trabas administrativas para impulsar la inversión y el desarrollo biotecnológico.

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El Gobierno modernizó la regulación de organismos genéticamente modificados

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía de la Argentina, actualizó el marco regulatorio para la autorización de organismos genéticamente modificados (OGM) destinados a usos agropecuarios, agroalimentarios y agroindustriales.

La medida se formalizó mediante la Resolución 255/2026, que reemplaza al régimen anterior establecido por la Resolución 763/2011 y busca adaptar la normativa a los avances científicos, tecnológicos y regulatorios de la biotecnología aplicada al agro.

Según explicó la cartera agropecuaria, el objetivo es consolidar un marco regulatorio más claro y previsible, que facilite la inversión, promueva la innovación tecnológica y fortalezca la competitividad del sector productivo.

Menos burocracia y procesos más ágiles

Entre los cambios centrales de la nueva normativa se destaca la simplificación de los procedimientos de evaluación y autorización, incorporando criterios técnicos más precisos y reduciendo plazos y costos para los desarrolladores.

Además, la resolución elimina cargas administrativas consideradas innecesarias y reorganiza los procesos según el tipo de organismo y el uso propuesto, ya sea para experimentación o para su liberación comercial.

Desde la Secretaría señalaron que, si bien el esquema anterior representó una herramienta relevante para ordenar el sistema regulatorio, el desarrollo acelerado de la biotecnología en los últimos años hacía necesaria su actualización.

Un sector que se expande hacia la agroindustria

El campo de los OGM en Argentina ya no se limita únicamente al ámbito agropecuario, sino que se ha expandido hacia los sectores agroalimentario y agroindustrial.

Este proceso dio lugar a nuevas aplicaciones productivas y al desarrollo de productos y subproductos derivados de la biotecnología, que contribuyen a incrementar la productividad y las exportaciones de alimentos y materias primas.

La normativa mantiene como eje central el control de la seguridad ambiental y alimentaria, garantizando que los organismos aprobados no generen riesgos para el agroecosistema ni para la salud humana y animal, además de preservar el acceso a los mercados internacionales.

Argentina, pionera en biotecnología agrícola

Argentina ocupa una posición de liderazgo regional en materia de regulación y desarrollo de biotecnología agrícola desde comienzos de la década de 1990.

De acuerdo con datos oficiales, desde 1996 se aprobaron 134 desarrollos genéticamente modificados para su uso comercial en el país.

De ese total, 38 autorizaciones se realizaron durante la actual gestión, lo que representa cerca del 28% de todas las aprobaciones registradas en los últimos 30 años.

Con esta actualización normativa, el Gobierno busca consolidar procedimientos regulatorios modernos que acompañen la transformación tecnológica del agro, promuevan nuevas inversiones y fortalezcan el posicionamiento del país en el desarrollo de biotecnología aplicada a la producción.

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

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El Campo

Santa Fe presentó en Expoagro el sistema inteligente Stop 5.0 para ordenar el ingreso de camiones a los puertos

La herramienta tecnológica comenzará a aplicarse en modo de prueba este lunes 16 y se implementará desde mediados de abril. Mediante franjas horarias, busca regular el flujo de transporte de cargas durante la campaña agrícola, optimizar la logística exportadora y reducir los congestionamientos en el cordón portuario del Gran Rosario. Se espera la llegada de 2 millones de camiones.

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El Gobierno de Santa Fe presentó este jueves en Expoagro el sistema de acceso inteligente Stop 5.0, una nueva herramienta tecnológica destinada a ordenar el tránsito de camiones que transportan granos hacia los puertos del Gran Rosario durante la campaña agrícola.

La iniciativa forma parte del Operativo Cosecha 2026 y establece franjas horarias obligatorias para el ingreso de los camiones al área portuaria, con el objetivo de regular el flujo de transporte de cargas, mejorar la logística exportadora y disminuir los problemas de congestión en las rutas y localidades cercanas a las terminales.

El sistema comenzará a regir el 16 de marzo en una primera etapa sin sanciones. A partir del 15 de abril se iniciará la fiscalización plena, con la aplicación de infracciones para quienes incumplan los turnos asignados.

Durante la presentación, el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, explicó que la nueva plataforma representa una evolución del sistema anterior. “Stop 5.0 es una evolución del sistema Stop, ya existente. Hoy casi dos millones de camiones llegan cada año al cordón portuario, desde Rosario hacia el norte hasta Timbúes y hacia el sur hasta General Lagos. Todos sacan turno, pero terminan llegando en los mismos horarios”, señaló.

El funcionario detalló que, en plena cosecha gruesa, se concentran entre 10.000 y 15.000 camiones en apenas seis horas por día, una situación que genera problemas de seguridad, accidentes y trastornos para las comunidades cercanas a los puertos.

“Debíamos solucionarlo. Los transportistas esperan muchas horas en el cordón portuario y eso expone a situaciones de inseguridad, robos de cereal y siniestros viales, además del impacto que sufren las localidades donde se ubican las terminales”, añadió.

Cunha remarcó además que, con esta herramienta, la provincia comienza a intervenir de manera directa en la organización del flujo de transporte hacia el principal complejo exportador del país. “Es la primera vez que Santa Fe tiene injerencia en todo el flujo de camiones que llegan a los puertos ubicados en su territorio. Al sistema de cupos ahora le sumamos un horario de ingreso, lo que permitirá distribuir las esperas en los lugares de origen y no concentrarlas durante 14 o 15 horas en el cordón portuario”, explicó.

Dar previsibilidad

Por su parte, el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, subrayó que el nuevo esquema busca dar previsibilidad a los transportistas y reducir los tiempos de permanencia en las rutas cercanas a las terminales.

“Queremos que el camionero llegue con un horario determinado, que sepa que hasta dos horas antes podrá ingresar a los últimos 30 kilómetros previos a los puertos, descargar y retirarse rápidamente. Durante el primer mes el sistema tendrá un carácter pedagógico: no habrá sanciones, sino un proceso de información y adaptación”, indicó.

En tanto, el director provincial de Protección Civil, Marcos Escajadillo, destacó que el Operativo Cosecha implica un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, municipios, comunas y entidades del sector.

“Desde Protección Civil coordinamos todas las acciones de emergencia en la provincia y, en este caso, el Operativo Cosecha 2026 se desarrolla con la participación de organismos provinciales, gobiernos locales, gremios del transporte, la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), la Cámara de Exportadores y distintos actores de la cadena logística”, señaló.

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El Campo

En Expoagro, la diputada Fernanda Castellani resaltó la fuerza productiva de Santa Fe

La diputada provincial Fernanda Castellani destacó la fuerza de la agroindustria argentina y el rol clave que tiene el campo en el desarrollo del país.

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Además, remarcó la fuerte presencia de Santa Fe, con su industria metalmecánica, pymes agroindustriales, innovación tecnológica y miles de productores que agregan valor y generan trabajo.

Producción, inversión y desarrollo: el interior productivo sigue siendo uno de los grandes motores de la Argentina.

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