A través de una resolución interna, su presidente, Nicolás Bronzovich, ratificó los movimientos que van desde la modificación de primer y segundo nivel operativo, la reorganización de áreas y funciones.

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) oficializó el plan de ajuste que consiste en llevar adelante fuertes cambios estructurales en la institución. A través de una resolución interna, su presidente, Nicolás Bronzovich, ratificó los movimientos que van desde la modificación de primer y segundo nivel operativo, la reorganización de áreas y funciones.

Se trata de modificaciones que abarcan a varias áreas y la creación de una poderosa Secretaría de Coordinación Técnica Administrativa

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) oficializó el plan de ajuste que consiste en llevar adelante fuertes cambios estructurales en la institución. A través de una resolución interna, su presidente, Nicolás Bronzovich, ratificó los movimientos que van desde la modificación de primer y segundo nivel operativo, la reorganización de áreas y funciones. En estos momentos se lleva adelante una reunión con los representantes de las entidades del agro para definir nombres de quiénes ocuparán los cargos.

Además, la resolución ratificó la creación de la Secretaría de Coordinación Técnica Administrativa, que coordinará todo lo administrativo (recursos humanos, financieros y materiales). Por otra parte se definió un renombramiento de áreas, donde la Dirección Nacional Asistente de Recursos Humanos ahora será Coordinación Nacional de Recursos Humanos y Organización. Por otra parte, la dirección Nacional Asistente de Sistemas ahora será Coordinación Nacional de Sistemas y Tecnología.

En tanto que la Dirección Nacional Asistente de Operaciones Jurídicas ahora será Coordinación Nacional Operativa. Además, la unificación de funciones de Relaciones Institucionales y Vinculación Tecnológica en una sola Coordinación Nacional. Por otra parte, habrá dependencia directa de la nueva Coordinación de Comunicación Institucional bajo la nueva Secretaría de Coordinación Técnica Administrativa.

Entre los fundamentos que planteó el presidente del INTA está mejorar la gobernanza y la gestión administrativa, adecuar la estructura a principios de eficiencia y modernización administrativa, así como optimizar los recursos humanos, financieros y materiales. Según se desprende de los organigramas y funciones también se estableció que los costos se cubren con el presupuesto vigente.

El Consejo Directivo, que está integrado por entidades ruralistas, facultades de Agronomía y Veterinaria, y tres representantes del Poder Ejecutivo, continúa siendo la máxima autoridad dentro del esquema organizativo. Por debajo del Consejo Directivo se ubicará la Dirección Nacional, encargada de ejecutar y coordinar las directrices emanadas desde el nivel superior.

En tanto, la Secretaría de Coordinación Técnica Administrativa, estará bajo el ala del Consejo Directivo. Mientras que bajo la órbita de la Dirección Nacional funcionarán varias áreas específicas: la Dirección General de Administración, Dirección Nacional de Investigación y Desarrollo, la Dirección Nacional Asistente de Transferencia y Extensión. Así como la Coordinación de Financiamiento extrapresupuestario para proyectos, la coordinación de planificación, monitoreo y evaluación, la coordinación de relaciones institucionales y vinculación tecnológica.

La Secretaría Ejecutiva, a su vez, responderá a la Secretaría de Coordinación Técnica Administrativa. Lo mismo que la Unidad de Auditoría Interna, la Unidad de Sumarios Administrativos y la Coordinación Transversal de Ética. Todas ellas cumplirán funciones claves de control, administración, soporte técnico y resguardo de la integridad institucional.

Además, desde la Dirección Nacional se despliega también la Coordinación Nacional, que opera en una línea más organizativa y técnica; se diferencia de las áreas administrativas tradicionales.

De la Coordinación Nacional se derivan diversas áreas principales. La estructura incluye una Gerencia Tipo A y una Gerencia Tipo B, ambas con funciones independientes entre sí. Asimismo, operarán varias Direcciones y Coordinaciones Nacionales: la Dirección Nacional Asistente / Dirección General de Administración, la Dirección Nacional Asistente de Transferencia y Extensión, y la Dirección Nacional Asistente de Investigación y Desarrollo. A ellas se sumarán la Coordinación Nacional de Planificación, Monitoreo y Evaluación, la Coordinación Nacional de Relaciones Institucionales y Vinculación Tecnológica y la Coordinación Nacional de Financiamiento Extrapresupuestario para Proyectos.

En síntesis, el modelo de organización es claro: el Consejo Directivo supervisará todo el sistema. De él dependerá directamente la Dirección Nacional, que a su vez sostiene bajo su estructura diversas Secretarías, unidades y coordinaciones. Finalmente, las Gerencias Tipo A y B, junto con las Direcciones Nacionales Asistentes y las Coordinaciones Nacionales dependerán de forma directa de la Dirección Nacional.

Entre las competencias de la Secretaría de Coordinación Técnica Administrativa está: coordinar la tramitación de los procesos administrativos vinculados con la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales mediante la fijación de estándares de actuación, buenas prácticas y recomendaciones. Intervenir en la formulación y ejecución del presupuesto institucional mediante recomendaciones o instrucciones técnicas en el marco de la coordinación de las acciones de las dependencias involucradas en dichos procesos.

Además evaluar técnicamente los proyectos o anteproyectos que se eleven a la consideración del Consejo Directivo en materia presupuestaria. Así como supervisar la gestión de compras y contrataciones en lo relativo a la planificación, programación y ejecución de los procesos, asistiendo a las dependencias involucradas en su tramitación, mediante criterios y estándares de actuación. Evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos desde la óptica de la mejora continua de procesos y proponer las modificaciones o actualizaciones correspondientes, tendiendo a la simplificación de los procesos y la desconcentración operativa.

Fuente: Diario La Nación 

“Produzcan y exporten más y cuando estén dadas las condiciones macroeconómicas en este nuevo proceso bajarán o se eliminarán las retenciones”. Ese fue el concepto que los dirigentes de la Mesa de Enlace, exportadores y de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) escucharon de referentes del equipo económico del gobierno de Javier Milei, que viajaron a esta ciudad para exponer los ejes del nuevo esquema económico y persuadir al sector que venda [los granos] y liquide divisas en el inicio de esta campaña.

“Tenemos que alinear miradas detrás de un objetivo común. Ir por mucho más. Esa es la ilusión”, planteó Miguel Simioni, presidente de la BCR, después de la reunión, en su discurso en el acto del primer lote de soja, un momento simbólico que marca el inicio de la cosecha. A este evento asistió el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

En la reunión, los funcionarios nacionales, encabezados por el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, y Federico Furiase, director del Banco Central (BCRA), además de los asesores del Ministerio de Economía, Martín Vauthier y Felipe Núñez, evitaron dar precisiones sobre si el Gobierno levantará a fin de junio la rebaja vigente de las retenciones. Vale recordar que la semana pasada Milei pidió al sector que “liquide” porque a fin de ese mes volverán los derechos de exportación a su anterior nivel.

La lista de invitados a la reunión privada incluyó a Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Lucas Magnano (Coninagro), Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas) y Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina). También Luis Zubizarreta (Cámara de Puertos Privados Comerciales), María Marta Rebizo (Ciara-CEC), Gonzalo del Piano (Agricultores Federados Argentinos), Juan Carlos Reynares (Centro de Corredores de Cereales de Rosario), entre otros. También hubo empresarios del sector lácteo, frigorífico y de la maquinaria agrícola.

Los funcionares explicaron, según fuentes que estuvieron presentes, las nuevas variables del plan económico que se inició tras el acuerdo con el FMI y la eliminación parcial del cepo. Señalaron que este nuevo esquema va a generar estabilidad y confianza, por lo que es necesario el respaldo de los productores para que envíen los granos a los puertos y luego la agroexportación liquide dólares.

La idea era que los distintos engranajes del agro escucharan de primera mano los trazos del plan económico y el contexto a corto y mediano plazo. El objetivo pasó, según fuentes del sector agroexportador, por convencer y generar confianza para que ingresen dólares vía el agro en esta campaña que se inició simbólicamente con el primer remate de soja.

El hermetismo en el que se produjo la reunión llevó a los presentes a ser cautos en las declaraciones sobre lo que se dijo en salón El Mercurio. La síntesis que hicieron fuentes pasó por un concepto: “Si ustedes incrementan la producción y la exportación vamos a bajar las retenciones”.

Lo que viene

Casi al mismo tiempo en que se producía este encuentro, la Bolsa de Comercio de Rosario dio a conocer una herramienta para proyectar la producción a mediano y largo plazo. La estimación que hizo la BCR es que la Argentina podría alcanzar una producción de hasta 250 millones de toneladas de granos para 2035, lo que implicaría un crecimiento del 57% respecto al escenario base.

Esto se expuso en este contexto particular en el que el gobierno nacional instó al campo a producir más para poder bajar la carga impositiva y las retenciones.

Manuel Chiappe, secretario de Producción Agropecuario y Forestal, consideró que el Gobierno “está haciendo el ordenamiento macroeconómico más importante de la historia. Y este esfuerzo pasa también por la baja de impuestos. Es necesario que las provincias acompañen. Con templanza estamos sembrando las bases de un país distinto”.

Simioni se mantuvo en sintonía con el buen clima de la reunión y en su discurso en el recinto de la Bolsa de Comercio elogió “los cambios en las restricciones cambiarias. Se puede transformar la baja de retenciones en definitiva y lograr que se eliminen totalmente”.

El presidente de la Bolsa rosarina afirmó que “ese es el camino que hay que recorrer con el gobierno nacional y provincial. Sabemos que cuando los acuerdos funcionan el campo crece y la Argentina. Si sostenemos la agenda a mediano y largo plazo no estamos condenados al fracaso. Necesitamos reglas claras y diálogo concreto”.

A su turno, Furiase destacó los fundamentos técnicos del programa macroeconómico: “La prioridad del Gobierno es estabilizar la economía y sostener el proceso de desinflación. Para eso diseñamos un programa que avanza por etapas: primero el orden fiscal, luego el control de la emisión, y finalmente la recapitalización del Banco Central. Explicar ese proceso ayuda a que todos —productores, empresarios, provincias— puedan tomar decisiones con mejor información. Esa es la base de una economía que quiere salir del cortoplacismo”.

La otra voz del Gobierno fue la de Pazo, quien remarcó el enfoque del equipo económico: “Tenemos muy clara la importancia del sector productivo argentino. Por eso venimos a contar, de primera mano, cómo vemos las variables económicas y hacia dónde creemos que va el programa. Nuestra responsabilidad es dar previsibilidad, no discursos cerrados. Por eso, esta posibilidad de explicar y responder en persona es tan valiosa”.

En el acto en la Bolsa de Comercio de Rosario, una de las voces más críticas en materia de infraestructura fue la del gobernador Maximiliano Pullaro, quien reiteró su pedido de que el gobierno de Javier Milei transfiera a la administración provincial el mantenimiento de las rutas nacionales.

“Se está terminando el activo vial que significan las rutas nacionales, porque no fueron reparadas en los últimos años, no solo por este gobierno, sino por los últimos gobiernos que no han invertido lo necesario en esas vías”, afirmó Pullaro.

Luego remarcó que “para el acceso a los puertos que tanto orgullo nos generan, por los que salen el 80% de las exportaciones de la Argentina -exportaciones de las que no vuelve nada a la provincia- Santa Fe está poniendo los recursos, para hacer las rutas que durante años estuvieron relegadas”.

Pullaro sostuvo: “Todo lo hacemos con el esfuerzo de los santafesinos. El año pasado $50.000 millones articulando con la Bolsa de Valores para hacer el tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe en una primera etapa hasta San Lorenzo, y posteriormente lo vamos a hacer hasta Timbúes. También el Camino de la Cremería y tantas obras que nos pidieron”. Luego indicó que se están “invirtiendo 180 millones de dólares para que nuestro campo pueda sacar su producción y nuestros camioneros tengan las condiciones necesarias. Invertimos nosotros por más que esos recursos no vuelvan”.

Fuente: Diario La Nación 

Una combinación que siempre, más allá de la suerte que le toca al cereal enfrentar en materia de precios, clima y costos de insumos, define intenciones, resultados y expectativas.

Se juega la política porque todavía resuenan las palabras del presidente Javier Milei de que los derechos de exportación volverán sobre julio a su anterior nivel: el 12% de derechos de exportación contra la actual tasa del 9,5%. Y acá entra el lugar de la confianza: para los productores, un retorno al 12% se trata de un mazazo. ¿Sembrar ahora con el 9,5% para cosechar en diciembre con el 12%?

Salvo un giro, por la misma naturaleza del decreto presidencial que vence el último día de junio, el cultivo se encamina a su anterior tasa. En despachos oficiales han dicho, al cierre de esta edición, que no está en evaluación el tema de las retenciones al cereal. Y, por si fuera poco, desde el mismo Gobierno se hizo, vía fuentes con acceso a la toma de decisiones, una advertencia al Congreso de que si sale alguna ley que ponga en vilo el superávit fiscal la misma pasará por el veto del jefe de Estado.

Sin embargo, la dirigencia rural trabaja desde hace un tiempo para convencer al Gobierno de que algo hay que hacer por el trigo. Las primeras estimaciones de siembra hablan de un crecimiento que se potenciaría aún más si hubiera un gesto directamente con la eliminación de los derechos de exportación.

En este marco, la consultora AZ Group realizó un informe donde se remarca que el regreso de las retenciones al trigo al 12% significaría números poco atractivos para los productores si se lo considera como único cultivo y en la principal región productiva para el mismo. En rigor, brindó un escenario con tres alícuotas: que siga el actual nivel del 9,5%, que retornen en julio al 12% o, como sostiene una situación totalmente ideal, que los derechos de exportación [DEX] pasen a ser historia con un 0%.

El trabajo está hecho para campos con tosca cerca de la superficie en Adolfo Gonzales Chaves. Y se consideran estos precios a los productores (FAS teórico): US$204 por tonelada con 12% de derechos de exportación; US$210 con 9,5% y 233 dólares por tonelada con 0%. Con estos tres precios se calcularon los márgenes brutos -resultado en campo propio- y netos, en campo alquilado.

“Si se vuelve a un DEX del 12%, el resultado es cero en campos alquilados. Si se mantienen las actuales DEX del 9,5% se obtiene un margen neto de 23 dólares por hectárea. Si se eliminaran los DEX el margen neto subiría a 113 dólares por hectárea”, resumió el trabajo elaborado por la consultora.

Como se ve, no son grandes números para el bolsillo de los productores en una región importante. Esto mientras el Estado siempre cobra su parte por las retenciones. Si quedaran los actuales niveles de retenciones del 9,5% recaudaría unos 275,8 millones de dólares. En tanto, de acuerdo al reporte, esa cifra subiría a US$348,4 millones con 12%. “Los DEX actuales representan 23 dólares por tonelada de trigo y tienen un impacto significativo en la economía del productor, mientras que la recaudación por estos impuestos es poco significativa en las cuentas nacionales”, precisó.

Un punto no menor es que los rendimientos para cubrir los costos son muy altos, según la consultora. Al respecto, la inversión en el cultivo, considerando el alquiler, va de 939 a 959 dólares. “Los resultados de las tres alternativas [según los niveles de retenciones mencionados] son magros si se considera una inversión del orden de 950 dólares por hectárea y que se utilizan rindes de tendencia. Cualquier problema climático llevaría los resultados a terreno negativo”, alertó el informe.

Los números del cereal mejoran si se incluyen a la soja de segunda que, destacaron los expertos, amortigua el costo del arrendamiento. Con 12% de retenciones el margen neto queda en 72,5 dólares por hectárea para el trigo; con 9,5% de DEX, 95,5 dólares por hectárea, y con 0% de retenciones 185 dólares para hectárea para el cereal.

En este marco, Ernesto Ambrosetti, consultor, remarcó sobre las retenciones al cultivo y el costo fiscal de eliminarlas: “Son alrededor de 300 millones de dólares, con una cosecha cercana a los 20 millones de toneladas y la exportación de 13 millones. Un costo irrelevante para el fisco, y una importante señal para el agro”. De eso se trata, un costo fiscal no tan alto que para el productor puede ser una gran ayuda.

Fuente: Diario La Nación