En la sede del Ministerio de Trabajo, en la ciudad de Santa Fe, se realizó este jueves la primera reunión paritaria entre el Gobierno de la Provincia y los representantes de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) y del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus). La semana próxima habrá un nuevo encuentro.

La mesa de negociación estuvo encabezada por el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, y Guillermo Álvarez, secretario de Administración del Ministerio de Salud. Al término del encuentro, Álvarez señaló que “fue una reunión positiva donde, como primera instancia, escuchamos las inquietudes y las necesidades que tienen los profesionales de nuestra salud pública, a quienes la ministra, Silvia Ciancio, siempre pondera en cada lugar que va, cada centro de salud, cada hospital que recorre”.

El secretario detalló también que el Gobierno tomó nota de las demandas presentadas por los gremios y que está trabajando “para construir la mejor propuesta posible, en un contexto macroeconómico que no es sencillo”.

“Hay una decisión política de mejorar las condiciones de los trabajadores. Y, obviamente, entendemos que hay una necesidad de los trabajadores, en ese marco, de mejorar sus salarios, en un contexto que es de mucha dificultad no solo para Santa Fe sino para todo el país”, agregó el funcionario.

Álvarez subrayó que la Provincia avanzó entre 2024 y 2025, en la regularización de situaciones laborales pendientes. Precisó que en lo que va de la gestión pasaron a planta permanente 1.042 profesionales y se titularizaron 775, de un total de 1.817 trabajadores que arrastraban esa situación desde la administración anterior y que pudieron ser regularizados en esta primera mitad de mandato.

El contexto y las respuestas provinciales
El funcionario recordó que “es muy grande el esfuerzo que hace el Gobierno de Santa Fe para el sostenimiento del sistema de salud”. En ese sentido, enumeró algunas de las dificultades que debió afrontar la Provincia durante 2025. Indicó que se registró un 56 % de rechazos de cobertura por parte del Banco Nacional de Drogas Oncológicas, lo que implicó medicación que no llegó a la provincia y debió ser garantizada con recursos de Santa Fe. En el mismo sentido, señaló que se realizó una compra superior a los 2.000 millones de pesos para asegurar la continuidad de tratamientos de pacientes trasplantados.

Álvarez también advirtió sobre la disminución significativa de los envíos del Programa Remediar y la falta de provisión de insumos de salud sexual y reproductiva por parte de Nación. “Frente a ese escenario, la Provincia asumió la responsabilidad de sostener las prestaciones y garantizar el acceso a medicamentos e insumos”, afirmó.

Por último, destacó la creación del programa FonRes como herramienta para recuperar la infraestructura sanitaria. Explicó que al inicio de la gestión, en diciembre de 2023, numerosos efectores se encontraban en un estado de deterioro muy marcado y que se decidió priorizar su puesta en valor como parte de una estrategia integral de fortalecimiento del sistema público.

Del encuentro también participaron, por parte del Ministerio de Salud, el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler, la subsecretaria de RRHH, Gloria Blarasin; junto a la directora del área, Ileana Colman; y la subsecretaria Legal y Técnica, Carolina Caputto. Por el Ministerio de Trabajo estuvo presente el secretario Julio Genesini y en representación del Ministerio de Economía, el subsecretario de Función Pública, Horacio Coutaz.

Por AMRA asistieron Sandra Barbieri, Pablo Crispo, Marcelo Beltrame, Lucas Peiretti, Laura Mansilla, Carlos Schaffer, Néstor Rossi. Mientras que por SIPRUS lo hicieron Rodrigo Ramírez, Jerónimo Ainsuain, Estela Prieto, Leandro Goldsack y Cintia Gamutti.

Este miércoles, el Gobierno de Santa Fe concretó la primera reunión de la paritaria de la administración central con los gremios estatales ATE y UPCN, en un encuentro encabezado por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, y demás funcionarios provinciales. La semana próxima habrá un nuevo encuentro.

La mesa de negociación se desarrolló en Casa de Gobierno y reunió a funcionarios y representantes de los trabajadores de la administración pública provincial. Al término del encuentro, Bastia calificó la reunión como “positiva” y explicó que el Ejecutivo esperará la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) para definir el próximo paso en la discusión salarial.

“Fue una buena reunión, en la que abordamos distintos aspectos teniendo en cuenta la realidad que debemos atender y las dificultades que se acentuaron a lo largo de 2025”, señaló el ministro. En esa línea, atribuyó buena parte de esas tensiones al impacto de “la orientación de la política macroeconómica nacional, que influye sobre todos los actores económicos y sociales”, agregó el funcionario.

Bastia recordó que la discusión actual parte de la paritaria acordada el semestre pasado y del criterio sostenido por la gestión provincial de revisar periódicamente el poder adquisitivo de los salarios estatales. “A partir de esa realidad y de lo ya convenido, nos concentramos en revisar los últimos dos meses”, indicó.

El funcionario aclaró que el Gobierno aguarda el dato de inflación del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), para avanzar con la actualización. “A partir de allí vamos a seguir dialogando, atendiendo a todos los sectores, pero poniendo especial énfasis en quienes perciben menores ingresos”, sostuvo.

Respecto de los plazos y porcentajes, Bastia explicó que aún resta precisar la diferencia inflacionaria correspondiente al último bimestre desde el aumento previo. Recordó que en julio se acordó un adicional para noviembre y diciembre y que, en noviembre, la Provincia ya reconoció la diferencia acumulada por los cuatro meses anteriores (julio, agosto, septiembre y octubre).

“Ese compromiso lo asumimos y lo cumplimos. Falta ajustar el número final de estos dos meses, pero el que resulte técnicamente correcto será abonado”, concluyó el ministro.

En el marco del incremento del tránsito por rutas nacionales y provinciales con motivo de las vacaciones, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe brindó información de interés público sobre los requisitos que debe cumplir una multa de tránsito para ser considerada válida en el territorio nacional.

Actualmente, gran parte de las fiscalizaciones de tránsito se realiza con radares y sistemas automáticos. De acuerdo con la legislación vigente, para que un radar de control de velocidad opere legalmente debe estar homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y la autoridad de aplicación es la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, su ubicación debe encontrarse previamente aprobada y correctamente señalizada en la vía pública. Cuando alguno de estos requisitos no se cumple, la infracción puede ser considerada nula.

Los conductores pueden consultar el listado de radares habilitados en todo el país en el sitio web oficial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde se detallan tanto los dispositivos fijos como los móviles. Ante cualquier duda o inconveniente relacionado con una fotomulta, los automovilistas pueden comunicarse con la mesa de ayuda de la Agencia Nacional de Seguridad Vial al 0800-122-2678 o enviar un correo electrónico a consultasradares@seguridadvial.gov.ar adjuntando copia de la infracción recibida.

La Disposición ANSV 104/2009 aprobó el modelo único de acta de infracción. Cuando una notificación por fotomulta llega al domicilio del titular del vehículo, entre los datos obligatorios que deben figurar se encuentran el número de identificación del radar utilizado, el nombre del municipio o autoridad que labró la infracción, la fecha completa del hecho con día, mes, año y hora, la ruta y kilómetro exacto donde se produjo la presunta infracción, la velocidad máxima permitida y la velocidad registrada del vehículo expresadas en kilómetros por hora, la firma de la autoridad interviniente, la matrícula habilitante del operador del radar otorgada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y los datos de contacto del Juzgado de Faltas o Tribunal Administrativo competente. La omisión de cualquiera de estos elementos puede invalidar el acta de infracción.

En el caso de operativos móviles de control de velocidad, para que sean considerados válidos deben cumplir con requisitos específicos. Debe haber señalización con conos ubicados entre mil y quinientos metros antes del radar, un cartel que indique la presencia del radar, otro cartel que señale la velocidad máxima permitida, y el agente de tránsito debe contar con matrícula habilitante para operar el radar. El incumplimiento de estos requisitos mínimos de señalización constituye causal de nulidad de la infracción labrada.

En el caso de comprobación por parte de personal de tránsito, la normativa vigente señala que las autoridades deben identificarse ante el presunto infractor indicándole la dependencia inmediata a la que pertenecen, utilizar el formulario de acta reglamentario y entregar copia al presunto infractor, salvo que este no se identificare o se diere a la fuga, circunstancia que deberá constar en el acta.

Respecto de los plazos para ejercer el derecho de defensa mediante la presentación de descargos, existen diferencias según la jurisdicción. Por este motivo, la Defensoría del Pueblo recomienda que al recibir la notificación, las personas se comuniquen cuanto antes con el juzgado o tribunal interviniente, cuyos datos aparecen en el documento, para conocer los plazos.

La Defensoría del Pueblo recuerda a la ciudadanía que la presentación de un descargo implica la renuncia automática al beneficio del pago voluntario con descuento del cincuenta por ciento sobre el valor mínimo de la sanción, por lo que se recomienda evaluar cada situación particular antes de ejercer este derecho.

Los fundamentos válidos para presentar descargo incluyen que el radar no esté homologado por la autoridad competente, lo cual anula el acta y la infracción; la inexistencia de la infracción imputada; defectos formales en el acta que afecten su validez, tales como la imposibilidad de lectura de la patente en una fotomulta; falta de notificación fehaciente; incumplimiento de los requisitos mínimos de señalización en operativos móviles; falta de identificación del funcionario actuante y ausencia de entrega de copia del acta al presunto infractor, entre otros.

En ese sentido, la institución protectora de derechos invita a todas las personas que tienen dudas o consultas sobre multas de tránsito a que se acerquen a cualquiera de las sedes y oficinas de atención o se contacten por las vías de comunicación que pueden consultarse en www.defensoriasantafe.gob.ar