Nuevamente Lisandro Enrico volvió a presentar un proyecto en la Legislatura para darle pelea al mundo del delito. En este caso, el senador provincial por el departamento General López ingresó en la cámara Alta una iniciativa para atacar los “kioscos de drogas” en Santa Fe, donde jueces y fiscales santafesinos van a intervenir ante estos casos asumiendo causas que hoy son exclusivas del fuero federal.

“No escapa a la visión de todos como se masificó la venta de droga en los denominados ‘kioscos’ o lugares similares. En todas las localidades santafesinas y sectores de las ciudades, desde locales que se presentan como simples comercios o en casas comunes, los lugares de comercialización se multiplicaron a lo largo, a lo ancho y en lo profundo de nuestra provincia. La gente pide que hagamos algo”, describió primeramente.

El autor del proyecto sostuvo que para el Estado es difícil poder desbaratar esos kioscos de venta de drogas por un impedimento legal, en el cual la justicia ordinaria no puede intervenir: “Uno de los delitos más comunes y esparcidos territorialmente, en vez de ser investigado por la justicia provincial, debe esperar por la justicia federal que no tiene ni la extensión ni los recursos para poder abordarlo con todo lo que creció”, afirmó.

Para el Senador la conexión con otros delitos -mayormente de competencia jurisdiccional de las provincias-, hace que los órganos fiscales del Ministerio Público de la Acusación santafesino y la propia policía, cuenten con información valiosa surgida de la investigación de delitos comunes (robo, hurto, encubrimiento, tenencia de armas, entre otros). Esto lleva a la clara necesidad de contar con una nueva “herramienta” procesal.

“Facultar a los órganos fiscales y a la policía local en la persecución de delitos relacionados con el narcomenudeo indudablemente hace que donde la justicia federal no llega, si lo haga la justicia local por la cercanía y la inmediación con la investigación del delito”, aclaró.

En Argentina la legislación en materia de delitos con drogas y narcotráfico está regulada por la ley 23737 “Ley de estupefacientes” de 1989. Al respecto, Enrico justificó: “No escapa a nadie cuánto crecieron los delitos vinculados a drogas desde que se aprobó esa ley. Es evidente que en estos últimos 30 años la situación de la narcocriminalidad aumentó y se transformó pero el sistema legal sigue siendo el mismo. Es decir, la realidad cambió muchísimo y la ley no”.

Que actúe la justicia santafesina
Enrico aseguró que resulta casi insostenible que un delito tan común, difundido y desplegado en todos los territorios provinciales siga siendo competencia de la Justicia Federal, “que interviene en ciertos delitos, que por razones determinadas son consideradas de interés nacional. El resto de los delitos, es decir toda la materia penal, es competencia de la justicia ordinaria o sea de los jueces y fiscales de las diferentes provincias. Sin embargo el paso del tiempo hizo que lamentablemente el delito de drogas no quede solo reducido a las fronteras sino que progresivamente eche sus raíces en todo el país desde los grandes centros urbanos hasta los poblados más pequeños y crecieran en incontables lugares la venta de drogas a la vista del público”, detalló.

A renglón seguido, el Senador remarcó que “esto demuestra que el problema de drogas excede a una cuestión de fronteras y que la justicia federal (con mucho menos magistrados y funcionarios que las justicias provinciales) no puede dar una respuesta adecuada al drama delictual actual” ya que la lejanía, el menor conocimiento del territorio, la falta de recursos policiales y la carencia de mecanismos de investigación provoca que el delito crezca sin límite judicial.

Santa Fe es una provincia con una población aproximada de 3 millones 300 mil habitantes en sus 361 localidades. Tan solo 7 jueces y 6 fiscales federales tienen que investigar todas las causas de droga de Santa Fe, mientras que el sistema provincial tiene 112 fiscales y 42 jueces que podrían asumir competencias de venta de drogas que se dan en sus propias jurisdicciones.

“A la venta de droga como delito hay que enfrentarla con todas las herramientas posibles, Santa Fe no puede despreciar cerca de 200 jueces y fiscales que pueden ayudar a desbaratar la venta de droga multiplicada en todo el territorio tan solo por no asumir una competencia legal que hoy resulta imprescindible. Por todo ello esta ley postula la posibilidad que desde Rufino hasta Las Toscas haya fiscales y jueces que puedan investigar todos los kioscos de venta de droga que hoy crecen sin límite. La distancia y el tiempo en estos casos juegan a favor de los autores de estos delitos y en contra de la sociedad santafesina”, resumió Enrico.

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Principales aspectos del proyecto de Enrico:

· Allanamiento y desbaratamiento de kioscos de venta de droga
· Rápido y ágil accionar judicial
· Intervención de jueces y fiscales santafesinos en casos de “narcomenudeo”
· La provincia va a asumir causas que hoy son exclusivas del fuero federal
· En vez de intervenir 7 jueces y 6 fiscales federales, lo harán 112 jueces y 42 fiscales santafesinos
· Multiplicidad y despliegue territorial de funcionarios, tanto de fiscales como jueces
· Recursos del Estado puestos en perseguir al vendedor y en rehabilitar al consumidor