Según confirmó una alta fuente al tanto del tema a este medio, la iniciativa apunta a “alinear al instituto a los estándares de eficiencia del Estado”. El personal del INTA es de 5822 trabajadores.

La iniciativa, que hasta hace cuatro meses estaba trabada por la resistencia interna y el freno en los ámbitos mencionados que tuvo un decreto de reforma, plantea una revisión completa de la estructura del organismo. Ese proceso podría llevar al cierre de centros de investigación que, según puntualizaron en el Gobierno, no justifican su infraestructura o no están aportando resultados acordes a lo que demanda la producción.

Fuentes oficiales dijeron que el ente “hoy sigue operando con una estructura pensada para la matriz productiva de hace medio siglo”. Este proceso, señalaron, podría implicar adaptar al organismo a “cosas que sobran”, pero también otras nuevas que falten. “No es únicamente una agenda de cierre lo que se propone”, afirmaron. Detallaron que buscan adecuar el INTA a las tecnologías actuales del sector agropecuario. Aunque la apertura de los retiros voluntarios aún “no está confirmada”, la intención de reducir la plantilla sigue firme.

Según Apinta, el gremio del INTA, al asumir el gobierno de Javier Milei había 6600 trabajadores, mientras que hoy la cifra descendió a 5822. “Ha habido un gran número de gente que se ha ido, por lo cual entendemos desde el sindicato que no es factible ni un proceso de retiro voluntario ni los pases a disponibilidad, porque si no el INTA estaría en riesgo importante de funcionamiento”, expresó Mario Romero, secretario general.

El temor de los trabajadores es por haber escuchado en diferentes momentos al presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, quien en sus recorridas por las estaciones experimentales afirmó que “el INTA tiene que funcionar con menos gente que la que tenía”.

Julieta Boedo, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), indicó: “Desde que asumió este Gobierno la planta se redujo un 17% cuando pedían inicialmente un 15%. Entre bajas, retiros voluntarios, cesantes, renuncias y jubilaciones, suman 822”.

Boedo afirmó sobre el nuevo Consejo Directivo, que integran las entidades del agro: “Están alineados directamente con el gobierno nacional. Se viene otro diciembre negro para los estatales, particularmente para nuestro organismo queriendo implementar el plan inicial que frenamos en la Justicia y en el Congreso, de despidos y entrega de tierras en todo el país. Nos quieren achicar y siguen trayendo gente de afuera para ocupar cargos jerárquicos, sin previo concurso que es como viene funcionando históricamente el INTA hace 70 años”.

En la última reunión del Consejo Directivo, que estrenó el mes pasado nuevos integrantes, se confirmó que se trabaja en una agenda de revisión de estructuras, aunque sin aprobaciones concretas. El nuevo esquema de trabajo del Consejo Directivo contempla que los consejeros que representan a las distintas entidades se “distribuya en macrorregiones” para mantener contacto directo con el interior, un punto que Romero destacó como positivo porque puede ayudar a subsanar una “desconexión bastante importante”, y que influye a la hora de tomar decisiones.

En el INTA se menciona un conflicto en la estación experimental del AMBA en Castelar. Aunque el Gobierno plantea su cierre, desde el gremio aseguraron que no pueden avanzar con ningún procedimiento administrativo debido al amparo vigente dictado por la jueza Martina Forns de San Martín. Actualmente, quedan alrededor de 30 trabajadores sin traslado, quienes serían reubicados en otros institutos del predio.

Otro de los temas más sensibles en el INTA es la venta de tierras del organismo, que parece haber encontrado un freno en las provincias. “En el interior, los consejeros no están dispuestos a entregar tierras del INTA. Por ahí es un resguardo para el capital patrimonial”, señaló Romero, quien afirmó que cualquier decisión sobre tierras nuevas para la venta deberá definirse en las regiones, lo que “va a garantizar de que no salga nada”.

Entre otros puntos, y de acuerdo con la información gremial, en 2026 habrá un 30% más de presupuesto asignado respecto a 2025, una cifra que consideran insuficiente. “Vamos a tener un presupuesto muy acotado, seguramente en el transcurso del año tendrán que hacer gestiones para ampliarlo si quieren un INTA funcionando”, alertó Romero.

Vale recordar que hoy el Consejo Directivo del INTA está integrado por representantes del Estado y de organizaciones del sector agropecuario y del ámbito académico. Incluye a Nicolás Bronzovich (presidente) y Carlos Alberto Vera (vicepresidente) en representación del Gobierno, y a varios vocales como Gustavo Tettamanti (Federación Agraria Argentina), Juan Manuel Bautista (Sociedad Rural Argentina), Jorge Omar Dutto (Facultades de Agronomía), Martín Tuculet (CREA) y Juan Patricio Hutak (Coninagro). Falta la designación de Confederaciones Rurales Argentina, cuya terna ya fue enviada por la entidad, pero no ha sido elegida por el Gobierno.

Fuente: Diario La Nación 

Especialistas del Grupo Trigo y del Laboratorio de calidad del INTA Marcos Juárez realizaron –por medio de una cosecha manual– un muestreo anticipado de calidad de trigo en parcelas de ensayos del cereal conducidas por esa institución.

Los resultados, que son orientativos, muestran que con una fertilización de base en presiembra de 120 kilogramos de nitrógeno por hectárea, los niveles obtenidos de proteína en muchos casos no superan el 10% con la base de humedad del 10,6% al 14,0%.

Otro dato alarmante son los niveles de gluten húmedo, que en ningún caso lograron superar el 24%, lo que representa un nivel adecuado sólo para elaboración de galletitas, pero no para panificación tradicional.

Sin embargo, los resultados en parcelas refertilizadas sí mostraron niveles de proteína y gluten húmedo más cercanos al promedio histórico con rendimientos productivos igual de excepcionales.

Sin embargo, debido a las malas relaciones de precios cereal/fertilizante registradas durante el ciclo del cultivo, las refertilizaciones de trigo fueron por demás limitadas en el transcurso del 2025.

Si bien en la última década hubo varias iniciativas que intentaron establecer la posibilidad de deducir de impuestos nacionales un 50% o un 100% de la inversión realizada en fertilizantes, la realidad es que ninguna prosperó.

Tal medida, en una campaña como la actual, hubiese seguramente contribuido a promover un mayor nivel de fertilización del cultivo de trigo para generar una oferta más acorde a las necesidades del mercado tanto interno como externo.

No se trata de una cuestión menor, porque la Argentina produce trigo con destino a panificación y no como recurso forrajero, producto que tiene, obviamente, un precio mucho menor que el grano destinado a elaborar alimentos para humanos.

Fuente: Bichos de Campo 

Fernando Rivara, presidente de la entidad, dijo que sobre las bases apuntadas de las reformas fiscales y regulatorias, es “absolutamente necesario definir un cronograma de eliminación de retenciones”. En la celebración de la entidad no hubo funcionarios el gobierno nacional.

“¿Puede ser que un país que necesita exportar cada vez más, al mismo tiempo cobre impuestos a las exportaciones? Los productores argentinos no deben seguir subsidiando a los productores brasileños y norteamericanos», lanzó al comparar la situación local con la de los principales competidores globales.

Contrastó la realidad del campo con otros sectores de la economía. “Uno ve la explosión de producción de energía, de Vaca Muerta, o de minerales, y todos son sectores que le han otorgado reglas claras y permanentes. Y no se van cambiando, para arriba o para abajo dependiendo de las necesidades de un gobierno. La Federación de Acopiadores siempre afirmó que las ayudas financieras sirven para apagar incendios, pero la reconstrucción y el desarrollo armónico de la sociedad argentina vendrán, sin dudarlo, del trabajo y la producción”, mencionó. Señaló que los dólares que la Argentina necesita son los de la exportación de riqueza y de las inversiones: “Los meramente financieros solo sirven para emergencias”.

Más allá del reclamo sectorial, el titular de Acopiadores mostró un firme apoyo al rumbo de ordenamiento macroeconómico y aseguró que en la sociedad “se ha consolidado, definitivamente, la necesidad de tener equilibrio en las cuentas públicas” y que cada ciudadano debería ser “un militante cotidiano de esa idea”.

Sin embargo, advirtió que el equilibrio fiscal y monetario que busca el Gobierno es solo la base. Para Rivara, el ordenamiento fiscal y los equilibrios, tanto cambiarios como monetarios, constituyen la base macroeconómica sobre las cuales se funda cualquier proceso de crecimiento sostenido.

 “A esa base le debemos sumar reformas regulatorias, fiscales, laborales y previsionales que tengan por finalidad lograr una utilización eficiente de nuestros recursos productivos, en un escenario de reglas claras y permanentes. Así podremos lograr un aumento de la productividad, palabra poco usada, pero que es la fuente genuina de cualquier proceso de desarrollo económico y mayor bienestar”, mencionó.

El dirigente sostuvo que las reformas que se están estudiando en el orden tributario y laboral tienen que apuntar a la eficiencia, ausencia de tratamientos especiales y de discriminaciones, valoración de la productividad, eliminación de costos innecesarios. «En síntesis, refundar un ambiente apto para competir lealmente sin privilegios impositivos ni mecanismos bancarios de percepción de tributos de dudosa legalidad. Un ambiente donde crezcan los más eficientes produciendo bienes y servicios de mayor calidad y menor costo”, advirtió.

En el tramo final, Rivara se refirió a la catástrofe hídrica que golpea al centro oeste bonaerense. Apuntó contra el Estado y ofreció una autocrítica institucional por la situación que atraviesan los productores. “No puedo dejar de expresar el dolor que siento por los productores del oeste bonaerense que han sido abandonados a su suerte desde hace 9 meses. Hoy hay más de 4 millones de hectáreas comprometidas, de las cuales, seguramente, por lo menos un millón no se podrán sembrar», lamentó.

Describió un escenario desolador con “chicos sin escuela, animales muertos, productores y empleados que han tenido que irse de sus casas” y gente que pasó de recorrer 10 kilómetros a hacer 120 para llegar a su campo. Ante esto también hizo un mea culpa desde la entidad: “La Federación de Acopiadores les quiere pedir perdón a nuestros colegas de esa zona y a todos los productores por nuestro silencio de tanto tiempo. Nuestra solidaridad absoluta para con todos ellos. El daño ha sido mayúsculo y no se puede repetir. La política tiene que entender, de una vez por todas, los que es la agroindustria para la república argentina».

Además, señaló que los intendentes, la provincia y la nación deben dar soluciones al desastre del oeste bonaerense y anunciar un plan conjunto para que nunca más vuelva a pasar.

Recordó, por último, que la Argentina enfrenta debates que no serán menores: “Vamos a debatir acerca de las estructuras políticas, sociales y económicas actuales, definiendo el país para los próximos 20 años. Los argentinos necesitan que ese debate sea con pasión, pero con respeto, que se escuchen todas las voces y que no caigamos en el barro de las descalificaciones, porque si caemos en las agresiones personales no llegaremos a transformar nada y todo quedará en el show de la politiquería”.

Fuente: Diario La Nación