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Diputados aprobó modificaciones al Código Procesal Penal

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La Cámara de Diputados de la provincia aprobó una serie de modificaciones al Código Procesal Penal y giró el proyecto al Senado para su tratamiento, de cara a consolidar el nuevo sistema de justicia penal.

“Esta reforma es parte de un proceso histórico de cambio de muchos años para pasar de un modelo arcaico, inquisitivo, a otro acusatorio, y que está en sintonía con el funcionamiento más eficaz del servicio de justicia que la sociedad reclama”, explicó el diputado Rubén Galassi, jefe del bloque del Partido Socialista y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, que actuó como miembro informante durante la sesión extraordinaria realizada este jueves.

A tres años de la implementación de un paradigma de justicia penal basado en audiencias orales y públicas, la Cámara de Diputados modificó 53 artículos del Código en base a ejes conceptuales como la definición de cuestiones de política criminal; la ampliación de facultades y responsabilidades del Ministerio Público de la Acusación; el otorgamiento de mayores derechos a las víctimas y más facultades al querellante; el fortalecimiento de la persecución penal y la agilidad en el proceso. El diputado Galassi fue el encargado de poner a consideración el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, firmado por legisladores del oficialismo y de distintos bloques de la oposición, vinculado al mensaje oportunamente enviado por el Poder Ejecutivo.

“Estamos en el camino de mejorar una realidad que es flagelante para los ciudadanos. Esta reforma es importante porque le brinda al sistema judicial nuevas y mayores herramientas para responder a la necesidad de justicia expresada por la comunidad”, expuso Galassi. “Una sociedad con mayor seguridad y convivencia, sin violencia, no se logra sólo con un Código Procesal, por más moderno y avanzado que sea, sino con el compromiso de las instituciones de la democracia funcionando a pleno: con la justicia trabajando para evitar la impunidad, el Poder Legislativo sancionando las leyes y -por ejemplo- asumiendo responsablemente la designación de funcionarios del sistema penal, con el Poder Ejecutivo ejerciendo los controles para que los policías actúen como servidores públicos, sin corrupción, con acciones como la creación de la Policìa de Investigaciones y con la incorporación de tecnología, con la presencia permanente de los fiscales y sin lugar a dudas con acciones sociales sobre todo para nuestros compatriotas que se encuentran en una situación crítica, de modo de construir una cultura de paz y convivencia”, expresó el diputado socialista.

Los ejes del cambio

– Política criminal: Se impide que los fiscales puedan no perseguir o perseguir parcialmente a quienes cometan este tipo de delitos, de cara a reforzar la persecución penal en casos de violencia de género y tenencia de armas ilegales.

– Más herramientas para los fiscales: Se fortalece el trabajo y la responsabilidad de los fiscales a la hora de investigar y de optar por salidas alternativas al juicio oral, como los juicios abreviados o las probation. En rigor, se amplían los plazos de reserva de los legajos fiscales (a diez días más 48 horas con autorización fundada del juez) y el plazo para celebrar audiencias imputativas, de libertad o cautelares, que nunca podrá superar las 96 horas, contando 72 horas más 24 con autorización del juez. Los fiscales contarán así con más tiempo para recolectar evidencias en casos complejos, respetando las garantías constitucionales de los imputados. Además se requiere consentimiento del Fiscal regional para aplicar criterios de oportunidad en causas donde haya penas de seis años o más o se modifique la calificación del delito ante un juicio abreviado.

– Más derechos para las víctimas: podrán reclamar por demora o ineficiencia en las investigaciones y ser oídas por los jueces y el fiscal antes de que se firmen acuerdos que las involucran; deberán recibir de la Oficina de Gestión Judicial información completa de la causa así como contención en todas las instancias del proceso.

– Más derechos para los querellantes: podrán pedir prisiones preventivas u otras medidas cautelares. Y recurrir ante el Fiscal Regional si discrepan con las pruebas producidas o si el fiscal del caso decide no acusar.

– Más herramientas para perseguir y juzgar delitos: La Policía tendrá obligación de detener a quienes estén cometiendo un delito en flagrancia (in fraganti) y de secuestrar todos los elementos delictivos que se encuentren en los allanamientos. A lo que se agrega la inmovilización de fondos de bandas delictivas como medida cautelar real, en consonancia con la ley de destino de bienes producto de ilícitos sancionada el año pasado. Por otro lado se amplían las exigencias para que un acusado acceda a prisiones domiciliarias y salidas laborales, mientras se redujeron las posibilidades de aplicar prisiones domiciliarias.

– Procesos más ágiles: Se simplificaron y suprimieron algunos trámites, como la constitución del querellante y el dictado de los sobreseimientos, y se permitió la incorporación de medios electrónicos o tecnológicos para realizar allanamientos, audiencias, reconocimientos de personas y notificaciones.-

Provinciales

Territorio 5.0: el nuevo Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos ya recibió más de 9.000 trámites digitales

El organismo comenzó a funcionar el 25 de agosto, y unificó los cinco registros públicos de comercio que dependían del Poder Judicial, ahora bajo el ámbito del Poder Ejecutivo. La nueva estructura permite realizar gestiones 100 % digitales, reducir costos y agilizar los procesos administrativos en toda la provincia.

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El Gobierno de la Provincia de Santa Fe cuenta con el primer organismo 100 % digital: el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (Rpjec), entidad que ya recibió más de 9.000 trámites digitales desde su funcionamiento, iniciado el 25 de agosto pasado en todo el territorio provincial.

Creado por la actual gestión, el Rpjec unifica los cinco registros públicos de comercio que dependían del Poder Judicial y acerca la administración al ciudadano, modernizando el funcionamiento del Estado y simplificando los procedimientos vinculados con empresas, asociaciones y contratos.

La iniciativa fue posible gracias a la sanción de la Ley Provincial Nº 14.276 que integró el Registro Público de Comercio y la Inspección General de Personas Jurídicas bajo la órbita del Poder Ejecutivo. De esta manera, se logró centralizar, estandarizar y digitalizar la totalidad de los trámites.

Cuando se realizó la presentación, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, destacó el rol de la Legislatura Provincial “que sancionó la Ley N° 14.256 de Reforma del Estado, donde se asientan todas las transformaciones que estamos llevando adelante en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, a través del ahorro de costos, la reducción de tiempos y la agilidad administrativa”.

Sin burocracia

Asimismo, Bastia afirmó que, a partir del 1° de julio de 2026, “no va a existir más el Estado colonial, el del papel, porque pasamos a un Estado 100 % digital”.

Por su parte, el subsecretario del Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos, Roberto Ryan, explicó: “Durante 53 años, en la provincia, para constituir una sociedad era necesario pasar por dos reparticiones distintas: el Registro Público, bajo la órbita del Poder Judicial, y la Inspección General de Personas Jurídicas. Esto implicaba una duplicidad de trámites sin sentido, mayores costos y demoras logísticas, además de diferencias de criterios al aplicar la normativa”.

“Por eso -continuó Ryan- la unificación lograda a través del Rpjec marca un hecho histórico en la provincia, al permitir la simplificación de trámites, la unificación de datos, la digitalización total de las gestiones mediante la plataforma Timbó, la reducción de costos y la agilización de procesos, además de beneficios concretos para las entidades civiles”.

En tanto que, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó que “esta transformación del Estado marca un hito muy importante, no solo en el aspecto digital, sino también en la interacción con asociaciones civiles, fundaciones y empresas de toda la provincia, de manera ágil y transparente”.

Finalmente, la secretaria de Gestión Pública, Natalia Galano, recordó que “el gobernador Maximiliano Pullaro nos pidió desde el primer momento llevar adelante una reforma profunda de la Administración Pública para lograr una gestión más ágil, eficiente y democrática”.

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos

Desde el 25 de agosto de 2025, todos los trámites que antes se realizaban en cualquiera de los registros pasaron a gestionarse de forma unificada en este organismo, lo que agiliza los plazos, elimina duplicaciones -como la doble inscripción para sociedades anónimas- y mejora la atención al público.

El Rpjec es el primer organismo 100 % digital de la Provincia para trámites empresariales y de personas jurídicas, con más de un centenar de gestiones disponibles, entre ellas la inscripción de empresas, la presentación de balances y la rúbrica de libros de comercio. Además, se está trasladando toda la documentación, los sistemas informáticos y las bases de datos hacia la nueva estructura.

Cabe recordar que el Rpjec fue presentado en septiembre en la ciudad de Rosario, en un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia.

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La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio para fortalecer la atención ciudadana

El acuerdo permitirá coordinar acciones y compartir información para agilizar gestiones vinculadas a la identificación de las personas y la tramitación de partidas. La firma se realizó en la sede Santa Fe de la Defensoría del Pueblo.

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La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y el Registro Civil provincial rubricaron este jueves un convenio marco de colaboración recíproca con el objetivo de fortalecer la atención ciudadana y brindar asesoramiento en trámites vinculados a la identificación de las personas.

El acuerdo establece mecanismos de coordinación entre ambas instituciones para facilitar gestiones como la obtención de partidas de nacimiento, matrimonio, uniones civiles, divorcio o defunción, así como otros servicios relacionados que forman parte de la demanda cotidiana de la ciudadanía.

La firma tuvo lugar en la sede Santa Fe de la Defensoría del Pueblo. Participaron el defensor del Pueblo, Arístides Lasarte, y el Adjunto para la zona norte, Estanislao Parreño. En representación del Registro Civil provincial estuvo su director, Sergio Duarte, acompañado por la asesora letrada del organismo, Agustina Estavole.

Lasarte destacó que este acuerdo permitirá a la Defensoría del Pueblo «fortalecer las herramientas para trabajar en un derecho tan importante como lo es el derecho a la identidad». Y agregó: «Tenemos el objetivo de estar cerca de la ciudadanía en el territorio. Y eso nos lleva muchas veces a detectar problemáticas que debemos abordar con otras instituciones del Estado, en este caso, el Registro Civil. Así que estamos muy contentos con el hecho de reforzar los canales de comunicación para poder brindar una atención más ágil y eficiente».

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Pullaro: “El desarrollo necesita un Estado más activo”

El gobernador de Santa Fe participó de la conferencia “Una Argentina productiva posible”, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Conicet.

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Respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, y sostuvo que el Estado debe acompañar al sector productivo con infraestructura, estabilidad y mejores servicios. También destacó los avances logrados en seguridad, educación y gestión en la provincia.

El gobernador Maximiliano Pullaro participó el miércoles por la tarde en Buenos Aires de la conferencia “Una Argentina productiva posible”, un encuentro organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política del Conicet. El objetivo del evento fue aportar al debate sobre estrategias de desarrollo, visibilizar un país productivo y elaborar diagnósticos sobre oportunidades y desafíos hacia un crecimiento inclusivo y sostenible.

Pullaro expuso en el panel “Políticas públicas para el desarrollo productivo”, junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el secretario de Coordinación de la Producción de la Nación, Pablo Lavigne; el ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta; y el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Felicito a la UBA y a la Facultad de Ciencias Económicas por poder generar estos ámbitos tan importantes para el debate público en la República Argentina; debate que a veces está ausente desde la perspectiva política, pero también desde la perspectiva técnica”, inició Pullaro en su exposición. El mandatario describió la identidad productiva santafesina: “En nuestro caso, desde la provincia de Santa Fe, una provincia productiva por naturaleza, una provincia que representa el campo, pero también que tiene un complejo industrial muy importante, un entramado pyme de 7.000 pymes que mira el mercado externo, pero también el mercado interno”.

Aseguró que gobernar hoy significa “generar empleo, generar trabajo, generar crecimiento económico”, y que para ello “tiene que estar el mercado, pero también tiene que estar el Estado pudiendo acompañar con políticas públicas” que permitan una perspectiva de desarrollo.

El gobernador remarcó las inversiones provinciales en infraestructura, energía, logística, competitividad impositiva y educación. “Las políticas públicas del Gobierno Provincial tienen que ver con una inversión permanente en el entramado productivo, que nos permita una mejor infraestructura y mejores niveles de competitividad”, afirmó.

Además, destacó el rol de la ciencia y la tecnología: “El acompañamiento al sistema educativo, para que desde la ciencia y la tecnología se pueda generar valor agregado, hace que nuestro sistema productivo sea más competitivo”.

Debates necesarios

Pullaro respaldó los debates nacionales en curso: “Creo que hay debates que hay que dar en Argentina. Se viene un debate de modernización laboral que pretende integrar a una gran parte de las personas que están fuera del mercado”. Agregó que esa discusión “no puede hacerse sobre el costo que tiene una empresa o una industria” y que su gobierno tiene una “mirada pyme” sobre este punto, y que se deben considerar “las diferencias productivas y de costos de cada región”.

También se refirió al sistema impositivo: “Tenemos que discutir cuáles son los impuestos que tenemos que bajar y en función de qué variables lo hacemos”. En este punto, subrayó que las provincias hoy absorben nuevas responsabilidades: “Hoy no tenemos un conflicto social no sólo por la estabilidad macroeconómica, sino porque nosotros estamos volcando muchos más recursos en educación, transporte, políticas alimentarias, seguridad pública y sanitarias”.

Pullaro también puso en valor los resultados de su gestión en materia de seguridad, como ejemplo lo que el estado puede lograr cuando se gestiona con un plan: “En la ciudad de Rosario, hace dos años habíamos tenido 300 homicidios y el año pasado tuvimos 90, y este año vamos a andar en parámetros similares. Hace dos años teníamos 30 móviles; hoy tenemos 300. Hace dos años una persona llamaba y demoraba 19 minutos en llegar un móvil; ahora demora entre cinco y siete”.

En educación, destacó que “hace dos años habíamos tenido 145 días de clases y este año vamos a tener 185”, y que el ausentismo descendió de 32 % a 13 %. También recordó que la provincia redujo la planta de personal y recuperó niveles de inversión en infraestructura.

Finalmente, expresó su mirada de futuro: “El sector privado se ha adaptado a las diferentes políticas macroeconómicas. Es hora de que el Estado pueda acompañar con estabilidad a largo plazo, con reglas claras que nos permitan producir mejor”. Y concluyó: “Argentina sí tiene una oportunidad y va a estar mejor, pero necesita buenos gobiernos y estabilidad a largo plazo”.

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