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Diputados aprobó modificaciones al Código Procesal Penal

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La Cámara de Diputados de la provincia aprobó una serie de modificaciones al Código Procesal Penal y giró el proyecto al Senado para su tratamiento, de cara a consolidar el nuevo sistema de justicia penal.

“Esta reforma es parte de un proceso histórico de cambio de muchos años para pasar de un modelo arcaico, inquisitivo, a otro acusatorio, y que está en sintonía con el funcionamiento más eficaz del servicio de justicia que la sociedad reclama”, explicó el diputado Rubén Galassi, jefe del bloque del Partido Socialista y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, que actuó como miembro informante durante la sesión extraordinaria realizada este jueves.

A tres años de la implementación de un paradigma de justicia penal basado en audiencias orales y públicas, la Cámara de Diputados modificó 53 artículos del Código en base a ejes conceptuales como la definición de cuestiones de política criminal; la ampliación de facultades y responsabilidades del Ministerio Público de la Acusación; el otorgamiento de mayores derechos a las víctimas y más facultades al querellante; el fortalecimiento de la persecución penal y la agilidad en el proceso. El diputado Galassi fue el encargado de poner a consideración el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, firmado por legisladores del oficialismo y de distintos bloques de la oposición, vinculado al mensaje oportunamente enviado por el Poder Ejecutivo.

“Estamos en el camino de mejorar una realidad que es flagelante para los ciudadanos. Esta reforma es importante porque le brinda al sistema judicial nuevas y mayores herramientas para responder a la necesidad de justicia expresada por la comunidad”, expuso Galassi. “Una sociedad con mayor seguridad y convivencia, sin violencia, no se logra sólo con un Código Procesal, por más moderno y avanzado que sea, sino con el compromiso de las instituciones de la democracia funcionando a pleno: con la justicia trabajando para evitar la impunidad, el Poder Legislativo sancionando las leyes y -por ejemplo- asumiendo responsablemente la designación de funcionarios del sistema penal, con el Poder Ejecutivo ejerciendo los controles para que los policías actúen como servidores públicos, sin corrupción, con acciones como la creación de la Policìa de Investigaciones y con la incorporación de tecnología, con la presencia permanente de los fiscales y sin lugar a dudas con acciones sociales sobre todo para nuestros compatriotas que se encuentran en una situación crítica, de modo de construir una cultura de paz y convivencia”, expresó el diputado socialista.

Los ejes del cambio

– Política criminal: Se impide que los fiscales puedan no perseguir o perseguir parcialmente a quienes cometan este tipo de delitos, de cara a reforzar la persecución penal en casos de violencia de género y tenencia de armas ilegales.

– Más herramientas para los fiscales: Se fortalece el trabajo y la responsabilidad de los fiscales a la hora de investigar y de optar por salidas alternativas al juicio oral, como los juicios abreviados o las probation. En rigor, se amplían los plazos de reserva de los legajos fiscales (a diez días más 48 horas con autorización fundada del juez) y el plazo para celebrar audiencias imputativas, de libertad o cautelares, que nunca podrá superar las 96 horas, contando 72 horas más 24 con autorización del juez. Los fiscales contarán así con más tiempo para recolectar evidencias en casos complejos, respetando las garantías constitucionales de los imputados. Además se requiere consentimiento del Fiscal regional para aplicar criterios de oportunidad en causas donde haya penas de seis años o más o se modifique la calificación del delito ante un juicio abreviado.

– Más derechos para las víctimas: podrán reclamar por demora o ineficiencia en las investigaciones y ser oídas por los jueces y el fiscal antes de que se firmen acuerdos que las involucran; deberán recibir de la Oficina de Gestión Judicial información completa de la causa así como contención en todas las instancias del proceso.

– Más derechos para los querellantes: podrán pedir prisiones preventivas u otras medidas cautelares. Y recurrir ante el Fiscal Regional si discrepan con las pruebas producidas o si el fiscal del caso decide no acusar.

– Más herramientas para perseguir y juzgar delitos: La Policía tendrá obligación de detener a quienes estén cometiendo un delito en flagrancia (in fraganti) y de secuestrar todos los elementos delictivos que se encuentren en los allanamientos. A lo que se agrega la inmovilización de fondos de bandas delictivas como medida cautelar real, en consonancia con la ley de destino de bienes producto de ilícitos sancionada el año pasado. Por otro lado se amplían las exigencias para que un acusado acceda a prisiones domiciliarias y salidas laborales, mientras se redujeron las posibilidades de aplicar prisiones domiciliarias.

– Procesos más ágiles: Se simplificaron y suprimieron algunos trámites, como la constitución del querellante y el dictado de los sobreseimientos, y se permitió la incorporación de medios electrónicos o tecnológicos para realizar allanamientos, audiencias, reconocimientos de personas y notificaciones.-

Provinciales

Presentaron un complemento educativo de $ 33.000 para empleados de la Provincia con hijos en edad escolar

La medida abarca a 31.000 trabajadores y alcanza a 60.000 chicos que cursan nivel inicial, primario y secundario. Se abonará del 15 al 20 de febrero a través de planilla complementaria. La inversión del Gobierno de Santa Fe es de $ 2.000 millones.

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La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, junto a la secretaria General de Educación, María Martín y el Director de Recursos Humanos y Función Pública, Diego Broda, presentaron “Complemento Útiles”, dirigido a los empleados de la Provincia que tengan hijos en edad escolar, que estará destinado a la compra de útiles escolares previo inicio de clases.

Con una inversión de $ 2.000 millones por parte del Gobierno de Santa Fe, el complemento especial consistirá en $ 33.000 que percibirán docentes, policías, trabajadores del Servicio Penitenciario, de la administración central y pasivos, por cada hijo en edad escolar.

La medida alcanza a unos 60.000 chicos en la provincia que cursan nivel inicial, primario y secundario, cuyos padres percibirán del 15 al 20 de febrero a través de planilla complementaria, el valor vigente establecido dentro del Acuerdo Santa Fe para la canasta educativa.

Herramientas para la educación

Al momento de la presentación, la ministra Tejeda remarcó que una de las prioridades de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro “es la educación” por lo que Complemento Útiles es “una herramienta más de las que dispone el Gobierno de la Provincia para acompañar a los trabajadores estatales con un importe para comprar un kit escolar” y en ese sentido señaló que hay “31.000 personas que tienen hijos e hijas que asisten a la escuela”.

En consonancia con el lanzamiento, la ministra afirmó que en los próximos días “se estará anunciando dentro de Acuerdo Santa Fe, un trabajo que llevó adelante entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y los comercios santafesinos, para que todos puedan acceder a este kit escolar”.

Por su parte, María Martín aseguró que la implementación del complemento especial “va a permitir acceder a un precio razonable al kit de útiles”, y que pretende “poner en hechos concretos la prioridad en educación” por parte de la Provincia y que se suma a las inversiones en Boleto Educativo e infraestructura escolar en los establecimientos educativos de todo el territorio.

Por último, Broda agregó que “no es necesario que los trabajadores activos ni los pasivos realicen trámite adicional para percibir este beneficio. Lo van a percibir aquellos que están en condiciones de recibir la ayuda escolar con el sueldo del mes de febrero” y todo aquel que no haya presentado en tiempo y forma la documentación correspondiente, “lo podrá hacer en los meses subsiguiente, periodo en el que cobrará el complemento”.

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Cronograma de pago de haberes de enero a trabajadores provinciales

Comenzará el lunes 2 de febrero y se completará el viernes 6. Los pasivos que cobren hasta $1.150.000, junto con personal policial y penitenciario, tendrán acreditado el cobro en sus cuentas el sábado 31 de enero.

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El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de enero se percibirán a partir del lunes 2 de febrero y concluirán el viernes 6. Los pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000 tendrán acreditado el cobro el sábado 31 de enero, al igual que los trabajadores policiales y penitenciarios.

Lunes 2 de Febrero (acreditación en cuenta sábado 31 de enero)

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000

* Escalafón Policial y Penitenciario.

Martes 3 de febrero

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 4 de febrero

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.150.000

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 5 de febrero

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.150.000

Viernes 6 de febrero

* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

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PDI hizo 126 allanamientos en menos de una semana en Rosario y la región

La Policía de Investigaciones detuvo 15 personas; y secuestró armas, drogas y celulares en el marco de causas por microtráfico, amenazas, abusos de armas y homicidios.

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La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, dio a conocer un resumen con los resultados de los allanamientos realizados en Rosario y la región desde el lunes 19 al 25 de enero de 2026, teniendo en cuenta los procedimientos ejecutados por las áreas Operativa, Inteligencia y Trata.

En total se llevaron adelante 126 allanamientos en los que se detuvieron a 15 personas, que serán llevadas a audiencia imputativa. De esas detenciones 4 presentaban pedidos de captura activa y otra era buscada por estar sospechada de participar en un homicidio.

En cuanto a las requisas domiciliarias por parte de los agentes de la PDI, se secuestraron 12 armas de fuego y 154 teléfonos celulares. En cuanto a material estupefaciente: casi 500 gramos de cocaína, 1850 gramos de marihuana y 50 plantas.

Durante los procedimientos participaron agentes de la PDI, de las Tropas de Operaciones Especiales y grupos tácticos y de irrupción.

“El proceso investigativo tiene varias etapas hasta llegar a cristalizarse con detenciones efectivas y secuestros importantes. Todas las áreas, y conjuntamente con el Ministerio Publico de la Acusación, hacen una tarea importante para el esclarecimiento de los hechos delictivos, que tienen que ver con causas de microtráfico, amenazas, abuso de armas, u homicidios”, expresó el subsecretario de Investigación Criminal, Marcelo Albornoz.

“El plan de seguridad iniciado en diciembre de 2023 bajo la conducción del gobernador Maximiliano Pullaro y del Pablo Cococcioni en el Ministerio de Justicia y Seguridad, no detuvo nunca su marcha y el desafío más grande es seguir consolidándolo, para desarticular las bandas que operan y de esa manera ir a fondo en la lucha contra el delito”, cerró el funcionario.

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