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Provinciales

Diputados aprobó modificaciones al Código Procesal Penal

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La Cámara de Diputados de la provincia aprobó una serie de modificaciones al Código Procesal Penal y giró el proyecto al Senado para su tratamiento, de cara a consolidar el nuevo sistema de justicia penal.

“Esta reforma es parte de un proceso histórico de cambio de muchos años para pasar de un modelo arcaico, inquisitivo, a otro acusatorio, y que está en sintonía con el funcionamiento más eficaz del servicio de justicia que la sociedad reclama”, explicó el diputado Rubén Galassi, jefe del bloque del Partido Socialista y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, que actuó como miembro informante durante la sesión extraordinaria realizada este jueves.

A tres años de la implementación de un paradigma de justicia penal basado en audiencias orales y públicas, la Cámara de Diputados modificó 53 artículos del Código en base a ejes conceptuales como la definición de cuestiones de política criminal; la ampliación de facultades y responsabilidades del Ministerio Público de la Acusación; el otorgamiento de mayores derechos a las víctimas y más facultades al querellante; el fortalecimiento de la persecución penal y la agilidad en el proceso. El diputado Galassi fue el encargado de poner a consideración el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, firmado por legisladores del oficialismo y de distintos bloques de la oposición, vinculado al mensaje oportunamente enviado por el Poder Ejecutivo.

“Estamos en el camino de mejorar una realidad que es flagelante para los ciudadanos. Esta reforma es importante porque le brinda al sistema judicial nuevas y mayores herramientas para responder a la necesidad de justicia expresada por la comunidad”, expuso Galassi. “Una sociedad con mayor seguridad y convivencia, sin violencia, no se logra sólo con un Código Procesal, por más moderno y avanzado que sea, sino con el compromiso de las instituciones de la democracia funcionando a pleno: con la justicia trabajando para evitar la impunidad, el Poder Legislativo sancionando las leyes y -por ejemplo- asumiendo responsablemente la designación de funcionarios del sistema penal, con el Poder Ejecutivo ejerciendo los controles para que los policías actúen como servidores públicos, sin corrupción, con acciones como la creación de la Policìa de Investigaciones y con la incorporación de tecnología, con la presencia permanente de los fiscales y sin lugar a dudas con acciones sociales sobre todo para nuestros compatriotas que se encuentran en una situación crítica, de modo de construir una cultura de paz y convivencia”, expresó el diputado socialista.

Los ejes del cambio

– Política criminal: Se impide que los fiscales puedan no perseguir o perseguir parcialmente a quienes cometan este tipo de delitos, de cara a reforzar la persecución penal en casos de violencia de género y tenencia de armas ilegales.

– Más herramientas para los fiscales: Se fortalece el trabajo y la responsabilidad de los fiscales a la hora de investigar y de optar por salidas alternativas al juicio oral, como los juicios abreviados o las probation. En rigor, se amplían los plazos de reserva de los legajos fiscales (a diez días más 48 horas con autorización fundada del juez) y el plazo para celebrar audiencias imputativas, de libertad o cautelares, que nunca podrá superar las 96 horas, contando 72 horas más 24 con autorización del juez. Los fiscales contarán así con más tiempo para recolectar evidencias en casos complejos, respetando las garantías constitucionales de los imputados. Además se requiere consentimiento del Fiscal regional para aplicar criterios de oportunidad en causas donde haya penas de seis años o más o se modifique la calificación del delito ante un juicio abreviado.

– Más derechos para las víctimas: podrán reclamar por demora o ineficiencia en las investigaciones y ser oídas por los jueces y el fiscal antes de que se firmen acuerdos que las involucran; deberán recibir de la Oficina de Gestión Judicial información completa de la causa así como contención en todas las instancias del proceso.

– Más derechos para los querellantes: podrán pedir prisiones preventivas u otras medidas cautelares. Y recurrir ante el Fiscal Regional si discrepan con las pruebas producidas o si el fiscal del caso decide no acusar.

– Más herramientas para perseguir y juzgar delitos: La Policía tendrá obligación de detener a quienes estén cometiendo un delito en flagrancia (in fraganti) y de secuestrar todos los elementos delictivos que se encuentren en los allanamientos. A lo que se agrega la inmovilización de fondos de bandas delictivas como medida cautelar real, en consonancia con la ley de destino de bienes producto de ilícitos sancionada el año pasado. Por otro lado se amplían las exigencias para que un acusado acceda a prisiones domiciliarias y salidas laborales, mientras se redujeron las posibilidades de aplicar prisiones domiciliarias.

– Procesos más ágiles: Se simplificaron y suprimieron algunos trámites, como la constitución del querellante y el dictado de los sobreseimientos, y se permitió la incorporación de medios electrónicos o tecnológicos para realizar allanamientos, audiencias, reconocimientos de personas y notificaciones.-

Provinciales

El Gobierno detectó abusos en usuarios de Tarifa Social: consumos de hasta 7000 kw y facturas por $ 17 millones

La Provincia profundiza la fiscalización de la Tarifa Social de la EPE, tras detectar consumos desproporcionados que derivaron en subsidios millonarios afrontados por el Estado provincial. Se dieron de baja a 1.506 usuarios.

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El Gobierno de Santa Fe detectó abusos y consumos desmedidos en usuarios inscriptos en el registro de Tarifa Social. En total, dieron de baja a 1.506 usuarios que tuvieron consumos por encima de los 2.000 kw, cuando el consumo promedio de un hogar en la provincia ronda los 700 u 800 kw. Los casos más graves que informó la Provincia son 21 usuarios que consumieron hasta 7.000 kw, generaron facturas de más de 17 millones de pesos, y abonaron menos de 3 millones, teniendo que cubrir el Estado los 14 millones restantes. “Es inadmisible que se continúe este esquema. El beneficio está pensado para acompañar a las familias que más lo necesitan. No vamos a permitir que unos pocos vivos perjudiquen a la Empresa Provincial de la Energía y a quienes realmente lo necesitan”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Los controles recientes sobre la Tarifa Social revelaron consumos muy por encima del promedio: se detectaron 258 usuarios que superaron los 3.000 kilovatios y cuatro casos en Rosario que excedieron los 6.000. En los 82 casos de mayor consumo, el Estado provincial debió cubrir más de 52 millones de pesos en subsidios, mientras que los usuarios abonaron apenas seis millones. 
La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro dispuso un esquema de control más estricto sobre la firma pública, con auditorías permanentes y medidas de modernización que alcanzan tanto el seguimiento de consumos como la organización interna de la empresa. El objetivo es ordenar la administración, garantizar transparencia en el uso de los recursos y en este caso, asegurar que la Tarifa Social se aplique de manera justa, evitando abusos y desvíos.
“Estos números muestran que algunos sectores están desvirtuando el espíritu del beneficio. Vamos a redoblar los controles y aplicar todas las medidas necesarias para que la Tarifa Social vuelva a ser lo que debe: un apoyo para los hogares vulnerables, no un subsidio encubierto para consumos excesivos”, señaló la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez.

Rosario

La ciudad de Rosario concentró 78 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, que demandaron un subsidio estatal de 21.315.668 pesos. Allí se destaca el caso de un usuario del barrio Belgrano que consumió 7.020 kilovatios y cuya factura fue cubierta en 521.442 pesos por el Estado.
En septiembre se identificaron 21 contribuyentes que, con consumos entre 2.500 y 7.000 kilovatios, generaron facturas por 17.114.592 pesos. Los usuarios abonaron apenas 2.889.765, mientras que el Estado provincial debió cubrir 14.224.827.

Funes

El caso de Funes expone con claridad el desvío del beneficio. Un usuario con Tarifa Social consumió 3.897 kilovatios y generó una factura de 880.367 pesos. De ese total, solo pagó 19.673, mientras que el Estado cubrió 860.693. En el mismo complejo, dos familiares que también accedían al beneficio consumieron en conjunto 10.011 kilovatios, con facturas por 2.272.143 pesos. Los usuarios abonaron apenas 77.183 y el Ejecutivo provincial debió cubrir 2.194.959.

Santa Fe y Rincón

En la capital provincial y en Rincón se registraron 50 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, que implicaron un subsidio estatal de 23.135.594 pesos. Entre ellos, una vivienda en barrio Residencial, sobre calle 1 de Mayo, consumió 2.840 kilovatios y generó una factura de 654.195 pesos, de la cual el Estado cubrió 198.094. Otro caso en barrio Centenario mostró un consumo de 3.482 kilovatios, con una factura de 779.439 pesos, de la cual el usuario pagó apenas 19.713 y el resto quedó a cargo del Estado.

Próximos pasos

Rodríguez recordó que en los últimos días se avanzó con la compra de 75 mil telemedidores para avanzar en el monitoreo en tiempo real de los consumos de los usuarios y así poder ser más precisos a la hora de destinar los recursos. “Acá se ve que el robo de energía es una cuestión transversal y no de un sector particular. Tenemos que ser conscientes de que el robo de unos pocos afecta al consumo de todos”. El propósito es que la Tarifa Social se mantenga como un instrumento de equidad, garantizando un consumo responsable y evitando que los recursos provinciales se desvíen hacia prácticas que no reflejen la necesidad real de los hogares vulnerables.

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La Defensoría del Pueblo comienza a atender con horario de verano

Desde el lunes 15 de diciembre y hasta el 30 de enero la institución atenderá al público de 8 a 14 horas.

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La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe informa que a partir del lunes 15 de diciembre comenzará a atender en su horario de verano. Será de 8 a 14 horas, hasta el 30 de enero de 2025.

Este horario también comprende a la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, el Centro de Asistencia a la Víctima y el Centro de Mediación que funcionan dentro de la Defensoría del Pueblo.

La información de contacto de las sedes y oficinas de la Defensoría del Pueblo puede consultarse en www.defensoriasantafe.gob.ar y en las redes sociales de la institución (@defensoriaSF).

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Seguridad: 817 nuevos agentes se suman a la Policía para toda la Provincia

Son 420 mujeres y 397 varones que completaron 28 materias académicas y operativas. Durante el acto de egreso, realizado en el estadio cubierto Ángel Malvicino, las autoridades destacaron el objetivo de consolidar una fuerza policial cada vez más profesionalizada y con mayor presencia territorial.

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El Gobierno de Santa Fe encabezó este viernes el acto de egreso de 817 auxiliares en seguridad correspondientes a la promoción 2024-2025 de la Escuela de Policía del Instituto de Seguridad Pública (Isep). La ceremonia se desarrolló en el estadio cubierto “Ángel Malvicino” del Club Atlético Unión, en la ciudad de Santa Fe, y marcó el cierre de una etapa clave en la formación de nuevos integrantes de la Policía provincial, que comenzarán a incorporarse al patrullaje en distintos puntos del territorio.

Los egresados forman parte de los 1.100 cadetes que ingresaron al Isep en dos instancias -febrero y mayo de 2024- y realizaron su cursado en las sedes de Recreo y Rosario. La cohorte está integrada por 420 mujeres y 397 varones, quienes completaron un plan de estudios compuesto por 28 materias académicas y operativas, orientadas a una formación integral para el desempeño en tareas de seguridad pública.

Desde este año, la carrera se dicta bajo un régimen de internado. Tras tres años de servicio como suboficiales de Policía, los agentes podrán acceder al tercer año de formación y obtener el título de Técnicos Superiores en Seguridad Pública y Ciudadana, en el marco de un esquema de capacitación continua.

Durante el acto, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, subrayó que los nuevos egresados “son el resultado del esfuerzo y del compromiso que el Gobierno provincial sostiene para que cada vez más mujeres y hombres se pongan al servicio de la ciudadanía y cuiden a los santafesinos”. En ese sentido, remarcó que el objetivo central es “contar con una fuerza de seguridad más profesionalizada y preparada, acorde a las demandas de una sociedad cada vez más compleja, diversa y exigente”.

En la misma línea, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, expresó su “orgullo y satisfacción” por el ingreso de nuevos efectivos a la Policía de Santa Fe. Destacó que se trata de jóvenes que inician su carrera “con nuevas herramientas, objetivos y lineamientos”, y afirmó que este proceso “consolida un modelo de seguridad que tiene como base la capacitación, la formación y la educación”.

La actividad contó además con la presencia de la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; la diputada nacional Gisela Scaglia; el fiscal regional Jorge Nessier; el secretario de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo; el jefe de Policía de la provincia, Luis Maldonado; el subjefe Daniel Filcher; el director general del Isep, Mario Goyenechea; además de intendentes y presidentes comunales.

El valor de la vocación

Al dirigirse a los egresados, Scaglia afirmó que eligieron “una vocación que habla de servicio, honor y cuidado del otro”, y recordó que, en momentos críticos, la Policía de Santa Fe “arriesgó todo para devolver la paz y la seguridad a la provincia”, un compromiso que señaló como ejemplo para los nuevos agentes.

Por su parte, el jefe de Policía, Luis Maldonado, instó a los flamantes auxiliares a guiar su labor por tres principios fundamentales: la legalidad, el profesionalismo y el trabajo en equipo. Asimismo, los exhortó a mantener siempre un trato respetuoso con la sociedad.

El director del Isep, Mario Goyenechea, sostuvo que con este egreso “comienza la misión más trascendente en la vida de los cadetes: servir y proteger a la comunidad santafesina”, y destacó la conducción y la visión estratégica del Gobierno provincial para fortalecer y modernizar de manera sostenida la formación policial.

En representación de los egresados, Julio Vivas señaló que el uniforme “no solo representa una insignia, sino meses de sacrificio, crecimiento y hermandad”, y aseguró que la escuela “no solo enseñó tácticas y leyes, sino que forjó el carácter”, preparando a los nuevos agentes para ejercer la autoridad “con amabilidad, respeto y ejemplo hacia los ciudadanos”.

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