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Conmutación de penas a cargo del Gobernador Perotti

Bellatti preocupada por la posible liberación de presos autores de balaceras y delitos viales.

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La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe aprobó por unanimidad el proyecto presentado por la legisladora Rosana Bellatti mediante el cual solicita al gobierno provincial que informe sobre los criterios utilizados para aplicar el beneficio de conmutación de pena a personas privadas de la libertad. La inquietud surge luego de que trascendiera el listado de condenados elevado a criterio por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, donde figuran -entre otros- presos vinculados al narcotráfico, homicidas viales y autores de balaceras.
La conmutación de pena es una atribución que el art. 72, inc. 16, de la Constitución Provincial le otorga al Gobernador de la Provincia, como titular del Poder Ejecutivo. Se trata de una reducción del tiempo en el que un interno, un preso condenado, puede pedir un beneficio.
«Eso en la práctica es una reducción de la condena y una liberación prácticamente inmediata», advirtió la diputada, y aseguró que en la lista de condenados con posibilidades de tener sanciones conmutadas por el gobernador Perotti figuran nombres que en su momento trascendieron por la resonancia de su accionar delictivo .
Además de pedir al Ejecutivo el listado completo de las personas que serían pasibles de la conmutación de penas, Bellatti pidió saber si hubo presos beneficiados con esa medida en 2020 y en 2021. También solicitó saber qué criterios se están aplicando para tomar esa decisión.
En ese sentido recordó que fue el entonces gobernador Antonio Bonfatti quien en 2015 dictaminó el Decreto N° 2791 que estableció los criterios y parámetros dentro de los cuales se habilitaba al gobernador a conmutar una pena. Es que durante su gestión, la aplicación de decretos de décadas anteriores hizo que se le conmutaran penas a personas que habían cometido asesinatos.
«Cuando detecta esto el ex gobernador plantea el decreto que establece claramente los parámetros. Nosotros nos encontramos con que algunas de las personas que figuran en este último listado no cumplen con el requisito del tiempo de condena transcurrido para acceder al beneficio. Algunos tienen uno o dos años de cumplimiento efectivo de la condena”, dijo Bellatti.
La legisladora aclaró que el gobernador no tiene plazos para analizar cada caso que integra el listado enviado por la Corte Suprema. «Todavía no encontramos información del gobierno que indique si se van a conmutar las penas de estas personas, por eso estamos haciendo este pedido de informe”, señaló.
Por último sostuvo: “Creemos que en un momento donde la Justicia está en crisis, donde solo una parte ínfima de los delitos cometidos llegan a ser esclarecidos y sus responsables logran ser condenados, en una época donde la inseguridad, lejos de haber disminuido se ha incrementado, liberar o anticipar la liberación de delincuentes involucrados en delitos violentos parece contrario a toda lógica. Por el respeto que se merecen las víctimas y sus familiares, esperamos una pronto respuesta del gobernador”, finalizó.

Condenados

Algunos de los casos que alertan a la diputada Rosana Bellatti sobre los que deberá tomar una decisión el gobernador Omar Perotti son:

  • Juan Carlos Schmitt, quien recibió en 2017 la pena de 9 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual por conducir un Audi TT a 130 kilómetros y chocó y mató al cadete Damián Orgaz.
  • Gastón Abraham Dlugovitzky condenado en octubre de 2020 a 8 años de cárcel, también por homicidio simple con dolo eventual por conducir a alta velocidad en la ciudad de Rosario y ocasionar la muerte de Fabián Cragnolino.
  • Matías Ezequiel Cofano condenado en 2018 a 9 años de prisión como partícipe secundario en el crimen en ocasión de robo del arquitecto Sandro Procopio.
  • José Alberto Castillo, condenado en abril de 2021 a la pena de 5 años y 6 meses de prisión por ser uno de los ocupantes del Renault 9 que atentó a tiros contra la sede del Ministerio Público de la Acusación el 14 de agosto de 2018.
  • Martín Medrano condenado a siete años de prisión en un juicio abreviado por cuatro balaceras ocurridas entre mediados de 2015 y principios de 2017 en el que hubo personas heridas de arma de fuego.
  • Caren Micaela Caminos y Mariela Alejandra Urraco, condenadas entre junio y octubre de 2020 a la pena de cinco años de prisión efectiva por formar parte de la banda liderada por Alexis Caminos en la zona sur de Rosario.

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Operativo Verano: la Provincia fiscalizó más de 70.000 vehículos en el primer mes de la temporada estival

Durante 2.584 operativos se labraron 12.702 actas de infracción por distintas faltas a las normas de tránsito. Los controles buscan promover traslados más seguros y reducir la siniestralidad vial.

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En el marco del Operativo Verano, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y en coordinación con la Guardia Provincial de Seguridad Vial, realizó 2.584 operativos durante el primer mes de la temporada estival. El objetivo es intensificar la fiscalización en los principales corredores santafesinos para promover una circulación más segura.

Entre el 18 de diciembre y el 18 de enero se controlaron más de 72.000 vehículos de distinto porte y se labraron 12.702 actas de infracción por diversas faltas a las normas de tránsito.

Al respecto, el secretario de la APSV, Carlos Torres, sostuvo: “Nuestra prioridad es que todos los conductores circulen de manera segura. Por eso ponemos especial atención en quienes no respetan las normas. La forma de detectarlos es con presencia constante de nuestra Guardia Provincial en todas las rutas de la provincia. Durante todo el verano estaremos apostados en accesos provinciales, rutas y autopistas de mayor circulación, así como en puntos estratégicos, para prevenir conductas de riesgo y, en consecuencia, siniestros viales”.

En los mismos operativos se realizaron más de 60.000 test de alcoholemia. Como resultado, se registraron 279 alcoholemias positivas sancionables y se remitieron 336 vehículos a corralones municipales. Desde la APSV recuerdan que el consumo de alcohol es una de las principales causas de siniestralidad vial, por lo que los conductores que incurren en esta conducta son retirados de la circulación.

Controles preventivos

Los procedimientos incluyen la verificación de la documentación obligatoria, la cantidad de pasajeros y el uso de dispositivos de seguridad, como cinturón de seguridad, casco y sistemas de retención infantil (SRI). Además, se controla que los conductores no presenten alcoholemia positiva.

Desde la Agencia recomiendan planificar los viajes con antelación, revisar el estado general del vehículo y atender las condiciones climáticas antes de iniciar el recorrido durante los meses de enero y febrero.

Para circular es obligatorio contar con DNI, cédula de identificación del vehículo, licencia de conducir vigente, póliza de seguro en vigencia y revisión técnica vehicular obligatoria. Asimismo, se aconseja descansar al menos ocho horas antes de conducir, evitar viajar de noche y revisar presión de neumáticos, luces y nivel de aceite antes de salir.

En materia de seguridad vial, todos los ocupantes deben utilizar cinturón de seguridad y los menores, la silla reglamentaria correspondiente. El sobrepaso en doble línea amarilla está prohibido y es obligatorio circular con luces bajas encendidas incluso durante el día.

Para obtener información en tiempo real, se sugiere seguir las publicaciones sobre el estado del tránsito a través de las redes de la APSV: www.facebook.com/SeguridadVialSantaFe y de la cuenta de Twitter @RedSegVial. Ante cualquier inconveniente de tránsito se recuerda a los ciudadanos que pueden comunicarse las 24 hs con el 911.

Exceso de velocidad

En la provincia de Santa Fe, el control del exceso de velocidad se realiza mediante radares ubicados en rutas y puntos estratégicos, especialmente en zonas de alta circulación y en tramos con elevados índices de siniestralidad. Esta política de radarización tiene como objetivo disminuir la cantidad de siniestros viales y reducir el número de víctimas.

La fiscalización electrónica permite detectar y desalentar conductas temerarias asociadas al exceso de velocidad, uno de los principales factores en la ocurrencia de siniestros. Como parte de una política de transparencia, los usuarios pueden consultar el listado de radares habilitados en la provincia AQUÍ

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El Gobierno Provincial fortaleció la infraestructura en las 100 localidades más expuestas al riesgo hídrico: cuáles son y qué se hizo

Durante el último año, el Ministerio de Obras Públicas avanzó con obras y proyectos en las 100 localidades de mayor vulnerabilidad hídrica de la provincia, con el objetivo de reducir el riesgo ante precipitaciones abundantes y eventos extremos. “En época de sequías es fundamental avanzar con la ejecución de obras hídricas”, resaltó el ministro Lisandro Enrico.

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El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas, informó que durante el último año realizó obras hídricas clave para intervenir sobre la infraestructura de lo que considera las 100 localidades santafesinas con mayor vulnerabilidad hídrica (ver pdf adjunto).

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que “en las épocas de sequías es fundamental avanzar con la ejecución de obras hídricas. Fue una decisión firme del gobernador Maximiliano Pullaro priorizar la infraestructura que permita mitigar el riesgo hídrico en las localidades más vulnerables de la provincia”.

“El territorio santafesino es particularmente propenso a anegamientos e inundaciones. De las 365 localidades de la provincia, se identificaron 100 con mayor nivel de riesgo: actualmente, 65 cuentan con obras ejecutadas o en ejecución y 34 tienen proyectos en evaluación”, precisó Enrico.

Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que, durante todo 2025, la Secretaría de Recursos Hídricos trabajó en la ejecución de defensas perimetrales, desagües pluviales y la limpieza de canales para mejorar el escurrimiento de excedentes hídricos. De la misma manera, avanzó en la evaluación de nuevos proyectos y la elaboración de planes directores para aquellas localidades que no contaban con este tipo de herramientas de planificación. 

Paralelamente, se planificaron obras de emergencia para 8 localidades que sufrieron inundaciones durante este año, como fueron Maria Teresa, Vera y La Chispa, que recibieron Aportes del Tesoro Nacional para múltiples intervenciones que actualmente se encuentran en ejecución.

Impacto

Sobre el proceso de priorización de estas 100 localidades, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, contó que “durante 2024 realizamos las Jornadas de Gobernanza Hídrica en las siete regiones de la provincia, junto a comités de cuenca, productores y representantes de municipios y comunas. Ese trabajo permitió identificar las localidades con mayor riesgo hídrico y definir criterios de intervención”.

“En 2025, y en articulación con la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, volvimos a trabajar con cada localidad en la elaboración de planes de contingencia, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales para prevenir, responder y actuar ante eventos hidrometeorológicos extremos”.

Finalmente, Mijich remarcó la importancia de avanzar de manera integral porque “es fundamental aplicar los lineamientos de la Ley Provincial de Aguas Nº 13.740, fortalecer las políticas hídricas, el ordenamiento territorial, los sistemas de alerta temprana y los planes de contingencia que acompañen a las comunidades en la prevención y gestión del riesgo”.

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La Defensoría del Pueblo de Santa Fe inició más de 44.500 expedientes en toda la provincia durante 2025

Asesoramiento jurídico, defensa al consumidor, estafas, salud y servicios públicos fueron las principales problemáticas abordadas por la institución.

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Durante el año 2025, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe inició 44.859 expedientes en todo el territorio provincial. Cabe señalar que estos números no representan la totalidad de las acciones realizadas, ya que cada expediente suele implicar múltiples gestiones, intervenciones y articulaciones, de acuerdo con la complejidad de cada caso.

Del total de expedientes iniciados, 36.483 correspondieron a Atención a la Ciudadanía, representando aproximadamente el 85% del total y se recepcionaron en las sedes de Rosario y Santa Fe, en las oficinas descentralizadas y a través de las acciones en territorio. Además, se registraron 2.607 actuaciones del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito, 1.055 del Centro de Mediación y Resolución de Conflictos, 1537 la Defensoría de niñas, niños y adolescentes, 2.035 del Órgano de Revisión de Salud Mental, 385 vinculadas a temas nacionales abordados junto a la Defensoría del Pueblo de la Nación y 757 expedientes de gestión interna, relacionados con tareas administrativas, cierre y archivo de expedientes y protocolización de convenios.

Asesoramiento jurídico y defensa al consumidor: las áreas con más consultas

En la categoría Atención a la Ciudadanía, Asesoramiento Jurídico fue la temática con mayor cantidad de expedientes, con un total provincial de 10.853 casos, lo que representa cerca del 30 % de la atención ciudadana. 

Las consultas estuvieron mayormente vinculadas a alquileres, consorcios y administración de propiedades, conflictos familiares —como separaciones, divorcios y deber alimentario— y temas comerciales, especialmente relacionados con refinanciación de deudas y situaciones de hostigamiento por parte de cobradores. En menor medida, se atendieron casos de escrituración de inmuebles, propiedad horizontal, problemas entre vecinos y cuestiones laborales.

La Defensa del Consumidor concentró 8.398 expedientes a nivel provincial, equivalentes a aproximadamente el 23 por ciento de la atención ciudadana. Una porción significativa de estos reclamos estuvo vinculada a estafas, una problemática que muestra un crecimiento sostenido tanto en cantidad como en complejidad. También se destacaron conflictos relacionados con cuentas bancarias, principalmente por descuentos no pactados; tarjetas de crédito, por débitos, comisiones y consumos no autorizados; incumplimientos contractuales, productos no entregados, planes de ahorro y préstamos.

Salud, discapacidad y ambiente

El área de Salud, Discapacidad y Ambiente registró 4.534 expedientes en toda la provincia. En materia de salud, los casos estuvieron mayormente relacionados con demoras o negativas en la cobertura de tratamientos, medicamentos, estudios médicos y prestaciones, tanto por parte de obras sociales y prepagas como del sistema público.

En el área de Discapacidad, se atendieron principalmente situaciones vinculadas a dificultades en el acceso a pensiones, certificados, transporte, apoyos y prestaciones previstas por la normativa vigente.

Servicios públicos, seguridad vial, vivienda y educación

El tópico Servicios Públicos concentró 3.049 expedientes, asociados a cortes, deficiencias en la prestación, facturación y atención al usuario en servicios de energía eléctrica, agua, gas y transporte, así como consultas sobre el acceso y alcance de los subsidios. 

En materia de Seguridad Vial, la Defensoría del Pueblo intervino en 2.421 casos principalmente vinculados a infracciones e impugaciones o quejas sobre procedimientos y sanciones.

En Vivienda, en tanto, se iniciaron 388 expedientes a nivel provincial relacionados con acceso a soluciones habitacionales y problemáticas vinculadas a programas públicos.
Durante 2025 se iniciaron 136 expedientes en el área Educación vinculados a situaciones que afectan derechos de estudiantes y familias frente a instituciones educativas.

Asistencia a Víctimas y Centro de Mediación

El Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito, que funciona dentro de la Defensoría del Pueblo, atendió el año pasado 2.607 casos, con una fuerte concentración en el ámbito familiar (67 %), seguido por el ámbito comunitario (18 %) y el institucional (15 %).

Este Centro tiene como función brindar orientación, contención y acompañamiento integral a personas víctimas o testigos de hechos delictivos, desde una perspectiva de derechos humanos. Su abordaje es interdisciplinario, a través de equipos conformados por profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social, y apunta a facilitar el acceso a la información, fortalecer a las personas en el tránsito por instancias administrativas y judiciales y articular con otros organismos del Estado cuando la situación lo requiere.

Por su parte, el Centro de Mediación y Resolución de Conflictos tramitó 1.055 expedientes durante el año consolidándose como una herramienta clave para la resolución pacífica de conflictos. Este órgano procura promover el diálogo y la construcción de acuerdos entre las partes, como alternativa a la judicialización de los conflictos. Su intervención se basa en procesos voluntarios, confidenciales y gratuitos, a cargo de mediadores y mediadoras capacitados, y está orientada principalmente a conflictos comunitarios, vecinales, familiares y entre particulares.

Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes

En el año 2025 la Defensoría de niñas, niños y adolescentes de Santa Fe abordó 1.537 casos nuevos que involucraron a niñas, niños y adolescentes. Las actuaciones fueron principalmente de asesoramiento, recepción de quejas, monitoreo e investigación, de oficio y de promoción de derechos. 

Entre los principales temas abordados se destacan las vulneraciones a derechos esenciales: el derecho a la salud, el derecho a la convivencia familiar y comunitaria, el derecho a la asociación, reunión y tránsito, el derecho a la identidad y a la integridad física. 

Cada caso abordado indica y señala graves vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes, lo que supone un trabajo de intensidad, articulación, terceridad e incidencia que el organismo despliega a través del trabajo interdisciplinario y desde su rol de control y promoción de derechos dentro del Sistema de Protección.

Órgano de Revisión de Salud Mental

Finalmente, el Órgano de Revisión de Salud Mental intervino en 2.035 expedientes, de los cuales 1.470 correspondieron a personas adultas y 504 a niños, niñas y adolescentes (61 no tienen información etaria), en el marco de la protección de derechos en el ámbito de la salud mental.

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