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Clara García reclamó que se agilicen de manera urgente «las medidas de emergencia para el campo de Santa Fe»

“La asistencia a los productores debe hacerse efectiva en cuestión de horas. Ya lo hicieron otros gobiernos ante situaciones de este tipo o ante inundaciones. No se puede frenar la ayuda a causa de una burocracia estatal ineficiente”, afirmó.

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Clara García reclamó al gobierno provincial “la implementación urgente de medidas” para asistir a los productores agropecuarios y hortícolas ante la sequía que afecta a vastas zonas del territorio de Santa Fe. La diputada provincial fue más allá de la coyuntura y también marcó la necesidad de definir posibles líneas de acción a seguir una vez superada la crisis.  

En primer lugar, García consideró que el Estado santafesino “ya debería haber actuado porque hace tres años que se viene hablando del fenómeno de La Niña y los efectos que se han visto en estas últimas semanas se preveían desde hace varios meses. Hoy -señaló- disponemos de información satelital y mapas elaborados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) que muestran las consecuencias de los eventos climáticos en detalle y el gobierno provincial posee la capacidad de dimensionar las consecuencias económicas de una sequía como esta”. 

La legisladora recordó que “la campaña del trigo ya tuvo mucho menos hectáreas y se anticipaban rindes muy magros”. Y luego añadió: “Eso fue en el invierno y todos los actores e instituciones de la cadena agropecuaria advirtieron sobre lo que se venía en estos meses. Ahora, están azorados no solo porque, una vez más, el gobierno de Omar Perotti fue muy poco previsor sino por la falta de reacción”.

García aseguró que el gobierno provincial “dispone de un amplio abanico de herramientas para brindar asistencia en la catástrofe y frenar sus consecuencias”, y recordó que “ya lo hicieron otros gobiernos ante situaciones de este tipo, como en las inundaciones de 2016, por ejemplo, cuando el gobierno de Miguel Lifschitz no dudó en poner toda su capacidad de trabajo en contener y atender el tejido productivo, sin especular ni esperar un sólo día».

En ese marco, reclamó al gobernador que “instrumente de manera urgente la ayuda a productores agropecuarios y hortícolas de la provincia, sobre todo a los que están en situación más crítica, los que no tienen la espalda para soportar el costo de los granos, el personal, los insumos, los tributos nacionales y provinciales. La mayoría de estos establecimientos corre serios riesgos”, aseguró. 

“El trámite de emergencia agropecuaria que actualmente está vigente –sostuvo la legisladora- tiene que ser a distancia y a simple declaración jurada de los productores. Estamos hablando de un trámite completamente desburocratizado que, con ayuda del presidente comunal o el intendente municipal según cada caso, debe hacerse efectivo en no más de 48 horas. No se puede frenar la ayuda a causa de una burocracia estatal ineficiente”, afirmó.

AYUDA NACIONAL A CUENTAGOTAS

En relación a la asistencia del gobierno nacional anunciada días atrás, García opinó que «llega a cuentagotas» y consideró que «1.300 millones de pesos aportados para asistir a los productores es un monto exiguo comparado con lo que aporta la provincia vía retenciones y con las pérdidas de la sequía, que se estiman en 15.000 millones de dólares. Si distribuimos esos 1.300 millones entre las 26.000 explotaciones agropecuarias de la provincia, representarían sólo $50.000 para cada una”, graficó. 

“Se trata de asistir al sector más dinámico de nuestra economía –enfatizó-, el que más divisas aporta, el que genera movimiento en una muy vasta región y para una gran cantidad de actividades que se nutren del campo. Eso es hablar de empleo e inversión que no vamos a ver”, subrayó.

En esa línea, García advirtió que “hoy la sequía afecta al campo pero en poco tiempo más nos va a afectar a todos”, ya que representa una catástrofe productiva que puede impactar en toda la cadena de pago y argumentó: “Es el primer eslabón; después vienen la agroindustria, la logística, el comercio, los servicios, las inversiones que tienen como origen al conjunto de actividades de la cadena agropecuaria, que sostienen una parte central de nuestra economía”

A eso sumó el impacto que la coyuntura tendrá en los precios: “Vamos a sufrir nuevos aumentos porque se están viendo afectados tanto los cultivos como los animales; los tambos también están menguados y eso afecta la producción de leche. Es decir, habrá menos oferta en todos estos rubros que son básicos y por lo tanto impactará en los precios a los consumidores”.

MEDIDAS POST CRISIS

Argentina soporta por tercer año consecutivo el fenómeno climático La Niña, que genera lluvias por debajo de lo normal. En el escenario nacional, Santa Fe es la provincia más afectada por la sequía. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, no se sembraron 360.000 hectáreas en el territorio santafesino, mientras que en Buenos Aires fueron 300.000; en Entre Ríos, 220.000; y en Córdoba, 205.000.

El panorama es particularmente desolador en el norte provincial, donde se han secado lagunas por completo y han muerto unos 3.000 animales. 

Pasadas las dificultades actuales, la legisladora llamó a “trabajar en cuestiones de fondo, como el ordenamiento territorial, los cultivos más apropiados para cada zona, rescatar el observatorio del suelo para estudiar el impacto de las sequías y el exceso de agua y poder preservar nuestro suelo y los reservorios de agua, la articulación con los comités de cuenca, que aportan información desde la realidad territorial y la pertinencia profesional que tienen. Toda estas acciones son claves para gestionar con anticipación una política de Estado en materia productiva y ambiental”, finalizó.

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El Gobierno detectó abusos en usuarios de Tarifa Social: consumos de hasta 7000 kw y facturas por $ 17 millones

La Provincia profundiza la fiscalización de la Tarifa Social de la EPE, tras detectar consumos desproporcionados que derivaron en subsidios millonarios afrontados por el Estado provincial. Se dieron de baja a 1.506 usuarios.

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El Gobierno de Santa Fe detectó abusos y consumos desmedidos en usuarios inscriptos en el registro de Tarifa Social. En total, dieron de baja a 1.506 usuarios que tuvieron consumos por encima de los 2.000 kw, cuando el consumo promedio de un hogar en la provincia ronda los 700 u 800 kw. Los casos más graves que informó la Provincia son 21 usuarios que consumieron hasta 7.000 kw, generaron facturas de más de 17 millones de pesos, y abonaron menos de 3 millones, teniendo que cubrir el Estado los 14 millones restantes. “Es inadmisible que se continúe este esquema. El beneficio está pensado para acompañar a las familias que más lo necesitan. No vamos a permitir que unos pocos vivos perjudiquen a la Empresa Provincial de la Energía y a quienes realmente lo necesitan”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Los controles recientes sobre la Tarifa Social revelaron consumos muy por encima del promedio: se detectaron 258 usuarios que superaron los 3.000 kilovatios y cuatro casos en Rosario que excedieron los 6.000. En los 82 casos de mayor consumo, el Estado provincial debió cubrir más de 52 millones de pesos en subsidios, mientras que los usuarios abonaron apenas seis millones. 
La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro dispuso un esquema de control más estricto sobre la firma pública, con auditorías permanentes y medidas de modernización que alcanzan tanto el seguimiento de consumos como la organización interna de la empresa. El objetivo es ordenar la administración, garantizar transparencia en el uso de los recursos y en este caso, asegurar que la Tarifa Social se aplique de manera justa, evitando abusos y desvíos.
“Estos números muestran que algunos sectores están desvirtuando el espíritu del beneficio. Vamos a redoblar los controles y aplicar todas las medidas necesarias para que la Tarifa Social vuelva a ser lo que debe: un apoyo para los hogares vulnerables, no un subsidio encubierto para consumos excesivos”, señaló la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez.

Rosario

La ciudad de Rosario concentró 78 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, que demandaron un subsidio estatal de 21.315.668 pesos. Allí se destaca el caso de un usuario del barrio Belgrano que consumió 7.020 kilovatios y cuya factura fue cubierta en 521.442 pesos por el Estado.
En septiembre se identificaron 21 contribuyentes que, con consumos entre 2.500 y 7.000 kilovatios, generaron facturas por 17.114.592 pesos. Los usuarios abonaron apenas 2.889.765, mientras que el Estado provincial debió cubrir 14.224.827.

Funes

El caso de Funes expone con claridad el desvío del beneficio. Un usuario con Tarifa Social consumió 3.897 kilovatios y generó una factura de 880.367 pesos. De ese total, solo pagó 19.673, mientras que el Estado cubrió 860.693. En el mismo complejo, dos familiares que también accedían al beneficio consumieron en conjunto 10.011 kilovatios, con facturas por 2.272.143 pesos. Los usuarios abonaron apenas 77.183 y el Ejecutivo provincial debió cubrir 2.194.959.

Santa Fe y Rincón

En la capital provincial y en Rincón se registraron 50 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, que implicaron un subsidio estatal de 23.135.594 pesos. Entre ellos, una vivienda en barrio Residencial, sobre calle 1 de Mayo, consumió 2.840 kilovatios y generó una factura de 654.195 pesos, de la cual el Estado cubrió 198.094. Otro caso en barrio Centenario mostró un consumo de 3.482 kilovatios, con una factura de 779.439 pesos, de la cual el usuario pagó apenas 19.713 y el resto quedó a cargo del Estado.

Próximos pasos

Rodríguez recordó que en los últimos días se avanzó con la compra de 75 mil telemedidores para avanzar en el monitoreo en tiempo real de los consumos de los usuarios y así poder ser más precisos a la hora de destinar los recursos. “Acá se ve que el robo de energía es una cuestión transversal y no de un sector particular. Tenemos que ser conscientes de que el robo de unos pocos afecta al consumo de todos”. El propósito es que la Tarifa Social se mantenga como un instrumento de equidad, garantizando un consumo responsable y evitando que los recursos provinciales se desvíen hacia prácticas que no reflejen la necesidad real de los hogares vulnerables.

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La Defensoría del Pueblo comienza a atender con horario de verano

Desde el lunes 15 de diciembre y hasta el 30 de enero la institución atenderá al público de 8 a 14 horas.

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La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe informa que a partir del lunes 15 de diciembre comenzará a atender en su horario de verano. Será de 8 a 14 horas, hasta el 30 de enero de 2025.

Este horario también comprende a la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, el Centro de Asistencia a la Víctima y el Centro de Mediación que funcionan dentro de la Defensoría del Pueblo.

La información de contacto de las sedes y oficinas de la Defensoría del Pueblo puede consultarse en www.defensoriasantafe.gob.ar y en las redes sociales de la institución (@defensoriaSF).

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Seguridad: 817 nuevos agentes se suman a la Policía para toda la Provincia

Son 420 mujeres y 397 varones que completaron 28 materias académicas y operativas. Durante el acto de egreso, realizado en el estadio cubierto Ángel Malvicino, las autoridades destacaron el objetivo de consolidar una fuerza policial cada vez más profesionalizada y con mayor presencia territorial.

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El Gobierno de Santa Fe encabezó este viernes el acto de egreso de 817 auxiliares en seguridad correspondientes a la promoción 2024-2025 de la Escuela de Policía del Instituto de Seguridad Pública (Isep). La ceremonia se desarrolló en el estadio cubierto “Ángel Malvicino” del Club Atlético Unión, en la ciudad de Santa Fe, y marcó el cierre de una etapa clave en la formación de nuevos integrantes de la Policía provincial, que comenzarán a incorporarse al patrullaje en distintos puntos del territorio.

Los egresados forman parte de los 1.100 cadetes que ingresaron al Isep en dos instancias -febrero y mayo de 2024- y realizaron su cursado en las sedes de Recreo y Rosario. La cohorte está integrada por 420 mujeres y 397 varones, quienes completaron un plan de estudios compuesto por 28 materias académicas y operativas, orientadas a una formación integral para el desempeño en tareas de seguridad pública.

Desde este año, la carrera se dicta bajo un régimen de internado. Tras tres años de servicio como suboficiales de Policía, los agentes podrán acceder al tercer año de formación y obtener el título de Técnicos Superiores en Seguridad Pública y Ciudadana, en el marco de un esquema de capacitación continua.

Durante el acto, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, subrayó que los nuevos egresados “son el resultado del esfuerzo y del compromiso que el Gobierno provincial sostiene para que cada vez más mujeres y hombres se pongan al servicio de la ciudadanía y cuiden a los santafesinos”. En ese sentido, remarcó que el objetivo central es “contar con una fuerza de seguridad más profesionalizada y preparada, acorde a las demandas de una sociedad cada vez más compleja, diversa y exigente”.

En la misma línea, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, expresó su “orgullo y satisfacción” por el ingreso de nuevos efectivos a la Policía de Santa Fe. Destacó que se trata de jóvenes que inician su carrera “con nuevas herramientas, objetivos y lineamientos”, y afirmó que este proceso “consolida un modelo de seguridad que tiene como base la capacitación, la formación y la educación”.

La actividad contó además con la presencia de la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; la diputada nacional Gisela Scaglia; el fiscal regional Jorge Nessier; el secretario de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo; el jefe de Policía de la provincia, Luis Maldonado; el subjefe Daniel Filcher; el director general del Isep, Mario Goyenechea; además de intendentes y presidentes comunales.

El valor de la vocación

Al dirigirse a los egresados, Scaglia afirmó que eligieron “una vocación que habla de servicio, honor y cuidado del otro”, y recordó que, en momentos críticos, la Policía de Santa Fe “arriesgó todo para devolver la paz y la seguridad a la provincia”, un compromiso que señaló como ejemplo para los nuevos agentes.

Por su parte, el jefe de Policía, Luis Maldonado, instó a los flamantes auxiliares a guiar su labor por tres principios fundamentales: la legalidad, el profesionalismo y el trabajo en equipo. Asimismo, los exhortó a mantener siempre un trato respetuoso con la sociedad.

El director del Isep, Mario Goyenechea, sostuvo que con este egreso “comienza la misión más trascendente en la vida de los cadetes: servir y proteger a la comunidad santafesina”, y destacó la conducción y la visión estratégica del Gobierno provincial para fortalecer y modernizar de manera sostenida la formación policial.

En representación de los egresados, Julio Vivas señaló que el uniforme “no solo representa una insignia, sino meses de sacrificio, crecimiento y hermandad”, y aseguró que la escuela “no solo enseñó tácticas y leyes, sino que forjó el carácter”, preparando a los nuevos agentes para ejercer la autoridad “con amabilidad, respeto y ejemplo hacia los ciudadanos”.

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