El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, ya envió 39 notificaciones por personas identificadas como autores de las amenazas realizadas en establecimientos educativos del centro-norte santafesino, para cubrir los costos originados por los operativos policiales de aproximadamente 200 millones de pesos.

Al respecto, la subsecretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki, detalló que “por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni, llevamos adelante una serie de intimaciones a los fines de perseguir el cobro y recupero de los costos de cada uno de  los operativos llevados a cabo ante las amenazas y conductas de riesgo en establecimientos escolares”.

El informe elevado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el día de hoy, identificó a 73 personas como responsables de amenazas. De ese número, el Ministerio de Justicia y Seguridad, ya envió 39 notificaciones a “personas identificadas en el marco de 32 casos en el centro-norte. Aún no tenemos información de la Fiscalía Regional 2, que nos va a ir llegando desde el MPA a lo largo de los días”, indicó Diakaki.

A continuación, explicó que el procedimiento consiste en identificar “a los padres responsables, indistintamente de la edad de quienes cometieron estos actos. El ministerio va a hacer un trabajo independiente del MPA, porque es una acción patrimonial, que arranca como una acción administrativa relativa al cobro de los gastos ocasionados por los operativos”; y sobre estos costos precisó que “van variando en cada caso concreto. Parten de una base estimativa de entre 5 y 6 millones de pesos, pero por la extensión geográfica o la cantidad de recursos pueden llegar a más de 11 millones de pesos”.

En este sentido, la funcionaria resaltó que “el Gobierno Provincial está haciendo todo lo posible por recuperar cada uno de los centavos que se han invertido en seguridad” ante las amenazas a escuelas: “Como Estado no sólo debemos garantizar la seguridad, sino proteger los recursos públicos de los santafesinos y santafesinas”.

Trabajo conjunto
Por último, Diakaki señaló que el trabajo con el MPA fue “muy articulado, de manera conjunta desde el primer día, con la idea de esclarecer los hechos, que es la labor del MPA, y también recuperar el dinero de los santafesinos”.

Las identificaciones son el resultado de las investigaciones conjuntas que se llevaron a cabo con el MPA, el alcance de las medidas adoptadas, el encuadre legal de los hechos y el trabajo integral entre los organismos provinciales.

En el marco de las amenazas a escuelas, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, avanza en el proceso de recuperación de costos operativos conforme al protocolo vigente, el cual prevé el reclamo contra los adultos responsables. Según información difundida por el Ministerio Público de la Acusación, ya hay 73 personas identificadas como responsables de amenazas, de las cuales el 95 % son menores.

En ese sentido, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, explicó que “el gobernador Pullaro tomó la decisión, a través de una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad, de efectivizar el cobro de los operativos antes las amenazas que se están realizando en las escuelas. No es broma, es un delito. Por eso se cobran los recursos dispuestos ante cada uno de los operativos de diferente magnitud, con base en 5 o 6 millones de pesos”.

“Esto se sigue investigando y monitoreando. Al momento las personas identificadas son menores, consecuentemente los padres tendrán que responder. Vamos a sostener todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje”, finalizó Coudannes.

Números

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que se están individualizando e identificando a los autores de las amenazas en establecimientos educativos. Al 21 de abril se realizaron aproximadamente 404 denuncias en toda la Provincia, correspondiendo 75 a la Fiscalía Regional Nº 1; 238 Fiscalía Regional Nº 2; 33 Fiscalía Regional Nº 3; 23 Fiscalía Regional Nº 4; y 35 Regional Nº 5.

Hasta entonces, en toda la Provincia se han realizado 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, donde se secuestraron 51 efectos entre celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22. Asimismo, se han identificado al menos 73 personas responsables, de las cuales 15 corresponden a la Fiscalía Regional Nº 1; 23 Fiscalía Regional Nº 2; 17 Fiscalía Regional Nº 3; 4 Fiscalía Regional Nº 4; y 14 Fiscalía Regional Nº 5. De todas las personas identificadas, aproximadamente el 95 % son personas menores de edad.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este viernes del remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26, realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Durante el acto, el mandatario destacó “la importancia institucional de la actividad, porque refleja el esfuerzo de miles de productores agropecuarios que creen en la fuerza del trabajo y del campo”, y remarcó que ambos factores “definen la identidad productiva de la provincia”.

Pullaro sostuvo que “el Estado tiene que apostar al desarrollo de infraestructura para producir más” y señaló que, tras 28 meses de gestión, la Provincia puede exhibir avances concretos. “Hoy podemos mostrar que las principales obras comprometidas están en ejecución: los accesos a los puertos, el tercer carril de la autopista, el Camino de la Cremería y las rutas transversales que conectan con los nodos portuarios”, detalló.

En esa línea, enfatizó que estas inversiones buscan mejorar la logística del transporte de cargas: “Nuestros transportistas no pueden seguir atravesando las dificultades que enfrentan cada vez que intentan llegar a los puertos”.

“Nos hacemos cargo”
El gobernador subrayó que esas obras “no corresponden a la Provincia, sino al Estado nacional”, al que le atribuyó la responsabilidad por el mantenimiento de las rutas nacionales. “Es la Nación la que percibe las retenciones agropecuarias, recursos que deberían destinarse a infraestructura”, indicó.

No obstante, afirmó que la provincia decidió intervenir: “No solo reclamamos, también nos hacemos cargo. Aunque no recibamos esos fondos, invertimos porque son nuestros productores, industriales y camioneros quienes transitan esas rutas”.

Pullaro también cuestionó el estado de la red vial nacional: “Ya no se trata de pozos, sino de verdaderos cráteres”, graficó.

Sobre la eventual transferencia de rutas a la órbita provincial, el mandatario sostuvo que responde a una falta de acción del Gobierno nacional: “Si asumimos esa responsabilidad es porque los santafesinos lo necesitan y porque el Estado nacional no lo hace aunque el equilibrio fiscal se sostiene, en gran medida, con recursos de las provincias”.

En ese contexto, planteó la necesidad de un enfoque más amplio de la política económica: “No alcanza con recortar o pensar únicamente en timba financiera; es imprescindible fortalecer el sistema productivo”.

Mayor financiamiento y reducción impositiva
El gobernador también destacó las políticas de financiamiento impulsadas por la Provincia. “Tenemos acuerdos con ocho entidades financieras para ofrecer tasas subsidiadas y un fondo de garantía que permite sostener a nuestras empresas en un contexto de recesión”, explicó.

Asimismo, volvió a pedir la eliminación de las retenciones por parte de Nación, y defendió la política tributaria provincial: “Santa Fe tiene hoy la menor carga impositiva de los últimos veinte años. El campo no paga Ingresos Brutos y la industria tributa el 0,7%”, precisó.

En cuanto a incentivos, señaló que las empresas pueden deducir parte de los salarios de nuevos empleados -hasta 1,7 millones de pesos- y también un porcentaje del consumo eléctrico. “Más de 1.500 firmas ya adhirieron a estos beneficios y unas 4.000 utilizaron la deducción por energía”, puntualizó.

Pullaro advirtió que estas medidas implicarán una menor recaudación para la Provincia: “Cuando todos accedan a estos beneficios, el Estado dejará de percibir unos 82.000 millones de pesos este año. Aun así, creemos que es el camino: más financiamiento, más infraestructura y menos impuestos”.

Tasa de violencia más baja del siglo
Por último, el mandatario agradeció el respaldo institucional de la Bolsa de Comercio de Rosario durante los momentos más críticos en materia de seguridad. “Al inicio de la gestión enfrentamos una situación compleja. Tomamos decisiones firmes en las cárceles y en las calles, y demostramos que cuando el Estado actúa con determinación, puede revertir escenarios adversos”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que actualmente la provincia registra “la tasa de violencia y de delitos más baja del siglo”.

Del acto participaron también la diputada nacional Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; y las autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato y Miguel Simioni, entre otros.