La Policía de Investigaciones (PDI), fuerza dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó este jueves 39 allanamientos en la ciudad de Rosario y en localidades de la región, en el marco de una causa por asociación ilícita y lavado de activos. Además se llevaron a cabo otros cuatro procedimientos en Córdoba capital. Las medidas fueron ordenadas por los fiscales Marisol Fabbro y Miguel Moreno, del MPA de Rosario.

Los agentes de la PDI, en conjunto con grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe, detuvieron a siete personas: cinco investigados en la causa y los dos restantes por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Asimismo procedieron al secuestro de 6.077.000 pesos; 139.200 dólares; 40 equipos de telefonía celular; dos autos, un utilitario y dos motos; cuatro armas de fuego, una pistola de réplica, un rifle de aire comprimido y municiones de distintos calibres.

“Dentro del plan de seguridad diseñado por el gobernador Maximiliano Pullaro, ejecutado a través del ministerio que conduce Pablo Cococcioni, no solamente se trabaja en la prevención y en el incremento de la presencia policial en calle, sino también en las investigaciones por delitos complejos por intermedio de la PDI y del Ministerio Público de la Acusación. En este caso se trata de una causa por lavado de activos y asociación ilícita liderada por Esteban Lindor Alvarado”, apuntó Marcelo Albornoz, subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.

“Se trata de una investigación que venimos realizando desde hace varios meses, en un trabajo silencioso y coordinado entre las direcciones de Inteligencia y Operativa de la Policía de Investigaciones con la fiscal Fabbro. También trabajamos en conjunto con la Policía de Córdoba en cuatro allanamientos, en los cuales secuestramos material de suma importancia para esta causa”, indicó Natalio Marciani, director provincial de la PDI.

Los procedimientos se realizaron en domicilios de Biedma al 2700 y 3600, Moreno al 3500, Juan B. Justo al 7700, Fournier al 1100, Forest al 5800, Guatemala al 2200, Camino Viejo a Soldini al 3900, Barra al 2300, Liniers al 1800, Juan de Garay al 6200, Perú al 2300, Lamadrid al 2200, Reconquista al 2100, Mendoza al 7200, White al 7300, Brasil al 1500, Jacobacci y Ramos, Bv. Seguí al 2900, Virasoro al 3600, Av. Carballo al 200, Moreno al 3500, Ituzaingó al 6800, 27 de Febrero al 100bis, Bolivia y Viamonte, Gálvez al 6100, 6300 y 6700, Pasaje Colibrí al 100bis, y Bolivia al 2300, todos de Rosario.

También se llevaron a cabo allanamientos en Santa Cruz al 500 de Capitán Bermúdez, Dante Alighieri al 2500 y Namuncurá al 500 de Granadero Baigorria, Chavarini al 700 de Pérez, Santa Clara al 100 de Roldán, y Suiza al 500 de San Lorenzo. La audiencia imputativa será llevada adelante en principio la próxima semana en el Centro de Justicia Penal de Rosario, con fecha y horario a confirmar.

“En primera instancia, lo que se puede decir sobre la metodología de esta banda de Alvarado es que recibían autos provenientes de ilícitos y a través de documentación apócrifa lo metían en el mercado legal. Hay galpones y cocheras allanadas. Como quien dice en la jerga policial, se “enfriaban” hasta que nadie supiera de los vehículos. Una vez realizada la documentación correspondiente, se introducían en el mercado”, explicó Marciani.

“Desde el primer día de gestión entendimos que el objetivo compartido por todos de recuperar la paz en nuestras calles tenía como requisito indispensable recuperar el control dentro de las cárceles y aumentar en cantidad y capacidad la operatividad policial”. En esa frase el gobernador Maximiliano Pullaro sintetizó su visión y las acciones vinculadas a la principal demanda en la provincia: la seguridad. 

Apuntó que las medidas se ejecutaron “en el marco de una planificación basada en evidencias más que en la intuición o las costumbres”. En ese marco, en lo penitenciario, enumeró que se “intensificó la cantidad de requisas, hicimos más eficientes los controles en los ingresos y a las visitas y limitamos -cada vez con mayor intensidad- la capacidad de estos delincuentes de ordenar el delito desde las cárceles”. Sobre la reacción por parte de los narcos y sicarios tras el endurecimiento de los controles, advirtió que “están dando la pelea por recuperar ventajas y privilegios que el Estado en su conjunto no puede ni quiere concederles. Por eso apelan al terror para que una sociedad atemorizada se rinda e inste a los gobernantes a dar marcha atrás”. “Que les quede bien claro a todos: no hay pacto posible con los delincuentes. Santa Fe no va a dar ni un paso atrás”, enfatizó. En ese tramo del discurso, hizo un espacio para volver a enviar condolencias a los familiares de las víctimas del narcoterrorismo y se comprometió a que “este gobierno no los dejará solos”. Y agradeció el respaldo político recibido por todo el arco político e institucional de la provincia y el país por las amenazas recibidas.

Inversión carcelaria

Para Pullaro, era imperioso “mejorar el sistema penitenciario” y para eso, entre otras medidas, “había que retomar el ritmo de construcción de obra pública penitenciaria”. “Ya se licitó la obra para sumar 160 celdas con capacidad para 320 reclusos en la Unidad 5 de Rosario y en el departamento La Capital sumaremos espacio para 880 personas. En la Unidad de Piñero, construiremos celdas para 2.432 presos, entre ellos los 1.152 de alto perfil que ya se encuentran alojados allí”, anticipó. “Tenemos proyectado sumar 2.459 celdas, para 3.632 reclusos, con una inversión de 227 millones de dólares”, enumeró, y agregó que a eso se sumará “tecnología con sistemas de scanner, detectores y videovigilancia y de personal”. Además recordó que está en marcha la incorporación de 373
agentes.

Más presencia en las calles

Para Pullaro, el control carcelario es clave para tener el control de la calle. “En 4 meses multiplicamos la operatividad de nuestra fuerza de seguridad” y puntualizó que “en Rosario pasamos de 20 móviles a un promedio de 140 y en la ciudad de Santa Fe de 9 a 70”. Además, en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad, “ya adquirimos 100 móviles” y este jueves “se abren los sobres de ofertas para la compra de 700 patrulleros, y está en marcha la adquisición de 500 motos, armamento y chalecos”.

Hizo mención a la modernización del sistema policial: “Vamos a darle a las estaciones policiales ya existentes en Rosario la verdadera función para la que fueron construidas, y sumaremos 4 más en esa ciudad y 3 en la ciudad capital”. Adelantó que “vamos a agregar más tecnología con una red de 5.000 nuevas cámaras de seguridad en Rosario, la adhesión de cámaras privadas al sistema de videovigilancia y un nuevo edificio para el funcionamiento del 911”.

Hizo mención también a la batería de leyes contra el delito impulsada por el Ejecutivo y que la Legislatura aprobó, como la adhesión a la Ley de Microtráfico, que permite a la Justicia provincial perseguir el narcomenudeo, que habilita el derribo de búnkers. “Que quede bien claro: en Santa Fe no hay impunidad para nadie. Y aquí no sólo se persigue a los delincuentes sino que también se le sacan sus bienes. El jueves realizamos la primera subasta de vehículos decomisados a organizaciones criminales”, recordó.

Políticas integrales

Pullaro señaló que no alcanza con políticas penitenciarias o de policiamiento, sino que hay que “abordar, a través del programa de Intervenciones Barriales Focalizadas, las zonas con mayor índice de violencia con una mirada integral que involucra a MPA, gobiernos locales y Policía, pero también a políticas de desarrollo humano, mejoramiento barrial, atención de salud y acceso a la educación”. En esa línea, valoró la vuelta del Plan Abre y la puesta en marcha del Plan Nueva Oportunidad que apunta a 15.000 jóvenes “que se encuentren en contextos violentos y condiciones materiales de vida precarias”.

Como cada 1° de Mayo en la provincia de Santa Fe, hoy se llevó adelante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. 

En lo que fue el primer discurso como gobernador, Maximiliano Pullaro sostuvo que “nuestra tarea es gobernar para que los santafesinos puedan vivir el presente con más tranquilidad y mirar el futuro con esperanza”, marcó el gobernador Maximiliano Pullaro en su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura, donde se refirió a las acciones encaradas para reducir el déficit con que recibió la Provincia, marcó las principales preocupaciones, y detalló especialmente los ejes en materia de seguridad, educación, en materia social y producción.

Resaltó la importancia de “gobernar con la verdad” para que “tomemos real dimensión del desafío: tenemos una realidad, números y condicionantes que los santafesinos no pueden ignorar”.

Fue allí cuando señaló que “asumimos con un sistema productivo dañado y con un Estado Provincial en déficit”. El ejercicio económico 2023 cerró con un déficit de $ 131.111 millones; la deuda flotante alcanzó el tercio de billón de pesos mientras que la planta de personal registró 10.460 cargos y 86.790 horas cátedra más que 4 años atrás.

El gobernador cuestionó “el incremento de la planta del sector público provincial que explica el 71% del déficit del año 2023”, y que “deja efectos de largo plazo que impactan de forma múltiple”, entre otras cosas porque “quienes ingresaron o progresaron por vías del atajo están quedándose con una parte de la torta” que les correspondía a los que lo hicieron por vías del mérito.

Hizo hincapié en que “estamos cuidando que una parte de los recursos del Estado puedan destinarse a aulas, patrulleros, equipamiento policial, medicamentos, rutas, energía y otras infraestructuras que atiendan necesidades de los casi cuatro millones de santafesinos y fortalezcan nuestra capacidad productiva”.

Allí acentuó que “por eso tomé la decisión de arbitrar los mecanismos administrativos para que ningún funcionario, cualquiera sea el rango, pueda quedar en planta permanente. Los funcionarios que designé se van cuando terminan sus funciones en nuestro gobierno”.

Luego repasó las acciones que “permitieron una reducción del orden del 40% en términos reales de los gastos de funcionamiento durante el primer trimestre”: la reducción de ministerios, el impedimento que cualquier funcionario, incluido el gobernador, se hospeden en hoteles que superen las tres estrellas, la reducción del uso de autos oficiales, la eliminación de la flota de equipos de telefonía para funcionarios, y un control estricto del gasto de combustible.

Pullaro apuntó que con esas acciones, “en el primer trimestre ç pudimos compensar una parte del déficit de 2023. Ese esfuerzo posibilitó cancelar unos $ 42.800 millones de pasivos con contratistas por certificados de obra del año 2023 y con municipios y comunas por Fondo de Obras Menores, Plan Incluir, Fondo de Financiamiento Educativo y otros conceptos sin arbitrariedades de ningún tipo”.

Bajo la lupa

De todas formas, el Gobernador señaló que “el agravamiento de la coyuntura macroeconómica que incide sobre los recursos” hará “muy complejo continuar compensando el déficit del año anterior”.
Y aportó un dato: “En el primer trimestre los recursos corrientes crecieron menos del 30 %, 22 puntos por debajo de la inflación y por debajo, también, de la recomposición salarial acordada para los agentes provinciales”.

Entre otros temas sobre los que puso la lupa en su discurso están la situación crítica con que se recibió ASSA, la EPE y la Caja de Jubilaciones. 

“Recibimos ASSA en estado crítico, con un atraso tarifario superior al 600 % en todos sus distritos y superior al 2000 % en el sistema de grandes acueductos”, y por eso “desde el día 1, tomamos su conducción, dispusimos recursos y se la incluyó en el marco de la emergencia dictada”, contó.

En el caso de la EPE, “tenemos en marcha un programa para corregir la situación actual, que se expresa en una deuda de $ 30.000 millones y pérdidas anuales debido a fraude o robo” de energía. “Con las medidas que se están implementando esperamos reducir pérdidas, fraude y morosidad en un 10% este año, a la par de invertir $64.900 millones en obras”, indicó.

Y sobre la Caja de Jubilaciones, remarcó el déficit crónico “que en marzo fue de $ 23.000 millones”. Por eso, “convocamos al debate”, y apuntó que “no se trata de recortar derechos adquiridos sino reordenar el sistema y reclamar juntos el pago de lo que le corresponde a Santa Fe para cuidar la Caja en manos provinciales y a los jubilados que vengan en el futuro”.