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Al Gobierno le quedan $28.563 millones para subsidiar la harina y debe definir cómo seguirá un fondo

A fin de marzo pasado, el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), que subsidia la bolsa de 25 kilos de harina de trigo 000 que llega a las panaderías, tenía un saldo de $28.563 millones.

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Se trata de un sistema creado el año pasado para la industria molinera y que tiene como fecha de finalización la primera quincena de julio próximo

A fin de marzo pasado, el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), que subsidia la bolsa de 25 kilos de harina de trigo 000 que llega a las panaderías, tenía un saldo de $28.563 millones. Los datos surgen de una consulta que hizo LA NACION al Gobierno, donde explicaron que estos fondos podrían cubrir los próximos pagos que se realicen a los casi 20 molinos que hoy lo integran y están operativos dentro del mecanismo. Esos recursos alcanzan hasta julio próximo y allí el Gobierno deberá resolver, con su finalización, cómo continuar con esta herramienta.

El FETA, que ha sido duramente cuestionado en el sector, fue creado en marzo de 2022 a instancias del entonces secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. El Gobierno puso como excusa para impulsar este sistema el aumento de precios que hubo tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Para que el fondo tenga dinero, el Gobierno subió en ese momento las retenciones a la harina y el aceite de soja de 31 a 33%, pero con el regreso de esas alícuotas al 31% en diciembre último esos fondos se dejaron de percibir, por lo que son los que finalizarían en julio próximo.

De acuerdo con las fuentes oficiales, el saldo remanente del FETA al 31 de marzo pasado era de $28.563 millones. Esto va conforme con la última rendición de cuentas realizada por el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) en carácter de autoridad de aplicación y el BICE Fideicomiso SA como fiduciario. Según las estimaciones que hacen en el Gobierno, estos fondos tendrían como fecha de finalización la primera quincena de julio. En rigor, el último desembolso se realizaría el 15 de ese mes.

“Al momento del vencimiento del fideicomiso se analizará la situación y su continuidad”, dijeron a este medio. En enero pasado, fuentes consultadas por LA NACION habían explicado que el ministro de Economía, Sergio Massa, dio “instrucciones internas para que se le asignen más fondos que saldrían del tesoro”. Esto se podría pagar con lo recaudado por el dólar soja I y II, que estuvieron en vigor en septiembre y diciembre de 2022, respectivamente.

Pese al subsidio implementado, y cuyo costo de la harina se fue actualizando, el precio del pan al consumidor no dejó de subir. Según el último relevamiento del Indec, en marzo pasado el pan tipo flauta aumentó 10,1%, a 505,58 pesos el kilo en el Gran Buenos Aires.

Conforme con la información oficial a la que tuvo acceso LA NACION, lo que se pagó en el primer trimestre de este año a un total de 22 molinos que forman parte del mecanismo fue de $12.915.367.249. No obstante, en el sector privado se habla de un total de 17 molinos que son los que en rigor en este momento están 100% operativos con esta herramienta.

En la industria aclararon que por las ventas de harina subsidiada hechas entre el 16 y 31 de marzo presentaron la solicitud de desembolso los primeros días de abril. Esto se debería haber pagado antes de los 15 días hábiles de presentada, pero se abonó a los 22 días hábiles.

En marzo último se conoció que la Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini decidió limitar este subsidio solo a las ventas de la bolsa de 25 kilos de harina 000 común, que hoy sale de los molinos a $1878, más el flete y sin impuestos incluidos.

En ese entonces, aclararon desde la cartera de Comercio que la decisión obedeció a “la inédita sequía que afecta la producción agropecuaria”, lo cual significaba ya un reconocimiento de que había menos ingresos para un mecanismo hoy solventado con los fondos recaudados en el sector privado.

En la industria mencionaron que dentro de las harinas hay distintas cualidades y atributos, por lo que “la harina 000 es la que tiene menos de 24 de gluten”. Esto “sorprendió” tanto a los industriales como a los panaderos, porque se le tiene que hacer otro tratamiento, por lo que consideraron que el cambio “no estuvo bueno”. Las que quedaron fuera entonces fue la bolsa de harina 0000 que salía a $2051, la bolsa de harina tapera a $2222 y la semolín por $2222, más flete e IVA.

En la industria aclararon que las compensaciones que enmarcan esta herramienta en sí “forman parte de los costos de las industriales”. Por eso, los molinos tienen que hacer una solicitud de desembolso de los valores, respaldada por “los programas de facturas para poder cobrar”.

Tal como informó LA NACION, tras un pedido de acceso a la información pública, los primeros molinos en ingresar fueron Molino Cañuelas, Molino Florencia SAU [vinculado a los dueños de Molino Cañuelas] y Molisud SA. Para el primer pago, el Estado desembolsó en “anticipos” a estas tres empresas $1.394.546.259,89.

Así se conoció que Molino Cañuelas en los primeros desembolsos se llevó la mayor parte de los fondos: primero cobró un anticipo de $1.107.136.503,69 y a noviembre se había quedado con $8.352.122.165,69. En tanto, Molinos Florencia acumuló a noviembre 2022 un total de $2.211.718.877,38. El resto, $248.975.971,62 fue a parar a Molisud, una empresa de la familia Malán, de Jacinto Arauz, en La Pampa.

Fuente: Diario La Nación 

El Campo

Advierten sobre una fuerte caída en el país del uso de la siembra directa

En Aapresid los técnicos dijeron que esto podría comprometer la sustentabilidad de los suelos; “por diferentes razones, en distintos lugares, en algunos casos bajó al 50%”, dijeron

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En el primer día del XXXIII Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que se desarrolla en el predio de La Rural hasta el próximo viernes, referentes técnicos y productores advirtieron sobre un fenómeno que preocupa: en distintas regiones del país el uso de la siembra directa se redujo drásticamente, con casos donde la caída llega al 50% de la superficie trabajada.

“Por diferentes razones, en distintos lugares, en algunos casos bajó al 50% el uso de la siembra directa. Datos del INTA Reconquista hablan de que menos del 20% de los lotes tienen siembra directa de seis o más años. Ese es un dato muy duro que nos atraviesa hoy”, alertó Guillermo Marrón, director del Instituto de Ingeniería Rural del INTA, luego de moderar el panel “Cuando la siembra directa se interrumpe: decisiones de impacto”.

El técnico señaló que uno de los factores que explica este retroceso es el uso de maquinaria de mayor ancho y la presión de los contratistas por cubrir más hectáreas por hora. “Eso hace que, al momento de sacar la cosecha, el tránsito genere alteraciones en el suelo. Sabemos cómo remediarlo, pero las condiciones socioeconómicas empujan a facturar y sacar la producción”, dijo a LA NACION.

Marrón aclaró que no se trata de un abandono masivo del sistema, sino de “labranza ocasional” que interrumpe procesos previos de siembra directa y obliga a recomenzar. Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias: “Hay encharcamientos, deformación por huelleo y compactación. En San Justo se inundan los pueblos, en el sudoeste bonaerense los campos se vuelan y en Balcarce se encharcan por falta de infiltración”.

Para dimensionar la importancia del recurso, graficó: “Si uno divide al mundo como una manzana en 27 gajos, solo uno alimenta a la humanidad. Y no es todo el gajo, es solo la capa arable, la cáscara. Aapresid quiere que tomemos conciencia de eso”.

En la zona centro-norte de Santa Fe, el ingeniero agrónomo Navier Picco, asesor y miembro de la Regional Videla de Aapresid, presentó los resultados de una encuesta: “El 60% de los productores y técnicos contestaron que la superficie bajo labranza está en torno al 50%. Hacia el norte aumenta, hacia el sur disminuye”.

Las causas principales que surgieron de los relevamientos, tanto en 2023 como en 2025, fueron “la dificultad para controlar malezas, la compactación del suelo y el costo de los tratamientos químicos”.

Picco resaltó un dato preocupante: “Entre el desconocimiento del efecto negativo de la labranza y el desconocimiento de la siembra directa, hay un 40% que eligió esas opciones. Hay un gran problema de desconocimiento, tanto de productores como de agrónomos y técnicos”.

“El problema no es la labranza en sí ni la siembra directa, sino dónde y cómo se hace. Lo que vemos hoy es labranza sin diagnóstico: porque el vecino lo hizo, porque quedó lindo, porque hay que amortizar el tractor. Eso nos hace retroceder 30 o 40 años”, planteó.

Desde el sur bonaerense, Martín Dumrauff, asesor de la Regional Bahía Blanca de Aapresid, también compartió que en un relevamiento interno detectaron casos donde “hasta el 80% de la superficie” en los alrededores estaba bajo algún tipo de labranza. “Tal vez no toda es convencional, pero sí hay altos porcentajes de intervenciones puntuales y esporádicas por problemas como compactaciones superficiales o malezas resistentes como el raigrás”, explicó.

Para Dumrauff, estas prácticas responden a la búsqueda de soluciones rápidas, pero tienen impacto en la sustentabilidad: “Me parece que está en juego y hay que ponerse a trabajar en eso”.

Hugo González, otro de los disertantes, asesor y coordinador de la Regional Mar del Plata de Aapresid, relevó que, según la percepción de sus socios, “la superficie labrada es de más del 20% en la mayoría de los casos”. Al verificar en campo, el porcentaje fue algo menor, pero igualmente significativo.

En su zona, la papa es uno de los cultivos que más altera el suelo, pero no es el único factor. “También influye la salida de la ganadería, las malezas resistentes y los lotes periurbanos donde no se pueden aplicar agroquímicos”, señaló.

González destacó que la mayoría de los encuestados no realiza diagnóstico previo ni seguimiento de las intervenciones. “Lo ideal es tener un diagnóstico y un seguimiento, como en la salud. En nuestras regionales es un tema que nos preocupa”, sostuvo.

Marrón, por su parte, insistió en que todavía se está a tiempo de revertir la tendencia: “Somos conscientes de que los procesos son reversibles, pero hay que actuar ahora. No podemos perder la capa de suelo fértil que nos alimenta”.

La coincidencia entre los expositores fue clara: el retroceso de la siembra directa no responde a una única causa, sino a una combinación de presiones económicas, problemas técnicos y desconocimiento. Y el riesgo, subrayaron, es comprometer la sustentabilidad de los sistemas productivos en el mediano plazo.

Fuente: Diario La Nación

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RENATRE Santa Fe Sur recibió a la cónsul de Bolivia en Argentina

El delegado provincial del RENATRE Santa Fe Sur, Andrés Alasia, recibió en julio en Rosario a la Cónsul de Bolivia en Argentina, Sabina Orellana Cruz, con el objetivo de articular gestiones institucionales y de acercar al organismo a las autoridades para abordar problemáticas referidas a los trabajadores migrantes de nuestro país vecino en el ámbito del trabajo rural.

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“Recorrimos diversos temas de gran importancia, en materia de normativa vigente, control de documentación, derechos y obligaciones en el trabajo rural, competencia desleal, trabajo infantil, trata de personas con fines de explotación laboral y se logró coordinar acciones tendientes a la regularización registral y laboral en conjunto a la colectividad”, explicó Alasia. 

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El Campo

RENATRE y la provincia de Santa Fe coordinaron acciones contra la explotación laboral rural

El delegado provincial del RENATRE, Santa Fe Sur, Andrés Alasia, mantuvo una reunión de trabajo con miembros de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, en la sede de Gobierno en Rosario.

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Durante el encuentro se trataron temas vinculados a los casos donde el punto focal interviene donde se detectan indicios de explotación laboral rural, con el objetivo de mejorar la coordinación de las acciones, contemplando las dificultades propias de esta problemática, sobre todo en el ámbito rural.

“El fortalecimiento de la articulación institucional permite profundizar y afianzar mecanismos de restitución de derechos”, afirmó Alasia.

Del encuentro participaron Fabricio Trossero, Director General de Promoción y Protección de DD.HH; Laura Moya, Coordinadora de Programas y Proyectos; y Bárbara Silva, abogada del Programa Provincial de Lucha Contra la Trata, protección y asistencia a las víctimas y su Familia.

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