En el momento del año en el que los productores empiezan a hacer los números para definir la campaña de trigo, este 2026 encuentra al sector con un escenario atravesado por el impacto de la guerra en Medio Oriente, que elevó con fuerza los costos —sobre todo de los fertilizantes— y dejó los márgenes en muchos casos muy ajustados o directamente negativos. Así lo reflejan los primeros cálculos que ya comenzaron a elaborarse en distintas regiones productivas, donde los rindes necesarios para cubrir costos superan los promedios históricos. Si bien el contexto climático aporta un punto a favor, con buenas reservas de humedad en los suelos, los especialistas coincidieron en que el negocio se volvió más fino y depende cada vez más del doble cultivo [trigo-soja] y de cómo evolucione el escenario internacional.

En Carlos Tejedor (Buenos Aires), el productor Dante Garciandía calculó que para la próxima campaña se necesitarán 47,7 quintales por hectárea [qq/ha] para cubrir costos, cuando el promedio histórico de la zona se ubica en 36 qq/ha. Es decir, el rinde de indiferencia quedará muy por encima de lo que habitualmente se obtiene. De hecho, según sus registros, solo en uno de los últimos años se logró superar ese nivel. Con esos parámetros, el resultado proyectado es negativo, con un margen cercano a -US$59,8 por hectárea. “Seguramente se va a sembrar a pesar de los magros márgenes, arriesgando capital”, advirtió el productor, aunque señaló que el área podría caer si no hay mejoras en los precios o cambios en las condiciones generales del negocio.

Un panorama similar surge de los cálculos realizados por el productor José Alonso en Videla, Santa Fe. Allí, al comparar distintos cultivos de invierno bajo un esquema de campo arrendado, el trigo aparece más ajustado que otras alternativas. Con un rinde esperado de 3,91 toneladas por hectárea y un precio de US$218 por tonelada, el ingreso bruto se ubicaría en US$853 por hectárea, frente a un costo total de US$797, lo que deja un resultado muy acotado de apenas US$56 por hectárea y una renta del 7,1%. Además, el trigo necesita un rinde de 3,65 toneladas por hectárea para cubrir costos, por encima del promedio histórico de la zona, que es de 3,18 toneladas.

Margen del trigo en Videla

Sin embargo, según Alejandro Vejrup, gerente de la Cooperativa Alfa de Tres Arroyos, pese al fuerte aumento de los insumos —especialmente los fertilizantes—, el rinde de indiferencia se mantuvo relativamente estable en las últimas semanas, en un nivel que resulta difícil de alcanzar. “Los insumos subieron un montón, pero como el precio del trigo pasó de 200 a 220 dólares, el rinde de indiferencia no cambió tanto y se mantiene en torno a los 5000 kilos”, explicó. Según sus cálculos, en el cereal se necesitan hoy entre 4990 y 5020 kilos por hectárea para cubrir costos, un nivel elevado si se lo compara con los antecedentes recientes de la zona, donde en los últimos años se registraron rindes de 3000, 2500 o 3500 kilos por hectárea, y un promedio cercano a 4500 kilos.

El análisis se basó en un planteo técnico promedio en campo arrendado, con un rinde esperado de 4500 kilos por hectárea, en línea con los promedios recientes. En este contexto, la suba del precio del trigo compensó en parte el aumento de los costos —que treparon cerca de 100 dólares—, por lo que el rinde de indiferencia prácticamente no varió. Sin embargo, Vejrup advirtió que el financiamiento empieza a pesar cada vez más: “Hoy no es lo mismo financiar un fertilizante de 600 dólares que uno de 1000; eso te eleva el costo en dólares”.

En la provincia de Buenos Aires, el diagnóstico se repite. Diego Pasi, analista de granos de AZ-Group, explicó que en zonas como Tandil el trigo por sí solo está muy ajustado y, con rindes promedio, apenas cubre costos. En ese contexto, el resultado del planteo depende en gran medida del esquema de doble cultivo. “La variable es la soja de segunda. Es lo que termina explicando el margen”, señaló. En el norte bonaerense, donde los rindes de soja de segunda pueden ubicarse entre 2500 y 3000 kilos por hectárea, la ecuación mejora, pero en el sur el riesgo es mayor y el negocio se vuelve más incierto. Pasi coincidió en que “probablemente el área de trigo caiga; no será una caída enorme, pero algo va a caer si no hay una mejora importante en los precios”. Es un momento en que pesa la necesidad de financiamiento para afrontar los costos iniciales.

En tanto, Gonzalo Agusto, economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba y presidente de Argentrigo, destacó que las recientes lluvias permitieron recargar los perfiles de humedad, algo clave para encarar la siembra, especialmente en zonas más ajustadas. “Las lluvias recargaron los perfiles de humedad y eso es un incentivo para sembrar trigo”, explicó. Además, los precios muestran cierto sostén: “Hoy estamos hablando de un trigo de US$218 o US$220 por tonelada, un precio relativamente bueno”.

Sin embargo, el principal condicionante está en los costos. “Hemos tenido aumentos muy importantes en fertilizantes, como urea y fosfatos, y también en el petróleo, que impacta en todas las labores”, señaló. En ese marco, remarcó que “el margen bruto puede resultar positivo, pero cuando se incorpora el arrendamiento se entra en terreno negativo”, especialmente bajo escenarios de rendimiento promedio.

En rigor, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el 39,3% de los fertilizantes nitrogenados que utiliza la Argentina proviene de Medio Oriente, una región clave hoy afectada por la guerra. Además, la situación hizo que, por ejemplo, la urea —insumo central para el trigo— subiera más de 40% en pocos días, lo que impacta de lleno en los costos de producción.

De todos modos, el impacto no es homogéneo y depende del nivel de tecnología. “No todas las zonas fertilizan de la misma manera”, explicó Agusto. En ese sentido, señaló que “en zonas más marginales los productores pueden ajustar el planteo y reducir la tecnología”, aunque eso implica resignar potencial de rinde.

Fuente: Diario La Nación

A casi un mes desde que los integrantes de la Mesa de Enlace se reunieron con las autoridades de la Secretaría de Agricultura para presentarle un proyecto de una nueva ley de semillas, técnicos y ruralistas mantuvieron un encuentro para avanzar en el debate de los puntos que contenía la propuesta. Con el telón de fondo del acuerdo entre Javier Milei y el presidente norteamericano Donald Trump, que incluye avanzar por parte del país hacia la adhesión al convenio Upov-91, que otorga una mayor protección a la propiedad intelectual en semillas, funcionarios y dirigentes iniciaron una mesa de trabajo que ya entró en la etapa técnica.

“Se trataron todos los puntos referidos a la ley de semillas. Estamos en un proceso de acercamiento”, resumió Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), tras el encuentro de este martes que se llevó a cabo en la Secretaría de Agricultura. Durante la reunión estuvieron el secretario, Sergio Iraeta; el jefe de Gabinete de la Secretaría, Martín Fernández; el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari, y representantes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Por parte de las entidades participaron los técnicos y algunos de sus dirigentes.

La reunión, que dio continuidad a los primeros intercambios en Expoagro, marcó un cambio de dinámica: por primera vez se analizó en detalle la propuesta elaborada por la Mesa de Enlace. “Desmenuzamos punto por punto la propuesta que llevamos”, explicó Castagnani, quien agregó que en algunos puntos hay coincidencias entre las partes y en otros una mirada que les “preocupa”, pero “es cuestión de seguir trabajando”.

El dirigente destacó un dato clave: “Nos confirmaron que lo que se mande al Congreso se va a consensuar con la Mesa de Enlace. Esto es un inicio y todavía estamos lejos de ese final”. Para el dirigente, lo que falta en la mesa es la otra parte involucrada en este tema. “Faltan los obtentores. Necesitamos una reunión de las tres partes para encaminar el proceso”, aclaró en referencia a la industria.

Sucede que, más allá de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, CREA y Aapresid, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) en representación de la industria también tendría que formar parte de la mesa de trabajo. Según aclararon desde la industria ante una pregunta de LA NACION, a ellos los convocaron pero no tienen definido cuándo y solo les recalcaron que son “los próximos”.

Una alta fuente oficial aclaró que están trabajando con los aportes de todos los involucrados en el tema: “Escuchamos sus comentarios respecto de la propuesta que acercaron en Expoagro, Upov, uso propio, fiscalización, etcétera. Posiciones firmes, pero respetuosas, que nos permiten seguir trabajando para llegar a la mejor solución posible a un problema que arrastra el campo desde hace mucho. Estamos avanzando”.

Castagnani también dejó en claro que el debate de fondo será intenso. “El tema de los obtentores es central, junto con la cantidad de hectáreas y otros puntos que están sobre la mesa”, señaló. Y añadió: “Hay voluntad del sector productivo. Necesitamos una ley que dure 20 años y le sirva al productor”.

Andrea Sarnari, presidenta de FAA, y quien formó parte de la reunión, reforzó la postura del sector con definiciones concretas. “Fuimos con los puntos que consideramos centrales para trabajar en una ley de semillas siempre en el marco de Upov-78”, afirmó. Según detalló, el encuentro permitió defender cada uno de esos planteos: “Pudimos defender cada uno de nuestros puntos. Nos convocaron para generar ese espacio de diálogo buscando mejorar la ley que tenemos”.

Entre los ejes principales, Sarnari destacó el esquema de uso propio: “Hemos hecho una propuesta sobre conservar el uso propio, que sea gratuito hasta las 500 hectáreas”. A partir de ese umbral, planteó reglas claras: “Que sea claro el concepto de qué se cobra y poner límites en la cantidad de años de multiplicación con pago de regalías”.

Vale recordar que la Argentina mantiene vigente la Ley de Semillas N° 20.247, sancionada en 1973, un esquema que reconoce el derecho de propiedad del obtentor, pero también garantiza el uso propio gratuito, es decir, la posibilidad de que el productor guarde parte de su cosecha para volver a sembrar la semilla de soja o trigo sin pagar regalías adicionales. A nivel internacional, el país está adherido al acta Upov-1978, un régimen más flexible que permite ese uso propio sin mayores restricciones. La resistencia de buena parte de los productores a avanzar a la adhesión del acta de 1991 radica en que esta versión amplía los derechos de los obtentores, exige en muchos casos autorización para reutilizar semilla y extiende el control incluso sobre el grano cosechado, lo que podría limitar prácticas históricas, elevar costos y concentrar el negocio en pocas empresas.

El artículo 27 de la propuesta de la Mesa de Enlace mantiene el uso propio gratuito, pero lo restringe a productores “cuya superficie total sembrada sea igual o inferior a 500 hectáreas, alcanzando dicha gratuidad a todas las variedades protegidas”. Si el productor supera ese umbral, “abonará el uso propio oneroso únicamente por la superficie excedente”. El texto aclara que el título de tenencia de la tierra (propietario, arrendatario) “es indistinto a los efectos de la presente ley”.

Por otra parte, Sarnari también remarcó la necesidad de reforzar el rol del Estado: “Planteamos el orden público de la ley y un fuerte control y fortalecimiento del Inase”.

Uno de los principales focos de conflicto sigue siendo la eventual adhesión a Upov-91 que buscaría el Gobierno en el Congreso. “En un principio no estamos de acuerdo con la adhesión a la Upov-91”, reconoció Castagnani, aunque dejó abierta la puerta al debate: “Este es el inicio de un intercambio de ideas y diferentes miradas”.

En rigor, la resistencia del sector productivo se basa en que ese esquema amplía los derechos de los obtentores y podría restringir prácticas históricas como el uso propio, además de elevar costos. En tanto que el Gobierno se comprometió a avanzar en un plan de fortalecimiento del control a través del Inase. “En los próximos días seguiremos con otras instancias de trabajo”, anticipó Sarnari.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) remarcaron que la reunión fue similar a la de Expoagro y se dio en torno de la búsqueda de un consenso entre las partes.

Gustavo Gaich, quien asistió por Coninagro, dijo: “Se pudo profundizar sobre el uso propio gratuito/oneroso, la importancia de la fiscalización por parte del Estado a través del Inase y las variedades esencialmente derivadas, entre los temas más destacados. Se acordó una agenda para continuar en los próximos días, intentando acercar posiciones con el sector semillero».

Fuente: Diario La Nación 

La Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) difundió un informe donde alerta en torno de la situación actual de expansión de la chicharrita, plaga que en el ciclo 2023/2024 implicó un recorte en la producción estimada del cereal superior a 10 millones de toneladas.

Según la entidad, “aunque prácticamente la totalidad de la producción de maíz de la campaña 2025/26 está a salvo de las infecciones de Spiroplasma (CSS) transmitidas por Dalbulus maidis, el incremento exponencial de poblaciones de esta chicharrita durante la segunda quincena de marzo y la aparición de síntomas foliares en algunas localidades plantea la necesidad de incrementar el monitoreo para desarrollar estrategias que impidan que en campañas futuras se repitan epifitias como la del ciclo 2023/24″.

En este marco, Maizar citó a expertos, como Alejandro Vera, coordinador de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis. Dijo: “Es importante seguir generando información sobre todo el patosistema, monitoreando trampas y cultivos, remitiendo insectos a la red entomológica para establecer su infectividad e inspeccionando síntomas foliares, para establecer cómo evolucionan las distintas situaciones”.

Reporte

Maizar indicó que el 39º informe de la red de monitoreo, con datos relevados entre el 17 de marzo y el 1° de abril de 2026, reflejó que “la región NOA, donde el 99% de las trampas estuvo instalada sobre maíz, fue la zona endémica de mayor crecimiento poblacional en este período”.

Detalló que allí “en el 67% de las localidades se capturaron más de 100 Dalbulus maidis por trampa, la categoría más alta».

Agregó que esta marcada fase de incremento se corresponde con un predominio de cultivos que se encuentran en estadios fenológicos reproductivos intermedios (R3–R4).

Según la organización, el informe presentó datos sobre el porcentaje de individuos portadores de CSS en tres localidades de esta región, que indican niveles moderados de portación del patógeno.

 “En la otra zona endémica, el NEA, donde el 97% de las trampas estuvo instalada en cultivos de maíz, la mayoría en estadios fenológicos reproductivos (R2–R3), las poblaciones de Dalbulus maidis también mostraron una marcada fase de incremento», apuntó. Añadió que hubo “una dinámica similar a la observada en la región del NOA, y un 67% de las localidades con capturas en el nivel más alto”.

Luego, según el trabajo, en el Litoral, donde el 68% de las trampas fueron instaladas sobre maíz, “un 70% registró capturas: el 27% de las localidades presentó niveles bajos (1 y 20 adultos por trampa) y el 24% registró la categoría más alta, principalmente en Entre Ríos”.

Agregó que “en la región centro-norte, con un 89% de las trampas ubicadas en lotes de maíz, volvieron a registrarse aumentos poblacionales del vector, que se detectó en el 87% de las localidades, con un 46% en la categoría máxima”.

El informe también dio cuenta de que en el centro-sur, donde el 88% de las trampas estuvieron en cultivos del cereal, “se observaron ligeros incrementos de la dinámica poblacional: la presencia de Dalbulus maidis pasó de un 20% a un 39% de las localidades, con un 4% en el nivel más alto».

La campaña 2023/2024

Para recordar, en la campaña de maíz 2023/24 la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) aguardaba una cosecha de 57 millones de toneladas de maíz. Sin embargo, en pleno verano, con el impacto de la plaga, redujo su estimación primero a 50,5 millones de toneladas y luego a 47 millones de toneladas. “La provincia de Córdoba, el corazón maicero del país, ha sufrido el mayor impacto con una reducción estimada de 2,76 millones de toneladas en su producción”, dijo en un reporte de mayo de 2024.

En otro informe luego la BCR recortó la estimación de maíz 2023/24 en 11,4 millones de toneladas. “En el mercado doméstico la pérdida asciende a US$2045 millones, en tanto la estimación de exportaciones cae US$1634 millones”, señaló en esa oportunidad.

Lo que pasó en esa oportunidad con la chicharrita llevó a que el Senasa, por ejemplo, agilizara los tiempos de autorización de insecticidas para el control de la plaga.

La red de monitoreo de la plaga, junto al trabajo que hicieron las empresas del sector y organismos como el INTA, fue de gran ayuda para que los productores conocieran más sobre la plaga y estuvieran atentos. Esta campaña, según la BCR, cerraría con una producción récord de 62 millones de toneladas, esto es 12 millones más que el ciclo 2024/2025.

Fuente: Diario La Nación