La iniciativa busca generar políticas de prevención ante el aumento generalizado de denuncias por incumplimiento de distintos proveedores del rubro. Desde hace años viene creciendo en el país la comercialización de este tipo de soluciones habitacionales que presentan atractivas ventajas frente a las construcciones tradicionales, principalmente por costo y tiempo de ejecución. En la provincia de Santa Fe tuvieron un vertiginoso arraigo a tal punto que en 2020 se intentó declarar a la localidad de Venado Tuerto “Capital Nacional de la Vivienda Industrializada” por las decenas de firmas que surgieron en la ciudad. Lo cierto es que la amplia oferta y competencia también dio lugar a cuantiosas estafas, donde los damnificados no logran obtener respuesta ni mucho menos solución a sus reclamos. “Los casos que estudiamos en distintos puntos de la provincia son de los más diversos, como familias a las que nunca le hacen la casa, no se la terminan o se las entregan en condiciones inadecuadas por deficiente construcción y materiales de baja calidad”, explicó Bellatti.“Nuestra iniciativa, así como existe en la provincia de Córdoba, busca fomentar un registro en el cual todas las empresas del rubro que operen en nuestra provincia demuestren no solo las cualidades de la tecnología constructiva y de los insumos utilizados, sino también cantidad de viviendas vendidas, entregadas y en desarrollo, entre otra documentación relevante”, detalló. La autora del proyecto remarcó que unidades de este tipo “se pueden levantar en 40 o 45 días, es decir que una empresa en el lapso de seis meses, por exceso de demanda y escasa solvencia económica podría estafar en medio año a unas 60 familias si no se arbitran mecanismos de control más rigurosos. No debemos olvidar que esos desembolsos económicos, en muchos casos, representan el ahorro y esfuerzo de toda una vida para concretar el sueño de la casa propia”, destacó. El RECoVIn funcionará bajo la órbita de la Dirección Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Producción de Santa Fe. Prevé que todas las empresas del sector deberán actualizar su declaración jurada de forma obligatoria y semestral, siendo una valiosa herramienta a disposición de la población para evaluar la sustentabilidad de las mismas a la hora de decidir la contratación o compra de una casa prefabricada.REGISTRO DE DENUNCIAS La propuesta, que ya fue ingresa para tu tratamiento en la Cámara baja, también establece que la autoridad de aplicación llevará adelante un registro de las denuncias de usuarios acerca de irregularidades observables, sean demoras, falta de entrega, incumplimiento de los términos de garantía o cualquier cuestión que se aparte de las cláusulas pactadas.“Esperamos lograr la aprobación de esta ley y que el Estado pueda comenzar a controlar de algún modo a las empresas que se dedican a su comercialización, fabricación, construcción e instalación. Estamos convencidos que es una buena manera de prevenir estafas y evitar que haya tantas personas afectadas”, completó la diputada socialista Rosana Bellatti.