La normativa prohíbe denominar bienes estatales con nombres de personalidades políticas antes de transcurridos diez años desde su fallecimiento y considera esta práctica como una infracción grave de los principios republicanos.

En el artículo 1°, el decreto establece: «Prohíbese la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado Nacional».

La medida también busca garantizar la objetividad en las denominaciones de espacios públicos, argumentando que estas decisiones no deben depender de los vaivenes políticos.

«El fin que se pretende es dotar de mayor objetividad a las denominaciones o nomenclaturas y evitar que sufran los vaivenes propios de los cambios de gobierno, permitiendo de esa manera que el transcurso del tiempo y la objetividad que este brinda sea quien emita un juicio justo y equilibrado sobre las decisiones tomadas por los funcionarios», detalla el texto.

Entre las disposiciones más relevantes, el artículo 3° estipula: «Prohíbese a los funcionarios públicos, independientemente de su rango y modo de designación o contratación, utilizar recursos o bienes del dominio público o privado del Estado Nacional con la finalidad de promocionar, celebrar, conmemorar y homenajear su propia imagen, ideología, afiliación política, partido político o cualquier atributo personal».

Además, el decreto habilita a los ciudadanos a denunciar posibles infracciones sin costo alguno, a través de la plataforma digital Trámites a Distancia (TAD). El incumplimiento de estas normativas será considerado como una «infracción grave» y podría derivar en responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales para los implicados.

Fuente: telefenoticias.com.ar / NA

Javier Milei cumple este martes su primer año de gobierno y puede exhibir equilibrio fiscal y reducción de la inflación, aunque al precio de un «shock» que afectó profundamente el bolsillo de los argentinos.

Se espera que el mandatario celebre los logros de su gobierno en cadena nacional a las 21, luego de sostener en la mañana una reunión privada con dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, la entidad que nuclea a los grandes terratenientes en uno de los principales productores de alimentos del mundo.

Milei asumió el cargo el 10 de diciembre del año pasado diciendo que no había «alternativa al shock» para un Estado patológicamente endeudado y con una inflación rampante.

Ahora se jacta de haber vaticinado la dureza de su ajuste: «Eso es lo que nos dio crédito para llevar adelante la tarea que pusimos en marcha durante todo este año», señaló en un discurso ante empresarios la semana pasada.

En apenas un mes de gobierno logró exhibir el primer superávit fiscal en una década. También consiguió bajar la inflación del 25,5% en diciembre -cuando devaluó el peso 52%- al 2,7% en octubre, último dato disponible. Así, el riesgo país bajó de 3.000 puntos a menos de 740, un mínimo histórico.

A caballo de un discurso confrontativo en el que propuso «terminar con la casta» política y luchar contra «la izquierda empobrecedora», Milei eliminó además más de 30.000 puestos de trabajo en el sector público, redujo ministerios y dependencias del Estado, paralizó las obras públicas y endureció la represión para sofocar protestas.

A pesar de dos huelgas generales y algunas manifestaciones tensas -sobre todo en defensa de la universidad pública-, Milei presume de un apoyo estable que confunde a sus críticos: en torno al 45% de imagen positiva, e incluso cerca del 50% según algunos sondeos recientes.

«Somos el gobierno que el primer año tiene el mejor nivel de imagen y confianza después de haber hecho el ajuste más grande la historia de la humanidad», dijo en una conferencia conservadora el miércoles pasado en Buenos Aires.

Impacto social

Si bien hay «un éxito fundamental» en términos de estabilización económica, «el costo económico-social ha sido grande. La pregunta es si son costos pasajeros o duraderos», dijo a la AFP Gabriel Vommaro, sociólogo de la Universidad Nacional de San Martín.

La pobreza saltó 11 puntos porcentuales durante los primeros seis meses de gobierno de Milei, una escalada histórica, para alcanzar 52,9%, de acuerdo con los últimos datos disponibles del estatal instituto de estadísticas Indec.

Los que más han padecido el ajuste fueron los más de 7 millones de jubilados y pensionados a quienes congeló parte de sus ingresos y redujo subvenciones a medicamentos. También vetó una ley que buscaba otorgarles 8% de aumento.

El presidente vetó además una ley que aumentaba el presupuesto educativo universitario y congeló becas estudiantiles y de investigación científica.

Lo hizo en un año con cerca de 200% de inflación, en el que sin embargo gobernó aplicando el presupuesto de 2023 que se encamina a replicar para el año que viene tras demostrar poco interés en conseguir que el Congreso apruebe su plan de gastos para 2025.

«El gobierno aplicó un muy fuerte ajuste ortodoxo para ordenar algunas variables macroeconómicas con un costo social elevado», al devaluar la moneda, desregular la economía y eliminar subsidios sin compensar el impacto en los precios con un aumento en los ingresos, escribió el Centro de Economía Política (CEPA) en su informe de diciembre.

Además, este año se perdieron más de 260.000 puestos de trabajo y el consumo se llegó a desplomar más de 20%, aunque muestra signos de recuperación, según el informe.

Mientras tenían lugar estas transformaciones en lo económico y social, Milei emprendió además su «batalla cultural» contra políticos y periodistas, a quienes acusa de corruptos; la justicia social, a la que considera «una aberración»; y el Estado, al que dice querer destruir «desde adentro».

El 65,7% de los argentinos cree que «el odio y la intolerancia están aumentando» desde que gobierna Milei, según una encuesta de septiembre de la consultora Zubán Córdoba.

Fuente: telefenoticias.com.ar

El Gobierno extendió el periodo de transición energética y mantiene el esquema actual de subsidios a la luz y el gas por seis meses más, mediante la Resolución 384/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La normativa dispuso prorrogar por “un plazo de seis meses, desde el 1º de diciembre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025, el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”.

La decisión se da tras las evaluaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Energía “en cuanto a la respuesta de los usuarios a la reestructuración progresiva del régimen de subsidios energéticos, todo ello en el marco de la política de déficit cero y desinflación implementada por el Ministerio de Economía”.

En ese sentido, se expuso que “las medidas adoptadas por esta Secretaría durante el Período de Transición, tanto en materia de subsidios como en cuanto a la actualización de las tarifas, han tenido efectos positivos sobre el equilibrio de las cuentas fiscales, a la par que los usuarios van adquiriendo hábitos de consumo más eficientes, en tanto se van transparentando los verdaderos costos de la energía y poniendo límites a los volúmenes de consumo subsidiables”.

De los informes técnicos, también se desprende que “la evolución de la cobertura de los precios mayoristas por parte de los usuarios muestra un sendero virtuoso de suma importancia para mantener el equilibrio de las cuentas nacionales, estableciendo reglas claras y aportando previsibilidad al sector privado que le permita planificar inversiones”.

De esta manera, las tarifas de luz y gas seguirán teniendo la cobertura actual de subsidios, que comprende la segmentación por niveles de ingresos, hasta abril, cuando el Ejecutivo ponga en marcha un nuevo esquema de subsidios focalizados en el que se encuentra trabajando la responsable del área energética, María Tettamanti.

Al respecto, el texto oficial, Energía aclaró que “durante este período de prórroga corresponderá avanzar gradualmente con las señales que estimulan el ahorro energético y el cuidado de los recursos naturales por parte de todos los hogares del país, al mismo tiempo que se avanza en una aplicación focalizada de los subsidios que implementa el Poder Ejecutivo Nacional”.

En esa línea, precisó que “existen aún ineficiencias en la asignación de los recursos, que distorsionan el objetivo de acompañar a quienes realmente lo necesitan y, en tal sentido, resulta necesario profundizar la ponderación del impacto de las medidas a adoptar a fin de avanzar en forma ordenada, previsible y gradual hacia la reestructuración de los subsidios encomendada a esta Secretaría”.

La medida se da tras la prolongación de la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, resuelta a mediados de noviembre. La misma lleva casi un año de vigencia y afecta a la generación,el transporte y la distribución de energía eléctrica y gas natural.

Fuente: telefenoticias.com