Luego de que ayer por la tarde en el sesión del Congreso el bloque oficialista decidiera que, por falta de apoyo de algunos diputados de la oposición, la ley ómnibus volviera a comisión y por lo tanto a foja cero, el campo reclamó “responsabilidad” de los legisladores porque los argentinos necesitan “certezas y no incertidumbre”.

“La sociedad argentina necesita que los integrantes del Congreso asuman la responsabilidad de debatir los temas y votar en favor de la mayoría de los argentinos. Para eso fueron electos”, enfatizó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

 “Todos estamos expectantes ante estos cambios de fondo que propone el Gobierno. Si se votó en general, ¿porque ahora tiene que volver a tratarse las cuestiones particulares? Como ciudadanos necesitamos certezas y no incertidumbre”, agregó.

En esa línea, Horacio Salaverri, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) recordó que “el gobierno actual recibió una Argentina en estado calamitoso”.

“Es importante que el Gobierno cuente con los instrumentos necesarios para gobernar. No se trata de dar cheques en blanco, se trata de hacer debates amplios sobre la ley. Y realmente entusiasmó la manera en que, más allá de la forma en que se dio el debate y de las chicanas y tironeos, las negociaciones que hubo y el entendimiento para una votación en general”, dijo a LA NACION.

 “Hoy estamos en un escenario distinto donde todo vuelve a foja cero y realmente genera nubarrones hacia adelante. Entendemos que es necesario que nuevamente se sienten en la mesa de negociación si logran entendimientos básicos. Y entender también que en esta Argentina, la sábana es muy corta y cuando la sábana es corta a alguien siempre los pies le quedan afuera. Y habrá que entender eso y lograr los consensos necesarios porque no estamos en un país que tenga ni el tiempo ni las condiciones sociales para aguantar situaciones de esta característica. Esto la política, conjuntamente con el Gobierno, lo debe resolver lo antes posible y generar consensos que se permitan avanzar, que esta es la idea para salir del callejón donde estamos metidos”, añadió el dirigente bonaerense.

A Carlos Achetoni, de Federación Agraria Argentina (FAA), le resultó “llamativa” la estrategia del oficialismo de dar marcha atrás con una norma que habían logrado aprobar en general, en especial porque “desde que presentaron el proyecto señalaron que su contenido era vital para la marcha del Gobierno”.

“Como muchos argentinos, no termino de comprender qué los llevó a tomar esa decisión. Sin dudas, el debate y las correcciones que se estaban dando en el Congreso estaban enriqueciendo la herramienta propuesta, así como también podrían haber permitido subsanar algunos problemas que tenía. Por lo que se vio, pareciera que una serie de desmanejos y una postura intransigente de no querer escuchar a los que piensan diferente, derivaron en este paso atrás, que aún resulta incomprensible. Quizá sin querer, con este proceder solo beneficiaron a los que festejaron luego de tratar de impedir el trabajo democrático del Parlamento”, señaló.

Son varios puntos del proyecto de ley en donde había cuestiones atinentes al sector agroindustrial que habían quedado tras el retiro del paquete fiscal por ejemplo el Régimen Federal Pesquero, la Upov 91 (propiedad intelectual en semillas), la ley de Manejo del Fuego y la privatización del INTea y el incremento de los porcentajes de cortes de los combustibles con los biocombustibles, entre otros.

Por su parte, Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, dijo que desde la entidad cooperativa “acompañan las medidas o reformas propuestas por el presidente [Javier Milei] en la ley ómnibus para salir adelante en una Argentina en crisis”.

“Estamos en una instancia donde tiene que primar el diálogo, la unidad y el consenso, tres pilares para poder crecer. Nos preocupa la falta de acuerdos en la política en general, la incertidumbre y la inflación que acecha a todos los argentinos. Necesitamos políticas de Estado para salir adelante que incentiven la producción y de esta manera generar más empleo para los argentinos y previsibilidad para todas nuestras cooperativas hacia el futuro”, destacó.

El campo santafesino también opinó al respecto. En este sentido, Sara Gardiol, presidenta de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) indicó que “las palabras consensuar, escucharse, comprometerse, parece ser que no existieron” en la sesión de ayer en el recinto del Congreso.

“Después de haber hecho una aprobación en general de la ley y tener que empezar a discutir en particular, hay que llevar el mismo criterio. Y la razón y la obligatoriedad que hay es trabajar en ese aspecto, en encontrar puntos comunes. Lo que corresponde es que puede haber disidencias, pero no puede ser que nunca haya un punto en común. La convivencia parece ser que no es posible. Esperemos que próximamente se solucionen estos problemas, que cada cosa vaya por su carril, porque acá es la responsabilidad y el futuro de una Nación”, subrayó.

Por su parte, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro Exportador de Cereales (CEC) expresó que este retroceso con la ley ómnibus “es una señal negativa para lograr medidas que promuevan la estabilización macroeconómica”.

“En particular, es una mala noticia para lograr un mercado de biocombustibles de libre competencia que pueda crecer como sucede en el resto del mundo, donde se produzca a la mejor calidad, al menor precio y se conserve el ambiente. La Argentina necesita de forma urgente una ley que revierta el sistema prebendario actual en materia de biodiésel”, aseguró.

En rigor, en el caso de los biocombustibles, con la iniciativa, el Gobierno busca la desregulación del mercado, que las mezclas en biodiésel tengan un piso de 10% hasta llegar al 12,5% en 2026, que se eliminan los cupos y los precios regulados, permitiendo ingresar al abastecimiento interno a las grandes firmas de crushing de soja. Además, en los biocombustibles se abriría un régimen licitatorio, uno para las grandes multinacionales y otro para el resto de las pymes.

José Martins, titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), se mostró “entre sorprendido y preocupado” por no poder “a esta altura lograr un consenso dentro del ámbito legislativo y del Poder Ejecutivo como para sacar una ley que tiene que apuntar claramente a desregular el Estado, a promover el desarrollo económico social y por sobre todas las cosas, que tenga una visión exportadora”.

“Espero que estos días se calmen las pasiones, que se pueda lograr algún acuerdo inmediato, la Argentina necesita una ley que permita ir hacia una macroeconomía más estable, con lo cual mis deseos son que la política se siente, dialogue y encuentre los consensos necesarios para salir de esta crisis”, finalizó.

Como institución, el CAA manifestó “su profunda preocupación ante la falta de acuerdo legislativo entre los bloques de la Cámara de Diputados y la vuelta a comisión de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

“Nuestro país necesita una ley que permita ir hacia una macroeconomía más estable, avanzando en las reformas necesarias que modernicen el marco normativo, desburocratizando y racionalizando al Estado nacional, a la vez que proponga un perfil exportador a nuestra economía”, dijeron en un comunicado.

Más allá del necesario debate legislativo, el CAA instó a los legisladores nacionales del oficialismo y de los bloques de la oposición “a redoblar los esfuerzos de manera responsable en la construcción de consensos que permitan avanzar con las reformas que necesita la economía, evitando situaciones de incertidumbre que pueden tener impactos negativos en el desarrollo económico y social”.

En tanto, la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) lamentó la vuelta atrás del proyecto de ley. “Alentamos al oficialismo y a los bloques de la oposición a buscar mecanismos que promuevan el diálogo y el consenso. Estamos convencidos que la Argentina necesita consensos mínimos para salir de esta profunda crisis económica y social”, indicaron.

“Llamamos la atención sobre la necesidad de retomar las conversaciones sobre este proyecto de ley, en particular, biocombustibles, que otorga un horizonte de crecimiento, además de desregular y promover las bases de una Argentina más competitiva. No se debe de perder la oportunidad de ofrecer biodiésel de mejor calidad y al mejor precio posible para todos los argentinos, saliendo del actual esquema discriminatorio, prebendario y discrecional. La Argentina necesita terminar con un sistema anti mercado de cupos y precios en biodiésel que en ninguna otra parte del mundo existe, hay que lograr que el congreso sancione una nueva ley que promueva la libre competencia y el crecimiento del biodiesel, en favor del consumidor y del ambiente”, añadieron.

Fuente: Diario La Nación