“Las zonas más afectadas se encuentran fundamentalmente sobre el este y sur del área agrícola argentina, donde se empiezan a informar la aparición de focos de enfermedades fúngicas”, señaló hoy el informe semanal de evolución de cultivos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

A pesar de eso, la entidad indica que un 98% del área en pie mantiene condición de cultivo normal a excelente, lo que resulta favorable sobre todo para el 26,9% del cereal que se encuentra en fase desde encañazón en adelante.

“Aunque hay una creciente preocupación por la recurrencia de las lluvias, el impacto en los cultivos de invierno se estima positivo en vistas a la creciente demanda de agua que presentarán al iniciar estadíos reproductivos”, afirmó.

En lo que respecta a la cebada, las últimas precipitaciones mejoraron los perfiles de humedad, pero provocaron anegamientos en sectores puntuales del este y sudeste bonaerense.

Actualmente, el 82% de los lotes presenta una condición hídrica adecuada a óptima y el 93 % de la superficie implantada exhibe un estado general del cultivo normal a bueno. En cuanto a la fenología, el 76% se encuentra en pleno macollaje, mientras que un 11% ha iniciado la etapa de encañazón.

“Colaboradores del sudoeste bonaerense señalan que se ha podido avanzar con los planes de fertilización nitrogenada. Además, el 91% de los núcleos cebaderos del sur, que concentran el 70% del área total, registran una condición de cultivo normal/buena”, apunta el informe.

En tanto, la cosecha de maíz 2024/25 avanzó lentamente durante la última semana producto de las lluvias para alcanzar el 98,5% del total estimado, reportando un rinde promedio nacional en torno a los 72 qq/ha, lo que permite mantener la proyección de 49 millones de toneladas.  Por otro lado, la siembra de maíz de la campaña 2025/26 ha avanzado a un ritmo lento dados los excesos hídricos.

La siembra de girasol también se ralentizó luego de los eventos de lluvias de los últimos días. A escala nacional, el área ya cubre el 22,7% de las 2,6 millones de hectáreas proyectadas.

Fuente: Bichos de Campo

El objetivo, según explicaron, es ampliar la capacidad de producción de terneros y alimentos para el ganado, los primeros eslabones de su cadena integrada de carne premium.

El establecimiento adquirido se ubica a pocos kilómetros de Joaquín V. González, donde la empresa tiene su sede central. Se trata de un campo mixto, en una zona con buenos suelos y lluvias estivales que permiten producir granos y pasto en cantidad.

“En estas tierras estuvieron los pioneros del desarrollo de la actividad en la región. Las nuevas generaciones de la familia propietaria encontraron en Juramento la posibilidad de que se continúe y profundice el legado de sus predecesores. Hay muchas historias similares en la zona, lo que representa una oportunidad para el crecimiento de Juramento”, destacó Rafael Aguilar, CEO de la compañía.

La nueva unidad productiva será destinada a cría y recría bovina y a agricultura, con rotaciones de maíz, soja y poroto. Según la empresa, este esquema reforzará la integración de sus distintas áreas de negocio y consolidará su compromiso con el desarrollo regional.

“En este campo buscamos aumentar la generación de granos y pasto e introducir un esquema silvopastoril de rotación intensiva de animales, lo que incrementaría significativamente la producción anual, asegurando la sustentabilidad a largo plazo del modelo. Juramento está en una etapa de crecimiento, esta inversión se suma a los 15 millones de dólares invertidos recientemente en nuestro frigorífico, que nos permite expandir la capacidad de envasado. La carne al vacío asegura la inocuidad del producto, extiende la fecha de vencimiento y permite un proceso de maduración en frío que incrementa la terneza y sabor de la misma”, agregó Aguilar.

Juramento comercializa carne premium bajo las marcas Cabaña Juramento y Bermejo, tanto en el mercado interno como en el internacional. Su producción se basa en rodeos Brangus y Braford con genética propia, lo que permite garantizar trazabilidad y calidad constante.

Con más de 35 años de trayectoria, la compañía fue pionera en el NOA con un modelo de integración total que incluye cabaña de reproductores, cría y recría silvopastoril, feedlot, agricultura, frigorífico propio y venta al consumidor.

Actualmente concentra sus operaciones en Salta con más de 90 mil hectáreas, 70 mil cabezas de ganado y un equipo de 800 trabajadores, y proyecta ampliar su volumen de exportaciones a mercados como China, Estados Unidos y consumidores kosher, además de la Unión Europea.

Fuente: Bichos de Campo

Esta medida, esperada por los productores, busca brindar alivio a las explotaciones rurales severamente afectadas por los anegamientos de varias circunscripciones de los partidos de Puán, Tornquist, 9 de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, 25 de Mayo, Saladillo y Roque Pérez. Entre otros puntos, una declaración de emergencia implica el diferimiento de obligaciones en impuestos como Ganancias y Bienes Personales.

Con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, la resolución 1305/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, se fundamenta en la ley 26.509 y sus modificatorias, así como en su decreto reglamentario 1712 del 10 de noviembre de 2009. Por su parte, la provincia de Buenos Aires había presentado previamente el decreto provincial 1180 del 27 de mayo de 2025 ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

En la resolución recordaron que en una reunión del 8 de agosto pasado la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios analizó la situación provincial y recomendó formalmente “declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, con el alcance propuesto por la provincia de Buenos Aires, en los términos de la ley 26.509 y sus modificatorias”.

De esta manera, la resolución estableció “el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1° de marzo de 2025 y hasta el 31 de agosto de 2025”, abarcando a las explotaciones agropecuarias afectadas por inundación.

Los partidos bonaerenses alcanzados por esta declaración son numerosos y abarcan extensas áreas geográficas. En el partido de Puán, las circunscripciones declaradas son la VII, VIII, IX y X. Para el partido de Tornquist, se incluyen las circunscripciones IV y V.

Una de las zonas más afectadas es el partido de 9 de Julio, donde la emergencia se extiende a las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV.

Por su parte, en el partido de Carlos Casares, la medida rige para las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI. En General Lamadrid, las circunscripciones involucradas son la II, III, IV, IX, X, XI y XII.

El partido de Coronel Suárez ve declaradas las circunscripciones III, IV, V, X, XI, XII y XIV, mientras que en Guaminí, la emergencia abarca las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.

En el partido de Bolívar, las circunscripciones afectadas son la II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII. La resolución también incluye la circunscripción VIII del partido de Tapalqué.

Otras localidades impactadas son 25 de Mayo, con las circunscripciones II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII; y Saladillo, en las circunscripciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX. Finalmente, el partido de Roque Pérez también fue incluido, con las circunscripciones III, IV, V, VII y VIII.

La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios también determinó que “el 31 de agosto de 2025 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas”. Esto se alinea con lo estipulado en los artículos 22 y 23 del anexo al decreto 1712 del 10 de noviembre de 2009.

Para acceder a los beneficios que otorga la ley 26.509 y sus modificatorias, los productores afectados deberán “presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo”.

En este sentido, el gobierno provincial tiene la responsabilidad de “remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente”.

Además, la resolución instruyó a “las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a arbitrar los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la ley 26.509 y sus modificatorias”.

En este marco, se “instrúyese al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía a celebrar convenios y/o actos para la ejecución de la presente medida en el marco de sus competencias”.

Fuente: Diario La Nación