En la mañana de este jueves 5 de febrero, se realizó una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación para que dicho organismo investigue diversos hechos acaecidos en el marco de la obra pública denominada “Defensa contra Inundaciones y Estabilización de Barrancas Zona Este de la Ciudad de San Javier, Departamento San Javier de esta provincia de Santa Fe”.

De acuerdo al escrito presentado, acompañado por documental respaldatoria, se denuncia la posible comercialización de materiales y servicios por parte del Sr. Oscar Alfredo Dolzani, actual senador por el departamento San Javier y titular del “Corralón Dolzani” conforme surge de la inscripción en ARCA, a la empresa Obring S.A.

Vale la pena mencionar que dicha empresa integra la UTE adjudicataria de la mencionada obra pública, actualmente financiada por el Estado provincial.

En síntesis: se trataría de la comercialización de materiales y servicios por parte de la empresa del senador provincial por San Javier, a las adjudicatarias de una obra pública realizada en San Javier y financiada por el Estado provincial.

En este marco es que Gorosito y Palo Oliver solicitan la intervención del MPA a los fines de que confirme los hechos y, en su caso, califique dicha conducta, si es que la misma encuadra dentro de las conductas típicas contenidas en el Código Penal.

Venta de materiales y servicios por 18 millones de pesos

En la presentación referida, se acompaña documental que demostraría la compra directa por parte de Obring Sociedad Anónima, al Corralón Dolzani de materiales y servicios por $ 18.894.036, 11. Estos documentos son una factura de compra (A- N° 00010-00001490) y el remito correspondiente (N° 00010-31346571), ambos fechados el 27 de enero de 2026 y adjuntados a la denuncia.

De corroborarse fehacientemente la realidad de estos hechos, los mismos entrarían en tensión con diversos artículos del Código Penal y de normas provinciales vigentes. Entre ellos:

–        Artículo 265 CP (Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública)

El senador provincial, siempre de acuerdo a la documentación exhibida, habría comercializado materiales y servicios a una empresa en el marco de un contrato de obra ejecutado en su distrito y financiada por el Estado Provincial. En su rol legislativo, aprobó el endeudamiento necesario para la continuidad de la obra y tiene la obligación de contralor sobre esta inversión concreta y sobre todas las realizadas por la provincia.

La figura penal mencionada requiere, para su perfeccionamiento, la acción típica de “interesarse” con miras a un beneficio propio. Pareciera ser que el negocio comercial realizado con la empresa adjudicataria satisface ese requisito.

–        Artículo 256 bis CP (Tráfico de influencias)

Si bien la documentación acompañada registra una operación comercial entre particulares, la condición de senador provincial por parte de Dolzani no puede obviarse.

Resulta evidente que su rol institucional presenta un peso específico suficiente y destacable para la obtención y concreción de oportunidades comerciales en su propio provecho, lo cual está vedado para los funcionarios públicos.

–        Artículo 6 CONST. PROV. (Deber de Ética Pública y Prevención de la Corrupción)

Los funcionarios públicos están obligados a presentar información patrimonial y de conflictos de intereses en forma actualizada y pública. En este caso, el funcionario mantiene vínculos comerciales en franca contradicción con las normas sobre ética pública.

–        Artículo 87 CONST. PROV. (Incompatibilidades)

Se establece la incompatibilidad del cargo de legislador con actividades comerciales con empresas vinculadas económicamente con el Estado provincial.

–        Ley 13.230 (Ley Provincial de Ética Pública)

Se prevé la hipótesis de conflicto de intereses y la prohibición de intervención para funcionarios públicos, obligándolos a excusarse de intervenir y denunciar dicho conflicto.

Por último, Gorosito y Palo Oliver sugieren al MPA diversas medidas probatorias, complementarias de las presentadas:

–        Solicitud a ARCA de información sobre operaciones comerciales entre el Sr. Oscar Alfredo Dolzani y las firmas que conforman la UTE Dragados y Obras Portuarias S.A., Sabavias S.A. y Obring S.A., con la remisión de dichos documentos.

–        Solicitud al Ministerio de Obras Públicas para que remita los antecedentes técnicos de la obra en cuestión.

–        Solicitud de Pericial Contable sobre la contabilidad de Dozani y de su firma (Corralón Dolzani) para corroborar la operación comercial comunicada.

–        Solicitud de Pericial Técnica para determinar la procedencia de los materiales y servicios utilizados por la UTE en la obra pública referida.

–        Solicitud de informes bancarios sobre registros de operaciones entre Oscar Alfredo Dolzani y las empresas integrantes de la UTE y en su caso envíen los informes respectivos, en particular desde 2024 hasta la fecha.

–        Solicitud de informes a las firmas “Dragados y Obras Portuarias S.A., Sabavisa S.A. y Obring S.A. sobre las obras y proyectos con desarrollo en la provincia de Santa Fe desde el año 2024 hasta la fecha.

Fuente: Oficina de Prensa – Fabián Palo Oliver – Diputado Provincial

El Ministerio de Salud de Santa Fe informó que en los últimos días, se produjo en Santa Fe una donación de órganos de características excepcionales. En el Hospital J. M. Cullen se pudieron ablacionar siete órganos durante un operativo que involucró un despliegue logístico casi inédito.

Cinco avionetas especialmente contratadas por distintos centros de trasplante de Buenos Aires coordinaron sus aterrizajes y despegues en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, cada una de ellas con la misión de transportar a los equipos de ablación y regresar con los órganos compatibles para los implantes.

La directora del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), Cecilia Andrada, detalló que “se pudieron extraer los dos riñones, ambos pulmones, hígado, páncreas y el corazón, además de las córneas del donante. Estamos hablando de un proceso multiorgánico prácticamente ideal, con un resultado final de seis receptores, entre los cuales hubo uno pediátrico de menos de un año, y un adulto que recibió riñón y páncreas en conjunto”.

Para dimensionar mejor la singularidad del procedimiento, Andrada explicó que “se puede denominar multiorgánico cuando se extrae más de un tipo de órganos, pero habitualmente eso se da con no más de tres o cuatro. En este caso fueron siete, para lo cual se requiere de dos factores cruciales: eficiencia en los tiempos y un profesionalismo muy elevado en el cuidado del cuerpo del donante. Debemos destacar el trabajo del equipo del Hospital, junto a nuestra coordinación operativa en ese sentido”.

Acerca de los traslados aéreos posteriores, la funcionaria también los consideró como “un hecho probablemente sin precedentes en la historia de la procuración de la provincia. No sólo por los cinco vuelos sanitarios sino por la urgencia y prolijidad organizativa de los cinco transportes terrestres entre el Cullen y Sauce Viejo. Cada uno es una carrera contra el tiempo, con pocas horas de ventana de viabilidad, con una persona y su familia esperando con una fuerte carga emocional en destino. La responsabilidad es enorme, y salió todo muy bien”.

“Este tipo de operativos son posibles porque en Santa Fe hay una política pública sostenida en materia de donación y trasplante, que fortalece el trabajo en red entre hospitales, equipos especializados y distintas áreas del propio ministerio y del Gobierno. Esa decisión política se traduce en hechos concretos y es una prioridad para el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, con inversión, planificación y un sistema que responde en situaciones de máxima complejidad”, agregó Andrada.

Santa Fe, la segunda con más donantes del país

Luego de un 2025 en el que se alcanzaron varias marcas históricas en donación y trasplante en la provincia, Santa Fe generó ocho donaciones de órganos en el primer mes del año, sobre un total nacional de 81.

Los órganos obtenidos en esos ocho procesos posibilitaron 26 trasplantes a personas de distintos lugares del país.

La lista de espera nacional tiene 7.300 pacientes inscriptos, de los cuales 514 son santafesinos.

Entre los primeros operativos de 2026, vale recordar que el 3 de enero se concretó una ablación en el Hospital Regional Jaime Ferré, a un mes de la migración al nuevo edificio en Bv Lehmann 2800, en Rafaela. En esa oportunidad, se obtuvieron hígado, páncreas, ambos riñones y tejidos de un donante, que brindó una nueva oportunidad para tres personas que estaban en lista de espera.

Otra intervención que se destacó en los primeros días del año fue en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), el 9 de enero, en Rosario, donde se realizó una ablación de órganos mediante la técnica de asistolia controlada con perfusión normotérmica regional, que constituyó el primer operativo del país en 2026 con esas características y posibilitó trasplantes en tres personas. En esa oportunidad, se ablacionaron el hígado, riñones y tejidos.

El Gobierno de Santa Fe avanzó con su agenda de alivio impositivo y acompañamiento a la producción al poner en vigencia un nuevo beneficio previsto en la Ley Tributaria 2026. A partir de su reglamentación, empresas de la provincia podrán deducir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos una parte de lo que pagan por el servicio de energía eléctrica, tanto a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) como a cooperativas subdistribuidoras.

En cumplimiento de lo establecido por la ley, las firmas santafesinas ya pueden generar el descuento del valor abonado por electricidad al momento de liquidar Ingresos Brutos. La medida alcanza a contribuyentes que desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios de alojamiento, y habilita a tomar como crédito fiscal el importe básico que figura en la factura eléctrica, con topes que oscilan entre el 10 % y el 30 % del Ingresos Brutos, según el tipo de actividad y el tamaño de la empresa.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó el alcance de la política: “Estas medidas de alivio fiscal previstas en la Ley Tributaria, sumadas a otros beneficios, permiten que alrededor de 211.000 comercios tributen con una alícuota neta de entre el 1,5 % y el 2,5 %, reduciendo de manera significativa lo que abonan por Ingresos Brutos”. Además, adelantó que el Ejecutivo desplegará una estrategia de difusión junto con cámaras y sectores representativos “para que todos los contribuyentes conozcan y puedan acceder a estas herramientas”.

Cómo se aplica el beneficio por actividad

En el caso de la actividad industrial, el esquema está dirigido tanto a grandes demandas como a pequeñas demandas con tarifa industrial, siempre que los ingresos anuales se encuentren dentro de los límites fijados por la normativa nacional para micro, pequeñas y medianas empresas. Para estos contribuyentes, el crédito fiscal podrá alcanzar hasta el 30 % del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, transformando el costo energético en un alivio concreto al momento de tributar.

Para las actividades comerciales y los servicios de alojamiento, también se habilita el descuento del importe básico de la factura eléctrica, con topes diferenciados: hasta el 30 % del impuesto para micro y pequeñas empresas, y hasta el 10 % en el caso de medianas compañías, siempre dentro de los rangos de facturación previstos por la normativa.

En términos prácticos, una parte de lo que las empresas pagan mensualmente por energía puede convertirse en un crédito que reduce directamente el monto de Ingresos Brutos a abonar. Si el crédito generado en un mes supera el tope permitido, el excedente podrá trasladarse a los meses siguientes dentro del ejercicio fiscal 2026.

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, destacó el trabajo coordinado con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el diálogo con los sectores económicos: “Impulsamos este beneficio porque permite deducir uno de los insumos de mayor peso en la estructura de costos productivos, como es la energía eléctrica”.

Trámite digital y control estatal

La reglamentación establece un procedimiento completamente digital. La gestión se realiza a través del Sistema Integral de Administración Tributaria de la Administración Provincial de Impuestos, donde los contribuyentes pueden autorizar sus suministros eléctricos y consultar los pagos computables como crédito fiscal, utilizando información ya disponible en los registros del Estado.

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que esta política busca aliviar uno de los costos centrales de la actividad productiva, fortalecer la competitividad de las empresas santafesinas y acompañar a quienes invierten y generan empleo. Asimismo, confirmaron que se continuará trabajando de manera articulada con cámaras empresariales y asociaciones sectoriales para facilitar la implementación del beneficio.