Durante el encuentro se trataron temas vinculados a los casos donde el punto focal interviene donde se detectan indicios de explotación laboral rural, con el objetivo de mejorar la coordinación de las acciones, contemplando las dificultades propias de esta problemática, sobre todo en el ámbito rural.

“El fortalecimiento de la articulación institucional permite profundizar y afianzar mecanismos de restitución de derechos”, afirmó Alasia.

Del encuentro participaron Fabricio Trossero, Director General de Promoción y Protección de DD.HH; Laura Moya, Coordinadora de Programas y Proyectos; y Bárbara Silva, abogada del Programa Provincial de Lucha Contra la Trata, protección y asistencia a las víctimas y su Familia.

A medida que avanza el almanaque y se acerca a la época de siembra de cultivos de verano, comienza a recobrar actividad el mercado interno de fertilizantes nitrogenados y fosfatados” afirma Marcos Bonet, responsable del Reporte Informativo de Fertilizantes. También advierte que “hasta hace unas semanas, los pedidos no alcanzaban un volumen suficiente como para calmar las preocupaciones de los importadores que debían descargar los stocks comprados”.

Por eso, los precios locales de la urea y de los productos fosfatados no reflejaban plenamente las subas que habían ocurrido a nivel internacional; pero con los anuncios del presidente Milei y la proximidad de las siembras de verano, se enfrentará un mayor ritmo de compras en agosto. En el comercio local se nota que las importaciones han sido medidas, no hay exceso de stocks como en otros años, por el costo financiero y porque los productores se han acostumbrado a comprar solo lo necesario y muy cerca del momento de uso.

“Los fertilizantes estaban baratos hasta junio, pero luego empezaron a subir por varios factores, entre ellos el conflicto bélico en Medio Oriente, fuertes compras de urea de India e interrupción de exportaciones de fosforo en medio del conflicto por los aranceles generado por Estados Unidos”, observa Enrique Bayá Casal, titular de una empresa de venta de insumos agropecuarios. Es así que en estos días la urea vale 600 dólares por tonelada y “debería seguir subiendo en cuanto arranque la demanda de maíz porque los márgenes comerciales son muy finitos para los costos argentinos”, agrega.

El fosfato diamónico se vende entre 900 y 910 dólares por tonelada y tampoco va a retroceder porque las importaciones ya se han completado. Hacia adelante, el directivo estima que ninguno de los dos fertilizantes se orientará a la baja si la siembra de granos gruesos se desarrolla con normalidad, por lo que aconseja no demorar las compras de lo que sea necesario, pese a que, con estas cotizaciones de los fertilizantes, se ha complicado la relación insumo/producto con los cereales para ubicarse en valores superiores al promedio de los últimos años.

Fuente: Diario La Nación

La industria argentina del biodiésel atraviesa uno de sus momentos más críticos. Las exportaciones del sector se desplomaron a niveles históricamente bajos durante el primer semestre de 2025, lo que encendió todas las alarmas en una actividad clave para la agroindustria. “En lo que va de 2025 la Argentina prácticamente no exportó nada, solo 36.000 toneladas a la Unión Europea”, advirtió Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio). Hubo una caída de precios y de demanda de ese bloque, el principal comprador.

Zubizarreta alertó que las perspectivas para lo que resta del año son incluso peores que en 2023 y 2024, dos años ya de por sí muy negativos para el rubro. En detalle, la capacidad ociosa de la industria de biocombustibles pasó del 33% en 2017 al 70% en 2024. Aún así, el año pasado se exportó aproximadamente 383.000 toneladas de biodiésel. “El contexto complejo, tanto en precios como en demanda, recortó las exportaciones a Europa. Las condiciones del acuerdo para exportar [el país tiene un acuerdo de precios que se debe respetar] dejaron un escenario actual poco favorable”, explicó el dirigente.

En este marco, uno de los mayores problemas radica en la imposibilidad de vender al principal mercado histórico: Estados Unidos. “Desde 2018 ese mercado está cerrado al biodiésel argentino por aranceles antidumping y antisubsidios que superan el 120%”, recordó. La situación se agrava al no poder acceder tampoco al mercado local, que está limitado por una ley que, según Carbio, beneficia exclusivamente a pymes.

En una suerte de encerrona bastante importante, dijo que la estructura no funciona, pese a que son inversiones relevantes y plantas muy eficientes, hoy paradas. Estas instalaciones están ubicadas junto a las plantas de aceite de soja, su principal insumo, lo que permite una integración ágil y con bajo costo operativo.

La falta de exportaciones implica que el aceite de soja no pueda ser transformado en biodiésel y termine saliendo como materia prima, sin valor agregado. “Estamos exportando aceite crudo porque no se puede transformar en biodiésel. Es una pérdida de eficiencia para el país”, agregó.

En el sector señalaron que no hay soluciones inmediatas a la vista. “Buscamos abrir el mercado doméstico, reabrir el de Estados Unidos y el de Perú, que también nos lo cerró. En Europa no hay mucho que hacer, el precio actual no permite que exportemos bajo las condiciones del acuerdo vigente”, sostuvo.

En este contexto, se sabe que hay gestiones para reabrir el mercado norteamericano a través de una negociación bilateral que estaría en curso entre la Cancillería, la Secretaría de Agricultura argentina y el gobierno norteamericano. “No tengo información concreta, pero sé que está en la agenda oficial”, indicó.

Vale recordar que la industria de biodiésel argentina se divide en dos grandes segmentos: las pymes, que abastecen el mercado interno, y las grandes plantas, destinadas a la exportación. Desde hace tiempo que este último grupo denuncia una “discriminación legal” que les impide vender en el mercado doméstico, incluso cuando sus costos son más bajos.

“El mercado interno está regido por una ley que impone cupos obligatorios y precios definidos por la Secretaría de Energía. Es el único mercado en el mundo donde se impide la libre competencia y se establece un precio basado en la estructura de costos de la pyme menos eficiente”, cuestionó Zubizarreta.

En ese sentido, recordó que este régimen comenzó en 2006 con una ley promocional impulsada por el kirchnerismo. “Siendo realistas es difícil que una pequeña empresa pueda abastecer un mercado de escala como este, a precios competitivos y eso impacta al bolsillo del consumidor y la competitividad de toda la economía”, afirmó.

Esa ley inicial venció en 2022. Sin embargo, en lugar de reemplazarla por un sistema competitivo como buscaba el sector exportador, el Congreso aprobó una nueva normativa que extendió el esquema por otros 10 años. “Es un régimen que discrimina a las empresas más eficientes, es un buen momento para que el Congreso haga un cambio hacia un esquema que genere competencia e incentivos a nuevas inversiones eficientes”, comentó.

En este contexto, contó que este año el Gobierno presentó un proyecto de ley que apunta a liberar el mercado y permitir la competencia. “Armamos una mesa de diálogo en la Liga de provincias energéticas para consensuar un texto. Creemos que debe haber una transición hacia un mercado totalmente libre”, dijo.

Zubizarreta remarcó que un esquema competitivo beneficiaría al consumidor con precios más bajos y daría previsibilidad a las grandes plantas. “La Argentina tiene una de las industrias de biodiésel más eficientes del mundo. Pero hoy está casi paralizada. Necesitamos reglas claras para volver a operar a pleno”, afirmó.

En paralelo, la industria de etanol de maíz, dijo, también presiona por una reforma en la ley de biocombustibles que permita mayor competencia. “Ambos sectores empujamos una misma agenda: terminar con el esquema de cupos, precios fijados y discriminación. Queremos un mercado transparente y abierto”, agregó el presidente de Carbio.

Sobre el comercio exterior, reiteró que la caída en ventas a Europa responde a que los precios actuales están por debajo del mínimo exigido por el acuerdo bilateral. “El mercado europeo está técnicamente abierto, pero no podemos vender porque el precio no alcanza. Es una limitación estructural”, detalló.

Y como se dijo, Estados Unidos, que en su momento reemplazó a Europa como principal comprador, también permanece cerrado. “Llegamos a exportar por US$1500 millones. Hoy ese mercado está totalmente vedado por los aranceles”, relató.

En ese escenario, recordó que fue ahí que las empresas iniciaron un litigio judicial en la Corte de Comercio de Nueva York, pero no lograron revertir los aranceles. “La esperanza ahora está en una negociación política que habilite una cuota de ingreso como la que tenemos con Europa”, señaló.

Por su parte, ayer, en un comunicado, entidades que agrupan las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel expresaron su malestar con el Gobierno por la falta de cumplimiento en los valores de referencia oficiales. A través de una nota enviada a la Secretaría de Energía, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba) alertaron que operan con fuertes pérdidas debido a que el precio de venta está por debajo del establecido oficialmente.

Fuente: Diario La Nación