Tras participar de la cena de expositores de Expoagro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió sobre los desafíos que enfrenta el sector agropecuario, la señal que esperan los productores por la baja de retenciones, cuestionó los acuerdos comerciales impulsados por el gobierno nacional y lamentó la paralización de obras estratégicas para la producción, como el dragado de la Cuenca del Salado.

En relación con la baja de retenciones, el gobernador dijo que el tema genera expectativas dentro del sector agropecuario, aunque aclaró que se trata de una definición que corresponde al gobierno nacional. “Estamos a la espera porque es una situación muy estrafalaria a nivel mundial, en el marco de que los precios internacionales, al compás de los conflictos bélicos y de lo que es la geopolítica, se van moviendo. Así que estamos a la espera. No es algo que tenga que ver inmediatamente con el gobierno provincial. Nosotros trabajamos con instrumentos desde los ministerios y, por supuesto, con la cuestión del Banco Provincia, que es el que mayor despliegue territorial tiene», dijo.

El mandatario bonaerense destacó el peso productivo de la provincia dentro del país y aseguró que Buenos Aires “es líder en los cinco cultivos más importantes”, algo que atribuyó a políticas de apoyo al sector desde la gestión provincial. En ese sentido, subrayó el rol del financiamiento a través del Banco Provincia, que según detalló otorgó más de $3 billones en créditos a más de 10.000 empresas, y enumeró acciones vinculadas a sanidad animal, seguridad rural, caminos rurales y fortalecimiento de escuelas en el interior.

Cuestionó la paralización hace un tiempo del dragado del río en la Cuenca del Salado, una obra hidráulica central para mejorar el drenaje en una de las zonas productivas más importantes del país. Según el gobernador, su administración fue la que más avanzó en ese proyecto, pero sostuvo que la obra se encuentra hoy interrumpida por decisión del gobierno nacional, situación que también —según indicó— se replica en trabajos vinculados con rutas nacionales. “Nuestra gestión es la que más avanzó en esa obra, hoy lamentablemente interrumpida por la decisión del gobierno nacional. Lo mismo que la obra en rutas nacionales”, apuntó. Vale recordar que hace unos meses el gobierno nacional implementó una reactivación en el Salado.

Kicillof también se refirió a los acuerdos internacionales y manifestó preocupación por su impacto sobre la producción nacional. Mencionó el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, que —según recordó— se encuentra judicializado en Europa por medidas proteccionistas adoptadas por países del bloque.

Para el gobernador, el contexto internacional muestra un cambio de paradigma respecto del libre comercio. “El libre mercado y el liberalismo pasaron de moda en el mundo”, sostuvo, al señalar que muchos países están adoptando políticas para proteger su industria y su producción.

En esa línea, cuestionó el acuerdo firmado recientemente por el gobierno de Javier Milei con Estados Unidos, al que calificó como un convenio “estándar” similar al que firmaron otros países. Según planteó, el entendimiento contiene cláusulas complejas que podrían obligar a la Argentina a alinearse en conflictos comerciales internacionales. “El acuerdo con Estados Unidos es un acuerdo que, por ejemplo, si Estados Unidos entra en algún conflicto con algún país, la Argentina tiene que declararle la guerra comercial, dejar de comprarle. Son cláusulas malas para la Argentina. Es un acuerdo parecido al que firmaron Bangladesh y otros países. Es estándar. No es para hablar mal de ningún otro país, pero podrían laburar, ya que están, y cuidar lo nacional. Necesitamos que nuestro gobierno no le ponga la latita arriba, como un auto en venta, a toda la industria argentina y a toda la producción nacional, sino que defienda al campo, a la industria y al turismo”, precisó.

El gobernador también expresó preocupación por la situación industrial y productiva, en un contexto de apertura comercial que —según dijo— ya está afectando a distintos sectores. “Cada día nos despertamos con una noticia negativa”, afirmó, y mencionó la pérdida de 300 puestos de trabajo en empresas industriales, algunas con décadas de trayectoria.

En ese marco, advirtió que la provincia concentra cerca del 40% de la producción del país, por lo que cualquier impacto en la actividad económica tiene un efecto directo en el empleo y en el entramado productivo bonaerense. Según explicó, en el interior bonaerense no solo hay actividad agropecuaria, sino también industrias textiles, metalúrgicas y manufactureras que forman parte del entramado económico regional. “Sin un Estado que esté al tanto y coordinando, hay cosas que no pasan”, concluyó el gobernador.

Fuente: Diario La Nación 

Contempla que el productor puede guardar y volver a sembrar la semilla de soja, trigo u otras autógamas adquirida legalmente abonando un valor acordado con la industria por hasta tres multiplicaciones; quienes siembren hasta 500 hectáreas con semilla fiscalizada mantienen el derecho al uso propio gratuito sobre esa superficie inicial durante tres campañas; el aval que falta dentro de la agrupación rural y el encuentro que se hará en Expoagro con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta

La Mesa de Enlace aprovechará un encuentro con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, este martes en Expoagro para hablar con el funcionario sobre la realidad del sector. Y estos temas formarán parte de la agenda: infraestructura y el INTA y, si termina de cerrarse el consenso al interior del bloque rural, semillas. Esto último es de gran relieve debido a la discusión abierta sobre el reconocimiento a la propiedad intelectual en autógamas como la soja y el trigo. Es un asunto donde la industria semillera ha advertido que por la falta de un reconocimiento acorde a los nuevos tiempos la inversión quedó retrasada, por ejemplo, versus Brasil que hoy tiene más productividad en soja.

El encuentro se hará desde las 16 y será el corolario de otras actividades que, por su parte, habrá desarrollado antes el Gobierno en la muestra. A las 10.30, la presentación de créditos por parte del Banco Nación, y a las 13 también préstamos del BICE. “El Banco Nación la va a romper”, dijo una fuente que, ante la insistencia sobre qué llevará el BNA esquivó dar más detalles.

En cuanto a la movida del BICE, a las 13 primero hablarán integrantes del equipo económico del Ministerio de Economía. Será en la charla “Producir, transformar y exportar. El momento de invertir es ahora” y expondrán Federico Furiase, secretario de Finanzas; y Martín Vauthier y Felipe Núñez, ambos estos últimos directores BICE. Los tres son los referentes, además, de Las Tres Anclas en el streaming Carajo. Tras el cierre de esa charla Iraeta y el presidente del BICE, Maximiliano Voss, anunciarán créditos para el sector ganadero bovino. Eso será en el auditorio de Agronegocios de la Exposición.

El encuentro de la Mesa de Enlace con Iraeta se inscribe en el contexto de la buena sintonía que los dirigentes rurales vienen teniendo con el gobierno de Javier Milei. En rigor, se vienen manteniendo reuniones de “seguimiento” de los distintos temas de la actividad. El año pasado los dirigentes de las entidades que la conforman, Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también tuvieron una reunión con el secretario de Agricultura en el marco de Expoagro.

Según contaron en la Mesa de Enlace, en el rubro de la infraestructura la dirigencia espera hacer “hincapié” en el tema. Sabido es que al sector le preocupa contar con buenas rutas y caminos para trasladar la producción no solo la actual sino la futura de mayor producción si se cumplen distintas proyecciones de crecimiento. Hay expectativa por la marcha de las licitaciones del gobierno nacional. El Gobierno ya entregó el corredor que circula por sobre las rutas 12 y 14, además del tramo que explota el puente Rosario – Victoria.

Por otra parte, en la Mesa de Enlace siguen con atención la reforma que el Gobierno quiere hacer en el INTA con cierre de agencias de extensión, posibles ventas de tierras y nuevos retiros de personal que, en este caso, podrían implementarse desde el mes próximo.

Semillas

En este marco, el tema semillas cobra un especial relieve. El acuerdo con los Estados Unidos contempla la adhesión a UPOV 91, un convenio internacional en semillas que, a los ojos del gremialismo rural, le da más poder a la industria semillera en materia de propiedad intelectual. Desde hace años la industria semillera quiere que se introduzcan restricciones en el uso propio, hoy permitido por la ley de semillas vigente desde 1973. Por el uso propio un productor que cosechó soja se puede guardar una parte para usar en la siguiente campaña como semilla.

Desde noviembre del año pasado, en la Mesa de Enlace se viene trabajando en un borrador de propuesta para una nueva ley de semillas. Los tiempos se aceleraron luego de que el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso dijera que se impulsará un “régimen de derecho de propiedad a los innovadores en semillas”. Esa frase fue interpretada en el agro como una señal de que se buscará vía ley la adhesión a UPOV-91. La dirigencia rural cree, en tanto, que no adherirse a ese tratado, y permanecer en el actual UPOV 78 sería lo más conveniente incluso para reconocer los derechos de propiedad intelectual en semillas.

Según pudo saber este medio, en los últimos días desde el Gobierno llegó a la Mesa de Enlace el mensaje de que, si los dirigentes quieren presentar una propuesta propia, lo hagan. Algunas fuentes hablan de que hubo contactos con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. En este marco, trascendió que lo que es un borrador podría terminar de presentarse el mismo martes a Iraeta. Pero falta, según dijeron diversas fuentes, el visto bueno de Coninagro. Sucede que esta entidad, además de productores, tiene una pata de la industria semillera con la poderosa Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Consultadas fuentes del gremialismo rural sobre si la propuesta verá la luz el martes, indicaron: “No lo tenemos definido aún”.

Por lo pronto, según el borrador que se trabajó en la Mesa de Enlace, y que tiene aportes de experiencias de países vecinos como Uruguay, se plantea un uso propio oneroso, mediante el pago de una retribución al obtentor. También el uso propio gratuito. Por este se interpreta “cuando el productor titular de la explotación agrícola posea una superficie total sembrada igual o inferior a quinientas (500) hectáreas, alcanzando dicha gratuidad a todas las variedades protegidas”. Según se agrega, “el título por el cual el productor posea el uso y goce de esas 500 hectáreas es indistinto a los efectos de la presente”.

El borrador habla de un uso propio incremental sobre la superficie base y también del tiempo a pagar sobre la compra original de la semilla fiscalizada. El borrador menciona que “será opción del productor, en lugar de pagar por el uso propio oneroso en cada multiplicación…pagar por los 3 multiplicaciones el momento de la compra de la bolsa, lo que finaliza con sus obligaciones e implica la liberación del pago por el uso propio oneroso”.

En resumen, según averiguó este medio, el esquema de semillas que se trabajó en la Mesa de Enlace propone que el productor pueda guardar y volver a sembrar la semilla de soja, trigo u otras autógamas adquirida legalmente pagando un valor previamente acordado con el vendedor por hasta tres multiplicaciones, con un precio fijo establecido al momento de la compra y sin fórmulas variables.

Se explicó que el productor también podrá optar por pagar de una sola vez, al comprar la bolsa, el total correspondiente a esas tres multiplicaciones y quedar liberado de pagos futuros.

La cifra de las 500 hectáreas

Los productores que siembren hasta 500 hectáreas con semilla fiscalizada, se detalla, mantienen el derecho al uso propio gratuito sobre esa superficie inicial durante tres campañas.

No obstante, según el espíritu del borrador que se trabajó en la agrupación ruralista, si mediante multiplicación el productor termina sembrando una superficie mayor a la originalmente cubierta por la compra —por ejemplo, compra semilla para 100 hectáreas y luego siembra 500— las 100 hectáreas iniciales mantienen el beneficio de gratuidad mientras que por las 400 hectáreas adicionales deberá abonar un canon por uso incremental cada vez que utilice esa semilla.

La iniciativa contempla la aplicación de la normativa desde el Instituto Nacional de Semillas (Inase), la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y abre la puerta para que a CRA, la SRA, Coninagro y Federación Agraria se les reconozca una legitimación para “a) interponer denuncias y acciones ante la Autoridad Nacional de la Competencia (Ley N° 27.442) por actos que afecten la libre concurrencia, transparencia de precios o impliquen abuso de posición dominante en el mercado de semillas y biotecnología, b) iniciar acciones judiciales ante los juzgados federales o provinciales competentes con el objeto de declarar la nulidad de cláusulas abusivas, solicitar medidas cautelares o reclamar la reparación de daños colectivos derivados de la aplicación de la presente ley”.

Fuente: Diario La Nación 

La iniciativa presentada reconoce el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) emitido por el Senasa como “único instrumento válido y obligatorio” para el traslado de animales en pie.

Hace tiempo que los productores ganaderos reclaman por el costo de las guías de traslado que varían entre municipios y que se pagan sin que exista una contraprestación concreta. Las entidades agropecuarias esperan una pronta sanción del proyecto e insisten en que permitiría simplificar trámites, reducir costos administrativos y mejorar la competitividad de la ganadería cordobesa.

La iniciativa también modifica el régimen provincial de marcas y señales y reconoce al Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa) y al Registro Nacional de Productores Agropecuarios (Renspa) como los “oficiales” de información vinculada al movimiento y existencia del ganado.

En esa línea deroga “todas las disposiciones” de la ley provincial 5542 que abre a las autoridades locales la “intervención obligatoria en la emisión o validación del Documento de Tránsito Electrónico” y determina que es la provincia la que debe asumir en “forma exclusiva la organización administrativa del régimen de tránsito pecuario”.

Hace menos de un mes se realizó una reunión donde participaron un centenar de personas y el eje fue la necesidad de eliminar las guías ganaderas que tienen costos diferentes en cada lugar. Bell Ville, Las Vertientes y Sinsacate las dejaron sin efecto, aunque el último municipio las mantiene para animales destinados a consumo.

En la asamblea se expusieron casos concretos sobre el impacto económico de la tasa y señalaron que, en algunos establecimientos, el costo anual de las guías (aun cuando sean movimientos internos) se equipara a la inversión total en sanidad animal anual.

Desde hace tiempo existe en la Argentina un debate sobre el cobro de tasas municipales creadas con el fin de recaudar y sin prestar a los contribuyentes servicios, lo que las convierte en un impuesto. Agost Carreño señala en su iniciativa que “cualquier tasa, contribución o arancel que se establezca con relación al traslado de hacienda deberá fundarse exclusivamente en la prestación efectiva, concreta e individualizada de un servicio sanitario o de fiscalización”.

En los fundamentos repasa que la normativa actual “estableció oportunamente un esquema descentralizado” y le dio intervención a los municipios. “Tuvo carácter organizativo y reglamentario, no constitucional. No implicó transferencia definitiva de competencia, sino una modalidad administrativa adoptada en un contexto tecnológico basado en soporte papel y tramitación presencial”.

Con el DT-e, advierte, cambió el procedimiento operativo, permitiendo la emisión digital, la trazabilidad en tiempo real y la validación centralizada del instrumento: “La intervención local obligatoria ha perdido sustento funcional. Como titular originaria del régimen de marcas y señales, la Provincia conserva plena potestad para reorganizar administrativamente su sistema, reasumiendo en forma exclusiva la organización del tránsito pecuario y eliminando instancias intermedias que ya no resultan necesarias”.

También subraya que “no se vulnera la autonomía municipal, ni se alteran competencias propias del poder de policía local ni se limita la potestad tributaria en materias que les son propias. Se deja sin efecto únicamente una intervención administrativa cuya fuente es la ley provincial”.

Fuente: Diario La Nación