El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, desreguló el mercado de fletes agropecuarios al abrogar las resoluciones que establecían esquemas tarifarios de referencia para el transporte automotor de cargas de cereales, oleaginosas y afines. En este contexto, la medida, formalizada mediante la resolución 48/2025 y publicada en el Boletín Oficial, busca “lograr una mayor claridad y eficacia en la desregulación, desburocratización y simplificación del Estado nacional”. La medida cosechó el apoyo de entidades de la producción como la Sociedad Rural Argentina (SRA). En tanto, un sector de los transportistas expresaron reparos.

La resolución, firmada por el secretario de Transporte, Luis Octavio Pierrini, se asienta en el marco legal que rige para el transporte automotor de cargas, establecido por la ley 24.653. Esta norma asignó al entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Transporte como Autoridad de Aplicación, para fijar políticas generales y específicas del sector.

Según dijeron en la normativa, a lo largo de los años se habían establecido mecanismos de referencia. La resolución 8 del 1° de abril de 2016 de la exSecretaría de Gestión Transporte había aprobado un Esquema Tarifario Referencial para el transporte automotor de cargas de jurisdicción nacional de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados.

Esta resolución también había creado la “Mesa de Negociación Participativa”, un mecanismo para determinar la Tarifa de Referencia, integrada por cámaras empresariales del sector, entidades agrarias, y representantes de la Subsecretaría de Transporte Automotor y del entonces Ministerio de Agroindustria.

La Tarifa de Referencia debía ser consignada por los sujetos obligados al completar el formulario de la Carta de Porte para el Transporte Automotor de Granos, y la Subsecretaría de Transporte Automotor era la encargada de actualizarla.

El procedimiento para la convocatoria y funcionamiento de esta Mesa de Negociación Participativa fue modificado posteriormente por la resolución 190 del 3 de diciembre de 2018 y la disposición 1 del 1° de febrero de 2019. Esta última dispuso que la Subsecretaría de Transporte Automotor establecería su propia fórmula de cálculo para la determinación y actualización de las tarifas referenciales, que serviría para el análisis de los Informes de Costos.

Más recientemente, la resolución conjunta 1 del 21 de abril de 2023 había creado una “Mesa de Trabajo” en el ámbito de la exSecretaría de Gestión de Transporte y la exSecretaría de Planificación de Transporte, ambas del entonces Ministerio de Transporte. La composición de esta Mesa de Trabajo, que inicialmente incluía a Secretarios y representantes de cámaras como la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), fue ampliada por la resolución 83 del 6 de diciembre de 2023. La nueva conformación incluyó además a representantes de la Mesa de Enlace, Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, la SRA y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de la Federación Nacional de Acopiadores de Granos y funcionarios del Ministerio de Economía.

No obstante, dijeron, esta estructura comenzó a mostrar fisuras cuando varias entidades clave expresaron su deseo de no seguir participando. La Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) manifestó “su voluntad de no participar en lo sucesivo de la Mesa de Trabajo destinada a establecer Precios de Referencia”, argumentando que no cuenta con empresas asociadas dedicadas al transporte de cereales y oleaginosas.

En un sentido similar, indicaron, la Fadeeac también comunicó “su decisión de no participar de tal Mesa de Trabajo”. Esta cámara sostuvo que la transparencia en los costos del transporte haría “mucho más dinámico y justo, que todo el proceso actual se reúna y conforme en un Índice de Costos serio y bien elaborado para trasladarlo a negociaciones de tarifa individuales entre transportistas y los otros actores del mercado en cuestión, sin intervención alguna de la Autoridad Pública”.

La SRA, que agrupa a productores agropecuarios de todo el país, también expresó formalmente “su decisión de no participar en futuras reuniones para la determinación de tarifas indicativas o de referencia”. Para la SRA, la mejor política en este ámbito es aquella que “respeta la libertad de mercado y la capacidad de los actores privados para establecer sus propios acuerdos comerciales”.

Ante este escenario, la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas (DNTAC), dependiente de la Subsecretaría de Transporte Automotor del Ministerio de Economía, realizó un análisis. En su informe, señaló que, si bien el Estado no intervenía en la definición de acuerdos, los “valores de referencia” que surgieron de las Mesas de Trabajo habían sido “objeto de diversas interpretaciones respecto de su aplicación, dando lugar a situaciones en las que los acuerdos alcanzados resultaron divergentes respecto de las referencias establecidas, mientras que el propósito fue brindar un marco orientador y no establecer un valor vinculante”.

En consecuencia, la DNTAC consideró “pertinente armonizar y actualizar la normativa vigente, para optimizar su aplicación y adecuarla a las necesidades actuales del sector”. Subrayó la necesidad de “eliminar barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de la libertad económica” y recomendó explícitamente “derogar la resolución 8 del 1° de abril de 2016, así como la resolución conjunta 1 del 2 de abril de 2023”.

Adicionalmente, se destacó que, de forma paralela a estas discusiones, el sector privado ya había avanzado en sus propios acuerdos. El 10 de marzo de 2025, se celebró un “Acta Acuerdo” entre representantes del sector transportista y los dadores de carga, quienes establecieron “de común acuerdo un nuevo cuadro tarifario de alcance nacional para el transporte automotor de carga de la producción agropecuaria”.

Repercusiones

Luego de conocerse la medida, la Sociedad Rural Argentina (SRA) indicó que la eliminación de la instancia de negociación de las tarifas referenciales nacionales, a través de la Secretaría de Transporte, “es un punto que la SRA había pedido en la agenda del campo entregada en 2023 a los entonces candidatos a presidentes de la Nación”.

“Creemos que la Ley 24.653 de Transporte Automotor de Cargas es clara, el valor de las tarifas de fletes agropecuarios debe operar con precios libres con plena autonomía de contratación y tráfico», dijeron a LA NACION en la entidad ruralista.

“Por este motivo, la SRA, junto a otras entidades transportistas habían dejado de participar en dichas reuniones de negociación tanto a nivel nacional como en las de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Esta situación quedó plasmada en la resolución 48/2025 publicada hoy”, agregaron.

Para Pablo Agolanti, presidente de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), la resolución del Gobierno “no es una buena decisión”. Recordó que la entidad, desde 1950, calcula y publica tarifas de referencia, una tarea que —aseguró— continuará realizando.

“Vemos que el Gobierno viene desregulando, pero entre privados teníamos una mesa de trabajo donde se discutían los costos del transporte. Cuando se incrementaban los costos, se pedía una mesa y nosotros aportábamos un estudio. Con las entidades llegábamos a un acuerdo en esa tarifa de referencia. El Estado solo convocaba y aprobaba esa tarifa. Después, en la negociación entre particulares, se terminaba de fijar un valor, que podía ajustarse para arriba o para abajo”, explicó a LA NACION.

El dirigente advirtió que la medida “profundiza las diferencias entre privados” porque los transportistas más pequeños, con entre uno y cinco camiones, “no tienen capacidad de negociación y terminan siendo los más perjudicados”. Y agregó: “Con esto, la variable de ajuste es el transportista. Todavía es muy pronto para saber si se mantendrá una mesa de negociación entre privados para discutir las tarifas y llegar a un punto en común”.

Fuente: Diario La Nación

En distintos puntos de la provincia de Entre Ríos se multiplicaron los ataques de perros a terneros y novillos. En los últimos días hubo más de media docena de casos con animales muertos o gravemente heridos, lo que implica pérdidas millonarias para los productores. La situación encendió el debate sobre la falta de control y responsabilidad en la tenencia de estos animales.

En Alarcón, Fernando Jaimerena relató que nueve perros sueltos atacaron el rodeo de su familia y de vecinos, con once animales lastimados en distintos episodios. En Larroque, el presidente de la filial local de Federación Agraria Argentina (FAA), Adolfo De Zan, confirmó que los hechos se repiten en varias localidades de la región y advirtió que “el mayor temor es que algún día una jauría ataque a una persona”.

Jaimerena explicó que los animales atacados desde hace más de una semana iban desde terneros de 140 a 170 kilos hasta novillitos de 300 kilos. “El de 300 kilos vale 1,5 millones de pesos, los otros unos 700.000. Son pérdidas enormes para cualquiera”, detalló. En su campo, con 110 cabezas en total, la sucesión de mordidas y muertes encendió la alarma: “Estamos preocupados: los vecinos avisan cuando ven a los perros y organizamos vigilancia, es lo único que podemos hacer”.

El productor reconoció que la policía tomó la denuncia de un caso y localizó al dueño de los animales, pero al poco tiempo volvieron los ataques. “Se hizo la denuncia, se contactó al dueño y vino, pero no hay seguimiento ni leyes que respalden, los perros siguen sueltos y el daño lo pagamos nosotros. Los ataques han vuelto”, remarcó.

Y contó: “Yo tengo un perro, pero yo lo tengo conmigo: voy al campo con él y al pueblo y me hace caso. Lo enseñamos para estar con nosotros. Las jaurías de perros cuando atacan a un animal es peligroso meterse para intervenir, porque pueden atacar a una persona; andan tan enceguecidos… Esto nos tiene intranquilos a todos”.

Según De Zan, la situación no es aislada: “Hay casos en Larroque, Irazusta, Cuchilla Redonda, Las Mercedes, Talitas y Costa de Gómez. Muchos productores ya ni denuncian porque están cansados de no tener respuestas”. Los ataques alcanzan a vacas, terneros, novillos y también a ovejas, con rodeos enteros destrozados en cuestión de horas, de acuerdo con el productor.

El dirigente recordó que todos los productores tienen perros en la zona, pero cada uno los mantiene con cuidados y límites. “El problema son las jaurías que nadie controla. Los dueños se lavan las manos sobre cualquier ataque que hagan. Lo más grave es que estas jaurías pueden atacar a un niño o adulto”.

Desde la filial de Federación Agraria en Larroque buscarán impulsar una normativa para enfrentar la situación. Intentarán promover y trabajar en una ordenanza municipal y, en paralelo, una ley provincial o nacional que establezca la tenencia responsable y un registro de perros en zonas rurales. La propuesta, que dijo De Zan que le harán a legisladores o candidatos provinciales, incluye controles más estrictos, castraciones opcionales y hasta la colocación de chips o caravanas que permitan identificar a cada animal.

Anticipó que en los próximos días está prevista una reunión con el intendente de Larroque, Francisco Benedetti, y buscarán reunirse con legisladores entrerrianos como Juan José Bahillo. También tratarán de llegar a Atilio Benedetti, oriundo de la provincia y diputado nacional, y el senador nacional Alfredo de Ángeli, además de dirigentes de FAA como Matías Martiarena. La idea es avanzar con un marco legal que obligue a los dueños a responder por los daños que ocasionen sus animales.

“Esto viene desde hace años y va a seguir pasando si no se hace nada. Necesitamos reglas claras, porque los productores no podemos seguir absorbiendo las pérdidas”, resumió De Zan.

Fuente: Diario La Nación 

Cesaron las lluvias pero en el “manchón” de agua que cubre el extremo sur de esta provincia, el norte de Buenos Aires y el sudeste cordobés, hay que esperar, según dicen los productores. Que el agua baje demandará al menos cuatro días. Y que un porcentaje de la lluvia acumulada se evapore hoy es algo difícil por las bajas temperaturas. Se estima, aunque falta la evaluación de técnicos que siguen el tema para distintas organizaciones de la producción, que habría unas 700.000 hectáreas afectadas por la tormenta de Santa Rosa en las provincias citadas.

En Santa Fe, el epicentro de la emergencia sigue siendo la zona urbana y rural del departamento General López, próximas a la provincia de Buenos Aires, donde el cuadro que describen los productores es el denominador común de la región afectada: napas subterráneas altas y falta de escurrimiento rápido.

Todo ello genera, en los lotes sembrados con trigo, la incertidumbre sobre lo que finalmente ocurrirá con la actual campaña. Pero los productores también advierten que peligra el comienzo en tiempo y forma de la siembra de maíz temprano y girasol, porque por varias semanas no habrá posibilidades de ingresar a los lotes para realizar los trabajos iniciales de laboreo, lo que podría derivar en un corrimiento del interés de los productores hacia soja y maíz de segunda.

Laura Llopi, titular del Consejo Asesor Regional Santa Fe de Coninagro, vecina de María Teresa, epicentro del fenómeno que afectó al sur santafecino, con 260 milímetros, explicó que “recién este martes se puede observar que el agua comenzó a retirarse del ejido urbano, pero lo que sucede en los campos no podemos comentar nada porque todos los caminos de tierra están cortados, muchos de ellos anegados de alambrado a alambrado”.

 “El panorama en la zona rural, de los distritos María Teresa, Christophersen y La Chispa (departamento General López) es alarmante”, resumió ante LA NACION. La productora rural señaló que “el agua acumulada es como estar viendo un mar porque para el lado que se mire hay agua”.

Llopi ratificó que las mayores dificultades se observan en los cultivos sembrados con trigo, pero aclaró en forma enfática que “es muy prematuro evaluar las pérdidas porque el agua en los caminos va de alambrado a alambrado y es imposible llegar a los campos”. Agregó: “Para una correcta estimación de los daños tenemos que esperar que baje el agua y ver cómo se comporta el cultivo y en muchos casos las pasturas”.

Ante una consulta, explicó que, “si bien esta no es una zona ganadera por excelencia, quienes tienen hacienda están muy complicados ya que las pasturas y los rollos (forrajeros) están bajo agua y las vacas permanecen en lomadas y en muchos casos sin alimentarse ni descansar”.

Lluvias récord

En este marco, un informe de la Dirección de Riesgo, Seguro Agropecuario e Instrumentos Impositivos, Financieros y Fiscales de la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencias Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura puso de relieve que, luego de las fuertes precipitaciones que se dieron en el marco de la tormenta de Santa Rosa, se expandieron las zonas productivas con excesos hídricos. Además, el reporte indicó, en base a datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que agosto finalizó con marcas históricas para este mes.

 “Se generalizan los excesos estimados en lotes de trigo, especialmente en el sudeste de Córdoba, norte de Buenos Aires y centro y sur de Santa Fe”, precisó el relevamiento oficial. Según consignó, en materia de precipitaciones se registraron acumulados de más de 100 mm en el centro de la región pampeana. Ejemplificó con estos datos: 155 mm en Marcos Juárez, 139 mm en Diamante, 129 mm en Venado Tuerto, 102 mm en Los Toldos, 101 mm en Sauce Viejo.

Indicó que, en base a un mapa de precipitaciones, allí se observan “excesos generalizados en el sudeste de Córdoba, centro y sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires”. Agregó: “También predominan los excesos en Entre Ríos y sudeste de Buenos Aires”.

Remarcó que el centro de Córdoba, que presentaba “condiciones deficitarias de agua en el suelo, las recientes precipitaciones permiten observar reservas adecuadas a óptimas en lotes de fina”.

El análisis dio cuenta de muchas regiones con lluvias que marcaron un récord para agosto. “En Venado Tuerto, por ejemplo, se sumaron 199 mm en agosto de 2025, mientras que el máximo de la serie histórica era de 101 mm, medidos en agosto de 2015”, dijo.

En este contexto, en Los Toldos, Buenos Aires, agosto de este año registró 270 mm, por encima del máximo de 131 mm de agosto de 2001. En Marcos Juárez, en el sudeste de Córdoba, también se rompió un récord: los 196 mm del mes pasado superaron a los 117 mm de agosto de 2012. Entre otros casos, en Laboulaye, también en Córdoba, agosto de 2025 marcó 131 mm, muy superior a los 106 mm de agosto de 1976.

Fuente: Diario La Nación