Debido a las diferencias de criterio que existían dentro de Europa sobre el acuerdo, el Consejo decidió buscar un atajo, que fue dividir el capítulo arancelario del institucional

Francia fue uno de los países que más trabas puso para que esto sucediera y ahora el Parlamento habilitó a la Justicia para que decida sobre esta cuestión.

El fin de semana se firmó en Asunción el acuerdo en lo que respecta a los aspectos formales, pero aún quedaban pendientes una serie de pasos institucionales a completar para que tenga plena vigencia.

Ahora, uno de esos pasos se trabó y puede demandar varios meses de negociaciones hasta tanto la justicia europea se expida.

El presidente, Javier Milei, incluyó la aprobación del acuerdo en el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso.

Fuente: Noticias Argentinas

Un reporte elaborado por la Bolsa de Cereales y la Fundación Inai analiza las implicancias del acuerdo que al planteo general de que no haya retenciones a productos exportados a la UE le establece una flexibilidad para cadenas como la de la soja, hidrocarburos, corcho, papel y chatarra, a las que exceptuó del compromiso de eliminación total y le fijó topes.

En el caso de soja -porotos, aceite, pellets de cáscara, harina y pellets de soja y biodiesel- a partir del quinto año de vigencia, se establece como máximo el 18%, valor que desde el séptimo año empieza a bajar de forma lineal hasta que en el décimo queda en 14%.

Los autores del trabajo entienden que la aplicación de retenciones diferenciadas por país de destino resulta “poco viable en la práctica, debido a restricciones operativas propias del funcionamiento de las cadenas agroindustriales, en las que el destino final de la mercadería no es conocido en las etapas iniciales de comercialización y el impuesto se traslada al precio interno a lo largo de la cadena”.

Hecha esa salvedad, plantean que hacia 2034/35, la producción total de cereales y oleaginosas podría incrementarse desde 155 millones de toneladas en el escenario base hasta 160 millones con la reducción del impuesto.

Si a esa baja de las retenciones se le agregara una mejora de productividad, se podrían alcanzar las 173 millones de toneladas. Por supuesto, si se diera ese escenario habría también un “aumento significativo” de las exportaciones, que podrían pasar de US$ 33.230 millones en la situación inicial a alrededor de US$ 42.000 millones en el mejor contexto considerado.

El reporte destaca que, además de lo referido a retenciones, el acuerdo incluye otros aspectos que hacen a la competitividad de las exportaciones argentinas y a la “previsibilidad” normativa, como el compromiso de no aplicar regímenes discrecionales (al menos con la UE) como fueron los instrumentados con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) o los Registros de Operaciones de Exportación (ROEs).

El acuerdo entre los dos bloques, insiste el informe, aborda “múltiples áreas que redefinen de manera más amplia el marco de inserción internacional». La aprobación del acuerdo, dicen los autores, “podría constituir un paso relevante para consolidar a la Argentina como un proveedor confiable y previsible de alimentos en los mercados internacionales».

“La combinación de reglas más estables, menores cargas a la exportación y la limitación de mecanismos discrecionales contribuiría a mejorar la competitividad sistémica del sector agroindustrial, en un contexto de creciente demanda global y mayor exigencia regulatoria”, evalúa.

Fuente: Diario La Nación 

El viernes a la mañana, mientras recorría el campo, Alberto Daniel Fernández se encontró con el alambrado perimetral cortado, los siete hilos seccionados de manera limpia e intencional, caídos sobre el suelo, en lo que llama una clara intención: hacer daño deliberado. Si bien no había huellas de arreo, rastros de robo ni signos de faena de hacienda, él cree que lo que sucedió durante la noche del jueves o la madrugada del día siguiente fue un “atentado”. A pocos metros, estaba la ruta provincial, por donde los animales podrían haber salido en masa con riesgo de generar un grave accidente.

Fernández es tambero desde hace 43 años, actividad que desarrolla en la chacra La Deseada, ubicada frente a la ciudad de Coronel Suárez, a la vera de la ruta provincial 85. En conversación con LA NACION, sostuvo que el hecho fue claramente intencional porque el alambrado fue cortado de manera “prolija” y en un punto crítico donde, de no haber existido un piolín eléctrico funcionando a escasos metros, las vacas habrían salido directamente a la ruta, con un riesgo extremo para la seguridad vial.

“Fue un corte intencional, nítido, hechos con tijera de cortar alambre. Se cayó todo el alambrado al piso. El que vino, no vino a robar. Nadie viene al pueblo a robar una vaca lechera. El delincuente que hizo esto —que yo llamo directamente un atentado—, por las consecuencias que potencialmente hubiese tenido, podría haber provocado un desastre. Todo el mundo sabe lo que significa encontrarse una vaca arriba de una ruta. En mi caso, son más de 100 vacas; habría sido catastrófico. Podía haber ocurrido cualquier accidente terrible», narró.

Según mencionó, lo que les pasó fue verdaderamente un “atentado”, afortunadamente con mucha suerte. Tras encontrar la escena, alertó a los productores, realizó la denuncia en la Policía, donde espera que le den seguimiento a la investigación.

“Afortunadamente, la persona que los cortó no se dio cuenta de que el carretel del eléctrico, de la parcela donde estaban las vacas, estaba unos 5 metros al costado. Eso impidió que las vacas se nos vayan de noche a la ruta; quizás el resultado hubiese sido distinto. La intencionalidad fue clara”, advirtió.

Remarcó que el objetivo era claro: hacer un daño y generar un potencial hecho grave que se visibilizara. Según contó, en la zona hubo algunos casos similares de este tipo o indicios, pero aclaró que no es una práctica habitual. “Puede haber alguna cortada de alambre puntual, algún robo de chacra, algún cuatrerismo, alguien que carnee algún animal, pero tampoco es tan habitual. Esto que ocurrió, que yo sepa, y acá al lado del pueblo, es la primera vez. El hecho pudo haber sido muy grave, con un accidente donde muriera gente, y ahí ya estaríamos hablando de otra situación”, describió.

Fernández alude a que la situación puede venir por una represalia por la última exposición que tuvo semanas atrás, cuando el gobierno local impulsó el aumento del 10% en la tasa vial y el cobro de un impuesto del 2% a los combustibles. El productor es el presidente de la Coalición Cívica de Coronel Suárez y el mayor contribuyente del distrito; por ende, contó, en este último tiempo estuvo “actuando en política”, donde manifestó fuertemente su oposición al aumento, que finalmente fue aprobado.

“Nos opusimos fuertemente, lo hicimos público, en la asamblea que terminó aprobando una ordenanza con aumento de tasas y la creación de un nuevo impuesto por parte del intendente [Ricardo Moccero]. Nos manifestamos en varias oportunidades… Uno piensa si esto será consecuencia de todo eso, y lo dejamos como interrogante, porque realmente no tenemos elementos para afirmarlo. La persona que hizo este daño quiso hacer daño, nada más. Si se mezcló lo político con lo otro, estaríamos ante una situación muy grave», lamentó.

Agregó que «si alguien piensa que este tipo de estrategias sirven para amedrentar a la oposición, a quien no piense igual o a quien se manifieste, estarían ante una grave situación democrática». En este caso, acotó, le queda la duda. “Lo importante ahora es que las cámaras que tiene instaladas la municipalidad puedan detectar quién fue el autor material y, eventualmente, si existe algún autor intelectual. Hay cámaras que apuntan hacia ese lado de la ruta del campo. Las más cercanas están en una rotonda sobre la ruta, a unos 500 o 600 metros, sobre el camino que va al cementerio municipal. No sé si en el cementerio hay cámaras”, dijo.

Hay un fiscal a cargo de la causa y espera alguna investigación de parte de la municipalidad con las cámaras de seguridad, para detectar a los responsables. “No tengo a nadie en particular a quien señalar. Si bien estoy expuesto públicamente por mi participación política, no tengo conflictos comerciales, personales, ni con empleados. Esto me cayó de sorpresa y por eso dudamos si no es una represalia por nuestra participación política opositora al gobierno municipal, vinculada al aumento de tasas y la creación de nuevos impuestos”, afirmó.

Por último, aclaró que daño económico no hubo, sino que fue el trabajo de unas horas del mediodía para arreglar el alambrado. “El problema grave no es el daño económico, sino lo que pudo haber ocurrido”, cerró.

Fuente: Diario La Nación