La Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) difundió un informe donde alerta en torno de la situación actual de expansión de la chicharrita, plaga que en el ciclo 2023/2024 implicó un recorte en la producción estimada del cereal superior a 10 millones de toneladas.

Según la entidad, “aunque prácticamente la totalidad de la producción de maíz de la campaña 2025/26 está a salvo de las infecciones de Spiroplasma (CSS) transmitidas por Dalbulus maidis, el incremento exponencial de poblaciones de esta chicharrita durante la segunda quincena de marzo y la aparición de síntomas foliares en algunas localidades plantea la necesidad de incrementar el monitoreo para desarrollar estrategias que impidan que en campañas futuras se repitan epifitias como la del ciclo 2023/24″.

En este marco, Maizar citó a expertos, como Alejandro Vera, coordinador de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis. Dijo: “Es importante seguir generando información sobre todo el patosistema, monitoreando trampas y cultivos, remitiendo insectos a la red entomológica para establecer su infectividad e inspeccionando síntomas foliares, para establecer cómo evolucionan las distintas situaciones”.

Reporte

Maizar indicó que el 39º informe de la red de monitoreo, con datos relevados entre el 17 de marzo y el 1° de abril de 2026, reflejó que “la región NOA, donde el 99% de las trampas estuvo instalada sobre maíz, fue la zona endémica de mayor crecimiento poblacional en este período”.

Detalló que allí “en el 67% de las localidades se capturaron más de 100 Dalbulus maidis por trampa, la categoría más alta».

Agregó que esta marcada fase de incremento se corresponde con un predominio de cultivos que se encuentran en estadios fenológicos reproductivos intermedios (R3–R4).

Según la organización, el informe presentó datos sobre el porcentaje de individuos portadores de CSS en tres localidades de esta región, que indican niveles moderados de portación del patógeno.

 “En la otra zona endémica, el NEA, donde el 97% de las trampas estuvo instalada en cultivos de maíz, la mayoría en estadios fenológicos reproductivos (R2–R3), las poblaciones de Dalbulus maidis también mostraron una marcada fase de incremento», apuntó. Añadió que hubo “una dinámica similar a la observada en la región del NOA, y un 67% de las localidades con capturas en el nivel más alto”.

Luego, según el trabajo, en el Litoral, donde el 68% de las trampas fueron instaladas sobre maíz, “un 70% registró capturas: el 27% de las localidades presentó niveles bajos (1 y 20 adultos por trampa) y el 24% registró la categoría más alta, principalmente en Entre Ríos”.

Agregó que “en la región centro-norte, con un 89% de las trampas ubicadas en lotes de maíz, volvieron a registrarse aumentos poblacionales del vector, que se detectó en el 87% de las localidades, con un 46% en la categoría máxima”.

El informe también dio cuenta de que en el centro-sur, donde el 88% de las trampas estuvieron en cultivos del cereal, “se observaron ligeros incrementos de la dinámica poblacional: la presencia de Dalbulus maidis pasó de un 20% a un 39% de las localidades, con un 4% en el nivel más alto».

La campaña 2023/2024

Para recordar, en la campaña de maíz 2023/24 la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) aguardaba una cosecha de 57 millones de toneladas de maíz. Sin embargo, en pleno verano, con el impacto de la plaga, redujo su estimación primero a 50,5 millones de toneladas y luego a 47 millones de toneladas. “La provincia de Córdoba, el corazón maicero del país, ha sufrido el mayor impacto con una reducción estimada de 2,76 millones de toneladas en su producción”, dijo en un reporte de mayo de 2024.

En otro informe luego la BCR recortó la estimación de maíz 2023/24 en 11,4 millones de toneladas. “En el mercado doméstico la pérdida asciende a US$2045 millones, en tanto la estimación de exportaciones cae US$1634 millones”, señaló en esa oportunidad.

Lo que pasó en esa oportunidad con la chicharrita llevó a que el Senasa, por ejemplo, agilizara los tiempos de autorización de insecticidas para el control de la plaga.

La red de monitoreo de la plaga, junto al trabajo que hicieron las empresas del sector y organismos como el INTA, fue de gran ayuda para que los productores conocieran más sobre la plaga y estuvieran atentos. Esta campaña, según la BCR, cerraría con una producción récord de 62 millones de toneladas, esto es 12 millones más que el ciclo 2024/2025.

Fuente: Diario La Nación 

El Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, en el oeste bonaerense, resolvió anular total y/o parcialmente el cobro de la tasa de mantenimiento de la red vial de la Municipalidad de Daireaux. Según el fallo dictado por el juez Pablo Cristian Germain en la causa iniciada por un grupo de productores rurales contra el municipio, el tributo solo es exigible cuando existe una prestación efectiva del servicio. El magistrado ordenó reliquidar lo cobrado tras comprobarse un desvío de fondos del 22,95% en 2022 y del 27,88% en 2023 hacia gastos ajenos al servicio por el que se paga la tasa. Dispuso la nulidad de actos administrativos del exintendente Esteban Alejandro Acerbo (PJ).

La noticia la celebraron los productores locales luego de que Germain declarara la nulidad total de la tasa para un grupo de demandantes por “inexistencia de mantenimiento en el camino” de acceso y dispuso la nulidad parcial para el resto. En esta primera instancia hubo cuatro demandantes que contempla el fallo, sin embargo, de acuerdo con el letrado patrocinante, hay otros tres juicios en trámite que esperan una resolución.

Según explicó Jorge Moroni, abogado patrocinante de los productores a LA NACION, la sentencia se inscribe en una demanda de pretensión anulatoria, presentada por un grupo de productores agropecuarios, quienes cuestionaron decretos municipales que habían rechazado sus reclamos administrativos por el cobro de la tasa vial en los períodos 2022-2024. El eje del planteo fue la naturaleza jurídica del tributo, donde el juez ratificó que “la tasa no es un impuesto”, sino que requiere una contraprestación concreta, individualizada y efectiva, y advirtió que “su cobro sin servicio configura una afectación” al derecho de propiedad.

Para resolver, el magistrado otorgó un peso central a la prueba pericial. En el plano técnico, el informe de ingeniería determinó que el 96% de la red vial analizada presenta deficiencias que no cumplen con los estándares, con problemas como acumulación de agua en calzada y ahuellamientos que afectan la transitabilidad, además de un parque de maquinaria municipal obsoleto e insuficiente.

En paralelo, la pericia contable acreditó una desproporción entre lo recaudado y lo invertido en el servicio, al constatar que parte de los recursos de la tasa fueron destinados a rentas generales del municipio, lo que vulnera el principio de afectación específica. Sobre esa base, se desprende que el juez cuantificó los porcentajes desviados y ordenó su descuento en la liquidación de las obligaciones fiscales.

Casos

El fallo aplica un criterio diferenciado según la situación de cada contribuyente. En el caso de uno de ellos, donde se comprobó que el camino de acceso se encontraba en estado “malo” y sin prestación alguna, se dispuso la nulidad total. En cambio, para otros tres productores, el juez consideró acreditada una prestación parcial del servicio, por lo que mantuvo la tasa, pero ordenó reducirla en función de los fondos desviados. Además, la sentencia reafirmó que la carga de probar la prestación del servicio recae sobre el municipio y no sobre el contribuyente. De esta manera, observaron que se consolida un criterio sobre la exigibilidad de este tipo de tributos. Este último proceso continuará en instancia de apelación ante la Cámara correspondiente, según anticipó a este medio Moroni.

El abogado calificó el fallo como un “hito histórico”, aunque señaló que el resultado es “desparejo” y agregó que el proceso de los tres productores mencionados va a ser apelado, en particular respecto de la valoración de la prueba técnica sobre el estado de los caminos.

 “Declarar que el Municipio de Daireaux no prestó los servicios correspondientes a la tasa de mantenimiento de red vial correspondiente (…) Así deviene ilegitima e inconstitucional la pretensión fiscal y/o pago del tributo por los períodos mencionados”, indicó el juez Germain en su resolución. Y siguió: “Declarar que para el período 2022 existe una desproporción irrazonable entre la integridad de los recursos y gastos devengados correspondientes a la tasa de mantenimiento de red vial, que implica la ilegitimidad del 22,95 % de la obligación fiscal devengada. Declarar que para el período 2023 existe una desproporción irrazonable entre la integridad de los recursos y gastos devengados correspondientes a la tasa de mantenimiento de red vial, que implica la ilegitimidad del 27,88 % de la obligación fiscal devengada”. Como se mencionó, dispuso la nulidad de los actos administrativos individuales dictados por el exintendente de la municipalidad, en este caso, Acerbo.

“Más allá de que el desvío de fondos determinado por el juez —del 22,95% en 2022 y del 27,88% en 2023— será cuestionado por considerarlo aún mayor, el fallo ya expone una metodología de utilización de la tasa vial para fines ajenos a su objeto específico. De hecho, el propio municipio la habría tratado como un recurso de libre disponibilidad, algo que la sentencia descarta de manera expresa. Si a esto se suma que el 96% de los caminos presenta estados regulares o malos —lo que, a los fines productivos, implica serias limitaciones—, se configura un cuadro de significativa irregularidad en la gestión vial municipal”, consideró Moroni. Recordó que el fallecido abogado Juan Pedro Merbilhaa fue pionero en plantear esta problemática.

Fuente: Diario La Nación

La compañía es propiedad de la familia Lowenstein, un apellido reconocido en la industria frigorífica nacional por haber sido parte, décadas atrás, de la fundación de la icónica marca de hamburguesas Paty.

A través de un comunicado firmado por Ernesto “Tito” Lowenstein y Alan Lowenstein, presidente y vicepresidente de la compañía, respectivamente, la empresa sostuvo que las negociaciones para encontrar una salida no prosperaron por la actitud de un actor clave dentro de su estructura.

Según señalaron, “las tratativas llevadas adelante con el grupo europeo, no lograron avanzar hacia un acuerdo” y sostuvieron que “un determinado grupo financiero que reviste simultáneamente la condición de accionista y acreedor ha obstaculizado de manera reiterada las distintas alternativas presentadas por la empresa para asegurar la continuidad de la operación, priorizando el recupero de su crédito y contrariando el interés social”.

Según plantearon, ese grupo tenía un rol activo en el proceso y acceso pleno a la información, lo que —desde su visión— terminó condicionando las opciones disponibles.

Antes de avanzar con el concurso, la compañía había analizado distintos esquemas para sostener la actividad y evitar una instancia judicial. En ese contexto, detallaron que “estas incluyeron propuestas de terceros que contemplaban esquemas de explotación de la planta en el largo plazo, incluyendo una alternativa cercana a los US$40 millones mediante un esquema de leasing a ocho años, así como también ofertas de resolución inmediata de contado. Ninguna de estas fue aceptada por dicho grupo, que tampoco presentó propuestas superadoras, lo que fue limitando las posibilidades de alcanzar una solución sin intervención judicial”.

Frente a ese escenario, la firma resolvió avanzar con el concurso preventivo para ordenar su situación financiera y ganar margen de maniobra. En ese sentido, señaló que “con el objetivo de blindar de la mejor manera posible la continuidad de la empresa, preservar las fuentes de trabajo y encauzar de forma ordenada su situación financiera, Frigorífico General Pico S.A. se ha visto obligado a iniciar el proceso de concurso preventivo de acreedores”.

Además, planteó que la intención es seguir buscando alternativas que permitan reactivar la operación en un marco más previsible. En esa línea, afirmó que la decisión “busca generar un marco institucional que permita ordenar las obligaciones de la empresa y continuar evaluando alternativas para la reactivación de la operación para procurar una solución sostenible en el tiempo”.

El caso se da luego de semanas críticas para la firma, que ya había paralizado su producción y aplicado suspensiones masivas, en un escenario que refleja tanto problemas internos como tensiones propias del negocio frigorífico.

A ese cuadro se suma además un deterioro financiero que también se refleja en los registros oficiales. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la empresa acumula 1186 cheques rechazados por $15.953.681.046,14, un indicador que da cuenta de las dificultades para sostener la cadena de pagos en los últimos meses.

En enero de este año, la empresa comunicó a los trabajadores un esquema de contención mientras la actividad permanecía paralizada, que incluía el pago de una suma fija mensual y la continuidad de la entrega de carne, en medio de suspensiones masivas y una crisis financiera que ya superaba los $34.000 millones.

En el comunicado, los directivos también buscaron reforzar la idea de continuidad del proyecto y el compromiso de sus socios con la empresa. En ese sentido, remarcaron que “Frigorífico General Pico S.A. es una empresa de carácter familiar, cuyos socios han acompañado de manera permanente el desarrollo de la compañía, sosteniendo su compromiso incluso con sus patrimonios personales”.

Asimismo, destacaron que las inversiones de los últimos años siguen reflejadas en la infraestructura y el equipamiento de la planta de la localidad de Trenel, su principal activo productivo.

En cuanto al funcionamiento interno, defendieron el accionar del equipo de trabajo y el cumplimiento de las directivas. En esa línea, sostuvieron que “los colaboradores han actuado en todo momento de buena fe y conforme a las directivas impartidas”.

Más allá de la crisis, la empresa puso el foco en los activos que aún conserva y en su capacidad de recuperación. En ese sentido, afirmó que “la compañía cuenta con activos productivos relevantes, inversiones recientes y habilitaciones internacionales, que a través de su planta de Trenel le otorgan un importante potencial operativo y comercial”.

Finalmente, indicaron que el objetivo inmediato será retomar la actividad y sostener el impacto económico en la región. “Durante este proceso se continuará trabajando en reactivar en el corto plazo la operación y preservar las fuentes de trabajo, junto con la actividad productiva y el impacto económico y social que la empresa genera en la región”, concluyeron.

Fuente: Diario La Nación