Mientras la Rural celebró la posibilidad de que se pueda elegir directamente al veterinario vacunador, por fuera de las fundaciones, CRA advirtió que no aporta a la solución y la consideró “inoportuna”.

Luego de que el Gobierno avanzara con la resolución 201 del Senasa en una flexibilización del esquema sanitario y en la introducción de cambios en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, comenzaron a aparecer posiciones contrapuestas dentro de las entidades ruralistas. La medida oficial establece que, a partir del 1° de enero de 2027, los productores podrán elegir libremente al veterinario privado acreditado ante el organismo sanitario para la aplicación de las vacunas en sus rodeos.

El nuevo escenario abre un período de transición para la reglamentación y genera expectativas y cuestionamientos en el sector. Mientras desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) valoraron positivamente la iniciativa y consideraron que puede contribuir a reducir costos, en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtieron que el cambio resulta innecesario e inoportuno.

El presidente de CRA, Carlos Castagnani, fue uno de los dirigentes que expresó con mayor contundencia su postura. “Como entidad consideramos que en este momento es una medida innecesaria e inoportuna y que no aporta a la solución. Es una medida que a CRA le hace ruido», afirmó a LA NACION.

El dirigente explicó que, más allá de las críticas puntuales al funcionamiento de algunos entes sanitarios, el sistema vigente brindaba garantías operativas relevantes. “Todos sabemos que es un sistema que hay que mejorar, pero que es muy bueno porque nos da seguridad en la cadena de frío y en la aplicación de la vacuna”, sostuvo.

En ese sentido, planteó interrogantes sobre la cobertura territorial en zonas sensibles. “¿Quién se va a hacer cargo de vacunar o asegurar la vacunación en la frontera y a los pequeños

Según Castagnani, el esquema basado en fundaciones permitía asegurar la cobertura sanitaria incluso en establecimientos alejados o con menores recursos. “Era un sistema solidario que si había que ir a la frontera y hacer kilómetros a caballo, lo hacía”, remarcó. A su juicio, el cambio podría debilitar esa lógica de funcionamiento. “Hoy un veterinario, con toda razón del mundo, no va a ir a un lugar antieconómico; hasta ahora el sistema lo cubría. Esta medida debilita a las fundaciones porque si la fundación tenía un plus bien entendido era para cubrir esa parte solidaria”, advirtió.

El dirigente también señaló que la intención oficial de reducir costos es compartida por el sector, pero cuestionó el instrumento elegido. “Entiendo que la intención quizás fue abaratar el costo, lo que todos compartimos, pero se comete un error”, indicó. Castagnani aclaró que en la entidad no defienden a las fundaciones en sí mismas, sino el esquema sanitario que permitió sostener el estatus sanitario del rodeo nacional. “No estamos defendiendo fundaciones, sino a productores con sus rodeos sanos”, enfatizó.

Reconoció que el esquema vigente presenta aspectos a corregir: “Seguro que hay cosas para mejorar cuando se descarrila algo, como es el tema de la disparidad de precios entre un ente y otro”. Pero consideró que la decisión oficial no resulta el camino adecuado para resolver esas distorsiones.

“Al Gobierno lo hemos acompañado y lo vamos a acompañar, pero en esto se comete un error, sobre todo con medidas de apertura de mercado donde la ganadería tiene un desafío enorme. Reconozco y soy crítico de algunas fundaciones que cometieron mil errores; sabemos que hay que hacer reformas importantísimas, pero no hay que eliminarlas. Puede ser que haya habido algún abuso en alguna fundación, pero no se soluciona de esta manera porque en el medio está la sanidad animal”, expresó.

También cuestionó la forma en que se adoptó la decisión. “Fue una medida inconsulta; no nos avisaron nada”, señaló.

En tanto, Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria Argentina (FAA), dijo que la sanidad animal en la Argentina es un “enorme capital” que se construyó con el esfuerzo de todos: “Un sistema solidario que ha funcionado muy bien durante muchos años. Por eso preocupa que hoy se ponga en riesgo con una medida que fue tomada de manera inconsulta y con una mirada principalmente económica”.

 “Los productores queremos bajar costos, pero ese no es el camino. Hace tiempo planteamos que aquellos entes donde los costos están desfasados debían ser controlados y ordenados. Ese control no se hizo y es obligación del Estado. En un mundo cada vez más exigente en materia de sanidad y trazabilidad, esto nos permite ganar mercados y mejorar las condiciones para toda la ganadería argentina”, destacó.

Desde la vereda opuesta, el presidente de la Sociedad Rural Argentina SRA), Nicolás Pino, valoró la iniciativa oficial y consideró que puede implicar mejoras en la eficiencia del sistema. “Esta medida es atinada, muy buena, porque cada productor podrá vacunar con su veterinario y donde ese profesional deberá cumplir las normativas que se le imponga”, señaló.

El dirigente ruralista subrayó la importancia del período previo a la entrada en vigencia para ajustar los aspectos operativos. “Hay que aprovechar este tiempo para la implementación: falta definir quién distribuirá la vacuna y cómo se organizará el trabajo de los veterinarios”, explicó.

Para Pino, la medida apunta a resolver uno de los reclamos históricos del sector. “Es una buena decisión que ayudará a agilizar y a abaratar costos que tanto estaban reclamando los productores”, indicó.

Asimismo, descartó que exista un riesgo sanitario derivado del cambio. “No está en riesgo la sanidad de los rodeos en absoluto. No veo por qué puede estar en riesgo, salvo que no confiemos en nosotros mismos”, afirmó.

El titular de la SRA también destacó la evolución del sistema productivo y logístico en las últimas décadas. “Las fundaciones fueron y son tremendamente útiles, pero en una medida de 30 años se puede y debe ir aggiornando”, sostuvo.

En ese contexto, consideró que el nuevo esquema se adapta mejor a las condiciones actuales de la producción. “Hoy estamos en otra situación y en otra logística respecto de 20 años atrás”, concluyó.

Fuente: Diario La Nación 

“Con una agenda enfocada en la presentación del PLS aprovechando la oportunidad de la mega exposición pudimos tomar contacto directo con autoridades del Ministerio de la Producción y Secretaría de Agricultura de Santa Fe, con el Gerente de la Asociación Argentina de productores en siembra directa AAPRESID y con diversos referentes del sector productivo e institucional”, explicó Alasia, quien además, participó en la reunión del Nodo Santa Fe de Buenas Prácticas Agropecuarias BPA donde se avanzó en la reglamentación de la Ley provincial de BPA.

La Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) y el nuevo Programa de Empleo Rural (PER). La certificación PLS ofrece un sello gratuito que reconoce a las empresas que cumplen con la normativa vigente y aplican gestiones responsables, promoviendo prácticas orientadas a identificar, prevenir y mitigar impactos negativos en las operaciones, la cadena de valor y los entornos rurales donde desarrollan su actividad.

Asimismo, se expuso el funcionamiento del PER como un puente que facilita la intermediación entre la oferta y la demanda laboral de las personas trabajadoras rurales y empleadores/as registrados en el RENATRE, con el objetivo de promover el empleo formal y contribuir a la sostenibilidad de las unidades productivas.

El Gobierno modernizó la regulación de organismos genéticamente modificados

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía de la Argentina, actualizó el marco regulatorio para la autorización de organismos genéticamente modificados (OGM) destinados a usos agropecuarios, agroalimentarios y agroindustriales.

La medida se formalizó mediante la Resolución 255/2026, que reemplaza al régimen anterior establecido por la Resolución 763/2011 y busca adaptar la normativa a los avances científicos, tecnológicos y regulatorios de la biotecnología aplicada al agro.

Según explicó la cartera agropecuaria, el objetivo es consolidar un marco regulatorio más claro y previsible, que facilite la inversión, promueva la innovación tecnológica y fortalezca la competitividad del sector productivo.

Menos burocracia y procesos más ágiles

Entre los cambios centrales de la nueva normativa se destaca la simplificación de los procedimientos de evaluación y autorización, incorporando criterios técnicos más precisos y reduciendo plazos y costos para los desarrolladores.

Además, la resolución elimina cargas administrativas consideradas innecesarias y reorganiza los procesos según el tipo de organismo y el uso propuesto, ya sea para experimentación o para su liberación comercial.

Desde la Secretaría señalaron que, si bien el esquema anterior representó una herramienta relevante para ordenar el sistema regulatorio, el desarrollo acelerado de la biotecnología en los últimos años hacía necesaria su actualización.

Un sector que se expande hacia la agroindustria

El campo de los OGM en Argentina ya no se limita únicamente al ámbito agropecuario, sino que se ha expandido hacia los sectores agroalimentario y agroindustrial.

Este proceso dio lugar a nuevas aplicaciones productivas y al desarrollo de productos y subproductos derivados de la biotecnología, que contribuyen a incrementar la productividad y las exportaciones de alimentos y materias primas.

La normativa mantiene como eje central el control de la seguridad ambiental y alimentaria, garantizando que los organismos aprobados no generen riesgos para el agroecosistema ni para la salud humana y animal, además de preservar el acceso a los mercados internacionales.

Argentina, pionera en biotecnología agrícola

Argentina ocupa una posición de liderazgo regional en materia de regulación y desarrollo de biotecnología agrícola desde comienzos de la década de 1990.

De acuerdo con datos oficiales, desde 1996 se aprobaron 134 desarrollos genéticamente modificados para su uso comercial en el país.

De ese total, 38 autorizaciones se realizaron durante la actual gestión, lo que representa cerca del 28% de todas las aprobaciones registradas en los últimos 30 años.

Con esta actualización normativa, el Gobierno busca consolidar procedimientos regulatorios modernos que acompañen la transformación tecnológica del agro, promuevan nuevas inversiones y fortalezcan el posicionamiento del país en el desarrollo de biotecnología aplicada a la producción.

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación