La empresa que la iba a fabricar hizo una sola unidad, presentada en la Casa Rosada; un juez decretó su quiebra; debía $ 10 millones y había recibido créditos del Estado que nunca pagó.

PARANÁ.- El sueño de las cosechadoras entrerrianas le creó un dolor de cabeza al oficialismo. La semana pasada, la Justicia decretó la quiebra de Grandes Máquinas , la empresa de la familia Senor, que debía fabricar las unidades que se exportarían a Angola. A una de ellas se subió la presidenta Cristina Kirchner en marzo de 2012, cuando anunció la exportación en un acto en la Casa Rosada.

La quiebra de la empresa es mucho más que una historia de emprendimiento frustrado. Es también la de una presunta maniobra defraudatoria y de desvío de fondos públicos que se investiga en la Justicia, a partir de la denuncia que presentó un ciudadano a modo particular.

Mientras se investigan responsabilidades penales, el juez en lo Civil y Comercial de Concepción del Uruguay, Leonardo Portela, dispuso la quiebra de la empresa el 14 de marzo pasado, en el concurso preventivo de acreedores que había sido solicitado por la propia empresa en octubre de 2012.

«No me resulta sorpresiva la noticia de la quiebra. A esto se lo veía venir», sostuvo el abogado Guillermo Mulet, quien se presentó a modo particular ante la Justicia para pedir que se investigue. «Me presenté ante la falta de reacción de los fiscales», según dijo ayer a LA NACION.

Grandes Máquinas es una empresa de origen cordobés radicada en Entre Ríos. De los talleres instalados en Concepción del Uruguay salió la única cosechadora construida. A esa máquina se subió la Presidenta.

Hoy, esa cosechadora está abandonada en el país africano y sin posibilidad de funcionamiento. «La única cosechadora que se construyó nunca funcionó; no pasó las pruebas técnicas», dijo a este diario Mulet. En la presentación que hizo ante la Justicia entrerriana, demostró que la firma había sido beneficiada con un préstamo de 5,574 millones de pesos del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), organismo provincial.

La noticia deja en incómoda posición al gobernador Sergio Urribarri, porque fue él quien le llevó a la Presidenta la idea de promocionar la construcción y exportación de las cosechadoras.

Si bien la empresa tiene una larga lista de acreedores, su deuda más importante es con el Estado entrerriano a través del Finver, que le reclama 6.052.707 pesos por subsidios que le dio entre 2009 y 2012 para montar la fábrica de cosechadoras en Concepción del Uruguay y los intereses por no haber devuelto los créditos en tiempo y forma, según publicó el sitio Página Judicial.

A su vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) exige el pago de 778.000 pesos y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) reclama una deuda de 250.000 pesos. Además, el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay presentó documentos por 56.000 pesos en concepto de alquileres impagos por el galpón que utilizaba la empresa en la zona del puerto de la ciudad del sur entrerriano.

Por la presentación de Mulet, hay cuatro empresarios ligados a Grandes Máquinas para quienes se pidió la citación a prestar declaración indagatoria por el presunto delito de defraudación a la administración pública. Ricardo Vicente Senor, Ricardo Javier Senor, Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Bohl fueron imputados en mayo del año pasado, pero no han sido citados a declarar.

«Hubo una maniobra defraudatoria de los empresarios, pero también se debe investigar la presunta comisión del delito por omisión debido a que los funcionarios que debieron controlar a los beneficiados de los subsidios no lo hicieron», dijo Mulet.

«Los funcionarios -agregó- permitieron todo esto. Y la quiebra se veía venir. Uno podría preverlo ingresando en el sitio del Ministerio de Economía, donde estaba documentado que la empresa debía una suma millonaria y no estaba cumpliendo.»

En tanto, el síndico que administra la empresa desde que presentó el concurso preventivo, Horacio Larrivey, fue muy duro respecto de los funcionarios públicos por «la irresponsable asistencia financiera», ya que el Finver continuó con la entrega de fondos aun después de que la empresa cayera en cesación de pagos, según consignó en su informe al juez.

Larrivey determinó que la empresa entró en cesación de pagos a partir del 1° de diciembre de 2011, cuando no canceló los intereses del primer tramo del crédito que le había otorgado el gobierno entrerriano, e incluso apuntó que desde el 15 de diciembre de 2011, Grandes Máquinas Concepción del Uruguay emitió 182 cheques que fueron rechazados por falta de fondos, por un monto total de 4.218.632,05 pesos.

En marzo de 2012 recibió cuatro desembolsos del Gobierno por 2 millones de pesos, «pese a su evidente estado de cesación de pagos y que esta Sindicatura estableció ante la fuerte existencia de hechos reveladores de su estado por el vencimiento de intereses impagos tras dos años de gracia del Finver», consignó Larrivey en su informe al juez.

Fuente: La Nación