El defensor del Pueblo de la provincia Santa Fe a cargo Jorge Henn, secretario General del Comité de Defensores de la Región Centro, dio a conocer el pronunciamiento en favor de federalizar con criterio de mayor equidad la distribución de subsidios nacionales al transporte de pasajeros.

La Junta de Gobernadores de la Región Centro se pronunció en tal sentido días pasados durante una sesión en la ciudad de Córdoba y elevó al Ejecutivo nacional una solicitud específica de medidas que subsanen la disparidad de criterios existente en la mencionada distribución de dichos fondos, al que aportan todos los ciudadanos del país por igual.

Las Defensorías del Pueblo de las provincias de Córdoba y Santa Fe y de las ciudades de Paraná, Villa María, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, La Falda y Corral de Bustos, integrantes del Comité de la Región Centro, coinciden en que la situación no requiere mayor argumentación mientras los pasajes del transporte urbano en sus jurisdicciones ronden los 80 pesos y los del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), se sitúen alrededor de los 20 pesos.

No pocas veces las Defensorías del Pueblo han sido cajas de resonancias de planteos por los múltiples inconvenientes que padecen los usuarios de los servicios, urbanos, interurbanos o interprovinciales cuando tales fondos demoran en llegar, provocando retrasos en el pago de salarios u otras alteraciones al sistema.

La crisis económica financiera actual con índices inflacionarios disparados que agravan ese esquema, pone de relieve la imperiosa necesidad de replantear ese reparto de fondos. La Junta de Gobernadores de la Región Centro pidió días pasados al presidente de la República una decisión al respecto.

Siendo la libertad ambulatoria tutelada por la Constitución Nacional uno de los derechos más consolidados y definitorios de una democracia, las paralizaciones de medios transporte que impiden moverse a miles de personas cuando los subsidios no alcanzan para su normal funcionamiento configuran situaciones que lo menguan de modo imposible de soslayar y ponen esta cuestión dentro de las competencias primordiales de las Defensorías del Pueblo.