Esta medida, esperada por los productores, busca brindar alivio a las explotaciones rurales severamente afectadas por los anegamientos de varias circunscripciones de los partidos de Puán, Tornquist, 9 de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, 25 de Mayo, Saladillo y Roque Pérez. Entre otros puntos, una declaración de emergencia implica el diferimiento de obligaciones en impuestos como Ganancias y Bienes Personales.

Con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, la resolución 1305/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, se fundamenta en la ley 26.509 y sus modificatorias, así como en su decreto reglamentario 1712 del 10 de noviembre de 2009. Por su parte, la provincia de Buenos Aires había presentado previamente el decreto provincial 1180 del 27 de mayo de 2025 ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

En la resolución recordaron que en una reunión del 8 de agosto pasado la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios analizó la situación provincial y recomendó formalmente “declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, con el alcance propuesto por la provincia de Buenos Aires, en los términos de la ley 26.509 y sus modificatorias”.

De esta manera, la resolución estableció “el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1° de marzo de 2025 y hasta el 31 de agosto de 2025”, abarcando a las explotaciones agropecuarias afectadas por inundación.

Los partidos bonaerenses alcanzados por esta declaración son numerosos y abarcan extensas áreas geográficas. En el partido de Puán, las circunscripciones declaradas son la VII, VIII, IX y X. Para el partido de Tornquist, se incluyen las circunscripciones IV y V.

Una de las zonas más afectadas es el partido de 9 de Julio, donde la emergencia se extiende a las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV.

Por su parte, en el partido de Carlos Casares, la medida rige para las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI. En General Lamadrid, las circunscripciones involucradas son la II, III, IV, IX, X, XI y XII.

El partido de Coronel Suárez ve declaradas las circunscripciones III, IV, V, X, XI, XII y XIV, mientras que en Guaminí, la emergencia abarca las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.

En el partido de Bolívar, las circunscripciones afectadas son la II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII. La resolución también incluye la circunscripción VIII del partido de Tapalqué.

Otras localidades impactadas son 25 de Mayo, con las circunscripciones II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII; y Saladillo, en las circunscripciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX. Finalmente, el partido de Roque Pérez también fue incluido, con las circunscripciones III, IV, V, VII y VIII.

La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios también determinó que “el 31 de agosto de 2025 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas”. Esto se alinea con lo estipulado en los artículos 22 y 23 del anexo al decreto 1712 del 10 de noviembre de 2009.

Para acceder a los beneficios que otorga la ley 26.509 y sus modificatorias, los productores afectados deberán “presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo”.

En este sentido, el gobierno provincial tiene la responsabilidad de “remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente”.

Además, la resolución instruyó a “las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a arbitrar los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la ley 26.509 y sus modificatorias”.

En este marco, se “instrúyese al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía a celebrar convenios y/o actos para la ejecución de la presente medida en el marco de sus competencias”.

Fuente: Diario La Nación 

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, desreguló el mercado de fletes agropecuarios al abrogar las resoluciones que establecían esquemas tarifarios de referencia para el transporte automotor de cargas de cereales, oleaginosas y afines. En este contexto, la medida, formalizada mediante la resolución 48/2025 y publicada en el Boletín Oficial, busca “lograr una mayor claridad y eficacia en la desregulación, desburocratización y simplificación del Estado nacional”. La medida cosechó el apoyo de entidades de la producción como la Sociedad Rural Argentina (SRA). En tanto, un sector de los transportistas expresaron reparos.

La resolución, firmada por el secretario de Transporte, Luis Octavio Pierrini, se asienta en el marco legal que rige para el transporte automotor de cargas, establecido por la ley 24.653. Esta norma asignó al entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Transporte como Autoridad de Aplicación, para fijar políticas generales y específicas del sector.

Según dijeron en la normativa, a lo largo de los años se habían establecido mecanismos de referencia. La resolución 8 del 1° de abril de 2016 de la exSecretaría de Gestión Transporte había aprobado un Esquema Tarifario Referencial para el transporte automotor de cargas de jurisdicción nacional de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados.

Esta resolución también había creado la “Mesa de Negociación Participativa”, un mecanismo para determinar la Tarifa de Referencia, integrada por cámaras empresariales del sector, entidades agrarias, y representantes de la Subsecretaría de Transporte Automotor y del entonces Ministerio de Agroindustria.

La Tarifa de Referencia debía ser consignada por los sujetos obligados al completar el formulario de la Carta de Porte para el Transporte Automotor de Granos, y la Subsecretaría de Transporte Automotor era la encargada de actualizarla.

El procedimiento para la convocatoria y funcionamiento de esta Mesa de Negociación Participativa fue modificado posteriormente por la resolución 190 del 3 de diciembre de 2018 y la disposición 1 del 1° de febrero de 2019. Esta última dispuso que la Subsecretaría de Transporte Automotor establecería su propia fórmula de cálculo para la determinación y actualización de las tarifas referenciales, que serviría para el análisis de los Informes de Costos.

Más recientemente, la resolución conjunta 1 del 21 de abril de 2023 había creado una “Mesa de Trabajo” en el ámbito de la exSecretaría de Gestión de Transporte y la exSecretaría de Planificación de Transporte, ambas del entonces Ministerio de Transporte. La composición de esta Mesa de Trabajo, que inicialmente incluía a Secretarios y representantes de cámaras como la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), fue ampliada por la resolución 83 del 6 de diciembre de 2023. La nueva conformación incluyó además a representantes de la Mesa de Enlace, Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, la SRA y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de la Federación Nacional de Acopiadores de Granos y funcionarios del Ministerio de Economía.

No obstante, dijeron, esta estructura comenzó a mostrar fisuras cuando varias entidades clave expresaron su deseo de no seguir participando. La Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) manifestó “su voluntad de no participar en lo sucesivo de la Mesa de Trabajo destinada a establecer Precios de Referencia”, argumentando que no cuenta con empresas asociadas dedicadas al transporte de cereales y oleaginosas.

En un sentido similar, indicaron, la Fadeeac también comunicó “su decisión de no participar de tal Mesa de Trabajo”. Esta cámara sostuvo que la transparencia en los costos del transporte haría “mucho más dinámico y justo, que todo el proceso actual se reúna y conforme en un Índice de Costos serio y bien elaborado para trasladarlo a negociaciones de tarifa individuales entre transportistas y los otros actores del mercado en cuestión, sin intervención alguna de la Autoridad Pública”.

La SRA, que agrupa a productores agropecuarios de todo el país, también expresó formalmente “su decisión de no participar en futuras reuniones para la determinación de tarifas indicativas o de referencia”. Para la SRA, la mejor política en este ámbito es aquella que “respeta la libertad de mercado y la capacidad de los actores privados para establecer sus propios acuerdos comerciales”.

Ante este escenario, la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas (DNTAC), dependiente de la Subsecretaría de Transporte Automotor del Ministerio de Economía, realizó un análisis. En su informe, señaló que, si bien el Estado no intervenía en la definición de acuerdos, los “valores de referencia” que surgieron de las Mesas de Trabajo habían sido “objeto de diversas interpretaciones respecto de su aplicación, dando lugar a situaciones en las que los acuerdos alcanzados resultaron divergentes respecto de las referencias establecidas, mientras que el propósito fue brindar un marco orientador y no establecer un valor vinculante”.

En consecuencia, la DNTAC consideró “pertinente armonizar y actualizar la normativa vigente, para optimizar su aplicación y adecuarla a las necesidades actuales del sector”. Subrayó la necesidad de “eliminar barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de la libertad económica” y recomendó explícitamente “derogar la resolución 8 del 1° de abril de 2016, así como la resolución conjunta 1 del 2 de abril de 2023”.

Adicionalmente, se destacó que, de forma paralela a estas discusiones, el sector privado ya había avanzado en sus propios acuerdos. El 10 de marzo de 2025, se celebró un “Acta Acuerdo” entre representantes del sector transportista y los dadores de carga, quienes establecieron “de común acuerdo un nuevo cuadro tarifario de alcance nacional para el transporte automotor de carga de la producción agropecuaria”.

Repercusiones

Luego de conocerse la medida, la Sociedad Rural Argentina (SRA) indicó que la eliminación de la instancia de negociación de las tarifas referenciales nacionales, a través de la Secretaría de Transporte, “es un punto que la SRA había pedido en la agenda del campo entregada en 2023 a los entonces candidatos a presidentes de la Nación”.

“Creemos que la Ley 24.653 de Transporte Automotor de Cargas es clara, el valor de las tarifas de fletes agropecuarios debe operar con precios libres con plena autonomía de contratación y tráfico», dijeron a LA NACION en la entidad ruralista.

“Por este motivo, la SRA, junto a otras entidades transportistas habían dejado de participar en dichas reuniones de negociación tanto a nivel nacional como en las de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Esta situación quedó plasmada en la resolución 48/2025 publicada hoy”, agregaron.

Para Pablo Agolanti, presidente de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), la resolución del Gobierno “no es una buena decisión”. Recordó que la entidad, desde 1950, calcula y publica tarifas de referencia, una tarea que —aseguró— continuará realizando.

“Vemos que el Gobierno viene desregulando, pero entre privados teníamos una mesa de trabajo donde se discutían los costos del transporte. Cuando se incrementaban los costos, se pedía una mesa y nosotros aportábamos un estudio. Con las entidades llegábamos a un acuerdo en esa tarifa de referencia. El Estado solo convocaba y aprobaba esa tarifa. Después, en la negociación entre particulares, se terminaba de fijar un valor, que podía ajustarse para arriba o para abajo”, explicó a LA NACION.

El dirigente advirtió que la medida “profundiza las diferencias entre privados” porque los transportistas más pequeños, con entre uno y cinco camiones, “no tienen capacidad de negociación y terminan siendo los más perjudicados”. Y agregó: “Con esto, la variable de ajuste es el transportista. Todavía es muy pronto para saber si se mantendrá una mesa de negociación entre privados para discutir las tarifas y llegar a un punto en común”.

Fuente: Diario La Nación

En distintos puntos de la provincia de Entre Ríos se multiplicaron los ataques de perros a terneros y novillos. En los últimos días hubo más de media docena de casos con animales muertos o gravemente heridos, lo que implica pérdidas millonarias para los productores. La situación encendió el debate sobre la falta de control y responsabilidad en la tenencia de estos animales.

En Alarcón, Fernando Jaimerena relató que nueve perros sueltos atacaron el rodeo de su familia y de vecinos, con once animales lastimados en distintos episodios. En Larroque, el presidente de la filial local de Federación Agraria Argentina (FAA), Adolfo De Zan, confirmó que los hechos se repiten en varias localidades de la región y advirtió que “el mayor temor es que algún día una jauría ataque a una persona”.

Jaimerena explicó que los animales atacados desde hace más de una semana iban desde terneros de 140 a 170 kilos hasta novillitos de 300 kilos. “El de 300 kilos vale 1,5 millones de pesos, los otros unos 700.000. Son pérdidas enormes para cualquiera”, detalló. En su campo, con 110 cabezas en total, la sucesión de mordidas y muertes encendió la alarma: “Estamos preocupados: los vecinos avisan cuando ven a los perros y organizamos vigilancia, es lo único que podemos hacer”.

El productor reconoció que la policía tomó la denuncia de un caso y localizó al dueño de los animales, pero al poco tiempo volvieron los ataques. “Se hizo la denuncia, se contactó al dueño y vino, pero no hay seguimiento ni leyes que respalden, los perros siguen sueltos y el daño lo pagamos nosotros. Los ataques han vuelto”, remarcó.

Y contó: “Yo tengo un perro, pero yo lo tengo conmigo: voy al campo con él y al pueblo y me hace caso. Lo enseñamos para estar con nosotros. Las jaurías de perros cuando atacan a un animal es peligroso meterse para intervenir, porque pueden atacar a una persona; andan tan enceguecidos… Esto nos tiene intranquilos a todos”.

Según De Zan, la situación no es aislada: “Hay casos en Larroque, Irazusta, Cuchilla Redonda, Las Mercedes, Talitas y Costa de Gómez. Muchos productores ya ni denuncian porque están cansados de no tener respuestas”. Los ataques alcanzan a vacas, terneros, novillos y también a ovejas, con rodeos enteros destrozados en cuestión de horas, de acuerdo con el productor.

El dirigente recordó que todos los productores tienen perros en la zona, pero cada uno los mantiene con cuidados y límites. “El problema son las jaurías que nadie controla. Los dueños se lavan las manos sobre cualquier ataque que hagan. Lo más grave es que estas jaurías pueden atacar a un niño o adulto”.

Desde la filial de Federación Agraria en Larroque buscarán impulsar una normativa para enfrentar la situación. Intentarán promover y trabajar en una ordenanza municipal y, en paralelo, una ley provincial o nacional que establezca la tenencia responsable y un registro de perros en zonas rurales. La propuesta, que dijo De Zan que le harán a legisladores o candidatos provinciales, incluye controles más estrictos, castraciones opcionales y hasta la colocación de chips o caravanas que permitan identificar a cada animal.

Anticipó que en los próximos días está prevista una reunión con el intendente de Larroque, Francisco Benedetti, y buscarán reunirse con legisladores entrerrianos como Juan José Bahillo. También tratarán de llegar a Atilio Benedetti, oriundo de la provincia y diputado nacional, y el senador nacional Alfredo de Ángeli, además de dirigentes de FAA como Matías Martiarena. La idea es avanzar con un marco legal que obligue a los dueños a responder por los daños que ocasionen sus animales.

“Esto viene desde hace años y va a seguir pasando si no se hace nada. Necesitamos reglas claras, porque los productores no podemos seguir absorbiendo las pérdidas”, resumió De Zan.

Fuente: Diario La Nación