Del total, 25 viviendas ya fueron entregadas en localidades como Amenábar, La Chispa, Diego de Alvear, Murphy y Lazzarino. A su vez, 132 unidades se encuentran sorteadas y próximas a finalizarse en Villa Cañás, Firmat, Elortondo, Maggiolo, Sancti Spíritu y la propia Christophersen. En paralelo, otras 108 viviendas están en marcha en Venado Tuerto, Chapuy, Rufino, Amenábar, Aarón Castellanos y Labordeboy.

“Cada sorteo es una señal concreta de que las obras avanzan y de que hay familias que empiezan a proyectar su futuro con más tranquilidad”, señaló la senadora provincial durante la actividad.

Di Gregorio remarcó que el avance se da de manera sostenida en todo el territorio y afirmó que “esto es parte de una planificación que se viene llevando adelante en cada localidad, con viviendas que se entregan, otras que están próximas a finalizarse y nuevas que ya están en ejecución”.

Además, puso en valor el acompañamiento del Gobierno provincial y sostuvo que “hay una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Lisandro Enrico de sostener la obra pública y garantizar el acceso a la vivienda en cada pueblo del departamento”.

Por último, la legisladora aseguró que el proceso continuará en las localidades donde las viviendas aún están en marcha y señaló que “vamos a seguir acompañando cada instancia, porque detrás de cada vivienda hay una familia que espera y un Estado que responde”.

Una mujer de 36 años, cuyas iniciales son SLV, quedó en prisión preventiva por 30 días en el marco de un legajo penal en el que se la investiga por estafas vinculadas a pagos realizados por transferencia en comercios de Venado Tuerto (departamento General López).

La medida cautelar impuesta fue solicitada por el fiscal Damián Casullo y ordenada por el juez Adrián Godoy en una audiencia realizada en los tribunales venadenses.

En relación a lo resuelto, el funcionario del MPA valoró que “aunque la Defensa propuso alternativas no privativas de la libertad, el magistrado hizo lugar a nuestro requerimiento”.

Comprobantes apócrifos

Casullo indicó que “entre octubre del año pasado y mediados de marzo, la imputada cometió dos ilícitos con la misma modalidad delictiva y causó perjuicios económicos por un total de 1.079.600 pesos”. Según especificó, “mediante comprobantes apócrifos que mostró a diferentes comerciantes, la mujer simuló pagos por transferencias que en realidad no había realizado”.

“Una de las estafas que investigamos fue en una tienda de indumentaria ubicada en la esquina de Maipú y Azcuénaga, de donde la imputada se llevó mercadería por 945.000 que no abonó”, puntualizó el fiscal. “En tanto, en otra ocasión actuó de la misma manera en un local gastronómico localizado en San Martín al 700, donde consumió alimentos y bebidas por 134.600 pesos que tampoco transfirió”, afirmó.

Prevención

Cassullo recomendó a “comerciantes y usuarios de billeteras virtuales y operaciones digitales bancarias no dar por concluida ninguna transacción hasta constatar el impacto del dinero a recibir en la cuenta de destino”.

Calificación penal

A la imputada se le atribuyó la autoría de dos hechos de estafa.

Fuente: Oficina de Prensa y Difusión – Fiscalía General – Ministerio Público de la Acusación

El encuentro se desarrolló en la Delegación Regional Venado Tuerto y contó con la participación del subsecretario del organismo, Roberto Ryan, junto a abogados y profesionales en Ciencias Económicas de la región, con el objetivo de intercambiar experiencias y avanzar en mejoras sobre la aplicación del nuevo sistema.

La jornada se centró en aspectos técnicos vinculados a la puesta en marcha de la Ley Provincial N° 14.276, que comenzó a implementarse el 25 de agosto de 2025 y que estableció la unificación de registros bajo la órbita del Poder Ejecutivo, dando origen al RPJEC. A siete meses de su entrada en vigencia, el nuevo esquema continúa en proceso de ajuste y optimización.

En ese sentido, Di Gregorio explicó que “es un cambio importante en la forma de trabajar y por eso es clave generar estos espacios donde los profesionales puedan plantear dudas, hacer aportes y mejorar el funcionamiento del sistema”. Además, remarcó que “General López es hoy el único lugar de la provincia donde se están desarrollando este tipo de reuniones abiertas, escuchando a todos los sectores involucrados”.

Durante la reunión se analizaron herramientas operativas, criterios de aplicación y situaciones concretas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo de simplificar trámites y dar mayor claridad a los procedimientos. “La implementación de la ley está en marcha, pero también es un proceso que se construye con el aporte de quienes la usan todos los días”, señaló la senadora.

Por último, Di Gregorio valoró la participación de los profesionales y afirmó que “la idea es seguir generando estos espacios de diálogo para ajustar lo que sea necesario y garantizar un sistema más ágil y accesible para todos”.