El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), avanza en el fortalecimiento del parque de maquinaria vial y llevó adelante la licitación para comprar 10 retroexcavadoras-cargadoras con brazo extensible.

El acto de apertura de los sobres se realizó en la sede central que Vialidad Provincial tiene en la ciudad de Santa Fe, y fue encabezado por el subadministrador Zona Norte, Sergio Cardozo, y representantes de las empresas oferentes. Se recibieron 8 propuestas económicas por un proceso que tiene un presupuesto oficial de 1.818 millones de pesos.

Tras el acto, el administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, remarcó que “el equipamiento es fundamental para el mantenimiento vial, porque sin maquinaria no hay cuadrilla que funcione, y sin cuadrilla no hay ruta que esté en buen estado”.

“El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Lisandro Enrico nos pidieron que pongamos a Vialidad en condiciones de responder en todo el territorio, y eso implica también renovar las herramientas con las que trabaja nuestra gente, de norte a sur y de este a oeste”, explicó Seghezzo.

Además, Seghezzo adelantó que se destinará una máquina por cada jefatura zonal, de modo que ninguna región de la provincia quede sin respuesta ante emergencias o tareas de mantenimiento rutinario. “La retroexcavadora-cargadora con brazo extensible es una máquina multipropósito que usamos a diario en las rutas: limpieza de cunetas, excavación para reparación o reemplazo de alcantarillas, movimiento de suelo en accesos rurales, remoción de derrumbes y despeje tras eventos climáticos. Estamos preparando otras licitaciones para adquirir tractores y niveladoras de arrastre para cada una de las zonas», detalló el funcionario.

Las ofertas para seguir equipando a Vialidad Provincial

Las ocho firmas que presentaron ofertas son: Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L. con $ 1.491.000.000; Covema S.A. Comercial Industrial y Financiera, ofertó por $ 1.293.000.000; la firma Alfredo Criolani e Hijos S.A, con $ 1.380.000.000; Nordemaq S.A cotizó por $ 1.818.000.000; American Vial Group S.R.L. con $ 1.999.000.000; la empresa Hier Logistic S.R.L. hizo lo propio con una oferta de $ 1.507.000.000; Cor Vial S.A, por un monto de $ 1.358.000.000; y, finalmente, Agronorte S.R.L. con propuesta de $ 1.519.000.000.

Cabe destacar que varias empresas presentaron, además, ofertas alternativas. Las propuestas serán analizadas por las áreas técnicas de Vialidad para poder realizar la adjudicación.

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia solicita cualquier información sobre María Laura Lafuente, de 33 años, quien habría sido vista por última vez en la ciudad de Coronda el 20 de abril de 2026.

Lafuente es de tez blanca, contextura delgada, 1,56 metros de estatura, cabellos castaños ondulados y ojos celestes. Tiene un tatuaje en el brazo derecho que dice “Aladizein”.

Vestía calza de color negro, musculosa básica con puntilla de color negro, zapatillas de color negro con suelas de color blanco.

En su búsqueda interviene la Comisaría 1ra. de la Unidad Regional XV de la Policía de la Provincia, y la Fiscalía Regional I (departamento San Jerónimo). 

Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda.

Ante cualquier dato por favor contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en: Mendoza 3443 de la ciudad de Santa Fe, o calle Santa Fe 1950 1° Piso (ala Dorrego), en Rosario; al correo electrónico  secretariaddhh@santafe.gov.ar y/o registronstafe@santafe.gov.ar; o a los teléfonos 3425357756 y 3425060007; o llamar al 911.

La Provincia informó que en una sola jornada se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas. “No son una broma: constituyen un delito”, recordaron las autoridades. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que habrá consecuencias legales y económicas, ya que cada operativo tiene un costo estimado de entre $ 5 y 6 millones y se buscará cobrárselos a los responsables. Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, convocó a fortalecer el rol preventivo de las familias y las escuelas.

Funcionarios del Gobierno de Santa Fe ampliaron este lunes la información vinculada a la comunicación dirigida a las familias ante los recientes episodios de amenazas en establecimientos educativos, en particular aquellos asociados a carteles, pintadas y mensajes que simulan tiroteos. Las autoridades advirtieron sobre las consecuencias legales y económicas de estas conductas: “No se trata de una broma, se trata de un delito”, recordaron.

El detalle se brindó en una conferencia realizada en el Salón Auditorio de la Casa de Gobierno, encabezada por la vocera provincial, Virginia Coudannes, junto a los ministros de Educación, José Goity, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, además de la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín.

Prevención y rol de las familias

En ese marco, el Ministerio de Educación convocó a toda la comunidad educativa a asumir un rol activo en la prevención. Se instó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a abordar esta problemática en las aulas e incorporarla como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar.

Asimismo, la cartera educativa pidió reforzar el diálogo en los hogares y alertó sobre las consecuencias de estas conductas. Goity señaló que, tras lo ocurrido en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, se detectaron nuevas amenazas asociadas a desafíos virales que “alteran el funcionamiento normal de las escuelas, generan angustia y tienen impacto en toda la sociedad”.

El ministro indicó que durante la última semana se trabajó en contacto permanente con las nueve regionales educativas para monitorear e intervenir en cada situación. Además, se enviaron comunicaciones a escuelas y familias con pautas de actuación y advertencias sobre los riesgos que implican estos hechos.

“Estas amenazas no son una broma: constituyen un delito tipificado en el Código Penal y tienen consecuencias no solo para quienes las realizan, sino también para sus familias”, afirmó Goity, quien convocó a construir una “alianza entre la escuela, las familias, la sociedad y el Estado”.

En la misma línea, destacó la implementación del Programa de Educación Digital, orientado a promover un uso responsable, ético y creativo de dispositivos y redes sociales. También mencionó las rondas de convivencia, los espacios de escucha y las capacitaciones como herramientas para abordar estos fenómenos.

65 incidencias en un día

Por su parte, Cococcioni explicó que desde el área de Seguridad se trabaja en dos planos: por un lado, el abordaje de la violencia en entornos digitales en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación (MPA); y por otro, la respuesta ante amenazas concretas mediante llamados o mensajes.

El ministro precisó que “solo el viernes de la semana pasada se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas en toda la provincia”, lo que activa distintos protocolos de intervención.

En los casos con apariencia delictiva, se da intervención al MPA y se realizan procedimientos que pueden incluir el secuestro de dispositivos u otros elementos. Cococcioni advirtió que, aun cuando intervengan menores no punibles por edad, las actuaciones dejan antecedentes que pueden afectar a futuro, como la imposibilidad de obtener certificados de buena conducta o restricciones para viajar al exterior. Además, los adultos responsables pueden ser sujetos de medidas judiciales.

Consecuencias legales y económicas

Desde el Gobierno recordaron que realizar pintadas, difundir mensajes intimidatorios o generar falsas alarmas constituye el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, con penas de prisión.

«Hay consecuencias que no siempre se advierten al inicio, pero que luego son vividas tanto por los menores como por sus responsables legales”, sostuvo Cococcioni. En ese sentido, remarcó que cada intervención implica un costo operativo elevado y desvía recursos policiales que podrían destinarse a otras tareas de seguridad.

Por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Justicia y Seguridad avanzará -a través de su área Legal y Técnica y en coordinación con la Fiscalía de Estado- en acciones judiciales para reclamar el resarcimiento económico en aquellos casos donde se identifique a los responsables.

Según precisó el ministro, cada operativo tiene un costo estimado de entre $ 5 y 6 millones. “Vamos a perseguir el cobro de esos costos a los responsables identificados en cada caso”, afirmó.