Será para facilitar el acceso a inmuebles en alquiler y donde tanto inquilinos de viviendas como de locales comerciales podrán hacer valer sus derechos a fin de prevenir abusos.

El gobierno municipal de Casilda intervendrá en el funcionamiento del mercado inmobiliario local para evitar excesos en los costos de los alquileres y garantizar buenas condiciones de habitabilidad. Su presencia será posible gracias a la sanción de una ordenanza por medio de la cual se crea la denominada Oficina Municipal del Inquilino, la que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Acción Social. La medida que se pondrá en marcha en Casilda tiene como antecedente una experiencia similar desarrollada desde hace un tiempo en la ciudad de Santa Fe.

Se trata de un espacio para facilitar el acceso a inmuebles en alquiler y donde tanto inquilinos de viviendas como de locales comerciales podrán hacer valer sus derechos a fin de prevenir abusos, entre otras cuestiones.

La iniciativa impulsada por el presidente del Concejo Municipal, Roberto Meli, y sancionada por unanimidad surgió en respuesta a una necesidad evidente de una importante franja social de la comunidad.

Es que en esta ciudad cabecera del departamento Caseros, donde viven alrededor de 35 mil habitantes, la demanda de alquileres de viviendas —a diferencia de lo que está ocurriendo últimamente con locales comerciales de la zona céntrica— es tan alta que habitualmente supera la disponibilidad de un mercado donde confluyen familias y estudiantes que provienen de otras localidades para, mayormente, cursar la carrera de Ciencias Veterinarias en la facultad que la UNR tiene en Casilda.

Y en ese marco suelen producirse situaciones «desfavorables» e incluso «abusivas» contra inquilinos que, sin embargo, terminan aceptando las reglas de juego al no encontrar una mejor opción en relación a sus posibilidades económicas.

Equilibro. Con la instrumentación de la Oficina Municipal del Inquilino, que estará conformada por representantes del mercado inmobiliario local y de las asociaciones de defensa del consumidor bajo la coordinación de Acción Social, se intentará restablecer el equilibrio económico en la oferta y demanda de inmuebles a partir de un sistema participativo que, precisamente, tenderá a la búsqueda de resolución de problemas por medio del consenso.

La flamante dependencia conformará y dispondrá además un registro de inmuebles en alquiler y otro de inquilinos, al tiempo que tendrá, entre otras funciones, la responsabilidad de asesorar legalmente en la relación locativa, promover la participación del Estado en la protección del inquilino frente al mercado inmobiliario, e intervenir frente a denuncias de inquilinos o propietarios de inmuebles.

«Su creación no implicará erogaciones para el municipio ya que funcionará en el mismo ámbito de la Secretaría de Acción Social, que además ya cuenta con profesionales para la asistencia legal», explicó Meli, tras resaltar que «la actual situación del mercado inmobiliario local amerita la intervención del municipio oficiando un ámbito de resolución de problemas donde deben ser convocados representantes del sector inmobiliario de Casilda y de asociaciones de defensa del consumidor para equilibrar la, hasta ahora, inequitativa vinculación entre los propietarios o inmobiliarias con los inquilinos».

Y en esa misma línea, el impulsor del proyecto, que fue aprobado, aseguró que en la ciudad «son cada vez más las expresiones de malestar, así sea por los (altos) montos como las condiciones de habitabilidad de lo alquilable, razón por la cual es oportuno crear este espacio».

Fuente: La Capital