La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que recibió 238.720 dólares incautados al empresario Lázaro Báez de distintas cuentas y poco más de 4 millones de pesos de la subasta de dos aviones.

El dinero fue transferido por parte del Tribunal Oral Federal 4, a cargo de Néstor Costabel, tras la orden de avanzar con el decomiso de los bienes hasta cubrir más de 60 millones de dólares en el marco de la causa conocida como “Ruta del dinero K”.

A principio de este mes, la Corte comenzó el operativo para devolver al Estado el dinero y los bienes decomisados a nombre del empresario condenado.

Para ello, ordenó que se proceda a “su inscripción registral bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 y 305 del Código Penal de la Nación, y 522 del Código Procesal Penal de la Nación”.

De acuerdo con la condena emitida en abril de 2021 por el TOF 4, los montos decomisados ascienden a aproximadamente 61,13 millones de dólares, distribuidos en varias partidas: 54,87 millones, 5 millones, 307.994 y 950.000 dólares. A esto se suman montos en pesos argentinos por alrededor de 4,17 millones, ajustados por inflación según el índice del INDEC.

El fallo original establecía que, una vez firme, se procedería a ejecutar los decomisos sobre todos los bienes embargados. Esta decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2023 y, finalmente, por la Corte Suprema en mayo de 2025, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los recursos interpuestos por los condenados.

Desde que se conoció la sentencia el proceso de decomiso presentó controversias cuando el Gobierno nacional emitió el Decreto 575/2025, que creó un Consejo de Bienes Recuperados bajo el ala del Ministerio de Justicia, con el fin de supervisar estos activos.

Esto generó tensiones, ya que la Corte había establecido previamente que corresponde a los jueces penales manejar estos procedimientos para garantizar la independencia judicial.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó entonces una demanda argumentando una intromisión en las competencias del Poder Judicial.

En octubre de este año, el juez federal Pablo Cayssials concedió una medida cautelar que frenó la aplicación del decreto, al considerar que este altera el sistema de gestión de bienes ilícitos de manera inconstitucional, afectando la autonomía de la Corte Suprema y su autarquía presupuestaria.

La ruta del dinero K

Durante la instrucción de esta causa, la Justicia determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente con el manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI, mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior, y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.

Según se estableció, el dinero depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas.

Luego se adquirieron bonos de deuda pública que fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).

Además del capítulo conocido como “La Rosadita”, el tribunal entendió acreditadas maniobras de lavado independientes, como las compras de un campo en la Provincia de Mendoza (estancia “El Carrizalejo”) y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (situado en avenida Del Libertador), por Leonardo Fariña.

También el pago de los gastos de la fiesta de casamiento de Fariña y la modelo Karina Jelinek, y la adquisición de diversos autos de lujo (Ferrari California, BMW X6 y Audi R8 Syder) con la intervención de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.

Fuente: tn.com.ar

Contexto de la votación
La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto en general con 132 votos afirmativos el 17 de diciembre de 2025, gracias a acuerdos con gobernadores, pero falló en la votación particular del Capítulo 11. Gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) apoyaron en general pero permitieron votos en contra en particular, lo que el Gobierno interpreta como «traición» y ruptura de compromisos. Esto expuso límites al oficialismo pese a promesas de Aportes del Tesoro Nacional récord.

Milei reunió a su mesa chica en Casa Rosada para redefinir la táctica, priorizando negociaciones en el Senado antes del 30 de diciembre. Diego Santilli, jefe de Gabinete, expresó confianza en reintroducir cambios, pero advirtió que sin ellos «el único camino será el veto». Una demora en el trámite es otra opción para ganar tiempo, aunque genera presiones del FMI y EE.UU. por aprobar un Presupuesto.

Las Implicancias del veto
Vetarlo implicaría el primer rechazo total a un Presupuesto propio de Milei, complicando sesiones extraordinarias y la gobernabilidad fiscal. El proyecto original apuntaba a previsibilidad fiscal, pero la versión actual con modificaciones opositoras rompe ese equilibrio. El Senado dictaminaría mañana si se revierte el revés, con posible sesión el 26 de diciembre.

Fuente: telefenoticias.com.ar

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones con documentos finalizados en 4 y 5 cobran su haber más el medio aguinaldo.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

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Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 7.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 8 y 9.