Un hombre de 72 años identificado como Miguel Ángel De Armas fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña que era amiga de su hijo en San Gregorio (departamento General López).

La sentencia fue resuelta por la jueza Lorena Garini en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se llevó a cabo en los tribunales de Rufino.

La fiscal que investigó el ilícito es Rafaela Florit, quien indicó que “el abuso fue cometido en 2018, cuando la niña transitaba su escolaridad primaria” y agregó que “recién en 2023, la víctima –que aún continúa siendo menor de edad– pudo contarle a su mamá lo que había ocurrido”.

“Inmediatamente después de enterarse, la madre de la víctima hizo la denuncia en la comisaría de San Gregorio, la cual permitió iniciar la investigación penal que concluyó con la condena”, puntualizó la fiscal.

Violencia y engaño

En la audiencia, Florit refirió al hecho investigado y señaló que “la víctima fue a la casa del condenado a buscar a su hijo” y añadió que “además, vivían en casas que estaban ubicadas a pocos metros de distancia”.

“El condenado hizo que la niña entre a la vivienda, supuestamente para que espere al niño”, relató la fiscal. “Sin embargo, el condenado la engañó porque su hijo no estaba en el lugar”, sostuvo y subrayó que “luego de unos minutos, obligó a la víctima a ir a una habitación de la vivienda donde abusó de ella”.

Florit remarcó que “se trató de un ilícito violento porque la niña fue obligada a tolerar prácticas sexuales que, por su edad, no tuvo posibilidad de comprender”. En tal sentido, la fiscal hizo hincapié en que “al ser entrevistada en Cámara Gesell, la niña brindó un testimonio espontáneo y coherente con lo denunciado”.

Calificaciones penales

De Armas fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y de promoción y facilitamiento de la corrupción de menores doblemente agravada (por ser la víctima menor de 13 años y porque el ilícito fue cometido mediando violencia y engaño)

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Fuente: Oficina de Prensa y Difusión – Fiscalía General – Ministerio Público de la Acusación

El banco, una entidad privada, ha decidido retirarse por motivos de reorganización y reestructuración de la empresa, lo que genera preocupación en la comunidad de Carreras. Ante este panorama, desde el primer momento, la legisladora se puso a disposición del presidente comunal y del pueblo para gestionar soluciones.

“Entendemos la importancia de un cajero para la localidad, con lo que implica que puedan disponer de dinero para múltiples servicios de los clientes, como extracciones en efectivo, pagar impuestos y servicios, hacer transferencias, consultar saldo y movimientos, solicitar préstamos, constituir plazos fijos, entre otras transacciones”, expresó Di Gregorio.

En este sentido, se realizaron diversas gestiones con las autoridades del Banco Macro, manteniendo un contacto permanente con el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Economía, Pablo Olivares, con el objetivo de encontrar alternativas viables para que Carreras no se vea afectada por la falta de un cajero automático.

Por su parte, el presidente comunal, Armando De Nenne, destacó el esfuerzo conjunto para hallar una solución: “Estamos trabajando intensamente con la senadora y las autoridades provinciales porque sabemos lo que significa la ausencia de un cajero en un pueblo como el nuestro. No se trata solo de una cuestión de comodidad, sino de garantizar un servicio esencial para vecinos y comerciantes”.

Además, desde la comuna se ha impulsado la búsqueda de opciones para que otro banco pueda prestar este servicio en Carreras, y en paralelo, se evalúan alternativas tecnológicas que permitan mantener el acceso a operaciones bancarias para la comunidad.

Finalmente, Di Gregorio reafirmó su compromiso con la localidad: “Seguiremos insistiendo en cada instancia necesaria para que Carreras no se quede sin este servicio fundamental. La banca privada toma sus decisiones, pero desde el Estado debemos trabajar para que los ciudadanos no sean los perjudicados por estas medidas”.

Esta decisión, argumentada en las «restricciones presupuestarias significativas» que enfrenta el Estado, implicó la supresión de trabajos de mantenimiento y construcción a lo largo de toda la red vial nacional.

Ante este escenario, la senadora provincial Leticia Di Gregorio presentó una medida cautelar urgente ante el Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo del juez Aurelio Cuello Murua. A través de un recurso de amparo, solicitó que la Dirección Nacional de Vialidad proceda de manera inmediata a la reparación integral de las rutas nacionales N° 33, 8 y 7, en el tramo correspondiente al departamento General López.

Di Gregorio señaló que “la omisión sistemática del mantenimiento de estas rutas vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la seguridad personal y la libre circulación”.

Dada la gravedad de la situación y el peligro inminente para la seguridad de las personas, la legisladora solicitó como medida cautelar la inmediata ejecución de obras en los tramos más afectados: la ruta 8 entre las rutas provinciales 94 y 4S (distritos Venado Tuerto – Santa Isabel), la ruta 33 entre Sancti Spíritu y Firmat, y la ruta 7 en todo el departamento.

Una situación crítica

Di Gregorio afirmó que el deterioro de estas arterias afecta no solo a la seguridad vial, sino también a la competitividad económica. “Estas rutas son clave para el traslado de productos agrícolas, ganaderos e industriales hacia los puertos de exportación de Rosario y Buenos Aires. Su mal estado impacta en la economía y en miles de familias que dependen de ellas para su sustento diario”, explicó la senadora.

En esta línea, dijo que el estado de las rutas en el departamento General López es alarmante y que es “casi imposible transitarlas”, aclarando luego que son las más “peligrosas del país”, advirtió Di Gregorio. La legisladora detalló que hay grandes tramos intransitables, con pavimento agrietado, baches profundos, falta de señalización, banquinas descalzadas y ausencia de iluminación y barandas de seguridad.

“La falta de mantenimiento ha provocado numerosos accidentes viales, muchos de ellos fatales. No podemos seguir permitiendo que la desidia ponga en riesgo la vida de miles de vecinos”, concluyó la senadora.