La norma, que entrará en vigor a partir del 1° de noviembre próximo, introduce cambios importantes que apuntan a flexibilizar algunos parámetros de calificación fiscal y a actualizar los plazos de presentación de información, lo que representa un respiro para miles de productores y operadores. Estos ajustes reflejan la experiencia acumulada desde la implementación del SISA y la necesidad de adaptarlo a las nuevas realidades del campo, marcadas por la incorporación de tecnología y los efectos del cambio climático.

Un scoring más justo y claro

Uno de los puntos centrales de la resolución es la redefinición del sistema de “scoring” del SISA, que clasifica a los contribuyentes en tres categorías de riesgo: Estado 1 (bajo), Estado 2 (mediano) y Estado 3 (alto). El objetivo es alinear este mecanismo con el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) de la ARCA, haciendo el proceso más coherente y predecible.

Un cambio particularmente beneficioso es la flexibilización de los criterios para acceder al Estado 1, la categoría de menor riesgo. Anteriormente, para alcanzar este status, el contribuyente debía haber estado activo en el Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos (RFOG) o en el Padrón de Productores Monotributistas (PPGM) durante 24 meses, registros que no están vigentes desde 2018.

La nueva normativa elimina este requisito histórico, lo que abre la puerta a un universo más amplio de operadores para beneficiarse de las ventajas del Estado 1, que incluyen una retención reducida de IVA, el reintegro total de las retenciones sufridas y la exención de retenciones de Ganancias en las ventas de granos.

Además, se ha ajustado la calificación de riesgo para los contribuyentes. A partir de ahora, un contribuyente será considerado de riesgo medio (Estado 2) si su calificación SIPER es diferente de ‘A’ o ‘B’. Y para ser calificado como de bajo riesgo (Estado 1), deberá mantener una calificación ‘A’ o ‘B’ en el SIPER, además de cumplir con el requisito de permanencia. Si bien se flexibiliza el acceso a la categoría más baja de riesgo, se mantiene el requisito de permanencia de 24 meses en el Estado 2 para poder calificar al Estado 1.

Reglas más claras para exportadores

La resolución también introduce precisiones en el tratamiento de inconsistencias con el Banco Central por incumplimiento en el ingreso y liquidación de divisas. Antes, cualquier diferencia podía penalizar al exportador, pero ahora se establecen parámetros más claros.

A partir de la nueva normativa, este tipo de incumplimiento solo será penalizado si el monto total supera el 10% del valor total de las exportaciones del año anterior o los US$10.000, lo que sea mayor. Esta medida otorga mayor certidumbre y reduce el riesgo de ser calificado en el Estado 3 (alto riesgo) por diferencias menores o errores formales.

Un ciclo productivo que se adapta a la realidad

La evolución tecnológica y los efectos del cambio climático han alterado los tradicionales períodos de siembra y cosecha en el campo argentino. Reconociendo esta realidad, la nueva resolución general extiende el período para la presentación de la Información Productiva 1 (IP1). Antes, el plazo era del 1 al 31 de octubre. Ahora, el período se amplía y será desde el 1° de septiembre hasta el 31 de octubre de cada año, lo que incluye la información de existencias y superficie agrícola.

De la misma manera, se han modificado las fechas para considerar los productos comercializados en existencias. Anteriormente, se incluían los productos vendidos desde el 1° de octubre, mientras que ahora se considerarán los vendidos a partir del 1° de septiembre. Esta actualización, en definitiva, se adapta mejor a la dinámica de la producción actual y reduce la presión sobre los productores para cumplir con plazos que ya no se ajustaban a sus ciclos reales.

Más seguridad jurídica

Otro punto destacado de la resolución es la modificación de la definición de “incorrecta conducta fiscal”, que es uno de los motivos para la asignación del Estado 3. La normativa anterior permitía calificar a un contribuyente en esta categoría de alto riesgo con una simple denuncia, procesamiento o auto de elevación a juicio, sin necesidad de una sentencia firme de condena.

A partir de la entrada en vigor de la nueva norma, el Estado 3 solo se aplicará a contribuyentes con sentencia firme por delitos tributarios, de seguridad social o aduaneros, o por delitos comunes con conexión a estas obligaciones.

Esto también incluye a las personas jurídicas cuyos directores o responsables hayan sido condenados por los mismos motivos. Este cambio es un avance significativo en términos de seguridad jurídica, ya que evita sanciones anticipadas y preserva la operatividad de las empresas hasta que haya una resolución judicial definitiva.

Punto de atención: la discrecionalidad

A pesar de los avances, la resolución general 5771 ha generado un debate en un punto específico. La norma elimina un párrafo clave de la reglamentación anterior que obligaba a la ARCA a publicar en un Anexo los “parámetros objetivos” utilizados para determinar los Estados del SISA. Con esta supresión, la ARCA queda habilitada para definir de manera interna y sin publicación previa los indicadores que influyen en la calificación de riesgo.

Expertos y referentes del sector han manifestado su preocupación, señalando que esta discrecionalidad podría distorsionar la evaluación real del riesgo fiscal del productor y abrir la puerta a situaciones donde la interpretación de cada funcionario pueda romper con el principio de objetividad. Un caso reportado es el de un operador agrícola que, a pesar de cumplir con sus obligaciones, fue degradado a Estado 3 por no tener personal en relación de dependencia, lo cual se interpretó como una “presunción de actividad” ajena al marco legal.

En resumen, la nueva resolución del SISA representa una actualización necesaria y largamente esperada por el sector agropecuario. La flexibilización de los criterios de “scoring” y la adaptación a los ciclos productivos actuales son medidas que benefician directamente a los productores y exportadores, mejorando su operatividad y la seguridad jurídica. No obstante, el sector se mantendrá atento a la forma en que la ARCA implementará los nuevos criterios de calificación, esperando que la discrecionalidad no ponga en riesgo los avances logrados.

Fuente: Diario La Nación

La Argentina tiene un cupo de 20.000 toneladas con aranceles del 10%. Adicionales a esa cuota paga un 26,4% que se suma al 10% fijado en agosto pasado cuando Donald Trump desató la guerra comercial con varios países. Ayer el presidente norteamericano señaló que su país podría comprar más carne vacuna argentina para intentar contener los precios internos. En el sector ganadero aguardan una ampliación de la cuota.

El frigorífico Logros exporta por año 400 toneladas de las 20.000 toneladas totales que tiene la Argentina en el cupo. Estas toneladas se reparten de acuerdo con la planta y su capacidad de abastecimiento. El empresario contó que, por el aumento de la demanda, han recibido muchos más pedidos de carne desde EE.UU.

 “Somos proveedores de las cadenas más importantes de parrillas y catering de comidas elaboradas en Estados Unidos. Nuestro foco está en la calidad, la fidelización y la atención personalizada. Al ser una empresa familiar, conocemos a cada cliente, los cuidamos y los acompañamos de cerca”, observó. El cupo actual, sin embargo, resulta limitado.

Desde que la Argentina reanudó sus exportaciones de carne vacuna a Estados Unidos en noviembre de 2018, tras una pausa de 17 años, un total de 42 frigoríficos nacionales han sido habilitados para enviar sus productos a ese mercado, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Según los datos oficiales del USDA, la Argentina ya cumplió con el 65,25% de la cuota anual. Es decir, 13.054,8 toneladas. En tanto, de acuerdo con los datos oficiales, hay otras 68 toneladas pendientes, más 58 toneladas de libre disponibilidad. Se cree que hay cargamentos en barcos que aún no han sido registrados en los sistemas oficiales.

“Tenemos pedidos por más volumen, especialmente de cortes de alto valor. Ampliar el cupo sería muy positivo y, si además se redujeran los aranceles, sería mucho mejor”, agregó.

Para poder ingresar al mercado norteamericano las plantas deben cumplir con exigentes normas de habilitación y control. “En su momento vinieron a auditar todos los estándares de calidad. No todas las plantas argentinas están habilitadas. Somos un grupo que califica para exportar al mayor productor de carne del mundo”, explicó Grimaldi, quien subrayó que Estados Unidos “produce una carne muy cara y recurre a la importación para cubrir faltantes”.

Consultado sobre los precios relativos dentro de la región, el empresario fue categórico: “La carne de Estados Unidos es muy cara y compra los faltantes que tiene de producción al exterior. En este caso, sale a comprarlo a la Argentina. No creo que la carne argentina sea barata. A nivel Mercosur hoy es la más cara, que son los países con quienes competimos».

Respecto de las diferencias de calidad entre la producción argentina y la estadounidense, remarcó que ambas utilizan genética Angus, pero con condiciones de cría muy distintas. “Quizás en Estados Unidos, economía proteccionista, a lo mejor subsidian producciones, o el sistema productivo que ellos tienen, que es una base de feedlot en donde un animal está mucho tiempo confinado y tienen un clima que es bastante hostil, con nieve, con lo cual suben sus propios costos internos de producción de esa mercadería. Acá en el país hay extensiones de campo que permiten que ese animal se produzca libremente, lo cual ellos no lo pueden hacer por el clima que tienen”, señaló.

El ejecutivo también apuntó a la necesidad de una política de largo plazo que garantice previsibilidad a las exportaciones. “La Argentina debe generar una política productiva y exportadora estable, sin cepo cambiario, ni restricciones o prohibiciones de cortes como el ROE [Registro de Operaciones de Exportación como hubo en el gobierno anterior]. Todo lo que hemos conocido de lo que ha pasado en la Argentina, lo cual en muchos momentos nos han interrumpido como proveedores de carne en el mundo”, sostuvo.

En relación con los recientes comentarios del presidente Donald Trump, sobre la posibilidad de importar más carne argentina para abaratar precios en su mercado interno, Grimaldi consideró que la Argentina está tomando una decisión estratégica al fortalecer vínculos con “una potencia mundial”.

“En otros momentos nos aliamos o estuvimos cerca de países socialistas o comunistas que no nos fue tan bien. No debemos descuidar China, que es el gran comprador de proteínas del mundo, donde va toda nuestra proteína vegetal y animal. Pero no significa que porque estemos en el mercado americano vayamos a desatender a China, que necesita la carne de la Argentina. Se puede atender perfectamente a los dos mercados», dijo. Sostuvo que la industria es capaz de mantener un equilibrio entre las exportaciones y el consumo interno. “No debemos descuidar el abastecimiento doméstico. En la Argentina todavía consumimos unos 50 kilos de carne por habitante al año, el nivel más alto del mundo”, recordó.

Sobre la capacidad local para aumentar las exportaciones sin afectar los precios internos, afirmó que el país tiene margen siempre que existan políticas de incentivo. “La Argentina debe promover políticas de producción en el sector ganadero que incentiven a hacer más kilos en los campos y a elevar el índice de preñez que tenemos hoy en el país. Es fundamental que las tasas de destete sean lo más altas posible. Son políticas que se han desatendido en los últimos años, mientras muchos productores se volcaron más hacia la agricultura”, analizó.

Recordó que hoy hay muchos productores volviendo a la ganadería porque resulta una actividad muy atractiva, con mayor rentabilidad que la agricultura. “El nivel de tecnificación en la ganadería llegó, como en su momento llegó a la agricultura: más lento, pero llegó. En los próximos años, en esos campos donde ya no veíamos más vacas, volverá a haber vacas. Esto, de alguna manera, termina motivando más inversiones dentro del sector ganadero”, sintetizó.

El frigorífico exporta actualmente unas 12.000 toneladas de carne por año a 15 destinos diferentes, incluyendo Estados Unidos. Las razas provienen del centro del país y abarcan tanto animales de cría como vacas que completaron su ciclo productivo, cuyo destino principal es la industria manufacturera de China.

De acuerdo con los datos de la Asociación Argentina de Angus, en 2024 se exportaron 2233 toneladas de carne Angus certificada a Estados Unidos. Solo en el último trimestre de ese año se envió el 30% del total. En lo que va de 2025 ya se exportaron 1650 toneladas, y si se mantiene el ritmo actual, el año podría cerrar con unas 2145 toneladas enviadas al mercado estadounidense.

Fuente: Diario La Nación

La iniciativa fue debatida en una reunión conjunta de las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales, presididas por los diputados Atilio Benedetti (UCR) y Carlos D’Alessandro (Coherencia). El texto propone unificar criterios y servir como referencia nacional para normativas provinciales y municipales, que hoy presentan regulaciones dispares.

Ignacio Garciarena, de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas (Red BPA), destacó que la propuesta “cubre un vacío histórico, aportando un marco de referencia nacional”. Entre sus puntos centrales, el proyecto incorpora la definición de zonas sensibles y de amortiguamiento, exige la receta profesional obligatoria y crea un régimen de capacitación y sanciones.

“Es un texto abarcativo: brinda tranquilidad a la sociedad y certezas al sector productivo”, señaló Garciarena. En la misma línea, el diputado Benedetti remarcó que el objetivo es garantizar un equilibrio entre el cuidado de la salud y el desarrollo agropecuario.

Desde la Red BPA subrayaron que el proyecto es fruto de más de una década de consensos entre provincias, ministerios, entidades y más de 80 instituciones. Ramiro Costa (Bolsa de Cereales) lo calificó como “un ejemplo de construcción público-privada”, mientras que Nieves Pascuzzi resaltó que “se logró un texto mejorado, con mirada productiva y ambiental equilibrada”.

El apoyo también se replicó a nivel institucional. Coninagro lo consideró un aporte clave para brindar previsibilidad a los productores, y la Bolsa de Cereales destacó que “pone primero a la persona y al ambiente, y luego a la producción”.

En tanto, el presidente del CAA, Gustavo Idígoras, celebró el avance del debate y sostuvo que “un ordenamiento basado en ciencia es vital para promover un desarrollo sustentable y federal”.

Con un consenso político e institucional amplio, el proyecto seguirá en discusión la próxima semana en el Congreso, con expectativas de avanzar hacia su aprobación definitiva.

Fuente: Noticias Agropecuarias