Hoy, el fin de la violencia de género encabeza la agenda de reivindicaciones de las organizaciones feministas en su lucha diaria por la equidad entre hombres y mujeres. Pero a fines del siglo XIX, el principal reclamo que las convocaba a las manifestaciones fue el derecho al voto. Desde hace más de sesenta años que las mujeres podemos elegir a y ser elegidas en la Argentina. La posibilidad de participar de la vida política en nuestro país, que ahora parece tan natural y cotidiana, se consiguió a fuerza de una larga y denodada batalla que llevaron adelante diferentes grupos de mujeres. Vale la pena revisar el recorrido transitado por ellas hasta ese 23 de septiembre de 1947 en el que se promulgó la ley 13.010.

Sin duda este logro es asociado a la imagen de Eva Duarte, ya que fue la principal responsable de que este proyecto fuera aprobado durante el gobierno del general Perón. Sin embargo, mucho tiempo antes, otras tantas mujeres militantes fueron cimentando el camino para que esto fuera posible, bregando para terminar con la situación de inferioridad a la que se sometía a las mujeres, y que constaba en el propio Código Civil, durante las primeras décadas del siglo XX. Algunas de ellas son más conocidas, como la socialista Alicia Moreu de Justo quien, en 1907, fundó el Comité Pro-Sufragio Femenino y fue una protagonista central en esta historia. Otras no tanto, como Julieta Lanteri quien, además de recibirse de médica, logró burlar la burocracia machista y obtener su carta de ciudadanía para convertirse en la primera mujer de Sudamérica en votar en las elecciones municipales de 1911.

Un momento clave de este proceso fue el festejo del Centenario de la Independencia de nuestro país en mayo de 1910. En ese marco, Buenos Aires fue elegida la sede del Primer Congreso Femenino Internacional, donde las representantes de los países de la región debatieron sobre las distintas propuestas existentes para lograr los derechos políticos. Como resultado se acordó el texto de un proyecto de Ley que fue presentado por el diputado socialista Alfredo Palacios en el Congreso, aunque nunca recibió tratamiento legislativo. Iban a pasar muchos años de lucha y decenas de proyectos hasta que finalmente se otorgara a la mujer su derecho a ejercer el sufragio.

En 1912 se hizo aún más ostensible la discriminación de este sector de la población al sancionarse la Ley Saenz Peña. Entre los argumentos presentados por los legisladores más conservadores se mencionaba que éramos demasiado emocionales y manipulables y, por ende, carecíamos de las capacidades necesarias para votar. Además, se temía que al otorgar a la mujer la posibilidad de participar de la vida política se corrompería la “armonía” del hogar patriarcal. Por lo tanto, en las siguientes elecciones se cumpliría con el voto secreto y obligatorio pero no con la universalidad al quedar excluidas las mujeres. No hay que dejar de mencionar que Santa Fe, por un breve tiempo, fue la primera provincia que incorporó el voto femenino en su Constitución en 1921, aunque fue en San Juan donde se hizo efectivo, y que cinco años después logró elegir autoridades comunales.

Dos décadas después, tras la llegada del peronismo al poder, las gestiones realizadas por Evita, sumado a larga militancia llevada adelante por las organizaciones feminista durante todos esos años, hicieron avanzar la ley en el Congreso. Finalmente, en un multitudinario acto frente a la CGT, Perón firmó el decreto presidencial que le otorgó valor institucional. De esta manera, desde 1951 las mujeres hemos podido votar y también ser elegidas como representantes. A pesar de lo conseguido en las últimas décadas, esto no significa el final de la lucha. Todavía existe una gran inequidad respecto a las posibilidades de participación política de la mujer. Por eso seguiremos trabajando a favor de garantizar las condiciones necesarias para que la mujer pueda ejercer plenamente sus derechos políticos en nuestro país.

Alicia Gutiérrez
Diputada Provincial
Partido SI (Solidaridad e Igualdad)